Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de nulidad articulada por la actora, con costas.
2Confirmar la Res. 312/2011, con costas.
3Rechazar la excepción de cosa juzgada interpuesta por la recurrente, con costas.
4Revocar la Res. 10/2014, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-147933638-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 12 de Diciembre de 2023 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expediente 35.788-I y su acumulado 39.087-I caratulados: “Prosavic S.R.L. s/ recurso de apelación” .
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 29/42vta. y 242/312vta. se interpusieron recursos de apelación contra dos resoluciones de la AFIP-DGI: a) Res. 312/2011 que determinó impuesto a las ganancias-salidas no documentadas (ISND) por los períodos 01 a 04/2006, e intimó su pago con más los intereses resarcitorios; y b) Res. 10/2014 que aplicó una multa graduada en tres veces el importe defraudado por el ISND por dichos períodos (cfme. arts. 46 y 47, inc. “d”, ley 11.683).
II. Que la recurrente planteó la excepción previa prevista en el inc. “h” del art. 171 de la ley 11.683 contra la vista oportunamente conferida mediante Res. 50/2011 (v. fs. 18/23, de los antecedentes administrativos –aa-) y la Res. 312/2011, por no advertir cuál es concretamente la impugnación que se formula. Destacó que la normativa exige mucho más que una descripción, exigiendo un detallado fundamento. Agregó que la falta de fundamento implica una restricción inadmisible del derecho de defensa en juicio, pues para poder defenderse el contribuyente debe conocer concretamente qué es lo que se le impugnó. Explicó que demostró la realidad de las operaciones concertadas con HCDA International SA y sostuvo que todo el ajuste se sustentó en el hecho de que este proveedor fue imputado en otra causa, por lo que —según su criterio— la Res. 312/2011 carece de causa.
Con relación al fondo del asunto, relató que se dedica a la cría, alimentación y posterior faenado de pollos y a la producción de alimento balanceado para abastecer toda la producción. Afirmó que resulta difícil realizar proyecciones sobre la utilización, en el mix de alimento, de los distintos productos (pellet de soja, hi-pro, expeler de soja, etc.) porque sus precios y disponibilidades varían, no sólo contra el valor de la soja (de la cual se extraen) sino que varían en forma relativa entre sí. No obstante, destacó que en condiciones normales se calcula que la hi-pro vale aproximadamente un 91% de lo que vale la soja según pizarra de Rosario, el pellet de soja un 84% y el expeler en paridad con la hi-pro.
Hizo hincapié en que la compra de cereales, oleaginosas y subproductos se realiza telefónicamente con empresas con las que normalmente opera desde hace años. En este sentido, destacó que no existen reuniones físicas para el cierre de los negocios, puesto que los mismos se cierran de palabra y se descuenta la buena fe de los vendedores; aclarando que siempre se constata que se encuentren debidamente inscriptos en los pertinentes registros.
Expuso que las compras de subproductos pueden hacerse directamente a las fábricas o a través de corredores, y que lo único que recibe Prosavic S.A. es una factura y un remito al retirar o recibir la mercadería, y que el pago se realiza con cheques. Indicó que compró a través de un corredor llamado Bonifatti y Díaz S.R.L. lo que quedará acreditado con la prueba documental que acompaña.
Reiteró que el error de la inspección fue no haber indagado respecto de la verdad objetiva y jurídica de los hechos facturados, ni de los bienes adquiridos, ni de su localización en lugares donde se debieron sortear barreras sanitarias.
Consignó las condiciones y requisitos para el cómputo del crédito fiscal en el IVA y aclaró que cumplió con todos los requisitos. Puntualizó que Prosavic S.R.L. realizó la pertinente consulta del CAI y en la base APOC respecto del proveedor, y efectuó una serie de consideraciones respecto del IVA. Puso de manifiesto que la firma efectuó la retención correspondiente en todos los casos.
