Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121390
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término y, en consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación. Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.390, "Ferreyra, Silvia Noemí contra Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Kogan, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 314/325 vta.).
Se interpuso, por la legitimada pasiva, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 333/348).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen juzgó acreditado que la señora Silvia Noemí Ferreyra padeció un accidente in itinere en ocasión de dirigirse a cumplir sus tareas habituales como dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; asimismo, que el infortunio le provocó una incapacidad del 12,5% del índice de la total obrera, derivada de una rotura de menisco de la rodilla (v. vered., fs. 316 vta. y sent., fs. 319).
Sobre esa base fáctica, el juzgador condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires -autoasegurado- al pago de la suma de $72.282,44 más intereses, en concepto de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 ($65.235,37) y por la adicional establecida en el art. 3 de la ley 26.773 ($13.047,07).
Consideró -en lo que interesa- que la prestación complementaria del art. 3 de la ley 26.773 resulta aplicable aún en los casos de accidentes in itinere . Postuló la interpretación armónica del precepto con el mandato de los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 9 de la Ley de Contrato de Trabajo y el principio de progresividad. Así, entendió que, en el caso, el siniestro sufrido constituye uno de los supuestos comprendidos en la citada norma legal, en tanto -argumentó- los trabajadores se encuentran a disposición del empleador antes de comenzar la jornada efectiva y luego de concluida, con motivo del trayecto que deben atravesar desde y hacia su domicilio (v. sent., fs. 323 y vta.).
II. La parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución provincial; 16 y 499 del Código Civil; 3 de la ley 26.773 y 44 incs. "d" y "e" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. Se opone a la decisión del tribunal de origen por la que se condenó al pago de la prestación adicional de pago único contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, siendo que -en el caso- se trata de un supuesto de accidente in itinere , a su vez, reputa conculcado en el principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la carta magna.
En lo fundamental, manifiesta que no se verifican los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación, pues al momento del accidente la actora no se encontraba en su lugar de trabajo ni a disposición de su empleador, así como tampoco la finalidad que la ley tuvo en miras, cual es resarcir un daño no reparado cuando el infortunio acarrea responsabilidad civil. Cita en apoyo de su argumentación el fallo "Espósito" de la Corte federal y la doctrina legal que individualiza, entre otra jurisprudencia.
II.2. Por otro lado, sostiene que la decisión de grado contradice la doctrina legal proveniente -entre otras- de la causa "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002), pues la regulación de honorarios profesionales practicada en la instancia de grado supera el límite del 25% previsto por art. 730 del Código Civil y Comercial (art. 505 in fine, Cód. Civ.).
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1.a. Inicialmente debe advertirse que el recurso ha sido bien concedido, en tanto esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.1.b. Sentado lo anterior, cabe señalar que, el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el umbral fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial a la fecha de su interposición (art. 1, ley 14.141; B.O., 15-VII-2010).
Por tal razón, la impugnación debe examinarse en el marco de la excepcional hipótesis receptada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653.
III.1.c. En ese contexto, la respuesta al cuestionamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 98.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.834, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 289:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De modo tal que la cuestión, entonces, debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
III.2. Luego, le asiste razón al recurrente al impugnar la condena al pago de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la mencionada ley 26.773.
En la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018), en criterio reiterado en el precedente L. 120.170, "Fleita" (sent. de 29-VIII-2018), esta Suprema Corte estableció que contingencias como las de autos no caen bajo el ámbito de aplicación del precepto legal.
Inicialmente se dijo allí -en voto emitido por el suscripto que concitó la adhesión de los restantes colegas- que tal conclusión era adoptada sin negar las cavilaciones que puede generar la expresión "a disposición" empleada por el legislador, acentuadas quizás, a poco de observar que desde ciertas opiniones científicas se afirma que la atribución de responsabilidad en el accidente in itinere hallaría su basamento en que en el trayecto pertinente el trabajador pone el tiempo a disposición del empleador, tal como se detalla en el precedente de este Tribunal L. 78.855, "Cebrymsky" (sent. de 8-VI-2007), citado en la sentencia en revisión.
