Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 38.161-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 134/2013 y 27/2015, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de la recurrente, en la siguiente forma:
A) Por el Expediente N° 38.161-I:
I) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $80.690 por la representación procesal y $201.724 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Ii) Por la tercera etapa, en la suma de $204.965 equivalente a 2,35 UMA por la representación procesal y de $512.413 equivalente a 5,87 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423. b) Por el Expediente N° 42.692-I:
En las sumas de $56.772 por la representación procesal y $87.342 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la etapa procesal cumplida, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3Regular los honorarios del CP Mauricio L. Olijavetsky en la suma de $87.342 por su actuación en el carácter de perito designado a propuesta …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-29089864-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 20 de Marzo de 2026 Unidos Ruta 8 Cooperativa Limitada.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 38.161-I (y su acumulado N° 42.692-I) caratulado “Productores Tamberos Unidos Ruta 8 Cooperativa Limitada s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Productores Tamberos Unidos Ruta 8 Cooperativa Limitada (en adelante “Productores”) interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas en la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos: a.- la Resolución N° 134/2013, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado en los períodos fiscales enero 2007 a marzo 2009 y se lo intimó a ingresar $988.357,30, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). En dicho acto, además, se le impuso una multa de defraudación de $189.028,78 (arts. 46, 47 inc. b), ley) por los periodos fiscales enero 2007 a junio 2007 y se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.) en relación a los periodos fiscales julio 2007 a marzo de 2009.
b.- La Resolución N° 27/2015, en la que se le aplicó una multa de defraudación de $1.787.685,82 (arts. 46, 47 inc. b), ley.683) correspondiente a los períodos fiscales julio 2007 a marzo de 2009.
En sus presentaciones ante este Tribunal, Productores solicita la nulidad de las Resoluciones por falta de motivación y por violación al principio de legalidad al exigírsele la prueba de hechos negativos, como es que no contrató con usinas de facturas apócrifas, lo que califica como prueba diabólica. Invoca además el art. 8°, inc. h) de la ley 11.683 y entiende que en la instancia de la fiscalización acreditó la existencia y veracidad del hecho imponible por lo que no resulta de aplicación dicha disposición.
Sostiene que para cumplir con el objeto social y en favor de sus asociados, contrató con los proveedores impugnados - Latosha S.A, El Cardo Cereales Sociedad Anónima, Agrocampus S.A y Oeste Agropecuaria S.R.L.- en distintas oportunidades para que le suministraran soja, maíz, trigo, girasol, entre otros insumos necesarios para producir el alimento balanceado que es su actividad principal. Para ello se comunicaba a la empresa y se pedía el producto, ésta lo enviaba en un camión con el remito y la factura, que Productores controlaba en los sistemas de la Administración Tributaria; luego, si todo estaba bien, hacía el pago.
Informa que cuenta con un médico veterinario que realiza las fórmulas para producir tal alimento balanceado, y que contienen tales insumos; agrega que la producción en el año 2007 fue de 18.073 toneladas de alimento balanceado, 20.247 en el año 2008, y 19.187 en el 2009 y afirma que si las compras no se hubieran concretado no hubiese podido producir, vender y facturar esa cantidad de toneladas de alimento balanceado.
Expresa también que en ningún momento se resistió a la fiscalización y que dio a los inspectores nombres y teléfonos de contacto a fin de que pudiesen ubicar a los proveedores cuestionados, por lo que considera que no puede imputársele la condición de ser un usuario de facturas apócrifas.
Entiende que el ente fiscal tiene el poder y los medios necesarios a fin de llevar a cabo una exacta investigación, sin que pueda delegar al contribuyente la obligación de demostrar un hecho negativo como es que no es una usuaria de usinas apócrifas.
Destaca que es su función establecer la verdad real y esto es lo que la obliga a ser objetiva, certera y justa, contando con los medios para ello y adoptando todos los recaudos que sean necesarios para llegar a la verdad de los hechos que se plantean, y si bien el administrado tiene la obligación de probar el sustento de su defensa o descargo, ello no empecé la obligación de la Administración de demostrar fehacientemente los cargos que formula.
