Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 30.898-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-27948892-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 23 de Marzo de 2022 En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Ruben A. Marchevsky (Vocal Titular de la Tercera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 30.898-I, caratulado: “PRODUCTOS ARGENTINOS S.R.L. s/apelación y sus acumulados Nros. 30.898-I, 31.095-I y 32.028-I, de igual carátula.-
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 04/16, 114/122 y 308/323vta. la actora interpone sendos recursos de apelación contra las Resoluciones N° 185/2007, de fecha 05 de diciembre de 2007, N° 191/2007, de fecha 10/12/2007, y N° 77/2008, de fecha 18/06/2008, por las que se impugnaron las declaraciones juradas presentadas en el Impuesto al Valor Agregado en los periodos fiscales 06/2002 a 11/2002 y 12/2002 a 10/2004 y en el impuesto a las Ganancias por el ejercicio 2002, se liquidaron los respectivos intereses resarcitorios, y se le aplicaron sendas multas en el I.V.A. por los periodos fiscales 05 y 06 de 2.004 y en el impuesto a las ganancias por el ejercicio 2002, con fundamento en lo dispuesto por los arts. 46 y 47 inc. b) y c) de la ley 11.683.
En primer lugar, efectúa una descripción de las actividades que realiza y resume lo actuado en sede administrativa por el Organismo Fiscal para arribar a las resoluciones que fueran apeladas en esta instancia. Manifiesta que no es su responsabilidad constatar de manera previa a sus operaciones comerciales la capacidad operativa, económica y financiera de las empresas con las que comercializó, ni tampoco puede el Organismo Fiscal responsabilizarla por no constatar la falsedad o autenticidad de las facturas de los terceros contratantes, o su domicilio fiscal, o culparla por la imposibilidad administrativa de cotejar la documental que aportara con elementos externos de terceros.
Rechaza el argumento esgrimido por la A.F.I.P. con relación a la falta de veracidad de las operaciones, por ejemplo el caso de los transportistas, y dice que tal como fuera probado en el sumario los servicios de transporte fueron prestados por proveedores que se encontraban debidamente habilitados para operar, sin ser su parte la encargada de ejercer un control de policía respecto de la capacidad económica y patrimonial de una firma para contratar un mero servicio de transporte de carga, ya que pretender lo contrario generaría una carga exagerada para quien realiza una actividad comercial, distinta del servicio de transporte, sin contar con el personal y capacidad adecuado para llevar a cabo la actividad de contralor que el Organismo Fiscal pretende. Agrega que existen dadores de cargas, que no cuentan con unidades propias de transporte sino que tercerizan los servicios y las facturas a nombre y cuenta propia, por lo que pretender que conozca la estructura y desenvolvimiento de cada una de estas empresas contratadas es exigir más allá de la conducta de un buen hombre de comercio. El Fisco omite la consideración especial realizada en la presentación de fecha 11/10/07 en cuanto a la posibilidad de que se encuentren mal incorporados al sistema informático de la empresa las patentes que obran en los romaneos de entrada, atento a que se trata de unas pocas unidades. Se agravia de lo manifestado por el Organismo Fiscal al hacer referencia a los pagos a ciertos proveedores que habrían sido percibidos por otros sujetos y/o que hubieran ingresado en el cambio por lecops y/o patacones, ya que en principio si la A.F.I.P. niega la operatoria comercial llevada a cabo (por ella y por terceros) no puede presumir que dichos pagos terminaron en cuentas corrientes de tales empresas, y a su vez no puede adjudicar débitos fiscales sin resultar un contrasentido tal proceder.
Dice que el Fisco inventó una inconducta para su empresa y efectuó una determinación de oficio en base a sus necesidades, sin fundamento fáctico ni jurídico y en clara violación al debido proceso y a las garantías constitucionales. Sostiene que no resulta aplicable en este caso la Res. Gral. N° 151/98 por lo cual el Fisco entiende que -con el pago con cheques- se incumplió lo allí previsto, puesto que al quedar demostrada la existencia de la operatoria, se torna inaplicable dicha norma.
Reitera que las conductas y actos de terceros le resultan ajenos e imposibles de corroborar atento a la inexistencia de norma legal alguna que le obligue a verificar si los emisores de facturas presentaban declaraciones juradas e ingresaban el impuesto, y que el Organismo Fiscal pretendió que asuma un control de policía, el que no está reglamentado para la actividad, ni existe normativa legal alguna que lo obliga a efectuarlo. Afirma que todos los productores-proveedores impugnados tenían una situación fiscal regular y emitieron la facturación correspondiente, y ninguno de ellos se encontraba excluido del Padrón, por lo que el Fisco violó la doctrina de los actos propios al autorizar a una empresa a comercializar y/u operar y otorgarle las habilitaciones pertinentes y el régimen diferencial de no retención del I.V.A., para luego pretender impugnar las operaciones realizadas.
Plantea la nulidad de las resoluciones recurridas, al entender que el Organismo Fiscal confunde la situación fiscal de los proveedores con la de su parte, y pretende suplir al verdadero sujeto pasivo de las obligaciones tributarias imputándole todos los incumplimientos, en clara violación a los principios constitucionales del debido proceso, igualdad ante la ley y derecho de defensa, entre otros.
Agrega que el Fisco desechó la totalidad de la prueba que ofreciera y luego manifestó que no hubo aporte documental alguno para justificar las operaciones, cuando lo cierto es que se ofreció prueba documental informativa, testimonial y pericial, y todos los datos que obraban en el sistema, demostrando que el proceder del Fisco resulta un claro avasallamiento a los principios constitucionales.
Entiende que el Juez Administrativo incurrió en un vicio sustancial al no considerar sus argumentos defensivos que se vertieran en sede administrativa, proceder que torna nulo el acto administrativo en razón al carácter arbitrario e ilegítimo del mismo.
Señala que en las vistas que la A.F.I.P. le corrió no se hizo referencia a los proveedores impugnados, que la referencia a la no localización de algunos de ellos o meras declaraciones testimoniales no pueden tomarse como presunciones en su contra, y que las operaciones fueron en el año 2.002, cuando la A.F.I.P. pretende su localización cinco años después y cataloga como anormal que los proveedores hayan mudado sus domicilios. Considera que no incumplió lo dispuesto en la Res. Gral. 151, en virtud de que se acreditó la existencia de las operaciones comerciales efectuadas con proveedores impugnados y así fue reconocido por la propia Administración, y que no se puede pretender inculparla por los supuestos incumplimientos a dicha norma por parte de los terceros con los que contrató.
Agrega que no son representativas las operaciones de cobro y/o endoso de cheques a terceros para impugnar un crédito fiscal, ni tampoco puede considerar el Fisco acreditada la evasión por errores en los dominios de los vehículos utilizados para el transporte del cereal. La investigación seguida denota una clara posición inquisidora y persecutoria respecto a su empresa.
Se agravia de la contradicción en que incurre el Fisco en cuanto a la aplicación del art. 35 del decreto 1397/79 y el decreto 1759/72, y su posterior rechazo a toda la prueba que ofreciere, ya que luego se le ha condenado con basamento en el principio de la carga de la prueba, en clara violación al principio de legalidad. Con relación a la sanción impuesta, advierte que las presunciones no pueden trasladarse al campo del ilícito tributario sin tener otros elementos de prueba que permitan acreditar la existencia de dolo, elemento sustancial para configurar el ilícito que se le pretende endilgar, por lo que le resulta agraviante que el Organismo Fiscal haya entendido que se demostró en autos la configuración del ardid engañoso y por ende el elemento subjetivo y objetivo por el cual su parte apropió para su peculio sumas de dinero que en virtud de la verificación del hecho imponible corresponden al Fisco.
Afirma que en ningún momento actuó en forma dolosa ni se configuró el delito que se le pretende endilgar, ya que toda la operatoria comercial existió y así debe ser merituado así como que jamás tuvo voluntad alguna de perjudicar al Estado.
Agrega que no sólo no corresponde la aplicación de una multa, sino que de ser aplicable su monto resulta excesivo, absolutamente desproporcionado y confiscatorio.
Concluye alegando el avasallamiento de sus derechos constitucionales, por lo que solicita se revoquen las resoluciones dictadas, con costas. Abona su exposición con doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 81/97vta, 195/214 y 336/359 la representación fiscal contesta el traslado de los recursos que le fueran conferidos, y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 361 se dispone acumular los Exptes. N° 31.095-I y 32.028-I -I, de igual carátula, al que lleva el Nº 30.898-I.
A fs. 378 y dada la inacción de su parte, se tiene por desistida a la recurrente de las pruebas ofrecidas. A fs. 381 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “A” y pasan los mismos a sentencia.
IV. Que en primer lugar, por una razón de lógica precedencia debo expedirme sobre los planteos dirigidos a obtener una declaración de nulidad de la resolución determinativa apelada con sustento en la violación a su derecho de defensa en juicio por haber sido rechazada en sede administrativa la prueba ofrecida por su parte.
Sobre la cuestión, cabe destacar que es conteste la doctrina emanada de nuestro Máximo Tribunal en sostener que “…cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. CSJN, Fallos: 205:549, 267:393, entre otros). Ello así, en autos el recurrente ha podido ofrecer y producir las medidas probatorias tendientes a probar sus dichos, por lo que tales agravios no pueden ser acogidos favorablemente.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la cuestión de nulidad introducida por la apelante. Las costas respecto al planteo en cuestión corresponde que le sean impuestas a la recurrente.
En efecto, es dable destacar que más allá de la denominación elegida por la actora, debe analizarse si sus argumentos constituyen jurídicamente la articulación de la cuestión de previo y especial pronunciamiento para así, en su caso, estarse a los principios rectores contemplados en el art. 68 y cc. del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación.
En este sentido, considero necesario advertir que en el caso aquí en análisis el planteo de nulidad no se encontró encaminado a obtener la revocación de la pretensión fiscal a través de una decisión referida al aspecto sustancial de la controversia sino a una cuestión que, de haber prosperado, hubiese traído aparejado la nulidad absoluta e insanable del acto sin entrar por ende al análisis del aspecto sustancial de la litis (cfr. C.S.J.N."Bolland Y Cía SA" del 21/2/13).
V. Que debe entonces analizarse la procedencia del ajuste efectuado por el organismo fiscal, que se encuentra circunscripto a la impugnación de facturas de ciertos proveedores de la actora, soporte de las determinaciones de oficio de las obligaciones frente a los impuestos al valor agregado y a las ganancias. A los fines de un mejor entendimiento, resulta oportuno efectuar una descripción de la actividad de la fiscalización en cada proveedor en particular:
a) AGROMIX S.A.: La inspección advierte que este proveedor se encuentra incluido en la base APOC desde el 25/06/2004. Agrega que fue fiscalizado por la División Investigaciones de la Dirección Regional Microcentro, concluyendo la misma que no se pudo constatar que poseyera estructura productiva, recursos materiales ni humanos para realizar las operaciones que se atribuye haber efectuado De las consultas a las bases de datos de esta AFIP, se detectó que AGROMIX SA, contó con empleados en relación de dependencia hasta el mes 09/2000, y que a partir de esa fecha no declaró más personal. No poseía inmuebles, ni maquinarias agrícolas y poseía un automotor, que adquirió en el año 2000 y vendido en el año 2004.
Se observó que presentó declaraciones juradas en el Impuesto al Valor Agregado desde el periodo fiscal 02/2002; las que declararon muy poco movimiento, hasta el mes 12/2002, momento en que los montos declarados se incrementaron notoriamente. En todos los casos arrojaron saldo a favor del contribuyente, verificándose además que estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos desde el 06/07/2001 hasta el 03/12/2003, fecha en que fue dado de baja por el propio organismo fiscal.
Seguidamente, se le requirió a la recurrente toda la documental relativa a la operatoria con AGROMIX SA y que individualice las personas con las cuales se contactaban a los fines de llevar adelante las operaciones, aportando los comprobantes que respaldan el crédito fiscal computado (Facturas) y un detalle de los medios de pago utilizados en la cancelación de las operaciones, indicando los números de los cheques emitidos, el banco de la cuenta libradora, el número de la orden de pago y la fecha de los mismos, así también los romaneos de entrada de la mercadería en la cual constan los transportistas y las identificaciones de las unidades con las cuales se habrían efectuado los traslados de la mercadería.
De la documental aportada se observan dos comprobantes N° 1555 y N° 1556 de fecha 14/01/04 y 20/01/04, que corresponden a servicios de rotulación y siembra de 300 hectáreas de Maíz y a 3.200 hectáreas de Soja y a la venta de productos químicos.
En función de lo expuesto, se analizaron los datos volcados en los romaneos aportados: medio de transporte, empresa transportista, lugar de procedencia del cereal y número de las supuestas cartas de porte empleadas, surgiendo que el 100% de los transportes fueron efectuados por el transportista GIAMARCO ALICIA y que la cantidad de cereal vendido por AGROMIX S.A. a la actora, conforme las facturas, corresponden a 367 Tn. de soja y 240 Tn. de Trigo mientras que de los romaneos aportados surge que la cantidad ingresada es de solamente 182,04 Tn. de Soja y 424,89 Tn. de Trigo, evidenciándose entonces diferencias en los kilos ingresados según romaneos y los kilos facturados.
