Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 42.448-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en las presentes actuaciones, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-16512199-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 14 de Febrero de 2025 AUTOS Y VISTO:
El Expte. N° 42.448-I caratulado “PRODUCTORA DEL SOL S.A. S/ RECURSO DE APELACIÓN” a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la 4° Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la 5° Nominación) y Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Titular de la 6° Nominación);
El Dr. Pablo Porporatto dijo:
I. Que, a fs. 25/40, la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° DJRPM/697/00, de fecha 13 de Febrero de 2015, emanada por la División Jurídica de la Dirección Regional Palermo de la AFIP -DGI, mediante la cual se le aplica una multa de $ 1.463.980 (pesos un millón cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos ochenta), equivalente a dos veces el Impuesto a las Ganancias supuestamente evadido, por los períodos fiscales 1996 a 1998, encuadrada en los artículos 46 y 47 incisos a) y b) y el artículo 49 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus mod.).
En primer término, corresponde señalar que el Organismo Fiscal aplicó una sanción a la recurrente tras haber constatado en la liquidación del mencionado impuesto, la existencia de deducciones improcedentes como así también diferencias entre los registros contables y el balance presentado. A su vez, se impugnaron gastos que carecían de documentación de respaldo. En este sentido, se determinó que la recurrente omitió el pago adecuado del impuesto, en virtud de que presentó las declaraciones juradas de los años mencionados, consignando datos inexactos o que no reflejaban su verdadera situación fiscal.
En cuanto a los agravios, la actora expone que, de la lectura del acto de inicio de sumario, no se desprendían los motivos que llevaron al Ente Fiscal a imputar la sanción que prevé el ilícito de defraudación fiscal. Asimismo, opone excepción de nulidad, la que sostiene debe ser tratada como una cuestión de previo y especial pronunciamiento, y solicita que este Tribunal declare nula la resolución venida en recurso, toda vez que la sanción por ella impuesta se encuentra condonada en los términos de los artículos 4° inciso a) y 7° de la Ley N° 26.476 (fs. 27). También invoca como causal de nulidad que el “acto apelado ha sido dictado sin el elemento esencial de la motivación” (fs. 29).
Expresa sus agravios en torno a la improcedencia de la figura infraccional enrostrada y, subsidiariamente, peticiona el reencuadre de la misma en las disposiciones del artículo 45 de la Ley N° 11.683. Ofrece prueba, plantea el caso federal, y solicita se revoque la multa impuesta.
II. Que, a fs. 54/63 vta. el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, y solicita su rechazo por las razones de hecho y de derecho que expone, acompaña las actuaciones administrativas referidas al sumario infraccional, plantea el caso federal y pide se confirme la resolución recurrida, con costas a la actora.
III. Que, a fs. 86 este Tribunal dispuso la apertura a prueba, ordenándose producir la prueba informativa. Con respecto a las medidas probatorias oportunamente dispuestas, a fs. 105 y fs. 169 se dispuso la certificación de ambos juegos de copias obrantes en el incidente de beneficio de litigar sin gastos de las presentes actuaciones, certificaciones vinculadas con los autos “PRODUCTORA DEL SOL S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”
(Expte. N° 14672/2002) remitidos add effectum videndi et probandi por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22, Secretaría N° 44 (fs. 106/112 y fs. 171/182).
Por su parte, y en referencia a la prueba informativa relacionada con los autos caratulados “MASSELLI, MARIO OSCAR Y SERRES, LIDIA IRENE S/ INF. LEY 24.769”, EXPTE. N° 1475, su acumulado N° 5307, cuerpo principal e incidentes, remitidos add effectum videndi et probandi del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, y correspondientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico N° 7, Secretaría N° 13, a fs. 183 este Tribunal dispuso la correspondiente extracción de las copias pertinentes, su certificación y posterior agregación a las presentes actuaciones (fs. 184/242).
A fs. 262 se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y a fs. 266 se ponen los mismos para para alegar. A fs. 272/276vta. obran los alegatos producidos por el Fisco Nacional, no habiendo hecho uso la actora del derecho otorgado.