Hubo de agregarse, que sin embargo, no puede ignorarse -también se ilustra al respecto en la citada causa L. 78.855-, que otras voces sostienen que el fundamento de esa responsabilidad radica en la "ocasión", destacan así "...la gravitación que sobre el infortunio ejerce el hecho del trabajo que obliga a desplazarse hacia un lugar determinado..." (Vázquez Vialard, Antonio; Accidentes y enfermedades del trabajo , Ed. Astrea, Bs. As., 1989, pág. 71). En este razonamiento, el tiempo que el trabajador compromete en la relación de trabajo, se limita al comprendido "...entre el momento en que efectivamente pone su capacidad laboral a disposición del empleador, hasta aquel en que esa obligación cesa..." (conf. ob. cit. pág. 73); en consecuencia, en el marco temporal que rodea a este tipo de contingencia, el dependiente no se encuentra a disposición del principal.
Por otro lado, fundamentalmente se afirmó que dentro del esquema delineado por la ley 26.773 (concretamente, atendiendo a la opción que su art. 4 consagra a favor del damnificado), la norma examinada, al adicionarles a las indemnizaciones sistémicas un monto equivalente al 20%, evidencia el propósito de restringir o eliminar las diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre dichas reparaciones y las fundadas en el derecho común. Siendo ello así, la finalidad de la disposición legal, la intención de estimular la promoción de las acciones que persiguen los resarcimientos previstos en el régimen especial por sobre las que puedan entablarse al amparo de la ley civil, posibilita interpretar que el accidente in itinere no se encuentra alcanzado por la norma, la razón emerge manifiesta: es sabido que en estos casos devienen improcedentes los reclamos que pretenden encontrar sustento en una supuesta responsabilidad civil del empleador (conf., si bien en el contexto de la ley 24.028, causas L. 83.880, "Monesiglio", sent. de 4-X-2006 y L. 102.450, "Gómez", sent. de 10-III-2011).
Finalmente, se señaló que esa solución se ajusta al criterio adoptado por la Corte federal en la ya citada causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 5°, seg. párr.).
III.3. En tales condiciones, debe revocarse lo decidido por el sentenciante en cuanto condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a pagar el referido rubro indemnizatorio, pues contradice la doctrina vigente de este Tribunal.
III.4. Finalmente, no corresponde pronunciarse sobre el tópico traído a revisión con fundamento en lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002).
Ello, toda vez que lo decidido al abordarse la primera cuestión -en cuanto hubo de revocarse la parcela del fallo de grado que determinó inaplicable al caso el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773-, indudablemente ha de gravitar -modificando sus cuantías- tanto en orden al monto de condena como al de los honorarios de los profesionales, los últimos, cuya regulación encuentra su base en aquél.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance indicado.
Los autos han de volver al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto y regule nuevamente los estipendios profesionales.
Con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
El señor Juez doctor de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Coincido con lo señalado por el doctor Soria en los puntos III.1.a. y III.1.b. de su exposición.
II. Luego, en el acotado marco de revisión que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 la crítica referida a la procedencia del adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773 resulta inadmisible, por no mediar en el recurso denuncia de violación de doctrina legal alguna vinculada al agravio que se expone, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la excepcional hipótesis habilitante prevista en el mencionado precepto.
Dicha carga no puede considerarse satisfecha mediante la cita de precedentes emanados de otros tribunales, pues ellos quedan excluidos del concepto contenido en los arts. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y el citado art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 115.286, "Capurro", resol. de 30-XI-2011; L. 101.141, "Valenzuela", sent. de 9-XI-2011 y L. 120.741, "Nahuel", sent. de 28-VIII-2019).
III. Corresponde también rechazar el cuestionamiento sobre el límite en la imposición de costas, en tanto el agraviado no demuestra la infracción que denuncia.
IV. En razón de lo expuesto el recurso debe rechazarse, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término y, en consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación. Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2020 17:14:49 - SORIA Daniel Fernando -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 17:21:45 - DE LAZZARI Eduardo Nestor -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 19:37:49 - KOGAN Hilda -
Funcionario Firmante: 22/05/2020 15:13:15 - GENOUD Luis Esteban -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 09:40:55 - PETTIGIANI Eduardo Julio -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 11:44:41 - DI TOMMASO Analia Silvia -
Fin de la sentencia