Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 27703-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir los agravios de la parte demandada y revocar el pronunciamiento apelado, con costas.
2Remitir las actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a esta decisión 3. Dejar sin efecto la regulación de los honorarios efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación y declarar insustancial el tratamiento del recurso de apelación interpuesto.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
1133/2024 PROMS SA (TF 27703-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 30 de septiembre de 2025.- AA Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La firma actora interpuso el recurso de apelación previsto en el artículo 76, inciso 'b', de la ley 11.683 contra las resoluciones nºs 96/2006 y 97/2006 (DV NRR1) dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante las cuales determinó de oficio:
––La obligación tributaria en el impuesto al valor agregado (IVA) -retenciones resolución general n° 4167/96 (períodos fiscales enero de 2001 a diciembre de 2004) y liquidó intereses resarcitorios. ––La obligación tributaria en el impuesto a las ganancias (IG) -retenciones resolución general n° 4167/96 (períodos fiscales marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre de 2001, marzo, mayo, julio a octubre y diciembre de 2002, febrero, marzo, mayo, junio, agosto a octubre y diciembre de 2003, febrero, marzo, mayo a octubre y diciembre de 2004), liquidó intereses resarcitorios y aplicó una sanción de multa equivalente a dos (2) veces el impuesto evadido en los términos del artículo 48 de la ley 11.683 (períodos fiscales marzo, mayo y septiembre de 2001, mayo, julio y agosto a octubre de 2002, febrero, mayo, junio y agosto a octubre de 2003, febrero, mayo a julio y octubre de 2004).
II. El Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, resolvió: "1) Confirmar las Resoluciones N° 96/2006 y N° 97/2006, en cuanto determinan impuesto y accesorios, con costas. 2) Declarar parcialmente nula la Resolución N° 97/2006, en cuanto aplica sanción, con costas".
En lo que aquí interesa, para declarar la nulidad de la sanción sostuvo los siguientes argumentos:
(i) Las tareas de verificación y determinación de las obligaciones tributarias "fueron encaradas por el Fisco Nacional en virtud de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley N° 24.769, el cual establece que '(c)uando la denuncia penal fuere formulada por un tercero, el juez remitirá los antecedentes al organismo recaudador que corresponda a fin de que inmediatamente de comienzo al procedimiento de verificación y determinación de la deuda'".
(ii) "[L]a génesis en la intervención de la [AFIP] cuyo derrotero culminara [...] con el dictado de la resolución 97/2006 ––en cumplimiento del art. 18 de la ley penal tributaria––, estuvo total y completamente vinculado a una investigación penal y al consecuente proceso judicial llevado adelante en dicha instancia".
(iii) El artículo 20 de la ley 24.769 dispone que "'(l)a formulación de la denuncia penal no impedirá la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o previsional, pero la autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal'" y que "(u)na vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial'".
(iv) "[E]xistiendo una causa penal ["Proms S.A. S/ Pta. Inf. Ley 24.769"] en trámite, el Fisco Nacional debió abstenerse de aplicar la sanción hasta que fuera dictada la sentencia definitiva en sede penal". (v) "[C]onforme surge de los Considerandos IV, V, VI y VII del auto de procesamiento dictado por el Magistrado de primera instancia en lo penal en fecha 26/09/2008 la Fiscalía actuante solicitó declaración indagatoria de los imputados por la totalidad de los períodos fiscales 2001, 2002, 2003 y 2004 en virtud de las conductas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 1133/2024 PROMS SA (TF 27703-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO evasivas de la recurrente en materia de Retenciones del Impuesto a las Ganancias, a lo que la [AFIP] habiéndose presentado en calidad de parte querellante adhirió a los fundamentos expuestos por la fiscalía".
(vi) "[N]o resulta procedente la aplicación de una sanción administrativa cuando los mismos períodos fiscales resultan objeto de una denuncia penal".
(vii) "Lo expuesto se corrobora, [...] del referido decisorio [en el cual] el Juez de primera instancia dictó el sobreseimiento de los imputados respecto precisamente de esos períodos fiscales, [de] la revocación del sobreseimiento [dictado por la cámara, y de] la sentencia [...] dictada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional N° 2 de San Nicolas [que dictó] un nuevo sobreseimiento [...] por aplicación del principio de la ley penal más benigna con motivo de la sanción de la Ley N° 26.735, sobreseimiento respecto del cual resultaran beneficiados a su vez otros períodos fiscales en materia de retenciones de ganancias".
