Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la apelada resolución del 10/08/2026 en cuanto ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada al recurrente.
En la ciudad de La Plata, a los 10 días del mes de Septiembre de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "ROMEO MARIANA LAURA C/ ROMEO GUSTAVO ALEJANDRO S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 12569)" (causa: 143777), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada resolución del 10/08/2026 ?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. Antecedentes.
1.1. Mediante resolución del 10/08/2026 la señora Jueza de Paz Letrada de Ensenada, en lo que aquí interesa, dispuso la exclusión cautelar del hogar de C. D. R. respecto de la vivienda sita en Bernardo de Irigoyen entre De La Paz y Perú n° 321, primer piso, departamento 7, de Ensenada, y el posterior reingreso de M. L. R. y de su hijo F. A. R. A., de nueve años.
Asimismo, ordenó por el plazo de ciento veinte días la prohibición de acercamiento del nombrado respecto de M. y su hijo, estableciendo un perímetro de exclusión de cuatrocientos metros respecto de la vivienda, junto con las restantes medidas de protección allí detalladas.
Para así decidir, la magistrada tuvo en cuenta los antecedentes existentes en las actuaciones y los informes del Cuerpo Técnico, de los cuales surgiría una dinámica vincular atravesada por situaciones de violencia psicológica —conductas de control, hostigamientos, amenazas e insultos— y comportamientos tendientes a obstaculizar la residencia de M. en la vivienda familiar, así como su situación de especial vulnerabilidad y la presencia de su hijo menor de edad.
1.2.Contra dicha forma de resolver se alzó C. D. R. mediante recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Desestimado el primero se concede la apelación el 13/08/2026 cuyos fundamento obran en la presentación del 12/08/2026, replicada por la denunciante el 14/08/2026.
En lo sustancial, niega haber amenazado o intimidado a Mariana, califica como falsa la denuncia formulada, sostiene que ésta no residiría en el inmueble desde aproximadamente un mes antes, invoca que la vivienda constituye el único lugar del que dispone junto con su esposa y refiere la necesidad de asistir a esta última con motivo de una intervención quirúrgica.
Agrega que también en ese domicilio vive el tío de la denunciante M. O. R., quien es asistido por él y su esposa, brindándole asistencia y comida a diario y atendiendo todo lo relativo a sus necesidades.
Formula, además, diversas consideraciones vinculadas con las condiciones de higiene y convivencia en el inmueble.
1.3. La Asesora de Incapaces designada para intervenir en autos (Dra. SUAIT Eva María), dictamina el 09/09/2026 que corresponde rechazar el recurso interpuesto por el Sr. César Darío Romeo y confirmar íntegramente la resolución recurrida, manteniéndose las medidas de protección dispuestas.
2. Tratamiento de los agravios.
2.1. Como tantas veces se ha dicho y como principio de orden genérico, los procesos de protección contra la violencia familiar se encuentran dentro de los llamados procesos urgentes, teniendo como objeto la prevención o cesación de un daño, independientemente de los reclamos que las partes puedan formular en otros procesos de conocimiento, siendo nota característica la prevalencia del principio de celeridad con la finalidad de acordar una tutela eficaz (esta Sala, causas 135.899, RR 587/23, del 2/11/2023; 135.459, RS 292/23, del 3/10/2023; 132.520, RS 406.1/23, del 21/12/2023).
Las medidas adoptadas en ese marco no constituyen una decisión de mérito sobre la autoría o culpabilidad del denunciado ni persiguen su castigo. Tampoco sustituyen las vías procesales propicias para el debate de derechos que, aunque puedan guardar relación con el conflicto familiar, resultan distintos de aquellos que motivaron la tutela de urgencia.
2.2. En la especie y bajo tales premisas, considero que los agravios expuestos no logran conmover lo decidido.
La medida cuestionada no encuentra sustento únicamente en el episodio denunciado el 31/07/2026 en el escrito del 07/08/2026 sino en la valoración conjunta de los antecedentes obrantes en la causa.
En ese sentido, cabe destacar que en las actuaciones existían medidas cautelares dispuestas desde el año 2021 y, que con fecha 6 de mayo de 2026, se había ordenado el cese de todo acto de perturbación, intimidación u hostilidad entre las partes. A su vez, los informes técnicos ponderados por la juzgadora daban cuenta de situaciones de violencia psicológica y de conductas dirigidas a obstaculizar la residencia de M. en la vivienda familiar, así como de una particular situación de vulnerabilidad. Asi lo refleja el informe interdisiplinario del 21/05/2026 al señalar "....los factores e indicadores de riesgo consignados precedentemente permitirían estimar un la persistencia de un riesgo de tipo medio, con pronostico negativo dado el posicionamiento de los denunciados Romeo Cesar y Romeo Gustavo, de suma hotilidad hacia su sobrina.
