Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el artículo 1 de la Resolución DE PRLA N° 5509/16, dictada en las actuaciones N° 12197- 231-2007 por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en relación a la multa.
2Confirmar parcialmente el artículo 3 de la Resolución DE PRLA N° 5509/16, dictada en las actuaciones N° 12197-231-2007 por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en relación a los rubros Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA, declarando que el monto adeudado asciende a U$S 23.652,38 más los intereses previstos en el art. 794 C.A. calculados de acuerdo a los Considerandos del Voto de los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura.
3Revocarla en cuanto a la exigencia del pago de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-41014541-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 22 de Abril de 2024 (Sentencia)
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente Electrónico N° EX- 2022-60853525 -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso que se trae a consideración de este tribunal se intimó a la recurrente al pago de una suma que asciende a $72.731,07 en concepto de multa, un cargo por USD 23.652,38 en concepto de tributos y $45.370,83 en concepto de IVA Adicional y Ganancias. Ello, como consecuencia de haberse condenado a la firma Procter & Gamble Argentina SRL por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero (“CA”).
II. Contra dicho pronunciamiento, la actora presentó un recurso de apelación, mediante el cual arguye que la acción del fisco para imponer penas se encontraba prescripta al momento de dictar la resolución aquí apelada. Se agravia por considerar que el plazo de 10 años transcurrido hasta la notificación de la corrida de vista le impide ejercer su defensa dentro de un plazo razonable. Señala que el plazo de guarda de la documentación se encontraba vencido al momento de la notificación de la vista. Advierte la improcedencia del reclamo por IVA Adicional y Ganancias. Impugna la tasa de interés en dólares. Solicita la aplicación subsidiaria de los arts. 898 y 972 del CA. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Por su parte, la representación fiscal defiende la validez del acto administrativo. Sostiene que basta el solo dictado del auto de apertura del sumario para que el mismo sea apto para suspender y/o interrumpir el plazo de prescripción. Considera inaplicable la garantía del plazo razonable en el caso de marras. Indica que la infracción enrostrada a la actora no ha sido desvirtuada, siendo que la recurrente no ha acreditado ante el servicio aduanero la efectiva reexportación de la totalidad de la mercadería ingresada temporalmente, por lo que se han acreditado los extremos que habilitan al servicio aduanero el reclamo de los montos consignados en la resolución apelada. Solicita que se rechace el planteo de la contraria con relación a la tasa de interés aplicable al reclamo tributario. Sostiene que los tributos deben liquidarse en dólares estadounidenses, citando jurisprudencia de la CSJN en los autos Volkswagen Argentina S.A. (TF 22.179-A). Indica que la tasa de interés aplicable debe seguir los lineamientos de la Resolución Ministerial N° 314/2004 y recién a partir del 1º de agosto de 2019 los de la Resolución N° 598/2019. Descarta la aplicación al presente caso de los arts. 898 y 972 del CA. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
Primera Cuestión IV.- De lo expuesto, corresponde examinar si, como plantea la recurrente, la acción del fisco para imponer sanciones se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En efecto, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en precedentes anteriores, cabe señalar que el plazo de prescripción comenzó a correr el 01.01.2007 (atento a que el vencimiento de la DIT se produjo el 24.02.2006), mientras que el auto de apertura de sumario y corrida de vista fue dictado el 15/11/2011, no advirtiéndose en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa constancia alguna de su notificación al interesado, sino hasta la cédula de notificación del sumario y su posterior rectificatoria de fecha 14/09/2016, esto es, cuando el plazo de prescripción se encontraba ampliamente vencido. De eso se sigue que con el incumplimiento de la notificación, el acto de apertura sumarial carece de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del CA. En este orden de ideas, es de advertir que, iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2007, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2011 (todo ello cfme. arts. 934, 935, 937, 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 14/11/2016).
En tales condiciones, no puede dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-
70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
De lo expuesto, se desprende que el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción o suspensión de la prescripción de la acción para imponer penas y perseguir el cobro de tributos.