Aclaró que HCDA International S.A. se dedica a la compraventa de granos, que el ONCCA le proporcionó las guías correspondientes, que las facturas le pertenecían, que se pagó con cheques propios o de terceros, que su actividad estaba vinculada a la de Prosavic S.R.L., que se encontraba inscripta en el Registro de Operadores de Granos y afirmó que todas las inconsistencias que el fisco detectó fueron posteriores a los períodos determinados.
Destacó que la producción de la prueba pericial contable demostrará que los pagos fueron realizados con cheques, que se emitieron los recibos donde consta el peso de la mercadería recibida, que los montos pagados son los corrientes de plaza y razonables de acuerdo con la mercadería recibida, que se pagó por esa mercadería lo mismo que se paga a otros proveedores y que fueron precios de mercado. Por su parte, hizo hincapié en que con la prueba pericial técnica demostrará que adquirió esa mercadería, que con ésta produjo alimento para aves y que vendió el producido con la misma.
Con relación a la multa impuesta en la Res. 10/2014 planteó la excepción de cosa juzgada en razón de la inexistencia de deuda que se le achaca, pues —según su criterio—el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires se expidió sobre la inexistencia de esta deuda. En este sentido, destacó que su conducta ya fue juzgada en sede penal por lo que la imposición de la sanción apelada resulta manifiestamente violatoria de la garantía contra el doble juzgamiento protegida por el art. 18 de la Constitución Nacional (CN).
Resaltó que no concurrió ninguno de los elementos objetivos ni subjetivos, pues “…no hay resultado dañoso toda vez que las sumas debidas en el impuesto a las ganancias período 2001 se regularizaron mediante el régimen de asistencia financiera; y no hay medio comisivo toda vez que frente a las observaciones de los inspectores actuantes, se dio de baja en el Régimen de Monotributo y dio de alta en el IVA y Ganancias, sin que hubiera actividad del Fisco intimando formalmente en tal sentido...” (sic) y que no existió de su parte actitud dolosa alguna que se repute infraccional, motivo por el que no procede la aplicación de la multa apelada.
Citó abundante doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura, ofreció prueba y peticionó que se revoquen los actos apelados, con costas.
III. Que a fs. 55/82 y fs. 324/341vta. el fisco nacional contestó el traslado de los recursos interpuestos, acompañó los antecedentes administrativos (aa) y, por los argumentos que expuso, solicitó que se confirmen en todas sus partes las resoluciones apeladas, con costas.
IV. Que a fs. 96/96vta. se abrió la causa a prueba y a fs. 347 se resolvió estar a la prueba producida en el expediente Nro. 35.788-I. A fs. 354 se clausuró el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “C”. A fs. 361 pusieron autos para alegar, haciendo uso de su derecho la recurrente a fs. 374/ 383 y el fisco a fs. 384/388. Finalmente, a fs. 389 se llamaron autos a dictar sentencia.
V. Que a fs. 345/345vta. obra la sentencia del Tribunal por la cual se acumuló el expediente que originariamente tramitó bajo el número 39.087-I al que lleva el número 35.788-I.
VI. Que primeramente debo señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a tratar todos y cada uno de los argumentos brindados por las partes sino sólo aquellos que resultan necesarios para emitir un pronunciamiento válido (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros), ni tampoco a ponderar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas producidas en la causa, sino sólo aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones a las que arriba (Fallos 321:1776 entre otros).
VII. Que por una cuestión de lógica precedencia corresponde que primeramente me pronuncie sobre la excepción opuesta por la actora, toda vez que de ser acogida favorablemente, derivaría en la nulidad de la Res. 312/2011 recurrida. En efecto, la recurrente afirma que en el acto por el que se le confirió “vista” durante el procedimiento determinativo (Res. 50/2011) y el acto mismo de la Res. 312/2011 apelada en autos, no se individualizó en forma concreta el ajuste efectuado, lo que provocó un menoscabo a su derecho de defensa. Asimismo, entendió que la Res. 312/2011 carece de causa y motivación.
En este sentido, debe tenerse presente lo dicho por nuestro Alto Tribunal, en cuanto a que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (Fallos 318:1798, 324:151, entre otros).
