Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Trenque Lauquen
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA. Estimar la apelación del 4/10/2023, revocar la resolución del 3/10/2023 y disponer para las presentes la urgente intervención protectoria jurisdiccional en el marco de la ley 12.569. A cuyo fin se habilitan días y horas inhábiles, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1710. a y b del CCyC y 153 del cód. proc. Ello, sin perjuicio de la intervención que luego se le otorgue al órgano administrativo para que efectúe las acciones que merite corresponder en razón de la especial problemática familiar, en el sentido y con los alcances señalados por esta cámara en el precedente traído por la asesora, que -por fuera de las especificidades de aquél escenario- resuena con las presentes en torno a la cronicidad de la desprotección infantil y la consecuente necesidad de un abordaje conjunto de las órbitas administrativo-jurisdiccional para una protección eficaz de los derechos conculcados.
B. Efectivizar el apercibimiento cursado el 3/10/2023 a la abogada de la niña oportunamente designada, revocar su nombramiento y remitir copia de las presentes al Colegio de Abogados Departamental; a quien se le encomienda que realice sorteo urgente y comunique a la instancia inicial los datos respectivos del nuevo profesional designado.
Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-
Autos: "C. A. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 12569)"
Expte.: -94214-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Carlos A. Lettieri y J.J. Manuel Gini, para dictar sentencia en los autos "C. A. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 12569)" (expte. nro. -94214-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 25/10/2023, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación del 4/10/2023 contra la resolución del 3/10/2023?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. En cuanto resulta decisivo para el tratamiento del presente recurso:
1.1 A tenor de una nueva denuncia de violencia que tendría como víctima a la niña JJF de ahora once años de edad -en función de quien fueron iniciadas las presentes el 9/8/2022, habiéndose adoptado variadas medidas protectorias administrativo-jurisdiccionales desde entonces-, la asesora interviniente solicitó -en lo sustancial- se convocara a sus progenitores a la mayor brevedad posible a los efectos del art. 11 de la ley 12569. Ello así, por entender encuadrados los eventos denunciados en esa normativa (v. dictamen del 2/10/2023).
Empero, la instancia de origen adujo que tales hechos habían de ser enmarcados en el nuevo paradigma de infancia implementado desde la Convención de los Derechos del Niño -en adelante, CDN- y las leyes 26061 y 13298, que determinan que la constatación de la vulneración de derechos -para el caso, de la niña- sea efectuada por el organismo administrativo, el que -de corresponder- deberá desplegar las estrategias para la restitución de los mismos, como lo hizo en su momento en la causa 2797/2022.
Por ello, en el entendimiento de que la competencia estaría en cabeza del Servicio Local conforme la normativa citada y a fin de evitar una sobre-intervención, resolvió que se debería estar a lo que resultara de los informes de las audiencias llevadas a cabo en dicho organismo y/o las medidas de protección que se adoptaran en ese ámbito (v. resolución del 3/10/2023).
1.2 Ello motivó la interposición de revocatoria con apelación en subsidio por parte del Ministerio Pupilar, quien -en somera síntesis- pide se aplique el criterio adoptado por este tribunal en un caso análogo en el que se señaló que, cuando se advierte una situación de maltrato que implica un grave riesgo para la salud psicofísica y/o la vida del niño -como sería el supuesto de autos, según aquí se sostiene-, se habilita la doble vía, tanto administrativa como judicial, para brindar la protección necesaria para la víctima; habiéndose destacado en esa oportunidad que tales medidas se incluyen dentro de las cautelares que todo juez puede y debe adoptar ante una situación de urgencia que se traduzca en el peligro en la demora exigido por las leyes rituales -en nuestro caso, ley 12569-, sin perjuicio de que luego se le otorgue la intervención correspondiente al poder administrativo para que efectúe las acciones que merite corresponder en razón de la especial problemática familiar (con cita de la causa 2114/2020).
En virtud de ello, sumado a los antecedentes obrantes, solicitó se le imprima a estos actuados el abordaje previsto por la ley 12569 y se revoque la resolución atacada o, en su defecto, se le conceda la apelación deducida en subsidio (v. memorial del 4/10/2023).
