Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal, con costas.
2Declarar la litispendencia por conexidad de estos autos respecto del expediente judicial en el cual tramita la acción declarativa de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 del Decreto N° 332/2019 iniciada por Procter & Gamble Argentina S.R.L ante el Juzgado Federal de San Luis. Costas por su orden.
3Suspender el trámite de las presentes actuaciones hasta tanto se dicte sentencia en la causa judicial citada en el punto precedente.
4Se ordene librar oficio a fin de poner en conocimiento de dicho Juzgado lo aquí resuelto, solicitándole que oportunamente, tenga a bien informar con copia a estos autos, luego de dictar sentencia.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-137298669-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 17 de Noviembre de 2023 Reunidos los Señores Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. N° 2021-105105234- -APN-SGASAD#TFN;
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que la actora, mediante apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución por la cual resuelve, por un lado, no hacer lugar a la excepción de litispendencia y, por el otro rechazar la impugnación interpuesta, en subsidio, contra la liquidación formulada en concepto de cargo suplementario por la tasa de estadística. En primer término, opone excepción de litispendencia atento la previa existencia de la acción declarativa de inconstitucionalidad que tramita ante el Juzgado Federal de San Luis contra los artículos 1 y 2 del Decreto 332/2019 que habrían dispuesto un aumento del 500% de la alícuota de la tasa de estadística. Señala que nos encontramos frente a dos causas que tienen las mismas partes (Procter y la Aduana), la misma causa (el cobro de la tasa de estadística dispuesta por el Decreto) y el mismo objeto (el planteo de inconstitucionalidad del aumento de la tasa de estadística dispuesta por el Decreto). Que, en subsidio, interpone recurso de apelación. Afirma que la pretensión de la Aduana de cobrar el importe liquidado resulta contraria a derecho por basarse la misma en una norma claramente inconstitucional. Sostiene que el Decreto es inconstitucional porque: (A) se encuentra en abierta contradicción con normas de jerarquía superior; (B) impone una tasa de estadística que resulta manifiestamente desproporcionada con relación a los costos generados al Estado; (C) mientras que debería tener una finalidad retributiva de un servicio efectivamente prestado, el Decreto busca financiar erogaciones generales del Estado que nada tienen que ver con los servicios en cuestión; y (D) ha sido dictado en base a la delegación legislativa del artículo 762 de la Ley 22.415 (“Código Aduanero”), que no cumple con los requisitos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reputarse “constitucional”. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se resuelva la presente causa haciendo lugar a la excepción de litis pendencia y a la apelación en subsidio interpuesta, dejándose sin efecto la liquidación.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado, oportunamente, conferido en autos y acompaña las actuaciones administrativas. Plantea excepción de incompetencia con fundamento en que la notificación y encuadre de la impugnación realizada por la actora en sede administrativa es la del artículo 1053, inc. f) del Código Aduanero cuya apelación no puede realizarse en los términos planteados por la actora. Explica que los procesos iniciados por la actora tienen finalidades distintas. Ello por cuanto, por un lado, la acción declarativa de certeza está destinada a atacar la validez de los artículos 1 y 2 del Decreto N° 332/19, pretendiéndose la declaración de inconstitucionalidad del mismo; y, por otro lado, el presente recurso está destinado a atacar una Resolución Aduanera, peticionándose su revocación. Entiende que correspondería rechazar la excepción de litispendencia opuesta por la actora, atento que no existiría superposición de reclamos debido a que las pretensiones formuladas en las causas señaladas no solo no son idénticas, sino que, además, dichas acciones están destinadas a atacar actos distintos (uno de alcance general -el Decreto N° 332/19- y el otro de alcance particular - la Resolución Aduanera en crisis-). En subsidio, contesta el fondo del traslado. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se rechace la apelación formulada por la contraria, confirmando íntegramente la resolución dictada en sede aduanera, con expresa imposición de costas.
III. Que mediante RE-2022-79569681-APN-DTD#JGM la actora contesta el traslado de la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal. Dice que la Aduana de San Luis formuló la liquidación suplementaria, que se controvierte, sobre la base de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 332/2019. Añade que si hay algo que no se encuentra controvertido en autos es la naturaleza del cargo involucrado: liquidación suplementaria motivada por la incorrecta aplicación de los mismos. Sostiene que la impugnación fue dirigida contra "la liquidación del cargo (inciso a)” y no contra "cuestiones que pudieren afectar derechos o intereses legítimos de los administrados que no estuvieren contemplados en otros procedimientos (inciso f)”; asimismo, entiende que la representación fiscal hizo caso omiso a esa circunstancia e ignoró los principios de eficacia, eficiencia, celeridad y verdad material. Solicita que se tenga por contestado el traslado conferido y se dicte sentencia revocando la resolución aduanera.
