Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 35292-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, teniendo presente la naturaleza y resultado del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada por el Dr. Juan Patricio Cotter y las etapas cumplidas, SE FIJAN sus honorarios en la suma de ciento diez millones de pesos -$110.000.000- (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
EXPTE. NRO. 56847/22 - PRODUCTOS ROCHE SAQ E I (TF 35292-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de julio de 2023.-
Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió revocar -con costaslas resoluciones DE PRLA nro. 6989/14 y 6988/14 dictadas en las actuaciones 13289-33621-2009/1 y 13289-33621-2009/2 que confirmaron los cargos nro. 1192/12 y 1635/12 donde el servicio aduanero reajustó el valor de las mercaderías importadas a consumo.
Para así decidir señaló que mediante la pericia contable quedó acreditado que el ajuste propuesto por la Aduana no sería razonable, ya que su proceder evidenciaba que la rentabilidad operativa sobre las rentas de Roche Argentina se ubicaría por debajo de los rangos intercuartiles de rentabilidad de mercados definidos (v. informe de fs. 42/62 y pronunciamiento de fs. 97/99vta., especialmente fs. 99, cons. VIII).
En ese sentido, indicó que el servicio aduanero no realizó una investigación adecuada que denote que el valor documentado resultaba disminuido y que su proceder resultó abiertamente contradictorio e incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de 1994.
Por último, entendió que el ajuste de valor practicado por la demandada no fue debidamente probado y, por lo tanto, no resultó ajustado a derecho.
A fs. 104 reguló los honorarios del patrocinio letrado de la parte actora.
II. Que la parte demandada interpuso recurso de apelación y expresó agravios a fs. 127/129, replicados a fs. 135/136vta. por la parte actora. El único agravio que trae a consideración de esta Alzada se limita a la III- Que para el examen de la apelación, cabe destacar que el art. 1163 del Código Aduanero establece como principio general que las costas del juicio se encuentran a cargo de la parte vencida; sin embargo, la propia disposición mencionada también autoriza a eximir total o parcialmente de dicha responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad.
En este sentido, es entonces necesario recordar que la postura que la DGA ha mantenido a lo largo de esta contienda estribó en la aplicación del denominado “último método” que prevé el punto 6.1 del “Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduanero y Comercio” de 1994 (ley 24425) -en adelante GATT- para determinar el “valor de aduana” correspondiente a las importaciones de los años 2007 y 2008. Contrariamente a ello, la parte actora sostuvo que bastaba considerar el “valor de transacción” (punto 1.1) para dicho propósito.
En sustento de esta última defensa, la firma importadora acompañó, en la instancia administrativa, un “Estudio de Precios de Transferencia”, en el cual el experto contable, adoptando el denominado “Método de Margen Neto de la Transacción” –“TNMM”– (reglamento de la ley de impuesto a las ganancias: decreto 1344/98, vigente en ese entonces), detalló el return on sales –“ROS”– que obtendría la firma si se trasladaran los valores FOB de importación del ejercicio 2010 al de los años 2007 y 2008 (actuación administrativa 13289- 33621-2009/1, fs. 29 vta/30 y 43/62).
El contenido y los resultados de dicho informe fue recogido por el a quo para revocar las resoluciones apeladas, sosteniendo –en lo medular– que con dicha pieza quedó probado que el precio de venta de la firma exportadora vinculada durante los períodos 2007 y 2008, se correspondía con los valores de mercado, lo cual desvirtuaba la posición de la Aduana (fs. 99).
Pues bien, sabido es que, con relación a lo antedicho, nada corresponde aquí decidir, ya que no forma parte del thema decidendum sobre los cuales esta Alzada deba emitir pronunciamiento.
Sin desmedro de ello, a la luz de la pretensión introducida por la demandada en su presentación de fs. 127/129 vta., corresponde revisar si la imposición de costas resuelta por el TFN es merecedora de modificación.