Se visitó el domicilio fiscal de GIAMARCO ALICIA, en la ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, quien manifestó que en realidad ella le prestó sus datos a su hermano, que a alguna vez fue firmar algunos papeles a la AFIP de Pergamino, pero no sabe especificar a qué se dedicaba su Hermano -JUAN JOSE GIAMARCO- que hacia 3 o 4 años que había fallecido.
Se verificaron las patentes que constan en los romaneos aportados, detectándose inconsistencias, que evidencian que las unidades que dicen haberse utilizado en el transporte del cereal no resultan aptas para tal fin, pues se corresponden con: FIAT DUNA SEDAN 4 PUERTAS, RENAULT 12 TL SEDAN 4 PUERTAS, CHEVROLET PICK-UP C 10 y FIAT SEDAN 4 PUERTAS SIENA o en algún caso a una unidad del año 2007.
La inspección recibió un sobre conteniendo copia de las facturas emitidas a la fiscalizada por GIAMARCO ALICIA, advirtiéndose que las cartas de porte que avalarían el transporte de la mercadería se encuentran facturadas a Productos Argentinos S.R.L., con las facturas 0001-00000109, 0001-00000110, 0001-00000111, pudiéndose destacar que el CAl de estas facturas venció el 03/08/2002, e incluye hasta factura 0001-00000050. A posteriori se observa facturación desde la 0001-00000051 en fecha 31/08/2002 hasta la número 0001-000000100 el 04/08/2003, cuyo CAl de esta lote de facturas venció el 26/08/2003, e incluye hasta la factura 0001-00000100. Además, se corrobora la emisión desde la factura 0001-00000105 en fecha 02/10/2003 hasta la factura 0001- 000000150 (Ultima del lote autorizado) de fecha 09/10/2004. Es dable destacar que la contribuyente GIAMARCO ALICIA solicito la impresión de facturas, en 08/2001 y hasta el 22/06/2002, supuestamente, había emitido solo 20 comprobantes.
Con respecto al circuito de pago de las facturas, la AFIP-DGI circularizó al banco Credicoop en base al listado aportado, no obteniéndose respuesta, detectándose también un pago efectuado en efectivo, en contradicción con la ley 25.345 y RG 1547.
b) ALBANO CARLOS ROBERTO: La fiscalización informa que el proveedor fue observado por la División Investigación por encontrarse en base APOC desde el 27/03/2004, habiendo sido circularizado en su domicilio fiscal, siendo recepcionado el requerimiento no se obtuvo respuesta.
La inspección realizó consultas a las bases de datos de AFIP, detectándose que no contaba con empleados en relación de dependencia, no poseía inmuebles, ni maquinarias agrícolas y poseía únicamente un automotor, adquirido en el año 2000. Presentó sus declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado desde el periodo fiscal 04/2001 hasta el 03/2004; exteriorizando muy poco movimiento. A partir del mes de 12/02 se denota un incremento sustancial en los montos de sus presentaciones, las que en todos sus casos arrojaron saldo a su favor. El ente fiscal verificó que la firma estuvo incluida en el Registro de Operadores de Granos, desde el 05/09/01 hasta el 31/07/04, fecha en que fue dado de baja.
Se le requirió a la recurrente toda la documental relativa a la operatoria con el proveedor, así como también los medios de pago y cartas de porte con F. 8600, aportando los Formularios 1116, un detalle de los medios de pago utilizados en la cancelación de las operaciones, indicando los números de los cheques emitidos, el banco de la cuenta libradora, el número de la orden de pago, los comprobantes de retenciones practicadas a la empresa en el Impuesto a las Ganancias y una impresión del listado de cuenta corriente.
En lo que respecta al traslado del cereal, se aportaron los romaneos de entrada confeccionados por esta en oportunidad de recibir el cereal en su planta.
Con la documentación aportada, se analizaron los datos referidos a las 105 cartas de porte, incluidas en los romaneos aportados. De los 105 romaneos verificados, en el 47% el transporte fue efectuado por el transportista RIERA SERGIO, el 6% los realizo el Sr. HECTOR BALDUCCI, gerente de la actora, el 13% lo realizo BUGGIANI EDUARDO y el 19 % a cargo de GIAMARCO ALICIA, el resto se reparte entre unos 18 transportistas a razón de un viaje cada uno.
El ente recaudador observó que la cantidad de cereal vendido por el proveedor a Productos Argentinos S.R.L. - conforme los formularios 1116/13- corresponden a 1.939 Tn. de soja, 1.110 Tn. de Maíz y 120 Tn. de Sorgo, mientras que de los romaneos aportados surge que la cantidad ingresada es de 1824,24 Tn. de Soja 1112,69 Tn. de Maíz y 209,96 Tn. de Sorgo.
Se circularizó al Sr. Sergio Riera, transportista que figura en la mayoría de las cartas de porte, siendo la misma devuelta por el correo. Posteriormente, se visitó su domicilio -sito en la calle San Martín N 1642 de la ciudad de Firmat- labrándose acta en la que se expresa que en realidad el domicilio que ocupaba el mencionado era el de San Martín N 1662 de dicha ciudad, según consulta a vecinos. Asimismo estos expresaron que hacía más de un año que dejó ese lugar y que tenía una oficina dedicada al servicio de transporte.
De los romaneos aportados se observó que la procedencia de la mercadería, es en su totalidad de la ciudad de Córdoba, lugar que coincide con el domicilio fiscal del proveedor, circunstancia que no se puede verificar al no contar con las cartas de porte, toda vez que las mismas no fueron aportadas por la recurrente. En relación a la transportista Alicia Giamarco, corresponde remitirse a las particularidades señaladas al momento de describir la actividad de la inspección respecto al proveedor Agromix S.A.
Finalmente, respecto al pago de las facturas, la AFIP-DGI verificó que para la cancelación de la operatoria con el contribuyente bajo estudio, la actora emitió 50 valores correspondientes a las entidades Nuevo Banco Bisel SA y Credicoop Coop. Ltdo., sobre cuentas de su titularidad, que representan el 27% del monto abonado. Así también se estableció que mediante cheques de terceros - COGRAN SRL - se canceló el 62% del de los pagos y mediante efectivo deposito en cuenta, - supuestamente el 11 % de dichos pagos no aportando boleta de depósito. De la circularización a las entidades Nuevo Banco Bisel y al Banco Credicoop para obtener los frentes y los dorsos de los valores sindicados como los medios de pagos utilizados en el pago de las facturas impugnadas, se pudo establecer que del total de valores analizados, el 90% fueron emitidos a nombre del Sr. Albano, el 2% fue emitido a nombre de un tercero, el 8 % fue emitido al portador. De los valores emitidos al portador, salvo uno que esta endosado por otro proveedor de la fiscalizada, los restantes están endosados - prima facie- en primer lugar por el proveedor, verificándose que de la totalidad de los valores el primer endoso le correspondería a ALBANO CARLOS en el 96% de los casos, cobrando el Sr. Albano únicamente el 30 % de los cheques, que representan el 14,39% del dinero que comprenden la totalidad de los valores analizados.
Agrega que la recurrente emitió los valores "cruzados a la orden” en su gran mayoría, excepto aquellos cheques que fueron emitidos con la leyenda "No a la orden" que estaban sin cruzar. Los cheques emitidos al portador, se encuentran cruzados.
Se procedió a solicitar a terceros, que aparecen cobrando valores endosados por el proveedor, a saber: EMILIO AIROLDI e HIJOS, MIGUEL ROSENTAL Y ASOCIADOS y BRANCATELLI SOCIEDAD DE BOLSA y LABORANTI SRL, los comprobantes que respalden las operaciones por las cuales recibieron estos valores y la identificación de las personas que se los entrego.
La primera de las firmas mencionadas se dedica a la venta de equipos de computación, quien mediante multinota solicitó una prórroga de diez (10) días y finalmente no respondió el requerimiento. De igual modo se requirió a la firma los comprobantes que respalden las operaciones por las cuales recibieron estos valores y la identificación de las personas que se los entrego.
Idéntica situación ocurrió con la segunda de las firmas aludidas.
En tanto, la firma LABORANTI SRL, que se dedica a la venta de combustibles, proveedor de la recurrente, manifestó que los recibió en concepto de canje por Lecop, no aportando datos respecto de a quienes se le efectuaban los canjes y quien retiraba el dinero de dicho cambio, acompañando copia de facturas de ventas efectuadas.
c) AUET SILVIA MONICA: La fiscalización determinó su falta de capacidad operativa mediante la intervención llevada a cabo a esta firma, a cargo de la División Investigaciones de la Dirección Regional Norte. De las consultas a las bases de datos de AFIP, se detectó que el proveedor no contaba con empleados en relación de dependencia, no poseía inmuebles, ni maquinarias agrícolas ni automotores. Respecto a sus presentaciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, se observó que desde el periodo fiscal 11/2002 hasta el 11/2004; exteriorizó movimientos solamente en algunos periodos fiscales. Desde el 12/2003 hasta 11/2004 presentó las DDJJ sin movimientos. En aquellos periodos que declaró movimientos, las presentaciones exteriorizaron saldos muy importantes a favor del contribuyente. Específicamente en los periodos fiscales que operó con la recurrente el débito que declara resulta inferior al facturado.
La inspección verificó que la Sra. Auet estuvo incluida en el Registro de Operadores de Granos, desde el 28/02/03 hasta el 01/10/03 que fuera dado de baja.
El proveedor en cuestión se encuentra incluido en base APOC desde el 01/06/2005 Posteriormente, se requirió a Productos Argentinos S.R.L. la documental relativa a la operatoria en cuestión, así como también los medios de pago y cartas de porte, no acompañando la documentación solicitada. d) BLINY S.A.: La fiscalización determinó su falta de capacidad operativa mediante la fiscalización llevada a cabo a esta firma, mediante la orden de Intervención N 22.382/4, a cargo de la División Fiscalización Nº 1 de la Dirección Regional Rosario II, y se llegó a la conclusión que la firma BLINY S.A. no tenía capacidad económica y financiera para haber efectuado las operaciones a través de las cuales se generaron los crédito fiscales de las empresas que lo usufructúan.
La inspección realizó consultas a las bases de datos de AFIP, detectándose que Bliny SA, no contaba con empleados en relación de dependencia, no poseía inmuebles, ni maquinarias agrícolas o automotores. Respecto a sus presentaciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, se observó que sus declaraciones juradas desde el periodo fiscal 10/2001 hasta el 01/06, exteriorizaron movimientos solamente en algunos períodos fiscales, agregándose que el proveedor estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos, desde el 21/01/02 hasta 01/10/03, fecha en la que se le dio de baja.
Se requirió a la recurrente toda la documental relativa a la operatoria con la firma BLINY S.A, así como también los medios de pago y cartas de porte, aportando únicamente los formularios 1116/A - certificados de depósito 1116/B liquidaciones de ventas, comprobantes de retenciones practicadas en el Impuesto a las Ganancias y una impresión del listado de cuenta corriente mantenida con el proveedor en cuestión.
Con respecto al traslado del cereal, no aportó ni los romaneos de entrada confeccionados en oportunidad de recibir el cereal en su planta, como tampoco las cartas de porte correspondiente.
En otro orden de ideas, se circularizó al proveedor Bliny S.A., en su domicilio fiscal, siendo devuelto por el correo como "cerrado/ausente".
En lo que respecta al pago de las facturas impugnadas, del análisis de las órdenes de pago aportadas se efectuaron listados de los cheques emitidos, correspondiendo dichos valores a las cuentas de la recurrente en el Nuevo Banco Bisel SA y el Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Se circularizó a las entidades financieras para que aporten los frentes y dorsos de los cheques tendientes a verificar la cadena de endosos y determinar aquellas personas que efectivizaron sus cobros. Obtenidas la copia de los valores emitidos se observó que el 78,95 % (15) de los valores fue emitido "sin cruzar", además el 73,68 % (14) fueron emitidos sin la leyenda - NO A LA ORDEN", y solo el 26,31 % (05) se emitieron "NO A LA ORDEN", pudiéndose determinar además que el proveedor habría presentado al cobro solo seis (06) valores de los 19 analizados, que representan el 31,57 % de los mismos y el 26,95 % del monto pagado. El resto presenta distintos destinos y personas cobradoras.
Asimismo el 5,26 % de los valores fueron emitidos a nombre de otra persona y representa solo un valor, Cheque 77894 del Banco Credicoop, observándose que los endosos no corresponden a BLINY SA, pese a encontrarse imputado a la cancelación de sus operaciones (según Orden de Pago N°5017 de fecha 12/05/2003). Se solicitó a los terceros que aparecen cobrando valores endosados por BLINY S.A., a saber: LABORANTI SRL y JORGE ONETO SOCIEDAD DE BOLSA y EMILIO AIROLDI e HIJOS, los comprobantes que respalden las operaciones por las cuales recibieron estos valores y la identificación de las personas que se los entrego. La primera de las firmas en cuestión, se dedica a la venta de combustibles, siendo proveedor de la recurrente, manifestando que los recibió en concepto de canje por Lecop, no aportando datos respecto de a quienes se le efectuaban los canjes y quien retiraba el dinero de dicho cambio, acompañando copia de facturas de ventas efectuadas a la fiscalizada.