(viii) "En esa tónica [...] surge del auto de clausura del proceso de instrucción penal y elevatoria a juicio oral de fecha 8/05/2018 dictado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Nicolás que ninguno de los períodos fiscales referidos a las retenciones del [IG] fue elevado a juicio debido a la diversas reformas legislativas introducidas en la Ley Penal Tributaria que aumentaron paulatinamente las condiciones objetivas de punibilidad de los delitos penales tributarios".
(ix) "[N]o resulta jurídicamente válida la aplicación de una sanción de estricto carácter penal en sede administrativa [...] al mismo tiempo que la conducta desplegada por el recurrente en dichos períodos fiscales y por los mismos hechos y gravámenes se encuentra penalmente denunciada y con un proceso penal en trámite, no subsanando en forma retroactiva en modo alguno el accionar de la Administración Fiscal el hecho de que con posterioridad a la aplicación de la sanción administrativa, esos períodos fiscales hubieran quedado fuera del objeto litigioso en sede penal".
III. La AFIP apeló y expresó los siguientes agravios que fueron contestados:
(i) "[Del artículo 20 de la ley 24.769] se desprenden dos hechos concretos que descalifican las conclusiones de la mayoría de la sentencia: a) que el Fisco puede aplicar sanciones respecto de aquéllos hechos que no pudieren ser sometidos a la revisión penal (por [no] cumplir condiciones objetiva de punibilidad que enrolen en esa categoría); b) que aún en dicha circunstancia, si en el marco del proceso penal se resolviera no punir la conducta enrostrada [la AFIP] se encuentra plenamente facultada para evaluar la viabilidad de sancionar esa misma conducta, a través de la mentada infracción administrativa".
(ii) "[D]e la determinación de oficio surge con claridad que [...] respecto de los periodos marzo, mayo y septiembre/2001; mayo, julio, agosto, septiembre y octubre/2002, febrero, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre/2003 y febrero, mayo, junio, julio y octubre 2004: corresponde a su respecto la aplicación de sanción [...] porque -claro- no se verifican a su respecto las condiciones objetivas de punibilidad previstas en la Ley Penal Tributaria".
"Y ello queda claro, cuando [...] el funcionario remarca que respecto de los demás períodos, como sí se observan dichas condiciones, corresponde la suspensión del proceso y la evaluación en el marco de la ley 24.769".
(iii) "[E]l fisco no sólo se encontraba facultado para sancionar las conductas verificadas en los períodos que NO CUMPLÍAN las condiciones objetivas de punibilidad previstas por la Ley Penal CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 1133/2024 PROMS SA (TF 27703-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Tributaria; sino que además del auto de procesamiento NO SURGE [...] que estos períodos formaran parte de los hechos respecto de los cuales se arribara a resolución".
(iv) "Para ser más específicos, [e]l Magistrado [...] considera acreditada en autos [la] materialidad de los hechos descriptos, entendiendo configurada la modalidad delictiva y dicta el procesamiento respecto de los períodos fiscales julio y diciembre 2001, marzo y diciembre 2002, marzo y diciembre 2003, marzo, agosto, septiembre y diciembre de 2004, en la figura de la apropiación indebida de tributos (art. 6º de la ley 24.769)". (v) "[L]a instrucción fiscal siempre se refirió a -en lo que aquí interesa- '...tres conductas evasivas del impuesto a las ganancias -Retenciones (períodos fiscales 2002, 2003 y 2004...)".
Posteriormente se agregaron los períodos fiscales de 2001, pero en forma generalizada, esto en tanto la determinación de oficio comprendía períodos de todos estos años, pero no todos esos períodos cumplían la [...] condición objetiva de punibilidad".
(vi) "Lo señalado queda reforzado por el voto de la minoría, que en el punto específico [...] señala":
-"[L]a sanción ha sido aplicada únicamente respecto de los períodos que no reunían la condición objetiva de punibilidad fijada por la Ley Penal Tributaria a la fecha del dictado del acto (26/6/2006)".
-"[E]l recurrente ni siquiera se agravió de la sanción aplicada, sino que lo hizo por otro tipo infraccional".
-"[L]a propia recurrente, respecto de la aplicación al caso de la ley 24.769 se agravia sólo por la falta de reserva expresa respecto de los períodos por lo que no se le aplicó la sanción".
(vii) "Al analizar los Magistrados, un aspecto de la materia que no ha sido objeto de debate por la parte recurrente, para la resolución del caso, coloca a mi parte en un estado de indefensión que afecta la defensa en juicio y las garantías de congruencia y debido proceso adjetivo".
