Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120460
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.460, "Pontel, Víctor Hugo contra Provincia de Buenos Aires. Cobro de pesos" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Pettigiani, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 551/567 vta.).
Se interpuso, por parte del letrado apoderado de la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 606/615 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen -previa declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21, 22, 39 y 46 de la ley 24.557- hizo lugar a la demanda iniciada por Víctor Hugo Pontel, por la que reclamaba la reparación integral derivada de incapacidad por enfermedad profesional, y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a abonarle los daños y perjuicios que cuantificó en la sentencia.
Para arribar a tal conclusión, declaró no controvertido que el actor ingresó a prestar servicios dependientes para la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) el día 19 de abril de 1973, vínculo que cesó el día 13 de septiembre de 2005, revistiendo la categoría de subteniente.
También tuvo por probado, con sustento en el informe pericial contable obrante a fs. 251/255, que el salario percibido por el señor Pontel durante el último año de prestación de servicios arribó a $1.721, que, sumado al promedio mensual de horas extras laboradas en igual período (cuarenta y tres horas Co.Re.S., por un valor de $6,84 cada una, resulta $294,54), ascendió a un total de $2.015,54 mensuales.
En lo atinente al grado de incapacidad padecido por el reclamante, tuvo por probado, con base en la experticia médica de fs. 297/299, que de las dolencias objeto de reclamo, las únicas que resultaron acreditadas fueron: hipoacusia perceptiva bilateral; cervicalgia y depresión post traumática, las cuales lo incapacitaron en un 36,5% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 555 vta.).
Juzgó igualmente -en base a las constancias probatorias obrantes en el expediente- que dichas patologías guardaban relación de causalidad adecuada con las tareas desempeñadas para la demandada.
Por fin, estimó demostrado que la fecha de toma de conocimiento de las afecciones padecidas fue el 11 de septiembre de 2007 (fecha de interposición de la demanda) y que en ese momento Pontel contaba con cincuenta y siete años de edad.
II. Contra el pronunciamiento de grado, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10, 11, 12 inc. 4, 39 incs. 1 y 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 7, 8, 23 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 11, 14, 16 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre; 7, 9 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
II.1. En primer lugar, impugna la decisión de grado por cuanto la reparación debida al dependiente constituye -en su criterio- una deuda de valor. Con base en ello, alega que el juzgador debió cuantificarla sobre pautas vigentes al momento del dictado de la sentencia (31 de marzo de 2016), y no a la fecha de cese de la relación laboral (13 de septiembre de 2005). Sostiene que, al decidir de ese modo, se violó el derecho a la igualdad de trato y el principio de legalidad. En este sentido, afirma que en la causa "Ali, Miguel c. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ accidente de trabajo - acción especial" (n° 40.639), análoga -según expresa- a la presente y en trámite ante el mismo tribunal de origen, la indemnización se calculó conforme valores vigentes al momento del fallo (sent. de 29-X-2015), con lo cual a Pontel se le otorgó un trato peyorativamente desigual. Adjunta a su réplica copia de la sentencia referenciada y, de manera subsidiaria, pide se libre oficio al tribunal de origen para que remita copia certificada de la misma.
II.2. Por otro lado, mediante denuncia de absurdo y violación del principio de congruencia, cuestiona la remuneración tomada en cuenta por el judicante para calcular la indemnización debida al dependiente. Esgrime, sobre este punto, que el a quo soslayó considerar las horas extras (Co.Re.S.) denunciadas en el escrito de demanda, luego detalladas y calculadas por el experto contable.
II.3. Refuta -asimismo- la fórmula actuarial utilizada por el juzgador de grado para arribar a la suma de condena. Sostiene, en este sentido, que el sentenciante cuantificó erróneamente en ocho años el tiempo restante de servicio, cuando debió fijarlo en dieciocho años, tiempo faltante para llegar a setenta y cinco, conforme la fórmula Méndez receptada en el fallo en crisis. Abunda que, de tomarse en cuenta la fecha de cese del actor (2005), serían -en rigor- veinte los años faltantes.
II.4. Se agravia finalmente, del porcentaje de incapacidad reconocido en la sentencia (36,5% del índice de la total obrera). Finca su réplica, en que el perito médico la cuantificó en su informe en un 71,5% del índice de la total obrera; con lo cual, restándole la incapacidad derivada de psoriasis -no reclamada en autos- se arriba a una disminución del 56,5% del índice de la total obrera.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Empiezo por aclarar que, por razones metodológicas, habré de alterar el orden de los agravios formulados.
III.2. Sentado ello, debe desestimarse -por insuficiente- el agravio por el que la impugnante aduce que, a los fines de establecer el cálculo indemnizatorio, debió estarse al salario vigente al momento del dictado de la sentencia (31 de marzo de 2016), y no a la época del cese de la relación laboral (13 de septiembre de 2005), por tratarse -a su criterio- la indemnización reclamada en autos de una deuda de valor. Ello así, toda vez que la referida línea argumental -si bien la esbozó al presentar su alegato (v. fs. 546 y vta.)- no fue introducida por el compareciente en la etapa procesal oportuna.