Con relación a la Res. 50/2011 por la que se confirió la “vista” relativa al procedimiento determinativo de oficio del ISND, debe señalarse que existen actos preliminares o preparatorios tendientes a instrumentar el procedimiento dispuesto por el art. 17 de la ley 11.683, como lo es el acto que corre “vista” al contribuyente de las actuaciones administrativas (aa) y de las impugnaciones o cargos formulados por el fisco. En esta línea, cabe precisar que la finalidad de la vista es iniciar el procedimiento de determinación de oficio, garantizándose el derecho de defensa del contribuyente, en el que se contempla como requisito legal que conste claramente el cargo formulado —aspecto que se encuentra cumplido en este supuesto— y, en su caso, el encuadre normativo que surge “prima facie” del acto u omisión constatados y su debida notificación, lo que se encuentra también debidamente cumplido en autos (v. fs. 18/24, aa). Este acto se relacionará –luego- con uno posterior en el que se evaluará no sólo el ajuste con los cargos anunciados, sino también la conducta del presunto responsable a la luz del encuadre normativo efectuado prima facie o bien —como en el caso de autos— se diferirá su tratamiento con fundamento en el régimen penal vigente al momento de los hechos, pero teniendo en cuenta las constancias y argumentos del descargo y la prueba producida por el contribuyente.
Por su parte, cabe precisar que la causa del acto administrativo comprende los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso llevan a su dictado, es decir, que este elemento se presenta como la constatación o apreciación de un hecho, mientras que la motivación se refiere a la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo, y en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican su dictado. Su exigencia está fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, toda vez que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justificaron emitirlo.
Del análisis de la Res. 312/2011, como de las actuaciones seguidas por el ente recaudador, surge que contiene los elementos jurídicos formales y sustanciales (cfme. art. 7°, ley 19.549) y se cumplieron los procedimientos establecidos para su emisión, posibilitándose al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar una defensa adecuada, no vislumbrándose que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan la resolución apelada -como simplemente invoca la actora-, ni que haya existido agravio alguno a su derecho de defensa, resultando que el planteo de la actora sólo se basó en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra la decisión relativa al fondo del asunto, pero que no afecta la validez del acto. Por ello, corresponde rechazar la excepción de nulidad articulada, con costas.
VIII. Que con relación a la cuestión de fondo, de la Res. 312/2011 apelada y del informe final de inspección obrante en las actuaciones administrativas (aa) (v. fs. 2/10) surge que el fisco requirió a la actora que aporte toda la documentación respaldatoria de las operaciones realizadas con HCDA International S.A (libro IVA Compras y libro Diario, etc.), se consultó también respecto de la cancelación de las mismas. La actora acompañó copia de las facturas de compra cuyos conceptos facturados son “pellets de soja” y “soja desactivada” y recibos de pago de las supuestas adquisiciones de esos cereales, copia de subdiario IVA Compras y copias del libro diario. Asimismo, informó sobre la forma de cancelación de las operaciones.
Luego de efectuadas las compulsas correspondientes, el fisco efectuó las siguientes observaciones relacionadas con dicho proveedor:
* No presentó DDJJ en el impuesto a las ganancias (IG) por el período 2006 (v. fs. 1) y las correspondientes a los períodos 01 a 04/2006 del IVA las presentó con débitos y créditos fiscales similares (v. fs. 9/12, Cpo. “base de datos”, aa).
* Durante esos períodos fiscales, declaró sólo una empleada en relación de dependencia (v. fs. 9/12, Cpo. “base de datos”, aa), Sra. Magdalena Lorena Isabel, quien no pudo ser localizada (v. fs. 512/513, Cpo. “copias certificadas III”, aa). HCDA International S.A. ingresó sólo los aportes, no así las contribuciones de la seguridad social (v. fs. 21/23, Cpo. “base de datos”, aa).