Frente a ese cuadro, la mera negativa del recurrente acerca del episodio denunciado no resulta suficiente para demostrar el desacierto de la decisión adoptada.
Es que este tipo de procesos no exige un juicio de certeza para adoptar medidas de resguardo, sino la existencia de una situación verosímil de riesgo que justifique la tutela preventiva, apreciándose sus recaudos con arreglo a la especial naturaleza de los derechos comprometidos.
2.3. Sin perjuicio de ello, he de agregar que a la situación analizada se agrega que las medidas alcanzan también al hijo de M,, de nueve años, circunstancia que impone atender primordialmente a su interés superior y evitar su exposición a un contexto familiar susceptible de comprometer sus derechos.
De tal modo, no encuentro en la pieza recursiva elementos que permitan adoptar una postura distinta de la asumida por la juzgadora (arts. 7 y ccs., ley 12.569; 3, Convención sobre los Derechos del Niño; 706, Código Civil y Comercial; 163, 164, 260 y 384, CPCC).
2.4. Ahora bien, se aprecia al mismo tiempo la existencia de cuestiones que resultan ajenas a estas actuaciones de violencia familiar desde que son relativas a la vivienda que ocupa todo el grupo familiar.
Al sostener el apelante que el inmueble constituye el único lugar del que se dispone para residir junto con su esposa y pretender, sobre esa base, que se le permita permanecer en él, queda en evidencia que subyace al conflicto familiar una controversia relativa al uso y ocupación del inmueble, con indudable proyección patrimonial.
Por ello, esta cuestión excede el limitado marco cognoscitivo de este proceso protectorio.
Esta Sala ha sostenido al respecto que, teniendo en cuenta que el proceso de violencia familiar procura detener una escalada conflictiva sin aguardar la solución del conflicto de fondo que pudiera originarla, los reclamos relativos a la propiedad de los bienes encuentran cauce en otras actuaciones, mediante la acción de fondo correspondiente (esta Sala, causa 135.459, “R.N.M.M. c/ R.M.A. s/ Protección contra la Violencia Familiar”, RS 292/23, del 3/10/2023).
De igual manera , se ha señalado que las medidas adoptadas al amparo de la Ley 12.569 no sustituyen las vías procesales destinadas al debate de derechos distintos de aquellos que motivaron la tutela urgente (esta Sala, causa 132.520, “M.N.Z. c/ G.E. s/ Protección contra la Violencia Familiar”, RS-406-2023, del 21/12/2023; 139190, RS-13-2025, del 06/02/2025).
Por consiguiente, las alegaciones del recurrente vinculadas con su necesidad de permanecer en el inmueble no resultan idóneas para dejar sin efecto la medida protectoria dispuesta.
La determinación de los derechos que pudieran corresponder a cada una de las partes respecto del uso, ocupación, posesión o titularidad del bien constituye una cuestión de índole patrimonial que deberá, en su caso, dirimirse mediante la acción de fondo pertinente y fuera del ámbito propio de este proceso de violencia familiar.
Ello es así máxime cuando la exclusión del hogar prevista por el artículo 7 de la Ley 12.569 reviste carácter cautelar y puede disponerse con independencia de la titularidad del inmueble.
Por la misma razón, corresponde aclarar que la confirmación de la medida de exclusión del recurrente y reingreso de M. y su hijo no importa reconocer a ninguna de las partes un mejor derecho real, posesorio o patrimonial sobre la vivienda, cuestión que por lo expuesto resulta ajena a lo que aquí se decide.
2.5. Lo expuesto se revela suficiente para dirimir el alzamiento, sin que sea necesario abordar las restantes cuestiones introducidas por el quejoso como la circunstancia de la salud de su esposa, las condiciones de higiene de M., la forma de la convivencia y del modo en que se habría utilizado el innmueble, toda vez que no guardan aptitud suficiente para desvirtuar el cuadro cautelar ponderado por la jueza de la instancia ni permiten anteponerlas a la necesidad actual de tutela de M. y su hijo.
2.6.Consecuentemente, y por las razones expuestas, corresponde confirmar la resolución del 10/08/ 2026 en cuanto fuera materia de recurso y agravios (arts. 7 y 12, ley 12569).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor Lopez Muro dijo que, por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta y, en consecuencia, también votaba por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo:
En atención al acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, confirmar la resolución apelada del 10/08/2026 en cuanto fuera materia de recurso y agravios. Postulo que las costas de Alzada al apelante en su objetiva condición de vencido (arts. 68 y 69, CPCC).
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que, por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, de conformidad con lo dictaminado por la Asesora de Incapaces el 09/09/2026 y demás fundamentos expuestos, se confirma la apelada resolución del 10/08/2026 en cuanto ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada al recurrente. REG. NOT. DEV.
Fin de la sentencia