En el caso en particular de Oeste Agropecuaria S.R.L. informa que en el último pedido que le hizo se le informó que la empresa no existía más y que iba a facturar otra, Abundance S.A., y que ambas tenían los mismos socios y utilizaban el mismo transportista. Agrega que ello fue refrendado por la Escribana Escudero y luego por la Escribana Cavalcanti en las actas labradas que obran en copia en las actuaciones.
Sostiene, entonces, que Productores no fue usuaria de usinas de facturas apócrifas, sino que fue una víctima, y por todo ello, solicita que se deje sin efecto la pretensión fiscal notificado en la Resolución N° 134/2013.
Respecto a la multa impuesta en la Resolución N° 27/2015, sostiene que se la sancionó indebidamente ya que en sede penal se dictó la extinción de la acción penal respecto del Presidente del Consejo de Administración de la entidad, por lo que se incurrió en una violación al principio non bis in ídem, y de otros como el de inocencia y el de culpabilidad. Aporta prueba documental, que obra agregada en más de 1300 fojas, y ofrece la producción de prueba informativa, testimonial, pericial contable, pericial de ingeniero industrial y pericial de nutrición animal, y solicita a continuación que se revoquen las Resoluciones, con costas.
II. A fs. 1369/1389 y fs. 1702/1711 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas.
III. A fs. 1388 obra el auto de apertura de prueba en el que se hace lugar a la prueba informativa y testimonial, por lo que se intimó a Productores a que acompañe los interrogatorios para los testigos propuestos. A fs. 1428 se hizo lugar a las pruebas periciales -contable, de ingeniería industrial y de nutrición animal- ofrecidas, y se tuvo a la recurrente por desistida de la prueba testimonial del veterinario de la planta, el Sr. Alfredo Ramón Gorosito.
Por su parte, a fs. 1483 contesta el oficio la Escribana Sonia Margarita Escudero quien acompañó un CD con la grabación de la llamada telefónica asentada en el Acta Notarial; contesta también a fs. 1484 Estancia la Elisa S.A que afirma que las fórmulas de los alimentos balanceados acompañadas son auténticas y en igual sentido respondieron Agua Mansa S.A y el veterinario en la planta de Productores, el Sr. A. Ramón Gorosito, a fs.1485 y 1443, respectivamente.
Respecto de la testimonial, a fs. 1541, la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos dejó constancia que el Sr. Juan Carlos Sansone no compareció a la audiencia fijada. A fs. 1555/1557, 1558/1560, 1561/1563 y fs. 1564/1566 obran las declaraciones testimoniales de los Sres. Ignacio Podestá, Oscar Antonio Fimia, Omar Diego Siandra, José Antonio del Milagro Collio respectivamente, quienes manifestaron que la actividad principal de Productores era la elaboración de alimentos balanceados en planta propia para vacas que están en producción lechera, la que se encuentra en etapa de preparto y los de cría y recría como también se producía alimento para engorde, para lo cual utilizaba insumos como el maíz, cebada, pellet de girasol, pellet de soja, pellet de afrechillo de trigo, entre otros; dijeron, además, que contaba con un asesor técnico veterinario nutricionista quien desarrollaba algunas de las formulas nutricionales y otras provenían de los nutricionistas del grupo Crea. Sobre la cantidad de toneladas producidas respondieron que aproximadamente fueron entre 18.000 y 20.000 toneladas anuales. Agregaron que una vez llegado los camiones con los insumos se chequeaba la mercadería y luego se pesaba en la balanza y se solicitaba el remito y/o carta de porte al chofer y sus datos personales y los del vehículo con los que transporta; si todo estaba en regla se descargaba la mercadería. Mencionaron también que se realizaba un primer contacto en forma personal con los proveedores donde se acordaba el precio y luego la operatoria se realizaba telefónicamente. Por último, una vez concretada la operación y aportada la factura, el proveedor se presentaba a cobrar el cheque.
Asimismo, declararon que la capacidad de acopio del silo era de 1.500 toneladas mientras que la capacidad de producción diaria de alimento balanceado era de 70 a 80 toneladas aclarando que la jornada laboral era de lunes a viernes de 6 a 18 horas, y eventualmente los días sábados de 6 a 12 horas, y que el destino del alimento balanceado era los tambos y engordes de corral para los socios de la cooperativa y para terceros. Cabe aclarar aquí que todos los testigos manifestaron ser empleados de Productores.