* Se concurrió al domicilio sito en Acuña de Figueroa 1274, donde funciona una remisería en la que trabaja el Sr. Celso Fernández, presidente de HCDA International S.A. en el período 2005, quien declaró que trabaja como remisero, que fue presidente de la firma, que desconoce la actividad que la misma desarrolla y reconoció ser un prestanombre, pues el dueño de la empresa -según sus dichos- es el Sr. Carlos Romero a quien nunca vio personalmente (v. fs. 43/44 y 345/398, Cpo. “copias certificadas”, aa). * El 20/06/2006 se labró acta de constatación en el domicilio de HCDA International S.A. sito en Carlos Pellegrini 768, 7° piso, CABA, en la que se dejó constancia que los inspectores fueron atendidos por el Sr. Carlos Romero, quien manifestó ser el contador de la firma, que el domicilio de la empresa fue ése hasta que lo ocupó su estudio a mediados del 2003, y que el domicilio comercial se encuentra ubicado en la localidad de Chacabuco, PBA (v. fs. 507/509, Cpo. “copias certificadas”, aa).
*En el domicilio de la localidad de Chacabuco se encuentra una planta de acopio de la firma “Incomcer S.A.”; la firma HCDA International S.A. alquila un silo con capacidad de 3.000 tn (trigo). El contrato de locación se firmó entre ambas partes el 14/07/2005 con una duración de 2 años. Dicho silo fue dado de baja ante la ONCCA el 17/08/2005 por una verificación realizada por dicha oficina en la que se detectaron irregularidades. La firma no posee personal en relación de dependencia en dicha planta de acopio. No se encontró documentación en la planta por movimiento de cereales (v. fs. 297/307, Cpo. “copias certificadas”, aa).
* No pudo ser localizado el Sr. Mario Gabriel Camacho Oliveira, presidente de la firma durante el período 05/2005 a 07/2006, en sus domicilios fiscal y alternativo (v. fs. 319/329, Cpo. “copias certificadas”, aa). * El Banco de la Provincia de Buenos Aires aportó anverso y reverso de los cheques emitidos por la verificada a la firma cuestionada “no a la orden”, depositados 3 en el Banco Francés, y otros transferido a “Futuros y Tendencias S.A.” y “Money Markets Sociedad de Bolsa S.A.” (v. fs. 688/697 y fs. 711/715, Cpo. “impuesto a las ganancias”, aa).
* Según base de datos del fisco, HCDA International S.A. no posee bienes registrables, sí posee acreditaciones bancarias en el período 2006 por $ 4.124.449, no coincidiendo con el total declarado en IVA. Del sistema NOSIS surgen importaciones por actividades que difieren de la declarada.
En resumen, la fiscalización concluyó que se infiere que la firma no posee capacidad económica, ni estructura, ni personal en relación de dependencia para efectuar las operaciones comerciales, tanto de acopio de cereales como las de importaciones informadas en el sistema NOSIS.
IX. Que en lo que respecta a la prueba producida en autos, la pericia contable fue presentada a fs. 148/162. Los peritos discreparon al ser indagados respecto de la forma en la que la actora lleva sus libros contables. En efecto, el perito de la actora se limitó a señalar que los mismos no tienen raspaduras, enmiendas ni blancos, mientras que el perito del fisco puntualizó que para responder a esta pregunta debe recurrir a técnicas de auditoría contable entre las que se encuentran las consiguientes circularizaciones, lo que excede el marco de la pericia ordenada, por lo que no es posible arribar a una conclusión definitiva relacionada a si la actora lleva sus libros en legal forma.
Asimismo, el perito contador propuesto por la actora afirmó que de la documental compulsada surge que HCDA International S.A. proveyó a la actora de pellets de soja, que la comercialización se efectuó a través de un corredor de cereales llamado Bonifatti&Díaz S.R.L. y la entrega de la mercadería a través de la firma Metrive S.A. por cuenta y orden de HCDA. Por su parte, el perito propuesto por del fisco afirmó que las constancias exhibidas relativas a lo que habrían sido las formas de intermediación entre HCDA y la recurrente no hacen a la esencia de lo consultado, amén de que no pudo constatar su veracidad, pues para ello hubiera necesitado un análisis exhaustivo de los ingresos contables y comprobantes de HCDA para analizar la naturaleza de sus gastos, incluyendo sus compras y medios cancelatorios.