La segunda de las firmas, si bien solicitó prórroga para contestar el requerimiento, finalmente no lo hizo. Sobre la última de las firmas mencionadas, se constató que se dedica a la venta de equipos de computación, expresando en respuesta al requerimiento efectuado por los agentes fiscales que los valores detallados corresponden a operaciones financieras consistentes en canje de valores líquidos (dólares, Lecop, etc.) por los cheques recibidos, identificando al señor JULIO MIGUEL VERA (20¬23651495-2), como quien entregaba los valores y se llevaba el dinero.
Posteriormente, la inspección se constituyó en el domicilio fiscal del mencionado VERA JULIO, verificándose que hacía seis meses ya no vivía allí, no pudiéndose establecer su domicilio actual, destacando que el Señor Julio Vera resulta ser proveedor menor de la recurrente.
En otro orden de ideas, se verificó el pago mediante depósito bancario en efectivo en cuenta de la firma BLINY SA, según órdenes de pago aportados por la actora, no aportando las boletas de depósito respectivas. La inspección señaló que existe un porcentaje de los valores que fueron emitidos a nombre de otros proveedores, observándose que el cheque Banco Credicoop N° 93498204, emitido a nombre de KULKA JULIO FRANCISCO, también proveedor de la actora, fue cobrado por dicho proveedor, pero se encuentra imputado como pago a BLINY S.A., mediante orden de pago N° 2465.
Igual situación se presenta con el cheque del Nuevo Banco Bisel SA N° 62322100, emitido a nombre de COOPERATIVA AGRICOLA EL DESIERTO, también proveedor de Productos Argentinos S.R.L., pero imputado como pago a BLINY S.A., mediante orden de pago Nº 2527. Finalmente, el organismo fiscal procedió a solicitar a terceros que aparecen cobrando valores endosados por BLINY S.A. los comprobantes que respalden las operaciones por las cuales recibieron estos valores y la identificación de las personas que se los entrego, no habiendo obtenido respuesta.
e) C.H.C. S.A.: La inspección determinó su falta de capacidad operativa mediante la fiscalización llevada a cabo por la División Investigaciones de la Dirección Regional Microcentro, por medio de la cual se llegó a la conclusión que no tiene la capacidad económica y financiera para haber efectuado las operaciones a través de las cuales se generaron los créditos fiscales de las empresas que lo usufructuaron.
Se realizaron consultas a las bases de datos de AFIP, detectándose que el contribuyente CHC SACIF, no contaba con empleados en relación de dependencia, no poseía inmuebles, ni maquinarias agrícolas y sólo tuvo un automotor, desde el año 2004, habiendo estado en su patrimonio solo cuatro meses. (04/2004-08/2004). Respecto a sus presentaciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, se observó que presentó declaraciones juradas desde el periodo fiscal 08/2003 hasta el 02/2004; exteriorizando movimientos de escaso monto. Por otro lado, el organismo fiscal verificó que estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos desde el 09/01/04 hasta el 12/05/04, fecha en que fue dado de baja.
Seguidamente, se le requirió a la recurrente toda la documental relativa a la operatoria con la firma C.H.C S.A., es decir, medios de pago y cartas de porte, aportando las facturas, listado de entradas de cereal, comprobantes de retenciones y órdenes de pago.
Respecto de las facturas aportadas, el ente fiscal observó que la N° 0002-00000084 de fecha 10/05/04 fue emitida con posterioridad a la N° 0002-00000104 de fecha 29/04/04.
En lo relativo al traslado del cereal, no se aportaron ni los romaneos de entrada confeccionados en oportunidad de recibir el cereal en su planta, como así tampoco las cartas de porte correspondiente.
Se circularizó al proveedor C.H.C. SA, en su domicilio fiscal, siendo devuelto por el correo con la leyenda "se mudó"
Con respecto a la cancelación de las facturas en cuestión, del análisis de las órdenes de pago aportadas se efectuaron listados de los cheques emitidos, los cuales fueron librados contra las cuentas de la recurrente en el Nuevo Banco Bisel SA y el Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Asimismo, solicitó a esas entidades financieras los frentes y dorsos de los cheques tendientes a verificar la cadena de endosos y determinar las personas que efectivizaron sus cobros. Obtenidos, el organismo fiscal advirtió que de los 53 valores analizados, 51 se emitieron a nombre de C.H.C. SA y dos a nombre de una tercera persona. Además, se verificaron 19 cheques emitidos por el corredor COGRAN SRL a favor de la actora que los imputó a pagos dirigidos a C.H.C. SA., pudiéndose establecer que emitió el 3,77 % (02) de los valores "sin cruzar", además el 81,13 % (43) fueron emitidos sin la leyenda - NO A LA ORDEN", y solo el 18,86 % (10) se emitieron con dicha condición.-
Así también se pudo determinar que el contribuyente C.H.C. S.A. presentó al cobro solo once valores de los cincuenta y tres analizados, que representan el 20,75 % de los mismos y el 14,19 % del monto pagado. El resto presenta distintos destinos y personas cobradoras.
El 3,77 % de los valores fueron emitidos a nombre de otra persona, los cuales representan solo tres valores, CH N° 525764 del Nuevo Banco Bisel SA, observándose que los endosos no corresponden a C.H.C. SA, encontrándose imputado a la cancelación de sus operaciones según Orden de Pago N° 894 de fecha 14/04/2004. En el CH N° 525780 del Nuevo Banco Bisel SA, tampoco los endosos corresponden a C.H.C. SA, encontrándose imputado a la cancelación de sus operaciones según Orden de Pago N° 1068 de fecha 27/04/2004.
El cheque N° 525881 del Nuevo Banco Bisel SA, que fuera emitido a nombre de la firma C.H.C. SA, se encuentra imputado a la cancelación de sus operaciones según Orden de Pago N° 1001 de fecha 20/04/2004 y endosado por C.H.C SA y presentado al cobro por el Sr. CRISTIAN ARISTUCHE, empleado de la recurrente. De los 19 valores analizados, que fueran recibidos por Productos Argentinos S.R.L. y cedidos a la firma C.H.C. S.A. pudo observarse que solo uno fue cobrado por dicha firma y el resto fue efectivizado por terceras personas. Se procedió a solicitar a los terceros que aparecen cobrando valores endosados por C.H.C. S.A. En lo que refiere a la firma NEGOCIOS BURSATILES SA, la inspección señaló que dicha firma, dedicada a operaciones financieras, no dio cumplimento la solicitud efectuada.
Igual situación se verificó respecto a la firma GRUPO CAREY SOCIEDAD DE BOLSA.
F) CHARRAS JORGE ALBERTO: La fiscalización señala que este proveedor, fue observado por la División Investigación por tener inconsistencias en sus presentaciones impositivas y la eventual falta de capacidad operativa.
De la consulta a las bases de datos de AFIP se detecta que el contribuyente Charras, no contaba con empleados en relación de dependencia, ni poseía inmuebles ni maquinarias agrícolas o automotores. Se observó que presentó sus declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, desde el periodo fiscal 10/2002 hasta el 09/2003; exteriorizando movimientos de escaso monto, hasta el periodo fiscal 01/2003, a partir del cual sus presentaciones arrojan saldos a favor del fisco de gran magnitud.
La inspección detectó que estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos, desde el 31/01/03 hasta el 03/09/03, fecha en la que fue dado de baja.
Se requirió a la recurrente toda la documental relativa a la operatoria en cuestión, así como también los medios de pago y cartas de porte con F. 8600, aportando la liquidación de ventas, romaneo de entrada de cereal, listado de cheques emitidos y entregados y listado de cuenta corriente.
Se circularizó al proveedor en su domicilio fiscal, siendo devuelto por el correo con la leyenda "se mudó". Con respecto al circuito real del cereal se verificó que la chapa patente que consta en el romaneo de entrada corresponde a una unidad cuya titularidad es del señor Kulka Julio Francisco.
Finalmente en lo vinculado con la forma de cancelación de las facturas impugnadas, del análisis del listado de pagos aportado se efectuaron listados de los cheques emitidos que en ellas figuran, que corresponden a las cuentas de la actora en el Nuevo Banco Bisel SA.
Se solicitó a la entidad financiera los frentes y dorsos de los cheques a fin de verificar la cadena de endosos y determinar aquellas personas que efectivizaron los cobros de los mismos. Obtenida la copia de los valores emitidos se observó que el único cheque emitido se hizo a nombre del beneficiario y cruzado, corroborándose que el primer endoso le correspondería al señor CHARRAS y verificándose la existencia de un segundo endoso no legible.
Además se verificó el pago con un cheque recibido del corredor COGRAN SRL, a favor de la fiscalizada y esta lo imputó al pago del proveedor.
G) CICAS S.R.L.: Se determinó su falta de capacidad operativa mediante la fiscalización a cargo de la División Fiscalización N° 2 de la Dirección Regional Palermo, llegándose a la conclusión que la firma CICAS SRL no tiene la capacidad económica y financiera para haber efectuado las operaciones a través de las cuales se generaron los crédito fiscales de las empresas que lo usufructuaron.
De la consulta a las bases de datos de la AFIP, se detectó que el contribuyente CICAS SRL, no contaba con empleados en relación de dependencia; no poseía inmuebles ni maquinarias agrícolas ni automotores. Respecto a sus presentaciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, se observó que desde el periodo fiscal 11/01 exteriorizó movimientos de escaso monto, hasta el periodo fiscal 11/2002, momento a partir del cual sus presentaciones arrojan saldos a favor del fisco de gran magnitud.
La inspección verificó que el proveedor estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos, desde el 22/04/02 hasta el 30/05/03, fecha en la que fue dado de baja, encontrándose en la base de facturas apócrifas desde el 11/07/2005.
Se requirió a la recurrente toda la documental relativa a la operatoria con la firma Cicas SRL, así como también los medios de pago y cartas de porte con F. 8600/1, aportando las liquidaciones de venta, romaneos de entradas de cereal, comprobantes de retenciones y órdenes de pago, listados de cheques entregados.
Con relación al circuito real del cereal, el ente fiscal analizó los datos referidos a las 109 cartas de porte, incluidas en los romaneos aportados por la fiscalizada, verificándose en el 36,69% de los casos el transporte fue efectuado por el transportista RIERA SERGIO, el 5,50% los realizó el Sr. HECTOR BALDUCCI, gerente de la recurrente, el 34,86 % lo realizo BUGGIANI EDUARDO y el 2,75 % estuvo a cargo de GIAMARCO ALICIA, el resto se reparte entre unos 9 transportistas a razón de un viaje cada uno.
La cantidad de cereal adquirido a CICAS SRL, conforme los formularios 1116/13, corresponden a 3.081,95 Tn. de soja y 215,95 Tn. de Maíz mientras que de los romaneos aportados surge que la cantidad ingresada es de 2.744,74 Tn. de Soja; 210,50 Tn. de Maíz y 302,84 de Trigo.
En relación a los transportistas Sergio Riera y Alicia Gianmarco, corresponde remitirse a lo ya reseñado respecto a otros proveedores de la recurrente.
Se corroboraron los datos de las patentes de los vehículos con los cuales se habría prestado el servicio de fletes del cereal ingresado, pudiéndose observar que de los romaneos obrantes la procedencia de la mercadería, es en su totalidad de la ciudad de Rosario, CP 2000, lugar que coincidiría con el domicilio fiscal de CICAS SRL, pero que no se pudo verificar al no contar con las cartas de porte.
Finalmente en lo que hace a la cancelación de las facturas cuestionadas, con las órdenes de pago aportadas se efectuaron listados de los cheques emitidos, valores que corresponden a las cuentas de Productos Argentinos S.R.L. en el Nuevo Banco Bisel SA y el Banco Credicoop Coop. Ltdo, por lo que se solicitó a aquéllas entidades financieras los frentes y dorsos de los cheques a fin a verificar la cadena de endosos y determinar las personas que efectivizaron los cobros de los mismos.
Obtenida la información, se observó que de los 173 valores analizados, 65 se emitieron a nombre de Cicas SRL, 63 a nombre de terceras personas y 45 al portador, pudiéndose establecer también que la actora emitió el 21,38% (37) de los valores "sin cruzar", además el 90,75 % (157) fueron emitidos sin la leyenda - NO A LA ORDEN", y solo el 9,24 % (16) tienen la condición mencionada.-
El contribuyente Cicas SRL presentó al cobro solo once (11) valores de los 173 analizados, que representan el 10,40 % de los mismos y el 16,17 % del monto pagado. El resto presentan distintos destinos y personas cobradoras.