A fs. 278/278vta se ponen los autos a sentencia.
IV. Que, en primer lugar, corresponde expedirse con respecto a la excepción de nulidad opuesta por la recurrente en virtud de que -según sostiene la actora-: (a) el acto apelado ha sido dictado sin el elemento esencial de la motivación” (vide. fs. 29) y (b) que la sanción recurrida se encuentra condonada en los términos de los artículos 4° inciso a) y 7° inciso a) de la Ley N° 26.476 (vide fs. 27)
(a) Que si bien la parte actora se agravia en torno a la falta de fundamentación de la resolución recurrida expresando que “no puede conocer siquiera cuáles son los motivos y conceptos que integran la imputación infraccional enrostrada” (fs. 30), no explica cómo a posteriori y no entendiendo los referidos fundamentos, ensaya las defensas de forma y fondo que plantea, no solamente dirigidas a la cuestión administrativa infraccional sino íntimamente vinculadas con el desarrollo de las actuaciones en sede judicial tanto comercial como penal, las que a su vez, ofrece como prueba a efectos de rebatir la sanción impuesta. En ese aspecto, tanto más se observa que el planteo de nulidad resulta carente de todo sustento normativo y/o fáctico.
En efecto, para que prospere la pretensión de la recurrente, la nulidad impetrada debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable, lo que no se verifica en el caso de marras.
En ese sentido, el objeto de las nulidades procesales radica en el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio concreto de ese derecho y que la misma ha sido conculcada. Asimismo, no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio positivo y concreto para el derecho de quien las pide, lo que no ocurre en autos. Lo contrario implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma.
En atención a lo señalado supra, no puede acogerse lo alegado por la parte al carecer de fundamentos legales suficientes para sustentar la petición.
(b) Que por otro lado, cabe adelantar que tampoco puede hacerse lugar al planteo de nulidad articulado por la actora, en el entendimiento que correspondería el beneficio de la condonación establecido en la ley de regularización mencionada, en razón de la declaración de inadmisibilidad del crédito cuya verificación pretendiera el Fisco Nacional en el marco del proceso concursal -y que, asimismo, diera origen a la base cuantitativa del presente sumario infraccional-.
En síntesis, sostiene la recurrente que “(l)a cancelación de las referidas sumas surge expresamente de la no verificación del crédito por parte de la AFIP, por tal concepto, en oportunidad del concurso preventivo de mi mandante” (vide fs. 28).
Ello así, pues conforme dispone -en lo que aquí interesa- el art. 4° inciso a) de la Ley N° 26.476: “Se establece, con alcance general, la exención y/o condonación: a) De las multas y demás sanciones, que no se encontraren firmes...” En esa línea, el art. 7° inciso a) del mismo cuerpo normativo señala que “(e)l beneficio que establece el artículo 4º, procederá si los sujetos cumplen, respecto de capital, multas firmes e intereses no condonados, algunas de las siguientes condiciones: a) Cancelación con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley...”
Al respecto, cabe destacar que, se ha expresado en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación señalando que “la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, en atención a que los jueces, en tanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la “ratio legis” y del espíritu de la norma (Fallos 308:54)”, destacando el Máximo Tribunal que “la ley debe interpretarse evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto en una armónica integración (Fallos 307:993 y sus citas)” (CSJN, “Luisa Mabel Etcheverry y otros v. Provincia de Buenos Aires y Nación Argentina y otros”, sentencia del 4 de diciembre de 1990, Fallos 313:1293).
Por tal razón, no tiene sustento la nulidad intentada por la recurrente con fundamento en los términos de los artículos 4° inciso a) y 7° inciso a) de la Ley N° 26.476, toda vez que mal podría encontrarse condonada una multa como la de autos, cuando a la fecha de entrada en vigencia de la normativa en comentario (24 de diciembre de 2008), no solamente no existía (la resolución apelada es de fecha 13 de marzo de 2015 y la resolución por la cual se instruyó el respectivo sumario es de fecha 02 de julio de 2014), sino que además la posibilidad de su aplicación por parte del Fisco Nacional estaba vedada en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley N° 24.769 (modif. por Ley N° 26.735).