En el anexo A obrante a fs. 162 se elaboró un listado con los medios de pago utilizados de los que resulta que de los 26 pagos listados figuran realizados 20 (76%) en efectivo, 1 (3.85%) a través de un depósito en la Cta. 342-20-302087/1 del Banco Francés y 5 (19,23%) con cheques del Banco Provincia de Bs. As. pagados el 27/01, 03/02, 07/02 (2 de ellos) y 21/04, todos del 2006. El perito de la actora destacó que tuvo a la vista los recibos correspondientes que se cotejaron en sede administrativa. Por su parte, el perito del fisco indicó que no se pusieron a disposición los extractos bancarios correspondientes a la cuenta corriente de la recurrente en el Banco Provincia.
Asimismo, sostuvieron que a HCDA International SA se le realizó una sola retención de $176,67 el 28/04/2006, que fue declarada mediante formulario F744. El perito de la actora destacó que el proveedor no sufrió por las operaciones comerciales anteriores, retención por el IVA porque goza de la exclusión del 100% de retenciones por IVA e IG por el ejercicio 2006. Por su parte, el perito del fisco, puntualizó que la actora sólo exhibió una fotocopia simple de la exclusión de HCDA en el IVA y no se exhibió ningún comprobante relativo a las “cartas de porte”, indispensables para el traslado de la mercadería. A fs. 167 la representante fiscal impugnó los puntos 2) y 8) de las respuestas brindadas por el perito de la actora, lo que fue aclarado a fs. 177/178.
Por su parte, a fs. 143/147 se presentó el informe pericial técnico y respecto del punto relevante a los fines del ISND que es el 6, en el que se preguntó si HCDA International S.A. disponía de los silos habilitados para el almacenamiento respectivo al momento de las operaciones objetadas, a lo que ambos profesionales indicaron que no estuvo a su alcance desarrollar tareas en dicha empresa, pero que desde el punto de vista técnico no es necesario que poseyera instalaciones debido a que existe comercialmente la figura del “corredor” o “intermediario” que sólo compra y vende el producto o produce en la planta de un tercero “a facón”. Al respecto, cabe precisar que el ajuste fiscal en ningún momento le achacó a HCDA International S.A. su carácter de intermediario en las operaciones supuestamente concertadas con la actora, por lo que dichas afirmaciones carecen de relevancia para la dilucidación del caso.
La representante fiscal impugnó dicha pericial técnica por entender que los profesionales omitieron considerar las operaciones de 04/2006 a pesar de que dicho período se encuentra ajustado. Al respecto, cabe remitirse al anexo de la Res. 312/2011 (v. fs. 308, Cpo. II, aa) del que se desprende las fechas de las operaciones observadas.
A esta altura del análisis, debe considerarse especialmente que la Sala D de este Tribunal dictó sentencia el 17/03/2014 en autos “Prosavic SRL s/ apelación” —confirmada por la Sala II de la CACAF con fecha 28/10/2014— por la que se tuvo a la recurrente por desistida de la acción y del derecho —incluso el de repetición— respecto del IVA de los períodos fiscales 01 a 03/2006, y a su vez confirmó la resolución por la que se determinó el IG por el ejercicio 2006.
X. Que con la finalidad de asegurar la íntegra percepción de la renta pública, la ley del impuesto a las ganancias (LIG) creó una ficción al establecer un impuesto especial a las salidas no documentadas, consistente en considerar que el beneficiario oculto o innominado de un cobro se encuentra alcanzado con el impuesto a las ganancias (IG), y presume, en consecuencia, que la operación objeto del pago resulta gravada y a la tasa máxima; colocando en cabeza del sujeto pagador la obligación de ingresar dicho presunto impuesto. Es decir, la norma obliga a quien realizó la erogación sin la debida y correcta documentación, a ingresar a título propio el impuesto del tercero beneficiario oculto del cobro. Tal como lo señaló la CSJN al referirse a la figura “… debe partirse de la base de que no grava las ganancias obtenidas por el obligado a su pago, …en realidad lo que persigue el gravamen de que se trata es imponer una tasa máxima a quien efectúa erogaciones no documentadas; es decir que, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio" (Fallos 275:83 considerando 6°, reiterada en Fallos 323:3376 y 326:2987).
