Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120060
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.060, "González, Maximiliano contra Provincia ART S.A. Accidente in itinere " con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, de Lázzari, Genoud, Kogan .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 718/733).
Se interpuso, por Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 746/758 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Maximiliano González y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de autoasegurada-, al pago de la prestación dineraria por incapacidad establecida en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15-, y las compensaciones adicionales previstas en los arts. 11 apartado 4 inc. "b" de la misma ley, y 3 de la ley 26.773, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en esta última.
Para así decidir, el a quo señaló que en el caso no se encontraba controvertido que el día 22 de febrero de 2009, el actor protagonizó un accidente in itinere cuando se dirigía de su domicilio al lugar de trabajo en un ciclomotor (v. fs. 718/719). A su vez, con apoyo en los informes periciales -psiquiátrico, psicológico y médico- juzgó acreditado que, como consecuencia del traumatismo sufrido en el mencionado infortunio, el accionante padece un trastorno orgánico cerebral o demencia de origen postraumático que le provoca una incapacidad total, permanente y definitiva del 86% del índice de la total obrera (v. fs. 719 vta. y 720).
Sobre ese escenario, con sustento en un precedente del mismo tribunal y en la doctrina autoral, estableció que la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Al fundar esa decisión, recordó que la problemática en torno a la aplicación inmediata de una nueva ley a los daños que no han sido resarcidos ya se había planteado con los decretos 1.278/00 y 1.694/09. En ese sentido, señaló que la aplicación de las mejoras introducidas por este último dispositivo a aquellos "...infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de vigencia de la norma no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras (arts. 14 y 17 de la CN), sino que protege a los trabajadores que no han visto cancelados sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso administrativo o judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original, por lo que no cabe castigar al trabajador otorgándole una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que concuerda con el principio de progresividad (art. 75 inc. 22 y 23 CN y los tratados internacionales reconocidos en el inc. 22)..." (fs. 728 y vta.).
A partir de esas conclusiones declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la mencionada ley "...por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la C.N. y con el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley (art. 7 C.C.C.)..." (fs. 726/729).
Luego, puesto a cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir al accionante -de acuerdo a las pautas indicadas en el citado art. 15 apartado 2 de la ley 24.557- declaró aplicable al caso el decreto 472/14, la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15, y el art. 3 de la ley 26.773. En ese orden, multiplicó el importe de $841.856 por el porcentaje de incapacidad, a dicho resultado le sumó una indemnización equivalente al 20% y, a su vez, lo ajustó conforme al índice RIPTE (v. fs. 730). Arribó así al monto total de $4.549.644,70, y le añadió también la suma de $467.698 en concepto de compensación dineraria adicional de pago único conforme lo previsto en el art. 11 apartado 4 inc. "b" de la ley 24.557 (v. fs. 730 vta.).
Finalmente, dispuso que el capital de condena, desde la fecha indicada hasta la de su efectivo pago, devengue intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósitos a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. cit.).
II. La parte demandada, Provincia ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653; 165, 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, señala que el tribunal de grado transgredió el principio de congruencia y la garantía de defensa en juicio porque, en forma sorpresiva y arbitraria, cambió el fundamento jurídico de la acción y declaró de oficio la inconstitucionalidad de los arts. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y 16 del decreto 1.694/09 (v. fs. 747 vta. y 748).
II.2. Seguidamente, cuestiona el porcentaje de incapacidad que declaró acreditado el a quo , y en ese orden, le reprocha haber realizado una absurda valoración de la prueba (v. fs. 748/749).
Alega que el juzgador tuvo en cuenta las conclusiones establecidas en los dictámenes periciales médicos obrantes en autos a pesar de que -en su opinión- carecen de fundamentos científicos. Afirma además, que todos los estudios realizados al actor -de acuerdo a su historia clínica y al informe de la Comisión Médica- arrojaron resultados con parámetros normales (v. fs. cit.).
Sobre esas premisas, afirma que la minusvalía que sufre el trabajador es provisoria y que no se acreditó su vinculación causal con el accidente (v. fs. cit.).
II.3. Por otro lado, indica que el sentenciante, al aplicar la ley 26.773 -que no se encontraba vigente cuando aconteció el infortunio- descalificando además, de oficio, la validez constitucional de su art. 17 apartado 5, infringió el principio de irretroactividad de las leyes, consagrado en los arts. 3 del Código Civil y 7 del Código Civil y Comercial (v. fs. 749 vta. y 750).
Añade que también vulneró las directrices establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010), respecto a la aplicación de las mejoras indemnizatorias previstas en el decreto 1.278/00 (v. fs. cit.).
Destaca que tal criterio fue seguido asimismo por los superiores tribunales de las provincias de Córdoba y Mendoza, y por la Cámara Nacional del Trabajo en numerosos fallos que cita (v. fs. 752/753 vta.).
II.4. A su vez, objeta la procedencia de la indemnización adicional establecida en el art. 3 de la ley 26.773, por considerar que no se aplica a los accidentes de tránsito o in itinere (v. fs. 754).
II.5. Aduce que el juzgador, además, incurrió en absurdo cuando determinó el quantum indemnizatorio toda vez que arribó a una suma exorbitante en atención a las constancias de la causa (v. fs. cit.). Explica que la falla en el razonamiento del tribunal queda en evidencia cuando se compara el monto de sentencia con el importe que -en su criterio- resulta del cálculo correspondiente a la normativa vigente al momento del siniestro (v. fs. 755 vta.).