Al respecto, conforme se mencionó anteriormente, existieron en sede penal una serie de causas con motivo de las diversas denuncias planteadas por la AFIP, acumuladas bajo los autos “MASSELLI, MARIO OSCAR Y SERRES, LIDIA IRENE S/ INF. LEY 24.769”, EXPTE. N° 1475, su acumulado N° 5307.
Estas actuaciones tuvieron lugar -en lo que aquí interesa- hasta el 4 de febrero de 2013, fecha en la que tramitando la causa ante el Tribunal Oral, se dictó sentencia -en lo pertinente- de sobreseimiento por prescripción respecto de los períodos fiscales 1996, 1997 y 1998 en el Impuesto a las Ganancias (cfr. fs. 236/236 vta. y 241/241 vta., actuaciones principales).
En esa tónica, conforme lo establece el artículo 20 de la Ley N° 24.769, el Fisco Nacional estaba impedido de aplicar sanciones hasta que fuera dictada la sentencia definitiva en sede penal (tanto en su redacción original como en aquella producto de la modificación introducida por la reforma de la Ley N° 26.735, esta última vigente al momento del referido dictado en el caso concreto).
Por otra parte, a los efectos de analizar la pretendida cancelación de la obligación principal que aduce la recurrente, a partir de la prueba ofrecida y producida en las presentes actuaciones surge que:
a) En octubre del año 2000 la recurrente conformó parcialmente el ajuste en el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 1996, 1997 y 1998 y presentó las correspondientes declaraciones juradas rectificativas (cfr. fs. 22/24 Informe Final de Inspección, AA).
b) Al no abonar los saldos resultantes de sus declaraciones juradas, el Fisco Nacional emitió las correspondientes boletas de deuda las cuales presentó oportunamente a verificación en el concurso preventivo de la recurrente, el cual tramitara ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22, Secretaría N° 44 bajo los autos “PRODUCTORA DEL SOL S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 14672/2002).
El juez actuante denegó la verificación de la totalidad del crédito impositivo insinuado por AFIP, cuestión que originó el respectivo incidente de revisión y cuyas copias -en lo pertinente – se encuentran agregadas a la presente causa (cfr. fs. 186/206, actuaciones principales). En el marco de ese incidente, se presentó un informe pericial en el que, el perito contador actuante comparó las boletas de deuda insinuadas por el ente recaudador contra las declaraciones juradas originales (o en algún caso rectificativas), concluyendo que el saldo correspondiente al Impuesto a las Ganancias para los períodos fiscales 1996, 1997 y 1998 era cero, sin que el Fisco Nacional impugnara el referido informe y lo que en definitiva culminó con el dictado de la sentencia de fecha 3 de mayo de 2004 (cfr. fs. 203/205, actuaciones principales), en la cual el magistrado actuante resolviera acoger parcialmente la revisión introducida por el ente recaudador, no así en lo referido a los períodos del impuesto a las ganancias que conforman la base de cálculo del presente sumario infraccional.
Es importante destacar que de dicho informe, se deduce que los montos especificados allí están relacionados con las declaraciones juradas originales presentadas por el contribuyente y, no así con los saldos impugnados y determinados en la resolución aquí apelada (vide fs. 200/203).
Asimismo, cabe indicar que en el marco de la referida causa penal existe constancia del acogimiento al Régimen de Facilidades de Pago, en los términos de la Resolución General N° 2650 (AFIP) -Ley N° 26.476 - ; el cual fue aceptado solo respecto de los créditos fiscales verificados en el proceso concursal de la recurrente (cfr. fs. 233/234, actuaciones principales).