Tal como se observa, desde el sujeto pagador no hay duda que se trata del impuesto de un tercero –beneficiario oculto-, no modificando tal conclusión el hecho de que el ingreso lo haga a título propio; porque es dicho perceptor del pago “…a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto...” (cfme. la transcripción efectuada en el párrafo precedente).
En el caso de autos, resulta relevante señalar que la Sala “D” en la sentencia de fecha 17/03/2014 concluyó que “…las pruebas producidas no resultan suficientes para demostrar que las operaciones consignadas en las facturas observadas han sido efectivamente realizadas…” confirmando el ajuste fiscal en el impuesto a las ganancias basado en la impugnación del gasto; decisorio que fue confirmado por la Alzada en su sentencia de fecha 28/10/2014.
Es decir, ya quedó probado –en una causa ajena pero con incidencia en ésta- que las operaciones de compra cuestionadas no fueron efectivamente realizadas. Por otro lado, no se encuentra discutido que se realizaron pagos por dichas operaciones inexistentes, y no se probó por otros medios que tales erogaciones por su naturaleza han sido efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (cfme. art. 37 LIG).
En consecuencia, resulta correcto el criterio del fisco en cuanto aplicó, sobre el monto de las erogaciones efectuadas a favor del proveedor cuestionado la tasa del 35%, y por ende, aplicarle la figura del ISND. Ello así, corresponde confirmar el ajuste practicado en el ISND, con costas.
XI. Que con relación a los intereses resarcitorios intimados, cabe señalar que en esta materia los mismos constituyen una indemnización debida al fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. En tal sentido cabe recordar que la CSJN revisó la doctrina del precedente "Ika Renault" al exponer que: "...si bien en el precedente de Fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Código Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (Fallos 308:283, 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente, entonces, que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido, en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión, no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello, es así, máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la Corte en otros precedentes.... se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represiva" (cfrme. CSJN, "Citibank NA c/. DGI", del 01/06/2000).
Por ello, procede confirmar los intereses resarcitorios, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la Ley 11.683.
XII. Que con relación al aspecto sancionatorio, la actora interpone excepción de cosa juzgada, por entender que su conducta ya fue juzgada en sede penal. Al respecto, corresponde rechazar la excepción articulada, con costas, pues “Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia penal” (cfme. art. 20, último párrafo, ley 24.769 —vigente al momento de los hechos—), no resultando un hecho controvertido entre las partes el relativo a la firmeza de la sentencia penal que el 06/02/2012 archivó las actuaciones seguidas a Prosavic SRL por aplicación de la ley penal más benigna, es decir, sin tratar ni expedirse respecto de la conducta desplegada por la actora. Retomadas las facultades del fisco para imponer sanción infraccional, éste consideró ajustado a derecho imponerle a la actora una por defraudación (cfme. art. 46, ley 11.683).
Ahora corresponde resolver si se ajusta a derecho la aplicación de la multa en la Res. 10/2014 en los términos de los artes. 46 y 47 inc. “d” de la ley 11.683, con origen en el ISND.
A fin de establecer el encuadre efectuado por el organismo recaudador y con el objeto de esclarecer los elementos necesarios para la configuración del ilícito que se le imputa a la recurrente, debe tenerse presente que las infracciones materiales reguladas en la ley 11.683 requieren por su indiscutida naturaleza penal, de la configuración en primer término del “elemento objetivo”; y en segundo, del “elemento subjetivo”.
1. Que respecto del “elemento objetivo” debo anticipar que no se cumple en la especie la tipicidad exigida por la figura infraccional invocada por el fisco nacional, ante la imposibilidad de otorgar a los conceptos volante o comprobante de pago el carácter de declaración jurada.