A fs. 1590/1593 obra el informe pericial de nutrición animal en el que el perito designado por Productores a la pregunta de la cantidad de insumos de soja de maíz, girasol, afrechillo de trigo que se necesitan para producir 18.073, 20.247 y 19.187 toneladas de alimento balanceado, informa que depende del alimento que se elabore ya que se trabaja en 2 líneas de alimentos, para animales de carne y para animales de leche, y a su vez si son terneros, recría o cría y preparto destacando que para los terneros durante los primeros 90 días de vida sería un 50% de maíz 26% de pellet de soja, 30% de afrechillo de trigo, 5% de pellet de girasol, minerales y vitaminas, por lo que el perfil nutricional depende de la categoría y objetivo de aumento de peso buscados. Resalta que en todos los alimentos para bovinos de carne o leche el maíz es fundamental para aportar energía, y que el afrechillo es indispensable. Por su parte, el perito designado por la representación fiscal adhirió a las respuestas de su colega, pero aclaró que no era posible calcular la cantidad de insumos necesarios para producir las toneladas descriptas.
A fs. 1594/1620 obra el informe pericial contable. Allí los expertos realizaron un muestreo a partir de una selección de las facturas de mayor importe de cada uno de los proveedores impugnados y dieron cuenta en el primer punto de su debida registración en los libros contables de Productores, que se hicieron las retenciones pertinentes y del débito de los importes de los cheques en sus cuentas bancarias. Concluyeron también que la cantidad de compras de Productores en los periodos enero 2007 a marzo 2009 fue de 37.991 toneladas y que el monto de compras impugnadas a los proveedores fue de 9.628, es decir, el 25,34%. Sin perjuicio de ello, aclararon que Productores no tenía un sistema contable de compras por lo que el informe se hizo a partir del listado proporcionado por la empresa. Aclararon, asimismo, que no era de su competencia conocer cuáles son los insumos que forman parte del proceso productivo del alimento balanceado, máxime cuando Productores registraba ingresos por otras actividades.
A fs. 1622/1625 obra el informe pericial de expertos ingenieros donde manifiestan que la planta está diseñada para elaborar 8.5 toneladas de harina la hora y 7 toneladas de peleteado la hora y que cuenta con una planta de silos de acopió de materias primas de 1.530 toneladas físicas repartidas en 8 silos y que se encuentra habilitada por SENASA y por el Municipio de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires. A la pregunta sobre cantidad de horas trabajadas los peritos manifestaron que según datos informados por la empresa la planta trabajaba de lunes a viernes de 6 a 18 horas y eventualmente los sábados de 6 a 12 horas elaborando un promedio de 78 toneladas diarias, lo que representaba un promedio de 20.000 toneladas al año. También dijeron que allí se ocupaban 5 personas en relación de dependencia. El experto designado por la recurrente manifestó que debido a la diversidad de materias primas involucradas en el proceso de producción y que en los períodos comprendidos en la determinación de oficio Productores carecía de un sistema contable de compras, era demasiado laborioso determinar la relación exacta entre la cantidad facturada y la cantidad producida en los períodos objetados. Por su parte, el perito del Fisco Nacional dejó asentado que debido a la excesiva cantidad de compras y porque las fórmulas de los productos eran dinámicas y variaban en forma mensual, no era posible determinar la incidencia de cada materia prima en el producto final.
A fs. 1713 obra la acumulación por Sala del Expte. N° 42.692–I al que lleva el N° 38.161-I de igual carátula. A fs. 1749 se declara el cierre del período probatorio y mediante la PV-2025-135233120-APN-VOCXI#TFN del 5 de diciembre de 2025 se elevaron las actuaciones a la Sala. A continuación se pusieron los autos para alegar, obrando a fs. 1766/1771 únicamente el escrito presentado por el Fisco Nacional.
Por último, por medio del IF-2026-26969356-APN-VOCXI#TFN quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde analizar en primer término los planteos de nulidad, los que, cabe ya adelantarlo, no pueden prosperar, por cuanto las Resoluciones se encuentran debida y suficientemente motivadas en los antecedentes de hecho y de derecho descriptos en sus Considerandos y que surgen de las actuaciones administrativas, por lo que no se advierte violación a ninguna de las disposiciones de la ley 11.683, ni tampoco al procedimiento administrativo reglado en la ley 19.549. Así, no se observa que el Fisco Nacional haya incurrido en ningún vicio que justifique que este Tribunal declare la nulidad de dichos actos.