1.3 Sin embargo, la judicatura rechazó la revocatoria intentada por entender que se trata de una clara situación de vulneración de derechos que debe ser trabajada desde la esfera administrativa y que no se está frente a una situación de violencia familiar que amerite medidas en el marco de la ley 12569, las que podrían profundizar -según se expresó- el estado de vulnerabilidad del grupo familiar; en tanto no surgirían indicadores inmediatos de riesgo que ameriten la separación de la niña de su madre u otras medidas restrictivas contenidas en dicha norma, pero sí una necesaria y prioritaria intervención de los organismos administrativos a fin de revertir la situación de extrema vulnerabilidad de JJF y su madre, quien necesita asistencia para ejercer su rol. Y, en esa tónica, remitió al informe presentado por el Servicio Local el 5/10/2023 en el que consta el acta de audiencia de la que participó la progenitora de JJF y el informe de la perito psicóloga del Juzgado del 11/10/2023 a tenor de la entrevista mantenida con la niña; al tiempo que desechó el precedente traído por no guardar relación -según dijo- con las circunstancias aquí ventiladas.
Corresponde ahora analizar la apelación subsidiaria concedida (v. resolución del 19/10/2023).
2. A modo preliminar: el desencuentro reseñado parecería encontrar su génesis en la significancia asignada al vocablo 'violencia', pues -es bueno notar- mientras que para uno, los hechos denunciados denotan vulnerabilidad pero no violencia, el otro entiende que esa misma vulnerabilidad rinde para ser -en efecto- así considerada.
Planteado en tales términos el panorama, resultará de especial utilidad la Observación Nro. 13 del Comité de los Derechos del Niño nominada 'Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia', a fin de echar luz sobre la controversia suscitada (documento visible a través de: https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/2366).
De la lectura de la pieza, se extrae que a los fines de la Observación, el término 'violencia' abarca 'todas las formas de daño a los niños enumeradas en el artículo 19, párrafo 1 de la CDN, de conformidad con la terminología del estudio de la "violencia" contra los niños realizado en 2006 por las Naciones Unidas, aunque los otros términos utilizados para describir tipos de daño (lesiones, abuso, descuido o trato negligente, malos tratos y explotación) son igualmente válidos. En el lenguaje corriente se suele entender por violencia únicamente el daño físico y/o el daño intencional. Sin embargo, el Comité desea dejar sentado inequívocamente que la elección del término "violencia" no debe verse en modo alguno como un intento de minimizar los efectos de las formas no físicas y/o no intencionales de daño (como el descuido y los malos tratos psicológicos, entre otras), ni la necesidad de hacerles frente' (v. romano I, ap. 4 'Definición de violencia).
Desde eseángulo, corresponde resaltar que la perspectiva antedicha se funda en la promoción del enfoque holístico de la aplicación del artículo 19, basado -por un lado- en el designio general de la Convención de garantizar el derecho del niño a la supervivencia, la dignidad, el bienestar, la salud, el desarrollo, la participación y la no discriminación frente a la amenaza de la violencia y -por el otro- en el deber de los Estados signatarios de asegurar y promover los derechos fundamentales de los niños al respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia (v. preámbulo y args. arts. 1 a 3 y 19, CDN).
En otras palabras: configura un imperativo de derechos humanos para los Estados, no sólo condenar toda forma de violencia sino también prevenirla en todo su espectro; y, para ello, es primordial tener presente que la violencia comprende también las formas no intencionales de daño -se insiste, descuido y trato negligente- cuya presencia aquí se verifica (v. romanos II 'Objetivos' y III 'La violencia en la vida del niño).
En esa línea, no se debe obviar que en el marco de la tramitación de la denuncia primigenia, no se alcanzó una total restitución de los derechos de la niña, pues -pese a los esfuerzos desplegados- la reanudación del vínculo materno-filial importó el abandono del programa en marcha, sin que hubieran cesado los indicadores de riesgo que motivaron la intervención, según puso de resalto el Servicio Local (v informes presentados por el Servicio Local en fechas 22/9/2022, 22/11/2022 y 22/3/2023 en causa vinculada 2797/2022 sobre abrigo).