II.6. Finalmente, cuestiona la tasa de interés pasiva (BIP) que ordenó aplicar el a quo al capital de condena. Denuncia que, al utilizar esa alícuota, se apartó del criterio que esta Corte estableció en el precedente C. 101.774, "Ponce" (sent. de 21-X-2009) -entre otros que identifica (v. fs. 757 vta.)-; y ratificó luego en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), declarando, además, la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Aclarado ello, e invirtiendo el orden de los agravios por razones metodológicas, cabe señalar que el cuestionamiento referido al grado de incapacidad del actor ponderado en el pronunciamiento, no resulta de recibo.
III.2.a. Inicialmente debe recordarse que la determinación del grado de incapacidad que afecta al trabajador como su vinculación causal con el siniestro constituyen típicas cuestiones de hecho ajenas al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, salvo absurdo (causas L. 111.029, "R., L. P.", sent. de 20-III-2013; L. 97.343, "Z., D. A.", sent. de 20-XI-2014 y L. 117.101, "Herrero", sent. de 9-IX-2015).
A partir de esas directrices cabe precisar que, en el veredicto, el órgano judicial de grado analizó los informes periciales -psiquiátrico, psicológico y médico- agregados a fs. 574/579, 608/609, 623/625 y 664/665 (v. fs. 719 vta. y 720). En ese orden, destacó las conclusiones del profesional psiquiatra, en cuanto dictaminó que el actor padece demencia debido a un traumatismo cerebral que guarda relación con el accidente sufrido y le provoca una severa incapacidad psíquica total y permanente a nivel funcional y laboral (v. fs. cit.). También, indicó que el perito psicólogo se expidió "...en el mismo sentido diagnosticando una demencia no especificada F03 (294.8) según clasificación del DSM IV describiendo los múltiples déficits cognitivos..." (fs. cit.). Por último, apuntó que el médico legista diagnosticó que el actor presenta un "trastorno orgánico cerebral, de origen postraumático grado IV o demencia de origen postraumático" que lo incapacita en forma permanente, secuelas que guardan relación directa y causal con el accidente de trabajo in itinere sufrido, ascendiendo su incapacidad definitiva al 86% del índice de la total obrera (v. fs. cit.).
En base a tales conclusiones, en la sentencia, el a quo juzgó que el señor González padece aquel porcentaje de incapacidad de tipo total, permanente y definitiva (v. fs. 726).
III.2.b. En el caso, el recurrente no logra demostrar la configuración del vicio de absurdo.
La crítica que ensaya, se limita a cuestionar mediante su propia visión del asunto la eficacia de los informes periciales producidos en la causa y a destacar la relevancia que -a su juicio- tendría la prueba documental que indica, la que daría cuenta de la provisoriedad de la incapacidad y de la ausencia de vinculación causal, pero no se ocupa de rebatir idóneamente el análisis efectuado por el juzgador en el tópico.
Lo expuesto revela que el interesado, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que condujo al tribunal a la solución objetada, intenta un nuevo examen de los hechos y la prueba, según su personal criterio valorativo, sistema que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al vicio lógico denunciado (causas L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013; L. 117.399, "Rivera", sent. de 10-IX-2014 y L. 117.702, "Uboldi", sent. de 15-VII-2015).
En ese sentido, esta Corte ha declarado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que sólo exterioriza una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la decisión que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en una propia versión sobre los hechos y el modo en que debieron apreciarse las pruebas adunadas a la causa (causas L. 108.918, "Hernández", sent. de 4-VII-2012; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013 y L. 116.866, "Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otra", sent. de 4-VI-2014).
III.3. En cambio, merece favorable recepción el agravio que trae el interesado contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en el decreto 1.694/09 y en la ley 26.773.
III.3.a. Inicialmente debe afirmarse, que el genérico señalamiento que realiza el quejoso bajo la denuncia de "arbitrariedad" (v. fs. 747 vta. y 748), no luce idóneo para rebatir los argumentos que brindó el tribunal a los fines de justificar el control oficioso de constitucionalidad efectuado en el caso, por lo que no cabe expedirse sobre el acierto de lo resuelto en esta concreta parte del fallo.
III.3.b. Aclarado ello e ingresando a la sustancia de la decisión referida, considero que merece ser revocada.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
Puede observarse que, bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, la solución a la que arribó el sentenciante al marginar del caso al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; art. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace, reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no evidencia una falta de razonabilidad en el criterio escogido en las normas cuestionadas para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (causa CSJN, "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Lo resuelto por el tribunal de grado no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
Para más, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
Luego, debe ser dejada sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.3.c. Sentado lo anterior, el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014;).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308: 1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Siendo ello así, habré de seguir -en esencia- el criterio expuesto por mi colega doctor Genoud en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en la cual analizó la temática que aquí se ventila.
III.3.c.i. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O. de 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Es indudable que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones pertinentes, la reforma de la ley 26.773 ha mantenido el criterio adoptado por las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decretos 1.278/00; 410/01 y 1.694/09), relativo a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito). Lo señalado no es un dato menor, en tanto en el caso, el a quo también consideró que debían emplearse las pautas indemnizatorias previstas en el decreto 1.694/09, arribando a una definición, que en fin, contrasta con la que emerge de la doctrina sentada -entre otras- en la causa L. 116.622, "B., V." (sent. de 15-IV-2015). Entonces, también deben reputarse aplicables al referido cuerpo legal -en principio, y salvo que la nueva legislación haya establecido alguna excepción puntual a dicha regla- los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos a la aplicación en el tiempo de sus antecesoras (cits. decs. 1.278/00 y 1.694/09).
III.3.c.ii. Definido lo anterior, cabe analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de "ajuste" de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando eventualmente incluso a las contingencias acaecidas con anterioridad a su sanción.
El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 e
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.