El cheque N° 67086489 del Nuevo Banco Bisel SA, que fuera emitido a nombre de la firma Cicas SRL se encuentra imputado a la cancelación de sus operaciones según Orden de Pago N° 6141 de fecha 22/10/2003, está endosado por CICAS SRL y presentado al cobro por el Sr. Héctor Balducci, gerente de Productos Argentinos S.R.L.
El cheque N° 67086488 del Nuevo Banco Bisel SA, que fuera emitido a Cicas S.R.L. se imputó a la cancelación de sus operaciones según Orden Pago N° 6141 de fecha 22/10/2003, habiendo sido endosado por Cicas SRL y presentado al cobro por el Sr. Cristian Aristuche, empleado y responsable de la recurrente.
El cheque N° 96672809 del Banco Credicoop, emitido a nombre de la firma CICAS SRL se encuentra imputado a la cancelación de sus operaciones según Orden de Pago N° 46 de fecha 05/12/20038 habiendo sido endosado por CICAS SRL y presentado al cobro por la propia actora.
El cheque N° 67086494 del Nuevo Banco Bisel SA, que fuera emitido a nombre de la firma CICAS SRL, se encuentra imputado a la cancelación de sus operaciones según Orden de Pago N° 6192 de fecha 30/10/2003, habiendo sido endosado por CICAS SRL y presentado al cobro por el Sr. HECTOR BALDUCCI, también gerente de la recurrente.
Asimismo, el organismo fiscal observó que por lo menos 11 de los valores imputados a la cancelación de la operatoria con CICAS SRL fueron emitidos y cobrados por otros proveedores de la firma.
Se procedió a solicitar a los terceros que aparecen cobrando valores endosados por CICAS SRL, a saber: MIGUEL ROSENTAL Y ASOCIADOS, GRUPO CAREY SOCIEDAD DE BOLSA, LABORANTI SRL, EMILIO AIROLDI E HIJOS, no respondiendo en algunos casos los requerimientos, salvo la firma Laboranti S.R.L., que señaló que los mismos fueron recibidos por un cambio de valores.
También se advirtió la cancelación mediante bonos (LECOP) de $ 482.048 y un pago efectuado en efectivo, en contradicción con la ley 25.345 y RG 1547 H) CORREA MIGUEL ANGEL: El proveedor fue observado por la División Investigación por tener inconsistencias en sus presentaciones impositivas y la eventual falta de capacidad operativa.
De la consulta a las bases de datos de la administración se observó que no contaba con empleados en relación de dependencia, ni inmuebles, ni maquinarias agrícolas. En el rubro automotores solo cuenta con un vehículo modelo 1984. Sólo presentó declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, por los periodos fiscales 11/2002 a 12/2003; declaró movimientos desde el mes de 06/2003, arrojando siempre saldos a su favor.
Estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos, desde el 02/05/2003 hasta el 05/02/2004, momento en el que fue dado de baja.
Se requirió toda la documental relativa a la operatoria con la firma en cuestión, así como también los medios de pago y cartas de porte con F. 8600/1, aportando la liquidación de ventas, romaneo de entrada de cereal, listado de cheques emitidos y entregados, listado de cuenta corriente. Sin embargo, no acompañó las cartas de porte respaldatorias del traslado del cereal correspondiente a la operatoria controvertida, así como tampoco, recibos de cobro emitidos por los supuestos proveedores, ni órdenes de pago emitidas por la propia actora. La circularización al proveedor, en su domicilio fiscal, fue devuelta por el correo como “plazo vencido". Del análisis de los datos referidos a las 31 cartas de porte, incluidas en los romaneos aportados por la actora, se verificó que en el 32,25% el transporte fue efectuado por la fiscalizada, el 19,35 % los realizo el Sr. HECTOR BALDUCCI, gerente de la propia recurrente, el 29,03 % lo realizo BUGGIANI EDUARDO y el 12,90 % a cargo de KULKA JULIO, y el 6,45% a cargo de BAVA RAUL.
En razón de lo expuesto resulta que el 51% de los traslados de mercadería los habría realizado la propia actora, y otra parte estuvo a cargo del Sr. Kulka, quien tiene unidades para dichos servicios La cantidad de cereal vendida por el CORREA MIGUEL ANGEL teniendo en cuenta los formularios 1116/B y Facturas, corresponden a 517 Tn. de soja y 131,04 Tn. de Sorgo mientras que de los romaneos aportados surge que la cantidad ingresada es de 834,91 Tn. de Soja y 131,04 Tn. de Sorgo.
Asimismo, el organismo fiscal advirtió que las firmas insertas en algunos F. 1116 aportados, correspondientes al supuesto proveedor, son disimiles entre sí y poseen inconsistencias en cuanto a la correlación de las facturas aportadas, toda vez que la factura N° 0001-00000030 de fecha 1 de octubre de 2003 es emitida con anterioridad a las facturas 0001-00000026 y 0001-00000028 de fecha 7 y 9 de octubre del mismo año.
Finalmente, en relación al circuito financiero, del análisis del listado de cheques emitidos surge que el 81% fue abonado mediante cheques librados por el corredor de la recurrente y luego cedidos al proveedor en cuestión, pero como fue señalado anteriormente no acompañó recibos de cobro emitidos por el proveedor ni las órdenes de pago.
I. FREIJOMIL DANIEL: Este proveedor fue observado por la División Investigación por encontrarse en base APOC.
La inspección agrega que la División de Análisis de Fiscalizaciones Especiales (DAFE) mediante la orden de intervención N 900.9944/2, llevada adelante a la actora se procedió a impugnar las operaciones con el contribuyente FREIJOMIL DANIEL OSCAR, por considerar que el mismo carecía de capacidad económica y financiera para justificar las operaciones que documentó, siendo conformado por Productos Argentinos S.R.L. dicho ajuste.
De las consultas a las bases de datos de la AFIP-DGI, se detectó que el contribuyente FREIJOMIL DANIEL, no contaba con empleados en relación de dependencia, no poseía inmuebles, ni maquinarias agrícolas y que posee un automotor adquirido en el año 1998.
La inspección verificó que el proveedor estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos desde el 06/07/2001 hasta el 15/07/2002, fecha en la que fue dado de baja.
El ente fiscal requirió toda la documental relativa a la operatoria con el proveedor, así como los medios de pago y cartas de porte, aportando un detalle de los medios de pago utilizados y de las operaciones, indicando los números de los cheques emitidos, el banco de la orden de pago y la fecha de los mismos.
Asimismo aportó los comprobantes que respaldan el crédito fiscal computado (Formularios 1116/B) y una impresión del listado de cuenta corriente mantenida con el proveedor.
En cuanto al circuito del cereal, la fiscalización no pudo efectuar la comprobación, toda vez que no aportó la totalidad de las cartas de porte respaldatorias del traslado del cereal ni los tickets de entrada correspondiente al ingreso del mismo a planta.
Tampoco pudo verificarse la cancelación de las operaciones porque no se aportó documentación alguna relativa a los pagos efectuados.
J) GUCHEA SERGIO PATRICIO: La fiscalización advierte que el proveedor fue observado por la División Investigación por encontrarse en base APOC desde el 15/03/2005.
De la consulta a las bases de datos del organismo fiscal se constató que no contaba con empleados en relación de dependencia, ni inmuebles, ni maquinarias agrícolas, ni automotores. Con respecto a sus presentaciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, se observó que presentó declaraciones juradas desde el periodo fiscal 12/2002; exteriorizando movimientos de escaso monto o sin movimiento hasta el periodo fiscal 05/2003, momento a partir del cual sus presentaciones arrojan saldos a favor del contribuyente de gran magnitud. La fiscalización verificó que estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos desde el 28/02/2003 hasta el 05/02/2004 Se requirió toda la documental relativa a la operatoria con la firma GUCHEA SERGIO PATRICIO, así como los medios de pago y cartas de porte, aportando un detalle de los medios de pago utilizados en la cancelación de las operaciones, indicando los números de los cheques emitidos, el banco de la cuenta libradora, el número de la orden de pago y fecha de los mismos, los comprobantes que respaldan el crédito fiscal computado (Liquidaciones de ventas) y los romaneos de entrada de la mercadería en la cual constan los transportistas y las identificaciones de las unidades con las cuales se habrían efectuado los traslados de la mercadería.
Circularizado el proveedor, este aportó a los fines de acreditar su capacidad productiva contratos de arrendamientos y aparcería. El primero es un contrato de arrendamiento ubicado en el paraje El Molino, Departamento Chicligasta, Provincia de Tucumán, identificado con padrón N° 158642- Matrícula 29302/141 celebrado con fecha 10/01/01 entre María Galdeano Galdeano y el Sr. Guchea, observándose la existencia de otro contrato -celebrado el mismo día- respecto de idéntico inmueble pero difiriendo la persona del arrendamiento (Juan Eduardo Guillen).
Sobre el otro contrato de arrendamiento, el organismo fiscal señaló que, se relaciona con un inmueble ubicado en el Departamento Sarmiento, Provincia de Santiago del Estero, identificado con padrón N° 25-0-00140 Matrícula 25-0008, celebrado con fecha 10/01/01 entre Santos González y el Sr. Guchea.
El ente fiscal intentó localizar al Sr. Santos González en el domicilio plasmado en el contrato en cuestión, y se constató que se trata de una casa deshabitada, en la cual habría residido con anterioridad el Sr. González, según manifestaciones de un vecino, que agregó que este habría trabajado en una carnicería o sido titular de una, encontrándose registrado en el Padrón Único de Contribuyentes con la actividad “Venta al por mayor de carnes y derivados excepto las aves”.
En otro orden de ideas y en relación al contrato de aparcería agrícola aportado, se constató que versa sobre un inmueble ubicado en el Departamento Banda s/ruta 34, lugar Los Barrientos de la Provincia de Santiago del Estero celebrado entre Olga Brochero y el Sr. Guchea, de fecha 23/01/03. Circularizada la Sra. Brochero, negó ser titular de inmueble rural alguno como así también haber celebrado el mentado contrato.
En relación con el contrato de aparcería agrícola sobre un inmueble ubicado en el Departamento Guasayan, Distrito Lavalle, Lugar Pachaga de la provincia de Santiago del Estero, conocido como “El Guasunucho”, celebrado entre la Sra. Juana María Ledesma y el Sr. Guchea, de la circularización se obtuvo la manifestación de aquella, que dijo no ser titular de inmueble rural y desconocer al Sr. Guchea.
Finalmente, de la información suministrada por el Registro de la Propiedad Inmueble y Dirección de Catastro de la Provincia de Santiago del Estero surge que no existen registros de inmuebles según características detalladas a nombre de los Sres. González, Ledesma y Brochero.
En cuanto al circuito real del cereal, el ente fiscal analizó los datos referidos a las 92 cartas de porte incluidas en los romaneos aportados por la fiscalizada. De los 92 romaneos verificados, en el 88,04% de los mismos, el transporte fue efectuado por el transportista GIAMARCO ALICIA; el 8,69 % del transporte lo realizo BUGGIANI EDUARDO y RIERA SERGIO el 3,27 % restante.
La cantidad de cereal vendido por GUCHEA SERGIO a la actora asciende a 2.818 Tn. de soja. De los romaneos aportados surge el ingreso de solamente 2.760,16 Tn. de Soja, evidenciando que existen diferencias en los kilos ingresados según romaneos y los kilos facturados.
Sobre las irregularidades constatadas en relación con la transportista Alicia Giamarco, corresponde remitirse a la reseña realizada al relatar las tareas vinculadas al proveedor Agromix S.A.
El organismo fiscal observa que una de las cartas de porte en cuestión se encuentra "duplicada" en los romaneos NI 857V 8586 de fecha 11/7/03.
Con respecto al pago de las facturas, de las órdenes de pago aportadas se efectuaron listados de los cheques emitidos que figuran allí. Dichos valores corresponden a las cuentas de la recurrente en el Nuevo Banco Bisel SA y el Banco Credicoop Coop. Ltdo, por lo que se solicitó las entidades financieras los frentes y dorsos de los cheques con el fin de verificar la cadena de endosos y determinar aquellas personas que efectivizaron los cobros de los mismos.
De las copias obtenidas pudo advertirse que de los 167 valores analizados, 130 se emitieron a nombre de GUCHEA SERGIO, 12 a nombre de terceras personas y 25 al portador, así como también que emitió el 42,51 % (71) de los valores "sin cruzar". Además el 92,22 % (154) fueron emitidos sin la leyenda - NO A LA ORDEN", y solo el 7,78 % (13) tienen la condición señalada.
Por su parte, GUCHEA SERGIO presentó al cobro solo quince (15) valores de los 167 analizados, que representan el 8,98 % de los mismos y el 5,52 % del monto pagado. El resto presentan distintos destinos y personas cobradoras.
El cheque N° 66256703 del Nuevo Banco Bisel SA, que fuera emitido a nombre de la firma GUCHEA SERGIO, se imputó a la cancelación de sus operaciones según Orden de Pago N° 5429 de fecha 07/07/2003, y fue endosado por GUCHEA SERGIO y presentado al cobro por el Sr. HECTOR BALDUCCI, Gerente de la actora.