El concepto declaración jurada implica una cuantificación de los presupuestos del hecho imponible, materializados por el sujeto pasiva y sujeta a la verificación fiscal.
Por otra parte, tampoco es posible atribuirles a los comprobantes en cuestión naturaleza de declaración jurada por invocación del artículo 15 de la ley 11.683, porque ello es pretender otorgarles un alcance del que claramente carecen. En efecto, las boletas de depósito y comunicaciones de pagos contempladas en dicha normativa son confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporta, situación que no acontece en la especie, toda vez que la calificación de no documentada de la salida de fondos es efectuada por el fisco con posterioridad a su tarea de verificación y como consecuencia de ella, razón por la que los instrumentos que se pretenden asimilar integran una etapa posterior, que es la referida al cumplimiento de la obligación tributaria mediante el pago.
2. Que por otro lado, respecto del “elemento subjetivo” corresponde señalar que el artículo 40 –antes 36- de la LIG crea una ficción al establecer un impuesto especial a las salidas no documentadas, con base en considerar que el beneficiario oculto o innominado de un cobro se encuentra alcanzado con el impuesto a las ganancias, y presume, en consecuencia, que la operación objeto del pago resulta gravada y a la tasa máxima; colocando en cabeza del sujeto pagador la obligación de ingresar dicho presunto impuesto. Es decir, la norma obliga a quien realizó la erogación sin documentación o con una reputada apócrifa, a ingresar a título propio el impuesto del tercero beneficiario oculto de ese cobro (Fallos 323:3376 considerando 7°; 275:83 considerando 6°, reiterada en Fallos 323:3376 y 326:2987). Tan impuesto de un tercero es, que: a) la propia LIG en su actual art. 41 –antes 37- dispone que no corresponderá el pago de dicho impuesto cuando se presuma que los pagos “no llegan a ser ganancias gravadas en manos del beneficiario”, y b) la Corte admitió su deducción por parte del sustituto que efectuó el pago (Fallos 275:83).
Dicho esto, cabe recordar que el derecho penal tributario se conforma con el derecho penal infraccional –con las figuras punitivas previstas en la ley 11.683- y el derecho penal delictual –con las figuras actuales del régimen penal tributario creado por el art. 279 de la ley 27.430, aplicándose en ambos los principios propios del derecho penal, entre los que se encuentra el de personalidad de la pena. Sobre la naturaleza “penal” de las infracciones tributarias –y más allá de la vasta doctrina y jurisprudencia existente sobre la materia- es inveterada y pacífica la doctrina de nuestro Máximo Tribunal desde el precedente de Fallos 271:297.
En tal inteligencia, de configurarse el llamado “elemento objetivo” de la figura, corresponderá analizar el “elemento subjetivo”, a fin de establecer si la conducta antijurídica reprochada le es imputable al presunto infractor en función del principio de personalidad de la pena, al tratarse del impuesto de un tercero.
3. De los antecedentes de la causa y todo lo expuesto, surge que ni siquiera se encuentra configurado el “elemento objetivo” de la figura en los términos descriptos en el punto 1 del presente considerando, ante la imposibilidad de otorgar a los conceptos volante o comprobante de pago el carácter de declaración jurada exigido por la norma, deviniendo, por ende, inoficioso el tratamiento del “elemento subjetivo” de la figura. Ello así, corresponde revocar la sanción impuesta en la Res. 10/2014, con costas.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de nulidad articulada por la actora, con costas.
2. Confirmar la Res. 312/2011, con costas.
3. Rechazar la excepción de cosa juzgada interpuesta por la recurrente, con costas.
4. Revocar la Res. 10/2014, con costas.
Se deja constancia que suscriben este pronunciamiento dos Vocales Titulares de la Sala C, conforme a lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.12.12 11:26:31 -03:00 Date: 2023.12.12 18:08:03 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.12 18:08:04 -03:00
Fin de la sentencia