IV. Resulta conveniente enunciar las circunstancias más relevantes para decidir la cuestión que llega al conocimiento de esta sala. 1. En el proceso penal. Causa "Proms SA s/ Pta Inf. Ley 24769" .
(a) El 26 de septiembre de 2008, el juez penal de la ciudad de San Nicolas de los Arroyos dictó sentencia.
De esa decisión interesa resaltar los siguientes datos:
––La causa se inició a raíz de la denuncia que efectuó el 3 de diciembre de 2002 "un tercero" ante la fiscalía federal de esa ciudad. En consecuencia, la fiscal federal ordenó ––en cumplimiento con el artículo 18, tercer párrafo, de la ley 24.769–– su remisión a la AFIP "a fin de que procediera a iniciar el procedimiento de verificación correspondiente [...] y que en el caso de corresponder, se llevara a cabo la determinación de oficio de la deuda, quedando iniciada la presente instrucción judicial".
––"Ello origino que en fecha 12 de diciembre [de 2002, el] jefe de la Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional Mercedes de AFIP-DGI informara a la fiscalia que se había tomado intervención". ––"En la continuidad de la instrucción, la [AFIP] procedió a determinar de oficio la obligación impositiva de la firma Proms SA con relación al Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2001, 2002 y 2003, y por las sumas de 45.715,83, $ 120.109,58 y $ 110.917,80, respectivamente (Resolución N° 99/2006); al IVA por los periodos fiscales febrero a diciembre 2001, y los doce períodos fiscales correspondientes a los años 2002 y 2003, por las sumas de $ 18.899,39, $ 80.594,69 y $ 65.971,28, respectivamente (Resolución N° 98/2006); IVA-Retenciones por los doce períodos fiscales CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 1133/2024 PROMS SA (TF 27703-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO correspondientes a los años 2001, 2002, 2003 y 2004, y por las sumas de $ 1.062.296,83, $1.782.751,02, $ 2.413.425,82 y $ 2.990.711,76, respectivamente (Resoluciones N° 96/2006); y por el Impuesto a las Ganancias-retenciones por los períodos fiscales de marzo, mayo, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2001 y por la suma de $ 240.723,58 por los periodos fiscales de febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2003 y por la suma de $ 473.719,68 y por los periodos fiscales de febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2004 y por la suma de $ 396.583,62 (Resolución N° 97/2006)".
––"[L]uego de haberse producido una serie de medidas probatorias por parte de la Fiscalía, las mismas llevaron a que en fecha 14 de septiembre del 2007 [...] solicitaran la recepción de la declaración indagatoria [...] por los hechos consistentes en: tres conductas evasivas del impuesto a las ganancias-Retenciones (períodos fiscales 2002, 2003 y 2004), todas ellas concurrentes realmente entre sí (Art. 55 del C.P.), en forma reiterada (tres hechos, en el caso de delito de evasión tributaria simple, y otros tres hechos, en el caso de evasión tributaria agravada), produciendo un perjuicio fiscal".
––El 9 de marzo de 2007 "[e]n forma coincidente a lo solicitado por la fiscalía [la AFIP se presentó como parte querellante] adhiriendo en consecuencia a los fundamentos expuestos por la fiscalía en su respectiva solicitud".
––"No obstante ello, en fecha 19 de mayo del corriente año [se] ampliaron los hechos por los que se hubiera requerido oportunamente la declaración indagatoria de todos los nombrados (esto es: retenciones practicadas en el IVA y en el Impuesto a las Ganancias en los períodos fiscales 2002, 2003 y 2004) a los hechos comprendidos en el periodo fiscal 2001".
––En lo que aquí interesa, resolvió: "22.)- Decretar el SOBRESEIMIENTO [de los imputados] por los períodos fiscales marzo, mayo y septiembre de 2001, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2002, febrero, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2003, y febrero, mayo, junio, julio y octubre de 2004, en virtud de no haberse superado en los mismos, el monto mínimo que como condición objetiva de punibilidad estipula los artículos 1° y 6° de la ley 24.769 (Art. 336, inc. 2° del C.P.P.N.)".
(b) El 2 de junio de 2014, la Cámara Federal de Rosario refirió que "[m]ediante el pronunciamiento en crisis y en cuanto es materia de impugnación [se resolvió] el sobreseimiento de los nombrados [...] por apropiación indebida de retenciones del impuesto a las ganancias periodos fiscales marzo, mayo y septiembre de 2001, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2002, febrero, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2003 y febrero, mayo, junio, julio y octubre de 2004".