El cheque N° 65860179 del Nuevo Banco Bisel S.A. emitido a nombre del proveedor, en cancelación de las operaciones según Orden de Pago N° 5241, fue presentado al cobro por el Sr. Cristian Aristuche, empleado de la recurrente y anterior socio fundador de la misma.
Asimismo, se observó que por lo menos tres de los valores imputados a la cancelación de la operatoria con GUCHEA SERGIO fueron emitidos y cobrados por otros proveedores de la firma, como así también que 23 cheques si bien fueron emitidos a nombre GUCHEA SERGIO fueron presentados al cobro por proveedores de la recurrente.
Se procedió a solicitar a los terceros que aparecen cobrando valores endosados por GUCHEA SERGIO, a saber: MIGUEL ROSENTAL Y ASOCIADOS, GRUPO CAREY SOCIEDAD DE BOLSA y LABORANTI SRL, ARTURO TRINI, NEGOCIOS BURSATILES SA, SERVICIOS QUIMICOS SRL y JORGE ONETO SOCIEDAD DE BOLSA, que respalden las operaciones, los que pese a solicitar prórroga no han respondido el requerimiento.
K) JACOVONE ADRIAN HORACIO: El organismo recaudador determinó su falta de capacidad operativa a través de la intervención realizada por la División Investigaciones de la Dirección Regional Rosario 1, que llegó a la conclusión que la firma no tenía capacidad económica y financiera para haber efectuado las operaciones a través de las cuales generaron los crédito fiscales de las empresas que los usufructuaron. Con respecto a sus presentaciones, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, se observó que presentó declaraciones juradas exteriorizando movimientos cuyos débitos y créditos son de importes similares provocando sucesivos saldos a favor del contribuyente.
Por otro lado, el ente fiscal verificó que estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos, desde el 28/03/03 hasta el 01/10/03 La recurrente no aportó documentación que respalde la operatoria, así como tampoco los medios de pago y cartas de porte con F. 8600/1.
Asimismo, se circularizó al proveedor IACOVONE ADRIAN HORACIO a su domicilio fiscal, siendo recibida la misma pero no habiendo respondido.
L. IBARCER SRL: El proveedor fue observado por la División Investigación por tener inconsistencias en sus presentaciones impositivas, su falta de capacidad operativa y estar incluido en la base APOC.
De las consultas efectuadas a las bases de datos de AFIP, se detectó que IBARCER SRL, no contaba con empleados en relación de dependencia, no poseía inmuebles ni maquinarias agrícolas ni automotores. No presentó sus declaraciones juradas correspondientes al impuesto al valor agregado.
Se verifico que estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos, desde el 06/07/2001 hasta el 14/05/2002. La fiscalización constató que la firma integra la base de facturas apócrifas desde el 29/04/2002. Se requirió a Productos Argentinos S.R.L. toda la documental vinculada a la operatoria con la firma IBARCER SRL., así como también medios de pago y cartas de Porte. Aportó las facturas de compras, romaneo de entrada de cereal, listado de cheques emitidos, listado de cuenta corriente.
Se analizaron los datos referidos a las 13 cartas de porte incluidas en los romaneos aportados surgiendo que en el 30,63 % de los mismos el transporte fue efectuado por la transportista GIAMARCO ALICIA y el resto a través de GIORGI ROBERTO.
La cantidad de cereal adquirido a IBARCER SRL, en el periodo inspeccionado, conforme los formularios 1116/B y Facturas, corresponden a 602,82 Tn. de Trigo mientras que de los romaneos aportados surge que la cantidad ingresada es de 392,56 Tn. de Trigo por lo que existen diferencias entre la cantidad de cereal (Trigo) ingresado y vendido.
Asimismo, la cantidad ingresada conforme a los romaneos aportados, se corresponden con los kilos facturados en el comprobante N° 454. El ingreso de cereal correspondiente a la factura 451, no se pudo verificar, en virtud que no fue aportado elemento corroborante alguno.
Finalmente, con respecto a la cancelación de las operaciones impugnadas, cabe señalar que del análisis de las órdenes de pago aportadas se efectuaron listados de los cheques emitidos, correspondiendo dichos valores a las cuentas de la recurrente en el Banco Credicoop Coop. Ltdo. En consecuencia, se solicitó a esa entidad financiera los frentes y dorsos de los cheques tendientes a verificar la cadena de endosos y determinar aquellas personas que efectivizaron sus cobros.
De los elementos obtenidos, el ente fiscal observó que de los 44 valores analizados, 41 se emitieron a nombre de IBARCER SRL, 2 a nombre de una tercera persona y 1 al portador, pudiéndose establecer además, que la actora emitió el 31,81 % (14) de los valores "sin cruzar", además el 100 % (44) fueron emitidos sin la leyenda “ NO A LA ORDEN".
Asimismo, también pudo determinarse que el contribuyente IBARCER SRL presento al cobro solo Un (1) valor de los 44 analizados, que representa el 2,72 % de los mismos y el 3,04 % del monto pagado. El resto presentan distintos destinos y personas cobradoras.
En particular, el cheque N° 94089037 del Banco Credicoop, que fuera emitido a nombre de la firma MOLINARI GUILLERMO, se encuentra imputado a la cancelación de operaciones de IBARCER SRL según Orden de Pago N° 2832 de fecha 23/12/2002, pero endosado por MOLINARI GUILLERMO y presentado al cobro por un tercero.
El cheque N° 94592482 del Banco Credicoop, que fuera emitido a nombre de la firma MOLINARI GUILLERMO, se encuentra imputado a la cancelación de operaciones de IBARCER SRL según Orden de Pago N 2804 de fecha 18/12/2002, endosado por MOLINARI GUILLERMO y presentado al cobro por una entidad financiera.
Por otro lado, se observó que por lo menos seis de los valores imputados a la cancelación de la operatoria con IBARCER SRL fueron cobrados por otros proveedores de la firma, si bien fueron emitidos a nombre IBARCER SRL.
Por ello se procedió a solicitar a los terceros que aparecen cobrando valores endosados por IBARCER SRL, a saber: MIGUEL ROSENTAL Y ASOCIADOS, EMILIO AIROLDI E HIJOS y LABORANTI SRL, EDGAR PASTORE Y CIA los comprobantes que respalden las operaciones por las cuales recibieron estos valores y la identificación de las personas que se los entrego, no habiendo dado cumplimiento al requerimiento. M) LEMAN CEREALES SRL: El proveedor fue observado por la División Investigación por tener inconsistencias en sus presentaciones impositivas, su falta de capacidad operativa y estar incluido en la base APOC desde el 30/06/05 Asimismo, el ente fiscal advirtió que no se encuentra inscripto en la actividad de venta de semillas –concepto facturado- y que tiene domicilio fiscal en la provincia de Santiago del Estero, domicilio real en Rosario y el domicilio comercial que surge de la factura pertenece a la provincia de Tucumán.
A través de las consultas a las bases de datos de AFIP, se constató que LEMAN CEREALES SRL, contó con empleados en relación de dependencia durante los periodos fiscales 06/2003 hasta 07/2004, que no poseía inmuebles, ni maquinarias agrícolas ni automotores. Con respecto a sus presentaciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, se observa que presentó declaraciones juradas en varios periodos sin movimientos; exteriorizando saldos de DDJJ de escaso monto.
La fiscalización verificó que estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos, desde el 01/10/2003 hasta el 05/07/2004.
La actora acompañó la documental relativa a la operatoria con la firma LEMAN CEREALES SRL, consistente en cartas de porte, medios de pago, facturas de compras, listado de cheques emitidos y entregados, listado de cuenta corriente, más no la documentación respaldatoria del traslado de la mercadería, Con respecto al circuito financiero, no se aportaron recibos de cobro emitidos por los supuestos proveedores, ni órdenes de pago emitidas por la propia fiscalizada.
La circularización al proveedor, tanto a los domicilios fiscales como alternativos, tuvo resultado negativo, pues en ambos casos las piezas postales fueron devueltas por el correo con la leyenda "Desconocido" y "Rechazado". Finalmente, en relación a la cancelación de las operaciones cuestionadas, los actuantes analizaron el detalle de pagos aportado por la actora, efectuando listados de los cheques emitidos que figuran allí, correspondiendo dichos valores a las cuentas de la recurrente en el Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Obtenidas la copia de los valores emitidos se observan que de los 14 valores analizados, 13 se emitieron a nombre de LEMAN CEREALES SRL y el restante al portador, pudiéndose establecer también que la fiscalizada emitió el 35,71 % (05) de los valores "sin cruzar", además el 100 % (14) fueron emitidos sin la leyenda - NO A LA ORDEN", no presentando el proveedor al cobro ningún valor de los 14 analizados.
El cheque N° 32503 del Banco Credicoop, emitido a nombre de la firma LEMAN CEREALES SRL, fue imputado a la cancelación de sus operaciones, según Orden de Pago N° 6179 de fecha 29/10/2000; valor que se encuentra endosado por FREIJOMIL DANIEL y presentado al cobro por este, quien es otro proveedor Impugnando.
Finalmente se solicitó a los terceros que aparecen cobrando valores endosados por LEMAN CEREALES SRL, a saber: MIGUEL ROSENTAL Y ASOCIADOS, la firma GRUPO CAREY SOCIEDAD de BOLSA, información vinculada con las operaciones por las cuales recibieron los valores, no respondiendo ninguno de ellos los requerimientos.
N) LOS AROMOS SRL: Se determinó su falta de capacidad operativa mediante la investigación llevada a cabo por la División Fiscalización Nº 2 de la Dirección Regional Rosario 1, mediante la orden de intervención Nº 128099, llegándose a la conclusión que la firma LOS AROMOS SRL no tiene la capacidad económica y financiera para haber efectuado las operaciones a través de las cuales se genera los crédito fiscales de las empresas que lo usufructúan.
De las constancias a las consultas a las bases de datos AFIP-DGI, se detectó que LOS AROMOS SRL, no cuenta con empleados en relación de dependencia, no poseía inmuebles, ni maquinarias agrícolas, ni automotores. Presentó sus declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, desde el periodo fiscal 03/2001 hasta 06/2004 sin movimiento, hasta el periodo fiscal 06/2002, exteriorizando saldos de escaso monto. A partir del 12/2002 hasta el periodo fiscal 06/2004, sus presentaciones arrojan mayoritariamente saldos a favor del contribuyente.
El ente fiscal verificó que estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos, hasta el 02/05/03, fecha en la que fue dado de baja.
Posteriormente, la recurrente no cumplió con el requerimiento y no aportó documental vinculada con la operatoria con LOS AROMOS SRL., ni sobre los medios de pago y cartas de porte con F. 860011036.
Asimismo, la circularización al proveedor en su domicilio fiscal, fue devuelta por el correo con la leyenda "domicilio desconocido".
O) MOLINARI GUILLERMO ANDRES: Se determinó su falta de capacidad operativa mediante la fiscalización llevada a cabo por la División Fiscalización N° 1 de la Dirección Regional Tucumán, mediante las ordenes de intervención Nº 19772/6 y Nº 21021/8, por medio de las cuales se llegó a la conclusión que MOLINARI GUILLERMO ANDRES no tenía capacidad económica y financiera para efectuar las operaciones a través de las cuales se genera los crédito fiscales de las empresas que lo usufructuaron.
De la consulta a las bases de datos de la AFIP-DGI se advirtió que el contribuyente MOLINARI GUILLERMO, no contaba con empleados en relación de dependencia, no poseía inmuebles ni maquinarias agrícolas, así como tampoco automotores. Presentó sus declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado desde el periodo fiscal 12/2002 hasta 11/2004, con movimientos, incluyendo débitos y créditos fiscales de una gran cuantía, pero con montos casi similares, arrojando sistemáticamente saldos a favor del contribuyente. La inspección verificó que el proveedor estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos, desde el 17/08/01 hasta el 14/08/03, fecha en la que fue dado de baja y además se encuentra incluido en base APOC desde el 13/03/2006.
Por otro lado, se requirió a la actora toda la documental relativa a la operatoria con MOLINARI GUILLERMO ANDRES, habiendo aportado formularios 1116/B – liquidaciones de venta, un detalle con la identificación de los medios de pago utilizados en la cancelación de las operaciones, una impresión del listado de cuenta corriente en pesos, mantenida con el proveedor en cuestión y los romaneos de entrada confeccionados por esta en oportunidad de recibir el cereal en su planta.
En relación con el circuito del cereal, de los romaneos aportados por la actora surge que la procedencia del cereal corresponden a las ciudades de San Miguel de Tucumán (39), Provincia de Tucumán y el resto no tiene procedencia.
Analizados los transportes que figuran en los mencionados romaneos, se evidencia que el 36,17% de los mismos fueron efectuados por Alicia Giamarco, el 41,49% corresponde al transportista Sergio Riera, el 3,19 % le corresponde a la firma NORTE CEREAL SRL y el resto fue realizado por diecinueve transportistas distintos, a razón de un viaje cada uno.