IV. Que, en primer lugar, cabe aclarar que, de acuerdo a las ideas y principios que vengo sustentando desde mi ingreso a esta Magistratura en el año 2011, esgrimidos tanto en mis respectivos votos como así también en diversas conferencias y artículos de la especialidad, este Tribunal Fiscal de la Nación ejerce funciones jurisdiccionales y, al igual que el fuero contencioso administrativo federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, o a los Juzgados Federales con asiento en las provincias, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales – por ello es correcto hablar de funciones “jurisdiccionales-judiciales” –, en tanto es un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa, y se trata de la única magistratura del país especializada en la materia tributaria (aduanera e impositiva), por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición los referidos tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia; máxime cuando inveterada jurisprudencia en la materia ha resaltado que los requisitos relativos a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, “se exhibe plenamente satisfecha por la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación” (v. CNACAF., Sala I, sent. Del 12.5.00 in re: “Colfax S.A. c/Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ medida cautelar (autónoma), y “Telesud S.A.”, Sala IV, sent. Del 18.4.85).
Que, bajo tales premisas, y en la medida que la equiparación funcional entre todos los Tribunales con competencia aduanera supra referenciados es absoluta, no existe razón jurídica alguna que conduzca a sostener que el único Tribunal especializado – que es sólo este Tribunal Fiscal – deba tener menor competencia que aquellos Tribunales que, además de la aduanera, ostentan otras competencias, por lo que se impone una urgente reforma legislativa que otorgue a esta Magistratura tributaria una amplia y plena competencia en todos los asuntos aduaneros que sean sometidos a su jurisdicción. Pero, mientras ello no ocurra, la limitación del apartado 2 del artículo 1132 del C.A. opera plenamente y este Tribunal Fiscal resulta incompetente para entender en las resoluciones definitivas de la DGA dictadas en el procedimiento de impugnación en los casos previstos en el inciso “f” del artículo 1053 de la ley 22.415, las que resultan revisables mediante la vía contemplada en el artículo 25 de la ley 19.549.
V. Que, sentado lo precedente, cabe analizar el caso de autos. En la presente causa la empresa actora recurre una resolución mediante la cual el servicio aduanero resolvió no hacer lugar al procedimiento de impugnación interpuesto contra la liquidación de la tasa de estadística formulada en virtud de los artículos 1 y 2 del Decreto Nº 332/2019.
Que el análisis específico respecto de si la resolución apelada en autos habilita la competencia de este Tribunal – que es el único del país con competencia exclusiva en la materia aduanera y, por ende, debe velar de modo muy especial por la custodia del orden jurídico en tal disciplina-, se efectúa en uso de las facultades conferidas por el art. 1143 de la ley 22.415.
Que, en lo que aquí interesa, el artículo 1025 del CA dispone que “corresponderá conocer y decidir al Tribunal Fiscal de la Nación (...) a) de los recursos de apelación contra las resoluciones del administrador en el procedimiento de impugnación, con excepción de los supuestos previstos en el art. 1053 inc. f) ...”. Que, por su parte, el art. 1053 del CA determina que: “1. Tramitarán por el procedimiento reglado en este Capítulo las impugnaciones que se formularen contra los actos por los cuales: a) se liquidaren tributos aduaneros, en forma originaria o suplementaria, siempre que la respectiva liquidación no estuviere contenida en la resolución condenatoria recaída en el procedimiento para las infracciones...”.
Que las actuaciones administrativas acompañadas SIGEA-17477-18-2020 se inician a raíz del recurso de impugnación deducido por la actora el 20/08/2020 “en los términos de los artículos 1053, 1054 y 1055 del Código Aduanero contra la liquidación del cargo indicada en la referencia”. Se refiere a la liquidación 20083 LMAN 005463E.
Que, luego de solicitar la litispendencia, de la simple lectura de la presentación se advierte que se impugna la liquidación del cargo que indica expresamente en la referencia, supuesto que resulta contemplado específicamente en el inciso a) del artículo 1053 del Código Aduanero.
Nótese que la propia representante fiscal al efectuar la relación de los hechos que dieran origen a la presente, menciona en el Punto IV de su presentación, que la Actuación SIGEA N° 17477-18-2020 se inicia contra la Liquidación Manual N° 20083LMAN005463F, notificada por medio de SICNEA N° 21083NOTI0022985X, en concepto de Cargo Suplementario por Tasa de Estadística por un monto de U$S 442,32 y monto total cuestionado por U$S 54,21, según surge del Formulario F.4”, lo que pone en evidencia una auto contradicción en su planteo. Que, en consecuencia, considero que la cuestión de autos debió tramitar en sede aduanera por el procedimiento de impugnación contemplado en el inc. a) del art. 1053 del Código Aduanero y, por ende, la resolución en trato, resulta apelable ante este Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el inc. 2 del art. 1132 del Código Aduanero.
Que, de este modo, corresponde rechazar la excepción planteada y declarar la competencia de este Tribunal para entender en el recurso deducido contra la resolución dictada el 27/08/2021 por el Administrador de la Aduana de San Luis en el SIGEA N° 17477-18-2020, con costas.