Circunstancia a integrar con la falta de continuidad del espacio psicoterapéutico indicados a la progenitora en aquel entonces. Pues, no obstante el compromiso asumido en la audiencia del 10/8/2022 y su posterior ratificación a través de su defensor, se limitó a acompañar una constancia de turno sin que luzcan agregados otros elementos que acrediten su efectiva asistencia (v. comprobante de turno adjunto a la presentación del 22/8/2023).
Por lo que, a la luz de los nuevos hechos denunciados, no surgen elementos que -al menos, de momento- permitan inferir la innecesariedad de un abordaje protectorio en el ámbito jurisdiccional. Pues, dicho de otro modo, el hecho de que no surja -hasta aquí- que la niña hubiera vuelto a ser víctima de violencia física, no implica que no pueda serlo más adelante; ni que las faltas de cuidado y/o negligencias nuevamente denunciadas por la institución educativa no configuren una dañosidad para la niña que deba ser tratada con prontitud, previo a que la situación escale y derive en el escenario de base, remitiéndonos a las similitudes apreciables entre la denuncia efectuada el 9/8/2022 y las constancias adjuntas al trámite procesal del 29/9/2023; especialmente, el informe escolar y el acta del 28/9/2023 donde constan los dichos expresados por la niña.
En ese sentido, en orden al estudio de las constancias colectadas, el estado de precariedad en el que se encuentra la niña JJF se advierte de entidad suficiente para ser ponderado en un marco protectorio de la violencia, como postula la asesora interviniente; en tanto los últimos hechos denunciados, lejos de vislumbrar el cese de riesgo para la niña, denotan la cronicidad de la desprotección en que se encuentra (v. nueva denuncia realizada el 29/9/2023 por el equipo docente de la institución a la que concurre la niña e informe del Servicio Local presentado en la misma jornada, nuevos informes del órgano administrativo de fechas 4/10/2023 y 5/10/2023 e informes del 6/10/2023 -trabajador social del juzgado- y 11/10/2023 -perito psicóloga-).
Sentado ello, resta discurrir si la ley 12569 ofrece margen para tutelar los derechos conculcados de JJF en esta oportunidad, por fuera de las diferencias que la instancia de origen aprecie entre el cuadro de origen y el ahora denunciado.
Pues bien. Para ahondar en el verdadero espíritu de la ley, cabe memorar que conforme se señalara en su exposición de motivos, 'nos encontramos frente a un flagelo social -la violencia- que se debe atacar desde la faz preventiva para proceder paulatinamente a su erradicación. Por estas razones, el problema de la violencia familiar no puede seguir siendo enfocado como una cuestión privada' (exposición de motivos visible en: https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/refleg/fw12569.pdf).
En ese sendero, las medidas protectorias establecidas en la ley 12569 compelen al juzgador no sólo a condenar la violencia sufrida, sino también a prevenirla, desde que -además de establecer el deber del magistrado de adoptar medidas de carácter restrictivo para hacer cesar los hechos de violencia- la norma le otorga amplias facultades para actuar desde la faz preventiva y realizar los ajustes razonables que amerite el caso planteado, en aras de garantizar el derecho a la tutela integral protectoria que asiste a las víctimas de violencia y al grupo familiar.
Abordaje que esta cámara entiende que aquí corresponde, en atención a los antecedentes del caso y los nuevos hechos denunciados (art. 7 incs. m y n, ley 12569).
De tal suerte, corresponde revocar el resolutorio apelado y disponer para las presentes la urgente intervención protectoria jurisdiccional en el marco de la ley 12.569. A cuyo fin se habilitan días y horas inhábiles, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1710. a y b del CCyC y 153 del cód. proc.