Por los motivos señalados, considero que, en lo que aquí interesa, la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, se encontraba prescripta al momento del dictado de la resolución apelada. Segunda Cuestión V.- Sentado lo anterior, y en virtud del criterio mayoritario de la Sala G, corresponde analizar los demás agravios planteados por la recurrente.
VI. En tal sentido, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros). Este criterio resulta de aplicación más rigurosa en supuestos como el presente en que los agravios se encuentran vinculados a la revisión del ejercicio de la potestad sancionadora administrativa.
VII. En virtud de ello, resulta dable expedirse en torno a si el sindicado como responsable ha cometido la infracción prevista en el art. 970 del CA. En tal sentido, cabe indicar que no resulta controvertido que el importador se obligó a reexportar la mercadería importada temporalmente y que pesaba sobre él la carga de la prueba del cumplimiento de la debida reexportación. Es que, en efecto, es criterio reiteradamente expuesto que es suficiente para el servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Ahora bien, de la compulsa de las Actuaciones Administrativas, surge que el servicio aduanero corre vista a la firma importadora para que ejerza sus defensas como consecuencia del supuesto incumplimiento al régimen de importación temporal, debiendo presentar las pruebas necesarias a efectos de acreditar la reexportación de la mercadería amparada por la DIT N° 05 001 IT14 001399 J. A fs. 31/35 se presenta la firma por medio de su apoderado y opone la prescripción de la acción del fisco para la imposición de la pena, solicita la improcedencia del reclamo en dólares y se agravia por la excesiva duración del sumario infraccional. Posteriormente, el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros dicta la Resolución DE PRLA N° 5509/16, condenando a la firma al pago de multa y tributos, estos últimos solidariamente con la aseguradora.
Del análisis de los antecedentes detallados ut supra, como así también de la documentación acompañada ante este tribunal, no parece haber prueba alguna que acredite el cumplimiento de la reexportación de la mercadería amparada mediante la DIT N° 05 001 IT14 001399 J, siendo que, como fue expresado anteriormente, la carga de la prueba recae exclusivamente en el importador. Por lo expuesto, no caben dudas de que se ha configurado en autos la infracción tipificada en el art. 970 del CA.
VIII. Ahora bien, en relación a los agravios esgrimidos por la actora respecto a los conceptos de IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “Cladd ITA S.A. c/ EN – DGA, Resol. 2590/06 (expte n° 604155/01) s/DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(…) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos”.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998), y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos 285:177).
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(…) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (Fallos 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
IX. Con respecto a la posibilidad de morigerar la tasa de interés aplicable, advierto que podría hacerse sin declarar la inconstitucionalidad de la reglamentación aplicable y sin necesidad de violentar la norma procesal que limita las facultades jurisdiccionales de este organismo administrativo jurisdiccional. Como dije al fallar en la causa: “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA c/ DGA s/recurso de apelación”, EX-2020-15395348-APNSGASAD#TFN (sentencia del 18/02/21), este tribunal no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma ley asimilándose a los jueces de la Constitución y brincando con juegos interpretativos la máxima que impone el sometimiento de la administración a la ley. No obstante ello, también advertí que ese obstáculo legal no encorsetaba la posibilidad de resolver el caso sometido a decisión mediante una justa ponderación de los principios aplicables y sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de norma alguna.
En ese orden de ideas, hice hincapié en que la limitación legal tenía exclusiva relación con los casos que demandaban su solución mediante una subsunción de los hechos en las normas aplicables. Añadiendo que solamente ante los casos de ausencia de complejidad sustancial, en donde el control de constitucionalidad debía ser directo, no podía prescindirse de resolver el caso sino mediante una declaración de inconstitucionalidad que me estaba prohibida realizar.