Y resolvió, en lo que importa, "[r]ecalificar [los hechos que se investigan en] el delito de evasión impositiva", "[r]evocar los sobreseimientos dispuestos en el punto 22 de la resolución que se revisa" y "[o]rdenar al juez instructor que resuelva la situación procesal de los indagados por los hechos por los que se revocó el sobreseimiento y se pronuncie acerca del alcance que sobre la totalidad de los hechos que se investigan tiene la reforma introducida por la ley 26.735 a la ley 24.769, vigente al momento de comisión de los sucesos".
(c) El 27 de octubre de 2014, el juez penal resolvió, en lo que importa, "[d]ecretar el sobreseimiento [de los imputados] respecto de los períodos mensuales marzo, mayo, julio y septiembre de 2001, marzo, mayo, agosto, septiembre y octubre de 2002 y febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2004 del Impuesto a las ganancias-Retenciones, en los términos establecidos por el art. 336 inciso 3 del Código Procesal Penal de la Nación y art. 2 del Código Penal".
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1133/2024 PROMS SA (TF 27703-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (d) El 8 de mayo de 2018, el juez penal "declar[ó] parcialmente clausurada la instrucción y elev[ó] la causa a juicio oral" en orden al delito de evasión agravada del IVA de los periodos fiscales 2002 a 2004.
2. En el procedimiento administrativo.
El 26 de junio de 2006 la AFIP dictó la resolución nº 97/2006, que determinó la obligación tributaria de la firma recurrente en el impuesto a las ganancias por los ejercicios fiscales correspondientes a marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre de 2001, marzo, mayo, julio a octubre y diciembre de 2002, febrero, marzo, mayo, junio, agosto a octubre y diciembre de 2003, febrero, marzo, mayo a octubre y diciembre de 2004, con fundamento en que la firma recurrente no había ingresado las retenciones del impuesto a las ganancias, con arreglo a la resolución general n° 4767 (DGI). En ese mismo acto, señaló que "conforme lo establecido en el artículo 74 de la ley 11.683" también se debe determinar "la responsabilidad de la sumariada en la comisión de las infracciones imputadas e imponer una pena respectiva".
Refirió que la recurrente había dejado de pagar a su vencimiento la suma de $ 65.204,61 en concepto de IG-retenciones "practicadas y no ingresadas", y que esa conducta se encuentra tipificada en el artículo 48 de la ley 11.683.
En consecuencia, aplicó la multa allí establecida "equivalente a dos (2) veces el importe evadido" en relación a ese tributo y por los períodos fiscales marzo, mayo y septiembre de 2001, mayo, julio y agosto a octubre de 2002, febrero, mayo, junio y agosto a octubre de 2003, febrero, mayo a julio y octubre de 2004.
No obstante ello, dejó constancia que "respecto de los períodos Julio 2001, Diciembre de 2001, Marzo de 2002, Diciembre de 2002, Marzo de 2003, Diciembre de 2003, Marzo de 2004, Agosto de 2004, Septiembre de 2004 y Diciembre de 2004, procede la evaluación de la ley 24.769 que establece el Régimen Penal Tributario".
V. Es útil repasar las normas de la ley penal tributaria 24.769 (Boletín Oficial del 15 de enero de 1997), vigentes al momento de los hechos que se examinan en esta causa.
—Evasión Simple.
Artículo 1: "Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un (1) año".
––Apropiación indebida de tributos.
Artículo 6: "Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no depositare, total o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cuarenta mil pesos ($40.000) por cada mes".
––De los procedimientos administrativo y penal.
Artículo 18. "El organismo recaudador formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria o resuelta en sede administrativa la impugnación de las actas de determinación de la deuda de los recursos de la seguridad social, aun cuando se encontraren recurridos los actos respectivos.
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1133/2024 PROMS SA (TF 27703-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO [...] "Cuando la denuncia penal fuere formulada por un tercero, el juez remitirá los antecedentes al organismo recaudador que corresponda a fin de que inmediatamente dé comienzo al procedimiento de verificación y determinación de la deuda". Artículo 19. "Aún cuando los montos alcanzados por la determinación de la deuda tributaria o previsional fuesen superiores a los previstos en los artículos 1°, 6°, 7° y 9°, el organismo recaudador que corresponda, no formulará denuncia penal, si de las circunstancias del hecho surgiere manifiestamente que no se ha ejecutado la conducta punible".