Ello, sin perjuicio de la intervención que luego se le otorgue al órgano administrativo para que efectúe las acciones que amerite corresponder en razón de la especial problemática familiar, en el sentido y con los alcances señalados por esta cámara en el precedente traído por la asesora, que -al margen de las especificidades de aquel escenario- resuena con las presentes en torno a la cronicidad de la desprotección infantil y la consecuente necesidad de un abordaje conjunto de las órbitas administrativo-jurisdiccional para una protección eficaz de los derechos conculcados (v. causa citada y art. 19 CDN).
Siendo así, el recurso prospera.
3. Por lo demás, en atención al estado de vulnerabilidad de la niña y el derecho que le asiste a ser debidamente representada, corresponde efectivizar el apercibimiento cursado el 3/10/2023 a la abogada de la niña oportunamente designada, revocar su nombramiento y remitir copia de las presentes al Colegio de Abogados Departamental; a quien se le encomienda que realice sorteo urgente y comunique a la instancia inicial los datos respectivos del nuevo profesional designado (arg. art. 3 CDN y art. 13 del Reglamento Único de Funcionamiento del Registro de Abogadas y Abogados de Niñas, Niños y Adolescentes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ GINI DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Con arreglo al resultado obtenido al tratar la cuestión que precede, corresponde:
a. Estimar la apelación del 4/10/2023, revocar la resolución del 3/10/2023 y disponer para las presentes la urgente intervención protectoria jurisdiccional en el marco de la ley 12.569. A cuyo fin se habilitan días y horas inhábiles, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1710. a y b del CCyC y 153 del cód. proc. Ello, sin perjuicio de la intervención que luego se le otorgue al órgano administrativo para que efectúe las acciones que merite corresponder en razón de la especial problemática familiar, en el sentido y con los alcances señalados por esta cámara en el precedente traído por la asesora, que -por fuera de las especificidades de aquél escenario- resuena con las presentes en torno a la cronicidad de la desprotección infantil y la consecuente necesidad de un abordaje conjunto de las órbitas administrativo-jurisdiccional para una protección eficaz de los derechos conculcados.
b. Efectivizar el apercibimiento cursado el 3/10/2023 a la abogada de la niña oportunamente designada, revocar su nombramiento y remitir copia de las presentes al Colegio de Abogados Departamental; a quien se le encomienda que realice sorteo urgente y comunique a la instancia inicial los datos respectivos del nuevo profesional designado.
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ GINI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
a. Estimar la apelación del 4/10/2023, revocar la resolución del 3/10/2023 y disponer para las presentes la urgente intervención protectoria jurisdiccional en el marco de la ley 12.569. A cuyo fin se habilitan días y horas inhábiles, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1710. a y b del CCyC y 153 del cód. proc. Ello, sin perjuicio de la intervención que luego se le otorgue al órgano administrativo para que efectúe las acciones que merite corresponder en razón de la especial problemática familiar, en el sentido y con los alcances señalados por esta cámara en el precedente traído por la asesora, que -por fuera de las especificidades de aquél escenario- resuena con las presentes en torno a la cronicidad de la desprotección infantil y la consecuente necesidad de un abordaje conjunto de las órbitas administrativo-jurisdiccional para una protección eficaz de los derechos conculcados.
b. Efectivizar el apercibimiento cursado el 3/10/2023 a la abogada de la niña oportunamente designada, revocar su nombramiento y remitir copia de las presentes al Colegio de Abogados Departamental; a quien se le encomienda que realice sorteo urgente y comunique a la instancia inicial los datos respectivos del nuevo profesional designado.
Regístrese. Notificación urgente en función de la materia abordada y radicación también urgente al Juzgado de Familia Nro. 1 - Sede Trenque Lauquen (arts. 10 y 13 AC 4013 -t.o por AC 4039). Encomiéndase a la instancia inicial la notificación al Servicio Local, en tanto no dispone de domicilio electrónico constituido.
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2023 13:23:22 - GINI Jorge Juan Manuel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2023 13:24:43 - LETTIERI Carlos Alberto - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 26/10/2023 13:26:02 hs. bajo el número RR-841-2023 por TL\Adriana-CCivil Adriana.
Fin de la sentencia