A mayor abundamiento, cabe traer a colación lo resuelto por la Corte Suprema en el caso “CSJ 541/2021/RH1 La Nueva Fournier SRL s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación tardía promovido por la AFIP”, referido al intento del Fisco Nacional de verificar en un concurso preventivo diversos créditos tributarios (con actos firmes), en cuyo Considerando 7 se expone que “... cabe recordar que en la causa “GCBA c/ Directamoint S.A.” (Fallos: 344:3695), al reiterar la doctrina del precedente “Casa Marroquín” (Fallos: 310:719), este Tribunal expresó que “...que atribuir al fuero concursal facultades de revisión de la validez intrínseca del título invocado en sustento del crédito importa tanto como prescindir inmotivadamente de las disposiciones...que constituyen la regulación procesal específica y en los que se prevén las vías impugnatorias que el contribuyente tiene a su alcance para cuestionar los actos determinativos y plazos para ejercerlas, vencidos los cuales, adquieren firmeza” (confr. Considerando 7º, segundo párrafo del aludido fallo)”.
A su vez cabe señalar que a fs. 246 y 252 este Tribunal dispuso requerir a ambas partes que informen si la obligación que originó la sanción apelada fue cancelada. De allí, a fs. 249/250 y fs. 260/261 el Ente Fiscal informó que la recurrente no realizó pagos ni presentó planes de pago relacionados con el Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales 1996 a 1998. Sin embargo, la actora no dio cumplimiento a ningún requerimiento pese a encontrarse debidamente notificada.
En atención a lo señalado precedentemente, tampoco puede acogerse el planteo de nulidad articulado por este aspecto.
En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de las nulidades opuestas por la parte. Corresponde señalar que, si bien la recurrente efectuó su planteo como excepción previa, sus argumentos se esbozan como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma (vide precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Bolland y Cía SA (TF 21.122-I) C/DGI” de fecha 21/02/2013).
V. Que, seguidamente, este Tribunal debe expedirse respecto de la sanción correspondiente a los períodos fiscales 1996, 1997 y 1998 en el Impuesto a las Ganancias.
Conforme surge de la resolución que aquí se recurre, se imputa a la recurrente un obrar doloso en los términos de los arts. 46 y 47 incisos a) y b) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), respecto de la presentación de sus declaraciones juradas correspondientes al tributo y períodos fiscales mencionados precedentemente.
Con relación a la sanción por defraudación aplicada, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar la multa prevista en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo, el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual), en las cuales a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos), se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al fisco.
El Ente Fiscal encuadró las infracciones en el tipo descripto por el artículo 46 de la Ley Nº 11.683. Asimismo, en el caso de los sumarios de impuesto al valor agregado, se hace mérito de la disposición de los incisos a) y b), del artículo 47 de la ley procesal, que establece presunciones “iuris tantum” acerca de la existencia de voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas.
Como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. Nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”
En lo que atañe al aspecto material de la multa aplicada, debe destacarse que la presentación de DDJJ rectificativas lo que revela, y así ha quedado plasmado en el acto que aquí se recurre, es que el contribuyente primitivamente no ha declarado los impuestos en su justa medida, siendo dichas declaraciones defectuosas las que, al no haberse producido prueba en contrario, lleva a este juzgador a tener por configurado el aspecto objetivo de la infracción que se endilga.
En cuanto al aspecto subjetivo, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del art. 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
En ese sentido, y de conformidad con lo indicado en la resolución que diera origen a las presentes actuaciones, existen una serie de indicios graves, precisos y concordantes que han conducido al juez administrativo a presumir la existencia de una voluntad en la recurrente tendiente a la producción de declaraciones engañosas durante los períodos fiscales bajo análisis.
Al respecto, cabe señalar que las declaraciones juradas iniciales consideradas en la causa eran inexactas, en virtud de que en ellas no se reflejaba la situación económica real del contribuyente con relación al Impuesto a las Ganancias y, por otra parte, es del caso aclarar que en las infracciones de esta naturaleza el dolo consiste en el ánimo o la intención deliberada de no pagar el impuesto, o de pagarlo en una medida menor que la debida. Cabe destacar que la recurrente se allanó a los ajustes propuestos por el Ente Fiscal presentando las declaraciones juradas rectificativas.