IV. Que en rigor, el mecanismo empleado por la DGA para formular los cargos impuestos estribó en impugnar el “valor de transacción”
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originariamente adoptado por la firma importadora, sustituyéndolo por el que surgiría del “último método” previsto en el artículo VII del GATT.
Como se dijo, el a quo, con apoyo en el informe técnico acompañado por la actora en la instancia administrativa, revocó el cargo.
En este aspecto, es importante reconocer que el Tribunal Fiscal tuvo por suficiente la información extraída de un informe confeccionado en el marco de la normativa del impuesto a las ganancias, el cual, stricto sensu, no se ajusta a todos los cánones previstos en los puntos 1° y 8° del Artículo VII del GATT. Tomó los resultados del informe, pero sin decir nada con respecto al método que proponía la demandada.
A la luz de lo expuesto, no puede desconocerse que la pretensión de la demandada, particularmente en orden al método a emplear para determinar el valor de aduana, no se ha visto alcanzada por los términos de la sentencia apelada, lo cual conduce a sostener que no comporta un asunto que tenga a la actora por vencedora.
Por ello, se debe modificar la sentencia de fs. 97/99 vta., disponiendo que las costas del proceso se impongan en un 80 % a cargo de la demandada y un 20% en el orden causado. Las costas de alzada, en función de la naturaleza de la cuestión debatida y la forma en que se resuelve, se distribuyen por su orden (art. 68, segundo párrafo, CPCCN). ASÍ SE DECIDE.
V. Que, en los términos del art. 279 del código procesal, corresponde examinar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios de fs. 104/vta., para lo cual es apropiado por de pronto puntualizar que la ley 27423 no resulta aplicable al caso, toda vez que su art. 64 fue observado por el art. 7 del decreto 1077/17 (esta Sala, expte. nro. 18365/1995, “Rawson Paz Oscar A. y otros c/ EN (M° DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA) s/ amparo ley 16.986”, del 02/03/2018 y nro. 25.474/2008 “Goñi Marcelo Alejandro y otros c/ EN-M§ DEFENSA-EMGA-DTO 2769/93 1053/08 s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, del 31/5/2018, entre otros). En regulación en los términos de la ley 21839, con las modificaciones introducidas por la ley 24432.
Desde esta perspectiva, es oportuno señalar que esta Sala reiteradamente ha decidido que el art. 13 de la ley 24432 es de interpretación restrictiva y aplicación excepcional (esta Sala “Ideas del Sur”, expte. nro. 13.764/09, del 2/6/09; “Aguerreberry”, expte. nro. 10.378/00, del 5/6/09; “C y T”, nro. 15.732/10, del 2/6/10; “AFIP c/ Larroca”, nro. 2763/07, del 8/7/10; “Petrolivos”. Nro. 7059/11, del 23/3/11; “Orígenes AFJP”, nro. 117.540/02, del 29/4/11; “Nuevo Banco Industrial de Azul”, nro. 24.217/11, del 13/7/11 y “Ponce Rosendo”, nro. 29.633/00, del 14/11/11, entre muchos otros), circunstancias que en el caso se configuran, pues se advierte que la aplicación estricta, lisa y llana del arancel correspondiente a este tipo de procesos, en que la base regulatoria dada por el monto del juicio reviste una magnitud excepcional, ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder, sin que ello implique en modo alguno desmerecer la labor profesional desarrollada (v. en sentido análogo, esta Sala, causas “ Comane SA c/ EN-APN (EXPTE 248/71) s/ daños y perjuicios”, expte. nro. 22412/2005, del 18/3/2014).
Por ello, teniendo presente la naturaleza y resultado del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada por el Dr. Juan Patricio Cotter y las etapas cumplidas, SE FIJAN sus honorarios en la suma de ciento diez millones de pesos -$110.000.000- (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite - en la instancia anterior- su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros). Regístrese, notifíquese y devuélvase.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ
Fin de la sentencia