En sentido contrario, advertí que no era menester la declaración de inconstitucionalidad si la resolución del caso demandaba recurrir a la ponderación de los valores, principios y normas con incidencia en la situación examinada. Así fue que, recientemente, el pasado 30 de abril de 2020, en la sentencia dictada in re “C.J.C. c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Ejército s/ daños y perjuicios”, ED-CMXIX-139, Revista de Derecho Administrativo, mayo 2020 - Número 5, la Corte Suprema declaró inaplicable el régimen de ejecución de sentencias de condenas monetarias contra el Estado Nacional, regulado en el art. 22 de la Ley 23.982, respecto del crédito de una persona mayor de 70 años de edad, discapacitada, y con serios problemas de salud. Así lo hizo el Alto Tribunal al encontrar que el caso del actor no estaba exceptuado normativamente del régimen general para la cancelación de créditos no consolidados en contra de un organismo del sector público, que implica una serie de trámites y plazos de espera para su percepción, considerándose entonces en el voto principal a la situación planteada como un “caso no previsto” que, por razones de equidad, debía ser resuelto por aplicación de normas análogas. En cuanto aquí es de específico interés, debe hacerse notar que el voto principal (suscripto por los Dres. Maqueda, Lorenzetti y Rosatti) evita expresa e intencionalmente declarar la inconstitucionalidad del art. 22 de la Ley 23.982, siquiera en cuanto a su aplicación al caso concreto. A todas luces es significativo que en este nuevo pronunciamiento el Alto Tribunal elija apartarse de la declaración de inconstitucionalidad y se incline directamente por la inaplicabilidad de la ley en el caso concreto.
En ese marco interpretativo, debe considerarse que la Corte Suprema no ha hecho otra cosa que prescindir de la norma aplicable cuando conduce ocasionalmente a un resultado injusto en su aplicación concreta a un caso particular, en función de sus particularidades, a veces imprevisibles para el propio legislador. En estos supuestos, corresponde prescindir de la letra de la norma y priorizar el espíritu del legislador, resolviendo el caso como este lo hubiera hecho de haberse representado las circunstancias del mismo, aun cuando esto implique dejar de lado el texto de la previsión normativa aplicable al caso.
En atención a la luz del estándar interpretativo comentado, corresponde hacer lugar al planteo de la actora y, en consecuencia, reducir la tasa de interés aplicada por la AFIP-DGA, aplicando la tasa de interés correspondiente a las obligaciones en dólares prevista en la Resolución ME N.º 21/91 -a título referencial-, que era del uno por ciento (1%) mensual y hasta el 1/08/19, fecha en la que por imperio de la Resolución N.º 598/19 (B.O. 18/07/19), que derogó la Resolución N.º 314/04, y sus modificatorias, entre las que se encuentra la Res. 50/19 del ex Ministerio de Economía y Producción, comenzó a regir la nueva tasa para intereses resarcitorios del 0,83% nominal mensual en aquellas obligaciones nominadas en dólares estadounidenses.
X. Como consideración final, es dable expedirse acerca de la aplicación al caso de marras de lo normado por los arts. 898 y 972.
Con respecto a la pretensión de aplicar el principio de duda contenido en el artículo 898, es evidente que esta no puede prosperar. No se ha presentado prueba alguna que demuestre un estado de duda razonable con respecto al incumplimiento de la obligación por parte de la apelante. Las defensas planteadas se centraron en impugnar aspectos formales de la resolución en cuestión, tales como el plazo de prescripción o la duración del procedimiento.
En lo ateniente a la multa reducida por aplicación del art. 972, la propia lectura de la norma descarta su aplicación al caso de marras, por cuanto: “A los fines de este código, se considera que el cumplimiento de la obligación de reexportar o de reimportar dentro del plazo acordado afecta la finalidad tenida en cuenta para el otorgamiento del régimen respectivo”.
XI. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente la resolución apelada, con costas por sus respectivos vencimientos.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Confirmar el artículo 1 de la Resolución DE PRLA N° 5509/16, dictada en las actuaciones N° 12197- 231-2007 por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en relación a la multa.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3 de la Resolución DE PRLA N° 5509/16, dictada en las actuaciones N° 12197-231-2007 por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en relación a los rubros Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA, en los términos expresados en el considerando IX.
3. Revocarla en cuanto a la exigencia del pago de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4. Costas por sus respectivos vencimientos.