Tampoco se advierte anomalías en relación a la garantía del derecho de defensa de Productores, ya que pudo ejercerla en todas las instancias previstas para ello en la ley 11.683 e inclusive el juez administrativo interviniente admitió parcialmente las pruebas ofrecidas, tanto informativa como testimonial, que no fueron producidas.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, ya que Productores Tamberos Unidos Ruta 8 Cooperativa Limitada. ha tenido oportunidad de hacer valer sus defensas tanto en el procedimiento sumarial sustanciado en sede administrativa, como ante este Tribunal.
Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como alzada de este tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI”y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. “Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre otros-.
Por ello, corresponde rechazar los planteos de nulidad, sin costas (“Bolland”, Fallos 336:70).
V. Corresponde entonces resolver sobre la legitimidad de las Resoluciones Nros.134/2013 y 27/2015.
Surge de los Considerandos de la primera de ellas que luego de sustanciarse el procedimiento de fiscalización iniciado a Productores se impugnaron las operaciones con proveedores que luego de una exhaustiva investigación realizada a cada uno de ellos fueron calificados de apócrifos o usinas de facturas apócrifas: Latosha S.A., El Cardo Cereales S.A, Agrocampus S.A. y Oeste Agropecuaria S.R.L.
Para ello se tuvo en cuenta aspectos tales como que carecían de bienes registrables y que no contaban con personal en nómina (vgr. Agrocampus S.A., El Cardo Cereales S.A. y Oeste Agropecuaria S.R.L.); además, no tenían cuentas bancarias (vgr. Agrocampus S.A. y Latosha S.A. El Cardo Cereales S.A). Salvo en un caso, la fiscalización no pudo localizar en sus domicilios ni a las empresas y/o personas ni a sus directores, incluso mediante llamados telefónicos los que no fueron respondidos (vgr.Agrocampus S.A., Latosha S.A., Oeste Agropecuaria S.R.L.); no tenían consumos relevantes (Vgr. Latosha S.A., El Cardo Cereales S.A.), y, en algunos casos, no estaban inscriptos en el Registro Fiscal de Operadores de Granos (vgr. Agrocampus S.A.)
El juez administrativo tuvo en consideración también lo manifestado por el Sr. Juan Zapata, vicepresidente de la firma El Cardo Cereales S.A., quien ante la fiscalización afirmó que no había realizado operaciones con Productores por falta de documentación que lo habilitara a tal fin, desconociendo de esa manera también la validez de los comprobantes fiscales supuestamente emitidos por dicha firma que se le exhibieran.
En relación a los pagos se constató que los cheques entregados a Agrocampus S.A. fueron todos depositados en una cuenta de Sudamericana Bursatil Sociedad de Bolsa S.A.; los de Lotosha S.A. en varias empresas, entre ellas, Sudamericana Bursatil Sociedad de Bolsa S.A., Investment Bursatil Sociedad de Bolsa S.A., Estancia la Federala S.A., Cabaña Agropecuaria del Zonda; en el caso de Oeste Agropecuaria S.R.L., se constató que algunos cheques los depositó en una cuenta propia del BBVA Banco Francés S.A. y la mayoría en cuentas de empresas o personas, como: Gerardo Antonio Calabria, Ricardo Luis Prigioni, S&C Inversiones Sociedad de Bolsa S.A., Mutual de las Comunidades. Resalta el juez administrativo también que los cheques depositados en la cuenta de Oeste Agropecuaria S.R.L. fueron firmados por el Sr. Hugo Alejandro Barzola en carácter de apoderado, a quien Productores nunca mencionó y/o informó del mismo a la inspección.
Todo ello tuvo como resultado la impugnación de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado al desconocerse la realidad de las compras a los proveedores, por lo que Productores tenía que demostrar era su efectiva realización. Ello así, toda vez que ante ajustes como el que aquí se analiza resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del gravamen en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, del 10 de marzo de 2015, entre muchas otras, al sostener: “Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...”.
Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015, entre otros precedentes.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “…el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/06 39/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” – conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
Resulta así claro que la ley del gravamen subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que es el que corresponde analizar aquí, en orden a determinar si fueron realmente los proveedores impugnados los que efectivamente le vendieron los insumos; por ende, si le asiste a la recurrente el derecho a computar el crédito fiscal de los comprobantes fiscales extendidos por éstos, a pesar de las múltiples irregularidades invocadas por el juez administrativo a partir de las tareas de fiscalización llevadas a cabo a cada uno de ellos.