VI. Que en relación con la excepción de litispendencia, por una cuestión de economía procesal, me remito a los argumentos -que comparto- esgrimidos, por la mayoría, en la causa “PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L. c/ DGA”, de la Sala “G”, expediente N° 2021-105015781- -APN-SGASAD#TFN donde se resolvió declarar la litispendencia por conexidad respecto del expediente judicial en el cual tramita la acción declarativa de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 del Decreto N° 332/2019 iniciada por “Procter & Gamble Argentina S.R.L.” ante el Juzgado Federal de San Luis, ordenándose suspender el trámite de las presentes actuaciones hasta tanto se dicte sentencia en la causa judicial citada.
“Que, en estos actuados, la recurrente inició acción declarativa de inconstitucionalidad que tramita ante el Juzgado Federal de San Luis, y fundamenta en ello la procedencia de la excepción de litispendencia. En efecto, existe la posibilidad de que en dicho expediente y en el presente recurso se dicten sentencias contradictorias. Al igual que en el antecedente referido, la apelación intentada tiene como fundamento que se revoque la resolución aduanera apelada. La misma -en nuestro caso- se sustenta en el Decreto N° 332/2019 (publicado en BO 05/5/2019). AFIP intima el pago de una alícuota mayor de la tasa de estadística, precisamente con motivo del aumento que el citado Decreto dispone”.
“Que la aquí actora informa que ha obtenido una medida cautelar por la cual se suspendieron los efectos del Decreto, hasta tanto se dictara sentencia en los autos que tramitan en San Luis. Como resultado del efecto suspensivo de ese trámite, la DGA formuló el cargo aquí cuestionado. De todo ello se puede deducir que el objeto de la causa en trámite en sede judicial, halla estrecha relación con el objeto de la presente causa, porque existe entre ambas la aludida conexidad”.
“Que, en efecto, la procedencia del recurso de apelación aquí interpuesto por la actora (contra el rechazo de la impugnación) necesariamente depende de lo que se resuelva en sede judicial con relación a la validez o no del Decreto que aumentó la alícuota. Como consecuencia, la decisión a la que se arribe en sede judicial, condiciona lacuestión que debe resolver este Tribunal”.
“Que en virtud de este criterio, corresponde hacer lugar a la excepción de litispendencia planteada por la actora”.
“Que dicha solución se ve avalada por el principio de economía procesal, ya que, a fin de evitar el dispendio jurisdiccional, tiende a evitar que en estos juicios conexos se puedan dictar sentencias contradictorias”. “Que, no obstante ello, atento el estado de autos y que este Tribunal Fiscal tiene competencia exclusiva y excluyente para conocer y decidir en los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones definitivas del juez aduanero dictadas en un procedimiento de impugnación cuyo objeto sea un acto por el que se liquiden tributos aduaneros en forma originaria o suplementaria (conforme arts. 1025 inc. a, 1053 inc. a, y 1132 ap. 2 del Código Aduanero), circunstancias que se dan en la presente causa, no procede remitir el expediente a la justicia federal para que la cuestión aquí planteada sea considerada conjuntamente con la planteada en sede judicial”. “Que, consecuentemente, debe declararse la suspensión del trámite de la presente causa hasta tanto se dicte sentencia definitiva el expediente judicial iniciado que la aquí actora, que tramita ante el Juzgado Federal de San Luis”.
“Que, en cuanto a las costas, en razón de que este Tribunal ha introducido sus propios argumentos para resolver la cuestión, propicio que se dispongan por su orden”.
Que, por todo lo expuesto, VOTO por:
1. Rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal, con costas.
2. Declarar la litispendencia por conexidad de estos autos respecto del expediente judicial en el cual tramita la acción declarativa de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 del Decreto N° 332/2019 iniciada por Procter & Gamble Argentina S.R.L ante el Juzgado Federal de San Luis. Costas por su orden.
3. Suspender el trámite de las presentes actuaciones hasta tanto se dicte sentencia en la causa judicial citada en el punto precedente.
4. Se ordene librar oficio a fin de poner en conocimiento de dicho Juzgado lo aquí resuelto, solicitándole que oportunamente, tenga a bien informar con copia a estos autos, luego de dictar sentencia.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal, con costas.
2. Declarar la litispendencia por conexidad de estos autos respecto del expediente judicial en el cual tramita la acción declarativa de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 del Decreto N° 332/2019 iniciada por Procter & Gamble Argentina S.R.L ante el Juzgado Federal de San Luis. Costas por su orden.
3. Suspender el trámite de las presentes actuaciones hasta tanto se dicte sentencia en la causa judicial citada en el punto precedente.
4. Se ordene librar oficio a fin de poner en conocimiento de dicho Juzgado lo aquí resuelto, solicitándole que oportunamente, tenga a bien informar con copia a estos autos, luego de dictar sentencia.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2023.11.17 08:16:03 -03:00 Date: 2023.11.17 10:17:41 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.17 10:17:42 -03:00
Fin de la sentencia