Con respecto a las irregularidades detectadas a los transportistas Giamarco y Reira, corresponde remitirse a lo señalado al momento de describir las irregularidades relativas a los proveedores Albano y Agromix S.R.L. Asimismo, en lo que hace a los romaneos cuyo transporte estuvo a cargo de NORTE CEREAL SRL, se indican las patentes CXA 317, que corresponde a un RENAULT TWINGO SEDAN 3 PUERTAS, la patente de acoplado CKO 311, corresponde a un RENAULT FURGONETA EXPRESS RN, la patente CVX 864, corresponde a una TOYOTA PICK —UP HILUX 4x4, CABINA DOBLE DLX, la patente como acoplado RXX 711, que corresponde a un RENAULT 12 TL SEDAN 4 PUERTAS. Es decir, todos vehículos no aptos para el traslado de cereal a granel.
También la fiscalización advirtió que se detectaron inconsistencias en la documentación emitida por la actora, a saber el certificado de depósito intransferible 1116/a N° 01-04096759/ N° 000-00001055 emitido con fecha 08/01/03, registrado en la cuenta corriente en igual fecha, consigna en la liquidación de Mandato/Consignación 1116/C emitido con anterioridad el día 06/01/03 registrado en la cuenta corriente en igual fecha y dos formularios F. 1116/A y 1116/C sin firma del depositario y mandante respectivamente.
Posteriormente, se circularizó al domicilio fiscal de TULLAN ARIEL, también transportista de la recurrente, no obteniéndose respuesta alguna.
Finalmente, el ente fiscal analizó los medios de pago aportadas y los listados de los cheques emitidos que allí figuran, de donde surge que corresponden a cuentas que posee en el Nuevo Banco Bisel SA y el Banco Credicoop Coop. Ltdo. Tras requerir copia de los instrumentos a las entidades financieras señaladas, se pudo establecer que la fiscalizada emitió 53,60 % de los valores "sin cruzar" (52), además el 94,84 % fueron emitidos sin la leyenda - NO A LA ORDEN", y solo el 5,16 % se emitieron "NO A LA ORDEN", determinándose además que el proveedor presentó al cobro solo once (11) valores de los 97 analizados, que representan el 11,34 % y el 8,34 % del monto de pagos verificados El cheque N° 92466 emitido a nombre de IBARCER SRL, también proveedor de la recurrente, fue endosado y cobrado por este, a pesar de haberse imputado como pago a MOLINARI GUILLERMO, mediante orden de pago Nº 2742, de fecha 06/12/2002, conforme planilla aportada.
Por otro lado, el cheque N° 45160 emitido a nombre de EMILIO AIROLDI E HIJOS, que percibió varios cheques, fue cobrado por dicha empresa, pero fue imputado como pago a MOLINARI GUILLERMO, mediante orden de pago N° 2705 de fecha 02/12/2002, conforme planilla aportada.
Asimismo, en relación al cheque N° 14076, emitido a nombre de MOLINARI GUILLERMO, fue endosado por este y cobrado por otra persona, que cobraba los cheques de otro proveedor de la actora, la firma COOPERATIVA AGRICOLA EL DESIERTO, pero pese a ello se encontraba imputado como pago del mencionado Sr. Molinari.
Seguidamente, se procedió a solicitar terceros, que aparecen cobrando valores endosados por MOLINARI GUILLERMO, a saber: EMILIO AIROLDI e HIJOS, ROSENTAL Y ASOCIADOS, SERVICIOS QUIMICOS SRL, ARTURO TRINI JORGE ONETO SOCIEDAD DE BOLSA, para que aporten documentación respaldatoria de sus operaciones, habiendo respondido únicamente la segunda de las firmas mencionadas, que señaló que los mismos habían sido recibidos en pago de una compra de Lecops efectuada por su comitente Productos Argentinos S.R.L., según Boleto N° 7257 de fecha 04/04/03 y N° 5670 de fecha 14/03/03. P) VARGAS MANUEL MARTIN: Se determinó su falta de capacidad operativa mediante la fiscalización llevada a cabo por la División Fiscalización N° 1 de la Dirección Regional Tucumán, mediante las ordenes de intervención Nº 19772/6 y N° 21021/8, por medio de las cuales se llegó a la conclusión que la firma VARGAS MANUEL MARTIN no tenía capacidad económica y financiera para haber efectuado las operaciones a través de las cuales se generaron los créditos fiscales de las empresas que lo usufructuaron.
De las consultas a las bases de datos del organismo se detectó que el contribuyente VARGAS MANUEL, no contaba con empleados en relación de dependencia ni inmuebles ni maquinarias agrícolas. Tampoco poseía automotores. Presentó sus declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, desde el periodo fiscal 08/2000 hasta 08/2003 sin movimientos hasta el periodo fiscal 06/2002 y a partir del 07/2002 declara saldos a su favor.
El proveedor estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos, desde el 06/07/01 hasta el 05/05/03 fecha en la que fue dado de baja.
El organismo fiscal señala que al inscribirse en el Registro Fiscal de Operadores de Granos como productor aportó un contrato de arrendamiento en copia simple, en el que no especifica la ubicación exacta del inmueble rural y reza “Departamento Jiménez en el paraje denominado las Zanjitas”.
Circularizado el proveedor manifiesta que su actividad era el cultivo de azúcar, papa y cereales, que desarrollaba en tierra de su padre, José Vargas y en tierras arrendadas a terceros, que se localizaban en las localidades de El Molino Dpto. Chicligasta, La Calera y Dpto. Pellegrini, provincia de Santiago del Estero, sin precisar su ubicación exacta, no poseyendo los contratos de arriendo. Dice que constituyó una sociedad de hecho con el Sr. Guillermo Molinari y que posee bienes de uso comprometiéndose a aportar un detalle de los mismos y que tuvo una finca en el Espinillo, que vendió a su hermano en el año 1990.
Requerida que fuera la documentación respaldatoria de sus dichos, al vencimiento de los requerimientos la misma no fue aportada.
Se le requirió a la actora toda la documental relativa a la operatoria con la firma VARGAS MANUEL MARTIN, aportando los formularios 1116/A - certificados de depósito y los formularios 1116/B liquidaciones de ventas, que respaldan el crédito fiscal computado, las ordenes de pagos emitidas al cancelar las operaciones realizadas, una impresión del listado de cuenta corriente en pesos, un listado de cuenta corriente en kilos, con la firma ARGAS MANUEL MARTIN y aportó libro IVA compras con detalle de operaciones realizadas con la firma VARGAS MANUEL MARTIN.
No se pudo verificar el circuito real del cereal toda vez que no aportó documentación respaldatoria. De las órdenes de pago aportadas, se efectuó un listado de los cheques emitidos que en ellas figuran, correspondiendo dichos valores a las cuentas que Productos Argentinos S.R.L. posee en el Nuevo Banco Bisel SA y en el Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Se solicitó a las entidades financieras los frentes y dorsos de los cheques con el fin de verificar la cadena de endosos y determinar las personas que efectivizaron los cobros de los mismos, pudiendo establecer que emitió el 49,71% del total de los valores "sin cruzar", y además el 96,59 % fueron emitidos sin la leyenda - NO A LA ORDEN", y el 3,41 % restante no se pudo verificar, presentando al cobro solo veintisiete (27) valores de los 352 analizados, que representan el 7,67%. Además, se observó que existen varios cheques que fueron efectivizados por otros proveedores de la actora y el resto fueron cobrados por otras personas.
Existen, también, cheques imputados a la cancelación de las operaciones con el proveedor que, sin embargo, se encuentran emitidos a nombre de otros proveedores y cobrados por estos o por terceras personas. Así, el cheque del Nuevo Banco Bisel N° 91998 el que fuera emitido a nombre de LOS AROMOS SRL, proveedor cuestionado también fue endosado por este y cobrado por un tercero. (MIGUEL ROSENTAL Y ASOCIADOS).
El cheque del Banco Credicoop N° 14069, fue emitido a nombre de LOS AROMOS SRL, endosado y cobrado por el apoderado de LOS AROMOS SRL. Dicho cheque se encuentra imputado al pago de operaciones con VARGAS MANUEL MARTIN, conforme a las órdenes de pago N° 2979 El cheque del Nuevo Banco Bisel N° 64771703, fue emitido a nombre de LABORANTI SRL, también proveedor de la recurrente, endosado y cobrado por la firma LABORANTI SRL. Dicho cheque se encuentra imputado al pago de operaciones con VARGAS MANUEL MARTIN, conforme órdenes de pago Nº 3188.
Los actuantes explican que los cheques del Nuevo Banco Bisel N° 64192053 y N° 64192070, emitidos a nombre de VARGAS MANUEL MARTIN, fueron endosados por este y cobrado por el señor CRISTIAN ARISTUCHE, empleado de Productos Argentinos S.R.L.
Finalmente, el cheque Nuevo Banco Bisel N° 65022850, emitido a nombre de VARGAS MANUEL MARTIN, fue endosado por éste y cobrado por el señor Héctor Balducci, socio gerente de la recurrente.
Se solicitó a los terceros que aparecen cobrando valores endosados por VARGAS MANUEL MARTIN, a saber: EMILIO AIROLDI e HIJOS, MIGUEL ROSENTAL Y ASOCIADOS, SERVICIOS QUIMICOS SRL, LABORANTI SRL y PERFUMERIAS KELLER SA, que acompañen los comprobantes que respalden las operaciones por las cuales recibieron estos valores y la identificación de las personas que se los entrego. Las dos últimas empresas mencionadas señalan que recibieron los cheques en concepto de canje por lecops, no aportando datos respecto de a quienes se le efectuaban los canjes y quien retiraba el dinero de dicho cambio, acompañando copia de facturas de ventas efectuadas a la fiscalizada.
La firma Rosental informó que los cheques habían sido recibidos en pago de una compra de lecops efectuada por su comitente Productos Argentinos S.R.L., según Boleto N° 2462 de fecha 06/02/03.
La fiscalización constató también que se canceló la suma de $ 223.662, mediante la entrega de bonos (LECOP), según órdenes de pago aportadas.
Q) HERRERA OMAR: Se determinó su falta de capacidad operativa mediante la intervención llevada a cabo por la División Investigaciones de la Dirección Regional Río Cuarto, por medio de la cual se llega a la conclusión que la firma HERRERA OMAR no tenía capacidad económica.
De la consulta a las bases de datos de AFIP-DGI, se detectó que el contribuyente HERRERA OMAR, no contaba con empleados en relación de dependencia, no poseía inmuebles, ni maquinarias agrícolas y en el rubro automotor solo contaba con un vehículo modelo 1971. Con respecto a sus presentaciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, se observó que por los períodos fiscales 11/2001 a 06/2003; no declaró movimientos y partir de ese momento comienza a exteriorizar saldos a su favor de gran envergadura. La inspección verificó que el proveedor estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos, desde el 31/01/03 hasta el 05/07/2004 y se encuentra incluido en base APOC desde el 14/05/2004.
La recurrente no aportó documental relativa a su operatoria con el proveedor, así como tampoco medios de pago y cartas de porte con F. 8600.
R) EDM GROUP SA: Se determinó su falta de capacidad operativa mediante la intervención realizada por la División Fiscalización Nº 1 de la Dirección Regional Tucumán, que llegó a la conclusión que la firma EDM GROUP SA no tiene la capacidad económica y financiera para haber efectuado las operaciones.
De la consulta a las bases de datos de AFIP se advirtió que el contribuyente EDM GROUP EXPORT IMPORT SA, no declaró empleados en relación de dependencia desde el 11/2002, no poseía inmuebles ni maquinarias agrícolas ni automotores. Se observó que presentó sus declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, a partir del 12/2001, declarando desde 02/2002 sucesivos saldos a su favor por montos muy importantes. Durante esos periodos fiscales, en los que operó con la recurrente declaró débitos y créditos fiscales de montos muy elevados y de cuantía similar.
La inspección verificó que el proveedor que estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos desde el 22/04/02 hasta el 05/07/2004, fecha en la que fue dado de baja. Se encuentra incluido en base APOC desde el año 2004.
No se aportó documentación alguna que dé respaldo a los créditos fiscales declarados.
R) INTIYACO SRL: La fiscalización verificó que está incluido en la base de facturas apócrifas de la Administración Federal de Ingresos Públicos desde el 06/02/07, habiéndose determinado su falta de capacidad operativa y haber sido impugnada en actuaciones anteriores.
De las consultas a las bases de datos de AFIP, se constató que el contribuyente INTIYACO SRL, no declaró empleados en relación de dependencia, no posee inmuebles, ni maquinarias agrícolas ni automotores. Presentó sus declaraciones juradas correspondientes al impuesto al valor agregado desde el 02/2003 hasta el 08/2003 sin movimientos y desde ese momento declara sucesivos saldos a su favor.
Se verificó que estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos desde el 01/04/04 hasta el 05/07/2004, fecha en la que fue dado de baja.
La recurrente no aportó documentación de respaldo de sus créditos fiscales.
S) AGRO SAN IGNACIO SRL: Se determinó su falta de capacidad operativa mediante la intervención llevada a cabo por la División Fiscalización de la Dirección Regional Rosario N° 1, por medio de la cual se llegó a la conclusión que la firma AGRO SAN IGNACIO SRL no tenía la capacidad económica y financiera para haber efectuado las operaciones.