Los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura dijeron:
I. Que adherimos en lo sustancial al relato que antecede, y a los Considerandos que derivan en confirmar parcialmente el fallo aduanero apelado (V.- a VIII.- inclusive). Coincidimos también -por economía procesal.- con la aplicación al caso de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “CLADD ita S.A. C/ EN – DGA resol 2590/06 DGA expte. 604155/01, causa TFN 22.343-A y con tal sustento, en revocarla parcialmente respecto del IVA, Percepciones RG 3431/91 y Percepción de Impuesto a las Ganancias RG 3543/92.-
II. Discrepamos con las interpretaciones relativas a la tasa de interés aplicable a los administrados que deben abonar estas deudas aduaneras en dólares, en cuanto proponen morigerar la alícuota legalmente aplicable, al “prescindir” de la normativa, inclinándose por la inaplicabilidad de la ley basada en un precedente jurisprudencial.
III. Fundamentamos la discrepancia de criterio, en la necesidad de respetar las tasas establecidas por cada norma, según el tiempo en que comenzaron a regir las mismas. Consideramos que en este ámbito -de jurisdicción administrativa- está vedado dejar de aplicar las Resoluciones oportunamente pertinentes, aún para intentar evitar un resultado que se presume inequitativo (pero cuya confiscatoriedad no se encuentra cabalmente demostrada en estos actuados).
En este sentido, se ha pronunciado la propia Corte en el caso “Provincia de Santa Cruz” (Fallos 316:42), cuando sostuvo que no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad.
Por el contrario, y en concordancia con la letra expresa de la normativa -de cuya aplicación no encuentro graves razones para apartarme- observamos que la intención del Legislador al momento de haber elevado las tasas, que luego fueron modificadas por la vía de otra Resolución, por la cual resultaron inferiores, tendía en ese tiempo a permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado. Esta posición también se sostuvo cuando la Excma. C.S.J.N. sentenció:
“Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42).
Asimismo, destacamos que el Máximo Tribunal aún no ha anulado ó morigerado “per se” las tasas que surgen de las normas que rigen específicamente en esta materia.
Como consecuencia de los razonamientos precedentes, se deduce que la DGA deberá en cada caso aplicar la normativa vigente según la resolución que determine las tasas correspondientes, dictadas por las autoridades competentes, según lo indicado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts.794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22415) máxime cuando su invalidez no ha sido declarada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aplicar una morigeración distinta, ajena a lo normado, por la vía de este Tribunal, a nuestro juicio implicaría pasar por alto los fines tenidos en cuenta por la autoridad competente, que legisló en cada momento las tasas aplicables a este tipo de deudas con el organismo fiscal. Ello, según su propia evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia.
En tal sentido, no puede olvidarse que la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a tales criterios, que no son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (CSJN; FALLOS 3 08:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas)...”.
Consecuentemente con lo anterior y sin perjuicio del precedente jurisprudencial citado por el Vocal Instructor, entendemos que modificar todo o parte de la norma (en este caso la tasa aplicable) implica arrogarse facultades de control judicial, o lisa y llanamente legislativas, que exceden la competencia de este Tribunal.
Como consecuencia de los fundamentos antes resumidos, votamos por:
1. Confirmar el artículo 1 de la Resolución DE PRLA N° 5509/16, dictada en las actuaciones N° 12197- 231-2007 por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en relación a la multa.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3 de la Resolución DE PRLA N° 5509/16, dictada en las actuaciones N° 12197-231-2007 por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en relación a los rubros Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA, declarando que el monto adeudado asciende a U$S 23.652,38 más los intereses previstos en el art. 794 C.A. calculados de acuerdo a los Considerandos precedentes.
3. Revocarla en cuanto a la exigencia del pago de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4. Costas por sus respectivos vencimientos.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar el artículo 1 de la Resolución DE PRLA N° 5509/16, dictada en las actuaciones N° 12197- 231-2007 por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en relación a la multa.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3 de la Resolución DE PRLA N° 5509/16, dictada en las actuaciones N° 12197-231-2007 por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en relación a los rubros Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA, declarando que el monto adeudado asciende a U$S 23.652,38 más los intereses previstos en el art. 794 C.A. calculados de acuerdo a los Considerandos del Voto de los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura.
3. Revocarla en cuanto a la exigencia del pago de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.04.19 15:38:35 ART Date: 2024.04.21 11:26:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.22 16:49:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.22 16:49:39 -03:00
Fin de la sentencia