A su vez corresponde indicar que, si bien el contribuyente tuvo la posibilidad dentro de la fiscalización e incluso ante este Tribunal Fiscal de aportar las pruebas que considerara necesarias y alegar conforme a derecho sobre los cargos impuestos por el Fisco Nacional, pero no lo ha hecho y únicamente se limitó a ofrecer un oficio al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22 a los efectos de demostrar que se encontraba en concurso preventivo y por el contrario, conformó el ajuste en la instancia administrativa.
En síntesis, no exponiéndose cuestionamiento concreto y probado por parte de la recurrente respecto de los ajustes practicados ni haberse ensayado agravio específico en relación a su obrar en torno a los cargos impuestos por el Ente Fiscal y procediéndose luego sin más a conformar los referidos ajustes con la presentación de las declaraciones juradas rectificativas, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto aplica multa en los términos del art. 46 y 47 inc. a) y b) de la ley de rito, reducida a la mitad de su mínimo legal, en mérito de lo dispuesto por el art. 49 de la mencionada ley, con costas.
El Dr. Armando Magallón dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
El Dr. José Luis Pérez dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos de la causa que efectúa el Vocal instructor en su voto como así también al rechazo de los agravios de nulidad tratados en el Considerando IV (a) del mismo.
II. En cuanto al planteo de nulidad que se trata en el Considerando IV (b) del voto del instructor, el suscripto coincide con la solución propuesta, esto es que no puede acogerse el planteo de nulidad articulado por la actora con sustento en que le correspondía el beneficio de la condonación establecido en la Ley 26476.
En primer lugar, cabe precisar que los ajustes fueron oportunamente consentidos por la recurrente mediante la presentación de las declaraciones juradas rectificativas. Ello así, dichos ajustes quedaron fuera de toda discusión desde el punto de vista tributario e independientemente de la suerte que corriera la verificación de los créditos del Fisco en el concurso preventivo de la recurrente, cabe señalar que los órganos administrativos y jurisdiccionales establecidos en la Ley 11683 tienen plena competencia, como en el caso, para resolver respecto de las multas que pudieran corresponder (art. doctrina del fallo “Supercanal S.A.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). En efecto, no surge de las constancias de autos que las obligaciones que sustentan la sanción apelada hubieran sido canceladas por la recurrente con anterioridad a la sanción de la citada ley ni tampoco que se hubiera acogido a algún plan de pagos en los términos de aquella ni de las posteriores leyes de regularización, lo que se ve corroborado con lo informado por el Fisco Nacional a fs. 260/vta. en cumplimiento del requerimiento efectuado a las partes a fs. 252, respecto del cuál la parte actora guardara silencio.
Tampoco surge de las copias del proceso concursal glosadas en autos que dichas obligaciones fueran canceladas. La pericia que refiere el Vocal instructor en su voto refiere la existencia de boletas de deuda del organismo fiscal por las obligaciones que dieran origen a la multa aquí apelada (vide fs. 200), pero nada surge del referido informe respecto de la cancelación de dichos montos, ya que a continuación se limita a hacer referencia a las declaraciones juradas originales presentadas y los pagos imputados a la cancelación de las mismas pero nada dice respecto de las declaraciones juradas rectificativas presentadas consintiendo los ajustes del Fisco. En definitiva, no surgiendo la cancelación de las obligaciones sustanciales, no procede condonación alguna en los términos solicitados por la recurrente y, en consecuencia, cabe rechazar la nulidad sustentada en dicha pretensión.
III. Respecto de la cuestión de fondo, esto es respecto de la procedencia de la sanción aplicada, adhiero a los fundamentos expuesto en el Considerando V del Voto del Dr. Porporatto, votando en su mismo sentido.
Por ello, en virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en las presentes actuaciones, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Procédase a la impresión e incorporación al expediente papel.
Date: 2025.02.14 13:38:12 ART Date: 2025.02.14 14:28:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.14 14:57:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.14 14:58:16 -03:00
Fin de la sentencia