Entre ellas, que no fueron encontrados en sus domicilios, que no bienes, por ejemplo, inmuebles donde cultivar los granos y cereales vendidos, con ello que no tenían capacidad económica, ni operativa para realizar las ventas y que no contaban con empleados en relación de dependencia; tampoco poseían cuentas bancarias a pesar de los volúmenes facturados. Además, los cheques entregados en pago de las operaciones fueron descontados en su mayoría en financieras, lo que impide conocer el beneficiario.
En el caso, las pruebas rendidas ante este Tribunal para refutar las graves anomalías e inconsistencias detectadas a los proveedores no fueron suficientes, ya que con ellas no se acreditó que efectivamente fueron ellos los que vendieron las materias primas a Productores.
La prueba documental aportada, en más de 1600 copias, consistente en facturas, remitos, recibos por los pagos, cartas de porte e informes varios sobre fórmulas de alimentos balanceados, solamente acredita la instrumentación formal y registración de las compras, pero no surge de ella que los proveedores cuestionados fueron realmente los que vendieron los insumos -soja, maíz, trigo y girasol- que, como ya se dijo, es lo que determina el cómputo del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado conforme a la jurisprudencia del Alto tribunal.
Lo mismo ocurre con la prueba testimonial. Los testigos -todos empleados de Productores, lo que como señala la representación fiscal en su alegato resta validez a la prueba- coincidieron al narrar el procedimiento de elaboración del alimentado balanceado y en las toneladas diarias de producción en la planta, lo cual tampoco es relevante para probar las compras concretamente impugnadas a los proveedores impugnados.
De la misma manera debe concluirse en relación a la prueba pericial, tanto contable, de nutrición animal e ingeniería, pues en las tres se informaron aspectos vinculados a la cantidad de ingredientes que se necesitan para la producción del alimento balanceado y a la capacidad operativa y de producción de la planta de Productores, pero, de nuevo, no surgen de allí elementos de convicción para determinar que Productores haya realizado las operaciones comerciales con los proveedores impugnados. Tampoco resulta relevante para dirimir la controversia el porcentaje que representaron las compras impugnadas sobre el total de las compras del mismo período, sin perjuicio de decir que el resultado que arrojó, más del 25%, en modo alguno puede ser calificado como insignificante.
Lo mismo ocurre con la prueba informativa de la que se extrae que las fórmulas para la elaboración del alimento balanceado informada por Productores es real, más no era ello lo que estaba en discusión, ni sobre lo cual debía Productores rendir prueba porque, como ya se dijo, no puede extraerse de sus resultados que compró los insumos a los proveedores impugnados.
No puede soslayarse que respecto de los proveedores investigados, el Fisco Nacional puso en evidencia una serie de irregularidades que se presentaron de forma reiterada resaltando esencialmente la falta de capacidad operativa, patrimonial, económica y/o financiera de los mismos para, situaciones que no puede calificarse como de meros incumplimientos formales de terceros -conf. Cámara, en “Las Tres Mulitas”, sentencia del 9.12.2015-. Ello así, la incapacidad atribuida a los proveedores impide considerarlos como generadores genuinos del crédito fiscal, extremos que no fueron cuestionados -ni desvirtuados- por la recurrente -conf. criterio de la CSJN en “Molinos Río de la Plata S.A.”, sentencia del 25.9.2015-. Más aún, uno de ellos, El Cardo Cereales S.A., a través de su Vicepresidente, expresamente desconoció ante la fiscalización haber operado con Productores, indicio también de que no fueron realmente celebradas con los proveedores.
Por último, en ocasión de alegar, la representación fiscal manifiesta que dos de los proveedores comprendidos en este Expediente, Agrocampus S.A. y Latosha S.A. fueron analizados en la sentencia dictada por la Sala B de este Tribunal en los autos “Cales S.R.L. s/ recurso de apelación” del 14 de agosto de 2017, en la que a partir de los elementos colectados por la fiscalización y las pruebas rendidas se concluyó que eran proveedores apócrifos, elemento que también debe ser considerado en este expediente tanto justifica la calificación que de usinas de facturas apócrifas les diera el Fisco Nacional.