De las bases de datos de la AFIP-DGI, se detectó que AGRO SAN IGNACIO SRL, no declaró empleados en relación de dependencia, no poseía inmuebles ni maquinarias agrícolas ni automotores. Con respecto a sus presentaciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, se observó que las presentó desde 12/2002 declarando sucesivos saldos a su favor hasta 06/2005.
Se verificó que estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos, desde el 17/08/01 hasta el 06/06/2005, fecha en la que fue dado de baja.
Posteriormente, el ente fiscal procedió a requerir a la fiscalizada toda la documental relativa a la operatoria con la firma AGRO SAN IGNACIO SRL., así como también los medios de pago y cartas de porte con F. 8600, pero no se aportó ninguna documentación respaldatoria de los créditos fiscales.
T) GIAMARCO ALICIA: La inspección localizó a la Sra. Giamarco, quien manifestó que en una oportunidad concurrió a la AFIP-DGI a firmar unos papeles a solicitud de su hermano, desconociendo la actividad que este desarrollaba y puntualizó que aquél se llamaba Juan José Gimarco y que falleció.
Posteriormente, se recibió un sobre conteniendo copia de las facturas emitidas a la recurrente por GIAMARCO ALICIA, advirtiéndose que las cartas de porte que avalarían el transporte de la mercadería se encuentran facturadas a Productos Argentinos S.R.L., con las facturas 0001-00000109 —Fs. 126-, 0001-00000110 —Es. 127-, 0001-00000111- Es. 128-, pudiéndose destacar que cabe destacar que el CAl de estas facturas venció el 03/08/2002, e incluye hasta factura 0001-00000050. Se observó facturación desde la 0001-00000051 en fecha 31/08/2002 hasta la número 0001-000000100 el 04/08/2003, el CAl de esta lote de facturas venció el 26/08/2003, e incluye hasta la factura 0001-00000100. Además se corrobora la emisión desde la factura 0001-00000105 en fecha 02/10/2003 hasta la factura 0001-000000150 (última del lote autorizado) de fecha 09/10/2004. Es dable destacar que la contribuyente GIAMARCO ALICIA solicito la impresión de facturas, en 08/2001 y hasta el 22/06/2002, supuestamente, había emitido sólo 20 comprobantes.
De la consulta a la base de datos de la AFIP-DGI surge que el proveedor no posee rodados para los traslados efectuados como así tampoco personal en relación de dependencia.
U) NORTE CEREAL SRL: La inspección señala que el proveedor fue observado por la División Investigación por encontrarse en base APOC desde el 12/09/03, según consulta a la Dirección de Informática de Fiscalización. Dicho contribuyente fue fiscalizado por la División Fiscalización N°1 de la Dirección Regional Rosario N° 1, bajo la Orden de Intervención 75601, determinándose "...que no se pudo constatar que el verificado poseyera estructura productiva, recursos materiales ni humanos para realizar las operaciones que se atribuye haber efectuado...".
La fiscalización verificó que nunca estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos.
El ente fiscal explica que específicamente las operaciones realizadas con la actora consisten en transporte de cereal, desde Rosario hasta Santa Teresa, destacándose que no se verificó la existencia de ningún tipo de bienes a nombre de Norte Cereal SRL.
La recurrente aportó detalle de los medios de pago utilizados en la cancelación de las operaciones, indicando los números de los cheques emitidos, el banco de la cuenta libradora, el número de la orden de pago y la fecha de los mismos, los comprobantes que respaldan el crédito fiscal computado y una impresión del listado de cuenta corriente mantenida con el proveedor en cuestión.
El organismo fiscal efectuó circularización a la firma Norte Cereal SRL, la que fue recepcionada pero no se obtuvo respuesta alguna.
Finalmente, se circularizó a la entidad Nuevo Banco Bisel para obtener los frentes y los dorsos de los valores sindicados como medios de pagos utilizados en el pago de las facturas impugnadas, del proveedor NORTE CEREAL SRL, pudiéndose establecer que del total de valores analizados la fiscalizada emitió la totalidad de los valores "sin cruzar y sin la leyenda - NO A LA ORDEN", no presentando la firma Norte Cereal SRL al cobro ninguno de los valores analizados.
El 31,25% de los valores fueron emitidos a nombre de otros proveedores de la actora y fueron efectivizados por estos el 60% de los mismos, el resto fueron endosados por otras personas.
En el caso del cheque N° 62633818, emitido a nombre de MOLINARI GUILLERMO, fue cobrado por la firma LABORANTI SRL, también proveedor de la actora mientras que los cheques N° 63441709 y N° 63932051 emitidos al portador, fueron endosados en primer término por VARGAS MANUEL MARTIN (también proveedor) y cobrados por terceros.
Por otro lado, los cheques N° 63137171 y N° 63137170 fueron emitidos a nombre de LOS AROMOS y cobrados por terceros.
Finalmente, la inspección circularizó a la firma EMILIO AIROLDI e HIJOS para que acompañe los comprobantes que respalden las operaciones por los que recibió estos valores y la identificación de las personas que se los entrego, respondiendo aquella que se corresponden a operaciones financieras consistentes en canje de valores líquidos (dólares, lecop, etc.) por los cheques recibidos, identificando al señor JULIO MIGUEL VERA, como quien entregaba los valores y se llevaba el dinero.
V. SBRISSA BENITO: Fue observado por la División Investigación, siendo inspeccionado por la Dirección Regional Río Cuarto, bajo la Orden de Intervención N° 10792/1, determinándose "...que no se pudo constatar que el verificado poseyera estructura productiva, recursos materiales ni humanos para realizar las operaciones que se atribuye haber efectuado..."
La inspección verificó que estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos, desde el 10/08/01 hasta el 20/05/04, fecha en la que fue dado de baja.
La recurrente aportó detalle de los medios de pago utilizados en la cancelación de sus operaciones, indicando los números de los cheques emitidos, el banco de la cuenta libradora, el número de la orden de pago y la fecha de los mismos, los comprobantes que respaldan el crédito fiscal computado. (Formularios 1116/B), comprobantes de retenciones practicadas al proveedor en el Impuesto a las Ganancias, una impresión del listado de cuenta comitente mantenida con el proveedor en cuestión y los romaneos de entrada confeccionados por esta en oportunidad de recibir el cereal en su planta.
La circularización efectuada al proveedor, en su domicilio fiscal, fue devuelta por el correo bajo la leyenda "desconocido".
A fin de constatar el circuito real del cereal, se analizaron las 33 cartas de porte, incluidas en los romaneos aportados por la actora surgiendo que el 87,87% fueron efectuadas por el transportista RIERA SERGIO y el 9,09 % los realizo el Sr. HECTOR BALDUCCI, gerente de la recurrente. La cantidad de cereal vendida por SBRISSA BENITO a la fiscalizada, conforme los formularios 1116, corresponden a 1.103 Tn. de soja y 93 Tn. de maíz mientras que de los romaneos aportados surge que la cantidad ingresada es de 949 Tn. de Soja y 93 Tn. de maíz. Se corroboraron los datos de las patentes de los vehículos con los cuales se habría prestado el servicio de fletes del cereal ingresado. Al respecto se hace constar que algunas de esas patentes corresponden a vehículos NO aptos para el traslado de cereal, como lo es la patente RFF 430, que corresponde a un AUTO SEDAN 4 PUERTAS REANULT 12 TL; la patente WGG 325, según consulta corresponde a DODGE 1500 SEDAN 4 PUERTAS; La patente SJM 913, corresponde a un FORD FALCON SEDAN 4 PUERTAS.
Obtenidas las copias de las entidades financieras se pudo establecer que del total de valores analizados la fiscalizada emitió la totalidad de los valores "sin cruzar y sin la leyenda - NO A LA ORDEN", excepto uno que fue emitido sin cruzar pero con la leyenda "NO A LA ORDEN", determinando además que el contribuyente SBRISSA BENITO LUIS presento al cobro solo cuatro (04) valores de los 91 analizados, es decir el 4,39 % En este punto la fiscalización observó que el cheque Banco Credicoop N° 95859, emitido a nombre de MOLINARI GUILLERMO, también proveedor, fue cobrado por éste proveedor, pero se encuentra imputado a SBRISSA BENITO.
Finalmente, se solicitó a los terceros que aparecen cobrando valores endosados por SBRISSA BENITO, a saber: EMILIO AIROLDI e HIJOS, Julio M. Vera, MIGUEL ROSENTAL Y ASOCIADOS, FRECICAR SRL y CTD SRL, la documentación que respalde dichas operaciones, habiendo contestado únicamente la firma Airoldi e Hijo y Frecicar S.R.L. expresando que los valores detallados corresponden a operaciones financieras consistentes en canje de valores líquidos (dólares, lecop, etc.).
w) COOPERATIVA AGRICOLA EL DESIERTO: Se determinó que no contaba con capacidad operativa mediante la fiscalización llevada a cabo por la División Fiscalización Nº, 3 de la Dirección Regional Tucumán. Al respecto aclara que el alcance de dicha fiscalización abarcó hasta el periodo fiscal Junio de 2002, inclusive, por lo que en el caso bajo examen se analizaron las operaciones entre COOPERATIVA AGRICOLA EL DESIERTO y PRODUCTOS ARGENTINOS SRL a partir del periodo fiscal Julio de 2002 en adelante.
Se circularizó a COOPERATIVA AGRICOLA EL DESIERTO, en su domicilio fiscal, siendo devuelto por el correo con la leyenda "desconocido".
El ente fiscal verificó que estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos desde el 10/08/01 hasta el 23/05/02, fecha en que fue dado de baja.
La recurrente solo aportó un comprobante que respalda el crédito fiscal computado. (Formularios 1116/B) del mes de Julio de 2002 por un monto de IVA de $ 3.058,19 y una impresión del listado de cuenta comente mantenida con el proveedor en cuestión.
En relación con la cancelación de las facturas no se acompañó documental relativa a los medios de pago utilizados para cancelar la operación impugnada.
X. DELIMEX S.A.: Se determinó su falta de capacidad operativa mediante la fiscalización llevada a cabo por la División Fiscalización Nº 3 de la Dirección Regional Palermo, que llegó a la conclusión que DELIMEX S.A. no tenía la capacidad económica y financiera para haber efectuado las operaciones declaradas.
La inspección verificó que el proveedor estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos, desde el 22/04/02 hasta el 07/11/02, en que fue dado de baja por la DAFE.
El ente fiscal requirió a la actora los medios de pago y cartas de porte relacionados con la firma en cuestión, aportando formularios 1116/A - certificados de depósito y los formularios 1116/B liquidaciones de ventas, que respaldan el crédito fiscal computado, los romaneos de entrada, las cartas de porte., los comprobantes de retenciones practicadas a la firma DELIMEX S.A. en el Impuesto a las Ganancias, las ordenes de pagos emitidas para cancelar las operaciones realizadas con DELIMEX SA y una impresión del listado de cuenta corriente en pesos, mantenida con el proveedor en cuestión.
Asimismo, se circularizó al proveedor en su domicilio fiscal, siendo devuelto por el correo con la leyenda “se mudó".
En cuanto al circuito real del cereal, la actora aportó un total de 36 cartas de porte, por un total de kilos (Soja) de 1.132,63 todas ellas fechadas entre el 17/06/2002 y el 24/06/2002, también aporto un total de 36 romaneos de entrada por un total de kilos (Soja) de 1.132,63 Tn. La procedencia de la totalidad de las cartas de porte corresponden a la localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe.
Analizados los transportes que figuran en las mencionadas Cartas de Porte, se evidencia que el 75% de los mismos fueron efectuados por GIAMARCO ALICIA, CUIT 27-05337833-7, el 19,44% fueron realizados por transporte perteneciente al gerente de la firma Sr. BALDUCCI HECTOR y el resto por dos transportistas distintos.
La inspección se constituyó en el domicilio del Sr. ALMIRON JOSE y le exhibió copia de la carta de porte N°22360973, que fue desconocida por el transportista, agregando que no conoce las firmas que se individualizan en dichos comprobantes, desconociendo como suya la firma inserta en la misma Posteriormente, en relación con la transportista GIAMARCO ALICIA, corresponde remitirse a las irregularidades ya señaladas en otros proveedores de la recurrente.
Con respecto a la cancelación de las facturas impugnadas, del análisis de las órdenes de pago aportadas se efectuaron listados de los cheques emitidos que en ellas figuran, valores que corresponden a las cuentas que posee en el Nuevo Banco Bisel SA y el Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Obtenidas las copias del Nuevo Banco Bisel SA y del Banco Credicoop, se pudo establecer que la actora emitió el 98,80% de los valores (83) “sin cruzar", y además el 98,80 % fueron emitidos sin la leyenda - NO A LA ORDEN', y solo el 1,20 % se emitieron 'NO A LA ORDEN'.