"En tal caso, la decisión de no formular la denuncia penal deberá ser adoptada, mediante resolución fundada y previo dictamen del correspondiente servicio jurídico, por los funcionarios a quienes se les hubiese asignado expresamente esa competencia. Este decisorio deberá ser comunicado inmediatamente a la Procuración del Tesoro de la Nación, que deberá expedirse al respecto".
Artículo 20. "La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos de la seguridad social, ni la de los recursos administrativos, contencioso administrativos o judiciales que se interpongan contra las resoluciones recaídas en aquéllos". "La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal. En este caso no será de aplicación lo previsto en el artículo 74 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones o en normas análogas de las jurisdicciones locales".
"Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial".
VI. De los artículos 18, 19 y 20 del régimen penal tributario se permite extraer que el proceso penal y el procedimiento administrativo pueden avanzar en forma paralela, simultanea y autónoma, limitándose a conservar la prejudicialidad penal en materia infraccional como única restricción para el progreso de la investigación administrativa.
Y que esa doble vía se encuentra reservada a los supuestos en los cuales exista una conducta que pudiera configurar un hecho ilícito que merezca una condena (Fallos: 326:2095).
VII. Bajo tales premisas, la cuestión debatida se circunscribe a dilucidar si la parte demandada al momento de dictar la resolución n° 97/2006 se encontraba facultada para imponer una sanción de multa por los períodos fiscales "marzo, mayo y septiembre de 2001, mayo, julio y agosto a octubre de 2002, febrero, mayo, junio y agosto a octubre de 2003, febrero, mayo a julio y octubre de 2004". En ese contexto, resulta necesario precisar que no es materia de discusión que los montos allí involucrados no superaban los mínimos previstos en los tipos penales que prevé la ley 24.769.
VIII. La respuesta a ese interrogante es favorable a la actuación que realizó la parte demandada en la resolución nº 97/2006. En efecto, el proceso penal fue iniciado a raíz de una denuncia —que, como se vio, se presentó en forma genérica por "un tercero", es decir sin precisar los períodos involucrados— sobre la supuesta comisión de un hecho ilícito, cuando aquélla no reunía, respecto de los períodos aquí discutidos, las condiciones necesarias para su progreso en sede penal dado que los montos involucrados eran inferiores a los previstos legalmente y esa circunstancia determinaba de forma manifiesta "que no se ha ejecutado la conducta punible".
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
1133/2024 PROMS SA (TF 27703-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Por tanto, dicha denuncia que involucró a la omisión de ingresar el IG por los períodos fiscales "marzo, mayo y septiembre de 2001, mayo, julio y agosto a octubre de 2002, febrero, mayo, junio y agosto a octubre de 2003, febrero, mayo a julio y octubre de 2004", se encontraba desprovista de un reproche penal para articular su juzgamiento con arreglo a los artículos 18, 19 y 20 del régimen penal tributario.
Consecuentemente, resulta claro que los períodos fiscales sancionados en la resolución nº 97/2006 se encontraban fuera del alcance de una condena penal, porque no cumplían las condiciones objetivas de punibilidad previstas en las figuras delictivas de la ley 24.769.
La prohibición, pues, de aplicar sanciones administrativas prevista en el artículo 20 de esa ley no podía alcanzar aquel supuesto en tanto dicha norma reserva su aplicación a aquéllas acciones u omisiones que se encuentren tipificadas penalmente y que puedan ser merecedoras de una sanción penal.
IX. Consecuentemente, debe admitirse los agravios de la parte demandada, revocarse el pronunciamiento apelado y remitir las actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación a fin de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a estas consideraciones.
X. Las costas de ambas instancias son impuestas a la firma actora en tanto resulta vencida (artículos 184, quinto párrafo, de la ley 11.683, y 68, primera parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
XI. En este contexto, corresponde dejar sin efecto la regulación de los honorarios efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación en el pronunciamiento del 18 de agosto de 2023, y declarar insustancial el tratamiento del recurso de apelación interpuesto.
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE:
1. Admitir los agravios de la parte demandada y revocar el pronunciamiento apelado, con costas. 2. Remitir las actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a esta decisión 3. Dejar sin efecto la regulación de los honorarios efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación y declarar insustancial el tratamiento del recurso de apelación interpuesto.
Regístrese, notifíquese y remítase al Tribunal Fiscal.
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Fin de la sentencia