Queda decir, para terminar, que la determinación de oficio no fue efectuada bajo el régimen de responsabilidad solidaria previsto en el art. 8°, inc. h) de la ley 11.683 (vigente al momento de los hechos) sino a Productores como contribuyente del impuesto al valor agregado, por lo que los agravios al respecto carecen de fundamento.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución N° 134/2013, tanto en cuanto al capital, como los intereses resarcitorios que se devengan en forma automática desde el vencimiento de la obligación por aplicación del art. 37 de la ley 11.683. Con costas.
VI. Respecto de las sanciones de defraudación aplicadas en las Resoluciones Nros. 134/2013 y 27/2015, ambas con sustento en los arts. 46 y 47 inc. b) ley 11.683, no existen dudas que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo que permiten confirmar el encuadramiento de la conducta de Productores en dicha figura infraccional. Las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado fueron presentadas en forma inexacta ya que se incluyeron en ellas créditos fiscales por operaciones cuya real existencia no fue acreditada, a partir de maniobras tendientes a disminuir la obligación debida en su justa medida, conforme se expuso en los Considerandos precedentes.
En cuanto al aspecto subjetivo, Productores no aportó ni rindió tampoco pruebas que permitan desvirtuar fehacientemente su intención de defraudar. En efecto, nada dice en su recurso respecto de la multa aplicada en la Resolución N° 134/2013, mientras que al apelar la aplicada en la N° 27/2015 se limitó a cuestionarla en virtud de la sentencia dictada en sede penal por el Juzgado Federal de Primer Instancia de Mercedes, en la causa que se instruyera a Productores, en la que se resolvió decretar la extinción de la acción penal por muerte del Sr. Daniel Tomas Bava, Presidente de su Consejo de Administración. Invoca que con dicha decisión, por aplicación del principio del non bis in ídem, resulta imposible restaurar la acción penal extinguida. Invoca, asimismo, los principios de inocencia y de culpabilidad. Sin embargo, teniendo en consideración que en el caso la extinción de la acción penal fue dispuesta por la muerte del imputado, debe concluirse que dicha decisión no valoró los hechos endilgados a Productores como contribuyente del impuesto al valor agregado y con ello no implicó ningún pronunciamiento sobre su conducta, en los términos del art. 20 de la ley 24.769 (tv), por lo que no puede esgrimirse vulneración alguna al principio del non bis in ídem en la forma pretendida. Ello, desde el momento que el art. 3° de dicha norma asigna a la Administración Tributaria la facultad de sancionar en su ámbito las conductas infraccionales de los contribuyentes. Tampoco se advierte violación a los restantes principios del derecho penal invocados, ya que no se advierten irregularidades o vicios en el procedimiento seguido para la aplicación de las sanciones que son el resultado estricto de las normas que en materia infraccional prevé la ley 11.683. Lo expuesto es suficiente para confirmar también las sanciones aplicadas en las Resoluciones recurridas. Con costas. El Dr. Martin y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
En atención al resultado de la votación que antecedente, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 134/2013 y 27/2015, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de la recurrente, en la siguiente forma:
a) Por el Expediente N° 38.161-I:
i) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $80.690 por la representación procesal y $201.724 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
ii) Por la tercera etapa, en la suma de $204.965 equivalente a 2,35 UMA por la representación procesal y de $512.413 equivalente a 5,87 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423. b) Por el Expediente N° 42.692-I:
En las sumas de $56.772 por la representación procesal y $87.342 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la etapa procesal cumplida, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3. Regular los honorarios del CP Mauricio L. Olijavetsky en la suma de $87.342 por su actuación en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, de acuerdo con las pautas del decreto-ley 16.638/57.
4. Regular los honorarios del Ingeniero Jorge Hugo Atanasópulos en la suma de $87.342 por su actuación en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, de acuerdo con las pautas del decreto-ley 16.638/57.
5. Regular los honorarios del Dr. Javier Alejandro Echevarría en la suma de $87.342 por su actuación en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, de acuerdo con las pautas del decreto-ley 16.638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2026.03.19 18:07:01 -03:00 Date: 2026.03.20 11:58:11 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.20 12:08:58 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.20 12:08:59 -03:00
Fin de la sentencia