Asimismo, fue posible determinar que el contribuyente DELIMEX S.A. presento al cobro solo tres (03) valores de los 83 analizados, que representan el 3,61 %. El 6,02 % de los valores fueron emitidos a nombre de otros proveedores (sólo cinco valores) y al cobro fueron presentados 7 valores por parte de otros proveedores, el resto fueron cobrados por otras personas.
Se observó que el cheque N° 62925376 del Nuevo Banco Bisel SA fue emitido y cobrado por NORMA BALDUCCI, DNI 10.498.421, Socia de la recurrente.
El cheque Nuevo Banco Bisel SA N° 62846699 fue emitido y cobrado a nombre de MOLINARI GUILLERMO, también proveedor, pero se encuentra imputado como pago a DELIMEX S.A., mediante orden de pago NI, 2344. Idéntica situación ocurre con el cheque N° 6284673 Por su parte, el cheque Nuevo Banco Bisel SA N° 63137211, emitido a nombre de OLMERI MIGUEL, también proveedor, se encuentra imputado como pago a DELIMEX SA.
Asimismo, el cheque Nuevo Banco Bisel SA N° 62925470, emitido a nombre de DELIMEX S.A., fue cobrado por MARIA FERNANDA DUCCA, DNI 24.840.579, apoderada de COOPERATIVA AGRICOLA EL DESIERTO, también proveedor, según orden de pago NO 2455.
El cheque Nuevo Banco Bisel SA N° 62925471, emitido a nombre de DELIMEX S.A., fue cobrado por MARIA FERNANDA DUCCA, DNI 24.840.579, apoderada de COOPERATIVA AGRICOLA EL DESIERTO, también proveedor de la recurrente, según orden de pago Nº 2483.
El cheque Nº 10492 del Banco Credicoop fue emitido a nombre de DELIMEX SA y cobrado por HECTOR BALDUCCI, en su carácter de apoderado de PRODUCTOS ARGENTINOS SRL El cheque Banco Credicoop N° 53689, emitido a nombre de Cooperativa Agropecuaria del Desierto, también proveedor, fue cobrado por una persona, cuyo endoso no resulta legible, siendo imputado dicho valor dicho valor está imputado como pago a DELIMEX SA, según orden de pago N° 2332.
Se procedió a solicitar a los terceros que aparecen cobrando valores endosados por DELIMEX S.A., a saber: EMILIO AIROLDI e HIJOS y EDGAR PASTORE Y CIA, los comprobantes que respalden las operaciones por las cuales recibieron estos valores y la identificación de las personas que se los entrego.
La primera de las firmas mencionadas señaló que los valores detallados corresponden a operaciones financieras consistentes en canje de valores líquidos (dólares, lecop, etc.) por los cheques recibidos identificando al señor JULIO MIGUEL VERA - 20¬23651495-2, como quien entregaba los valores y se llevaba el dinero.
A su turno, Edgar Pastore, puntualizó que los cheques se recibieron para cambiar lecop, y que eran recibidos de la firma PRODUCTOS ARGENTINOS SRL y que el efectivo lo retiraba alguna persona comisionada por PRODUCTOS ARGENTINOS SRL.
Y) OLIVIERI MIGUEL ANGEL: Se determinó su falta de capacidad operativa mediante la fiscalización llevada a cabo por la División Fiscalización N°1 de la Dirección Regional Tucumán, mediante la orden de intervención N° 22.853/2. Allí se llegó a la conclusión que el proveedor no tenía la capacidad económica y financiera para haber efectuado las operaciones a través de las cuales se generaron los créditos fiscales de las empresas que lo usufructuaron.
Se verificó que estuvo incluido en el Registro de Operadores de Granos, desde el 06/07/01 hasta el 03/12/03. El proveedor tratado en el presente punto se encuentra incluido en base APOC desde el 18/12/2005, La recurrente no aportó la documentación respaldatoria de los créditos fiscales, como así tampoco la relativa a los medios de pago ni de las cartas de portes.
VI. Que de acuerdo con el relato efectuado, como consecuencia de las tareas que le son propias, el organismo fiscal pudo comprobar serias y concretas irregularidades de algunos proveedores de la recurrente que lo llevaron a la conclusión fundada de que se estaba frente a operaciones inexistentes.
En atención a lo expuesto, el thema decidendum queda delimitado a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente, lo que nos lleva a analizar las probanzas arrimadas por ésta.
Resulta oportuno recordar que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos. En esa dirección, la Alzada ha tenido oportunidad de expresar reiteradamente que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012). . Y, agregó, que “....no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7-12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, expte. nro. 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros)”.
. Por último, no puede dejar de mencionarse un reciente pronunciamiento de la Sala V del mencionado Tribunal el cual resulta sumamente esclarecedor sobre el tema en cuestión, donde se puntualizó que “...para negar completamente la veracidad de las operaciones impugnadas, no resulta suficiente que el Fisco se remita a las conclusiones de los inspectores que fiscalizaron las actividades de los proveedores objetados sin valerse de mayores argumentos ni de otros medios de prueba; ni el resultado de esta fiscalización lo autorizaba a trasladar de modo mecánico, y enteramente, la carga de la prueba sobre la parte actora. Ello es así porque la actividad de la administración fiscal y, en particular, la del juez administrativo, debe estar guiada por el principio de la verdad material, ya que el procedimiento en materia impositiva tiende a concretar la voluntad de la ley que crea el impuesto y hacer efectiva la obligación tributaria, o la exención del impuesto, nacida a partir de la realización de los hechos previstos en las normas materiales aplicables...” (conf. CNACAF Sala V “Noble Argentina S.A. c. EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva” de fecha 23/05/18).
VII. Que, en esa inteligencia resulta pertinente destacar que la defensa de la actora a lo largo de todo su escrito recursivo consiste –fundamentalmente- en sostener que las facturas impugnadas cumplen con los requisitos formales exigidos por la normativa vigente y que los proveedores se encontraban incluidos en la Base Apoc con posterioridad a los períodos fiscales bajo examen, así como que no es su obligación controlar la veracidad de lo declarado por sus proveedores.
En puntual contestación, resulta oportuno señalar que, si bien, de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), lo cierto es que la impugnación de las operaciones con algunos de sus proveedores se realizó sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes, tales como la no localización de algunos o en aquellos supuestos en los que fueron localizados, la negación de las operaciones, falta de capacidad operativa de los mismos, irregularidades en las cartas de porte tales como vehículos que figuran como transporte de cereal que no resultan aptos para ese fin, operaciones que son canceladas con cheques que resulta ser cobrados por su socio gerente o por sus empleados o cuyos beneficiarios son financieras que manifiestan haber recibido los mismos para abonar canje de valores líquidos ordenados por la recurrente etc., elementos que en su en su conjunto llevaron al organismo fiscal a concluir sobre la inexistencia de las mismas.
A mayor abundamiento, cabe señalar, que contrariamente a lo sostenido por la contribuyente, en algunos casos la actora no aportó la documentación respaldatoria de las operaciones impugnadas y en otros casos los proveedores con los que la actora supuestamente opera ni siquiera cumplían con los requisitos formales para operar en el mercado de venta de cereales, toda vez que se encontraban excluidos del Registro de Operadores de Granos y Legumbres o no contaban con la inscripción.
En esa dirección cabe traer a colación lo sostenido por la Sala B de este Tribunal, en su anterior conformación, in re “Vialbo Construcciones S.A.”, 12/2/2002, donde señaló que en la medida que el Fisco había formulado concretas y graves impugnaciones a los proveedores, el actor no podía limitarse a afirmar que no se encontraba obligado a conocer o verificar la situación fiscal de aquellos con quienes contrata. Allí, advirtió que “…no pueden considerarse las impugnaciones del Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis singular, como pretende equivocadamente la apelante, para concluir si tenía obligación de conocerla o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial (que habría abarcado más de cuatro años), que se conjugan con un racimo de otras anomalías propias de operaciones falsas...claramente, una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a las Ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor, circunstancias éstas que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno (cfr. Doctrina Jurisprudencial emergente de la causa “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 17/3/02)...otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas...y como corolario una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno...tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resulten de su exclusivo interés". Asimismo, no puede dejar de señalarse que dado el grado de sofisticación cada vez mayor de las maniobras utilizadas por algunos contribuyentes destinadas a evadir el impuesto debido a través del cómputo improcedente de créditos fiscales o de gastos, no puede convalidarse la existencia de las operaciones discutidas únicamente porque las mismas se encuentran registradas en la contabilidad de la firma y las facturas que las respaldan cumplen con los recaudos exigidos por la normativa fiscal.
VIII. Que, finalmente, y respecto del cómputo de créditos fiscales, es menester traer a colación la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en numerosos pronunciamientos (vid. por todos “Impulso S.A.”, 27/3/98), en la que se sostuvo que “de la de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la “doctrina de la concurrencia de los elementos material-formales del crédito fiscal”. En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Criterio que fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal en la causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
IX. Que en ese contexto, corresponde apreciar el elenco probatorio obrante en los presentes autos.
Que frente a las amplias facultades para ofrecer prueba que respalden sus dichos, lo cierto es que la recurrente no ha ofrecido probanza alguna ni en sede administrativa ni tampoco en esta instancia por lo que sólo cabe concluir que los agravios de la recurrente -sobre quien pesaba la carga de probar sus afirmaciones-, al no ser sustentados por prueba fehaciente, resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en las resoluciones apeladas en autos.
X. Que en cuanto a los intereses resarcitorios aplicados en las resoluciones apeladas, toda vez que la recurrente tampoco se agravia de los mismos, corresponde su confirmación.
XI. Que corresponde ahora expedirse respecto a las sanciones aplicadas en las Resoluciones N° 191/07 y 77/08 que el ente fiscal subsume en los artículos 46 y 47 inc. b) y c) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Será entonces el ente fiscal el encargado de probar la existencia de ambos elementos, habiendo recurrido en el caso sub examine al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos.
Sobre la cuestión, cabe recordar que dos características son comunes a todo tipo de presunciones, cualquiera sea su clase: por un lado la estructura lógica de su juicio en que se basan; por otro, y como consecuencia, el hecho de que no son juicios orientados a la certeza, sino razonamientos simplemente probabilísticos. La doctrina las ha definido como aquélla operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede. En el caso de las presunciones contenidas en el artículo citado, el legislador, a partir de un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante, que son los descriptos en sus incisos) y que debe ser probado por el ente fiscal, elabora a partir de él una regla de experiencia que nos indica cómo es -generalmenteel orden natural de las cosas y a partir del cual deriva una afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (inferido, presumido, fundado). En la especie, deriva la afirmación de que existió la voluntad de producir declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, que posibilita tener por cierto que existió un obrar en fraude al Fisco.
Según Bielsa, la presunción jurídica no es una fórmula legal puramente artificial o imaginaria, sino una disposición legislativa que tiene fundamento en la realidad, pues la ley funda la presunción en el hecho de que en general eso casi siempre ocurre (“presumtio sumitir ex so quo prelumque fit”), aunque en algunos casos no suceda así (Bielsa, Rafael, “Metodología Jurídica”, Librería y Editorial Castellvi, Santa Fe, 1961, pag. 580).
XII. Que así ello y teniendo en consideración lo resuelto supra, se desprende que el accionar del Fisco Nacional resultó ajustado a derecho al encuadrar correctamente la conducta de la apelante a tenor de lo dispuesto en el art. 47, incisos b) y c) de la 11683 (t.o. vigente), pues ha quedado claramente comprobada la voluntad de incurrir en declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, habiendo presentado declaraciones juradas inexactas con el objeto de ocultar el impuesto que correspondía como consecuencia de los ajustes enunciados en el Considerando V, por lo cual omitió el pago del impuesto debido. De allí, se extrajo la conclusión que se cometió el ilícito en cuestión.
Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y en atención a los elementos de juicio tenidos en cuenta en los Considerandos precedentes, cabe concluir que se encuentra acreditado en la litis tanto el elemento material como el elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, los que surgen palmario de las circunstancias concretas de la causa, sin que haya intentado producir prueba alguna que demuestre lo contrario. No puede dejar de destacarse que todos los agravios de la recurrente a lo largo de su escrito de apelación respecto a las sanciones aplicadas se encuentran referidos al artículo 1° de la ley 24.769, el cual tipifica el delito de evasión tributaria, siendo que en los presentes autos, como fue expresado, se debate la aplicación de senda infracción con sustento en el artículo 46 y 47 incisos b) y c).
En consecuencia, habiendo quedado evidenciado que concurren los presupuestos fácticos para que quede configurada la conducta reprimida que se le enrostra, corresponde confirmar las sanciones aplicada al contribuyente, las que –por otra parte- se advierte han sido correctamente cuantificadas.
En mérito a lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones apeladas, con costas.
El Dr. Marchevsky dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.-
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas, con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta con voto coincidente de dos vocalestitulares de la Sala, por encontrarse vacante la Vocalía 1° Nominación (art. 184 de la ley 11.683).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.-
Date: 2022.03.23 15:05:50 -03:00 Date: 2022.03.23 15:07:15 -03:00 Laura Amalia Guzman Ruben Alberto Marchevsky Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.23 15:07:16 -03:00
Fin de la sentencia