Al respecto, es doctrina legal de esta Corte que no resulta idóneo para habilitar la instancia extraordinaria el argumento novedoso, que no fue sometido a conocimiento previo del tribunal de trabajo con el alcance y dimensión que se le confiere en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013 y L. 117.999, "Fernández", sent. de 15-VII-2015). Asimismo, se ha resuelto que no es eficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que en su desarrollo exhibe un discurso absolutamente novedoso y extemporáneo, en la medida que innova en la posición inicial contenida en la demanda, trocando así el enfoque fáctico-jurídico desplegado en la etapa procesal oportuna (causas L. 117.399, "Rivera", sent. de 10-IX-2014 y L. 116.936, "Scarpa", sent. de 24-IX-2014).
Sin perjuicio de resultar suficiente lo expuesto para sellar la suerte adversa del agravio en tratamiento, a mayor abundamiento he de añadir, respecto de la prueba que pretende introducir en el recurso en tratamiento (v. fs. 598/605 y 608 vta. segundo párrafo), que su ofrecimiento en sede extraordinaria se encuentra expresamente vedado por el art. 284 apartado 2 del Código Procesal Civil y Comercial. En efecto, el ejercicio de la potestad de revisión por parte de la Suprema Corte no puede exceder los límites del ámbito del recurso de inaplicabilidad de ley, que no otorga acceso a una nueva instancia ordinaria con posibilidad de reexaminar los hechos (causa L. 93.114, "Torres", sent. de 21-IX-2011).
III.3. Tampoco es de recibo el embate por el que alega que el a quo ignoró las horas extras laboradas -que no es ocioso agregar, cuantificó de manera genérica en su demanda (v. fs. 46 vta., punto 3)- a los fines de determinar su remuneración, y con ello, la indemnización del accionante.
En este sentido, es doctrina de esta Corte que establecer el ingreso base a considerar para calcular el monto de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 y, en general, la base remuneratoria a tener en cuenta para cuantificar las indemnizaciones, constituye una cuestión de hecho cuya valoración queda detraída del ámbito de la casación, salvo absurdo (L. 119.706, "Azcona", sent. de 6-II-2019), vicio invalidante que no logra demostrar el recurrente en esta parcela del recurso.
En efecto: en el veredicto, el tribunal de grado tuvo por probado -en base a los guarismos que surgen del informe contable de fs. 241/255- que el señor Pontel en el año anterior al cese había laborado un promedio mensual de cuarenta y tres horas Co.Re.S. Con base en ello, concluyó que su remuneración total promedio ascendió a $2.015,74 mensuales, monto que -precisamente- contiene las horas extras que el quejoso denuncia preteridas.
Cabe recordar que el concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida. Al recurrente que pretenda articular este excepcional mecanismo no le ha de alcanzar con sostener que el hecho pudo ocurrir de otra manera, o que la prueba debió ser apreciada de una forma distinta, más probable o aceptable. En cambio, es indispensable dejar claramente demostrado que, de la manera en que se valoró en la sentencia, no pudo ser (causas L. 117.775, "J. Q., F.", sent. de 29-III-2017; L. 118.557, "Sánchez", sent. de 17-V-2017 y L. 119.303, "Pagliaretto", sent. de 21-XI-2018).
III.4. Tampoco merece recepción el embate por conducto del cual cuestiona el porcentaje de incapacidad reconocido en la sentencia.
Es doctrina de este Superior Tribunal que la determinación del grado de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo, constituye una típica cuestión de hecho ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, salvo absurdo (causas L. 101.196, "F., S.", 18-VI-2014 y L. 117.101, "Herrero", sent. de 9-IX-2015), que no consigue acreditar el recurrente.
En este sentido, cabe poner de resalto que lo resuelto por el juzgador en este punto, guarda congruencia con las patologías reclamadas en la demanda y las informadas y cuantificadas por el perito médico en su informe (v. fs. 297/299), sin que -reitero- logre demostrarse el vicio denunciado, pues la réplica no supera el registro de una mera discrepancia con la solución arribada por el juzgador.
III.5. Por último, es insuficiente el agravio con arreglo al cual denuncia absurdo en la fórmula actuarial utilizada por el judicante de grado para calcular la indemnización debida al dependiente.
Tiene dicho esta Corte que determinar el quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común, constituye una facultad privativa de los jueces de grado y lo que al respecto resuelvan, no es susceptible de revisión en esta sede extraordinaria, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 105.934, "Tinghitella", sent. de 29-II-2012; L. 113.239, "B. d. A., M.", sent. de 29-V-2013 y L. 113.486, "Arango", sent. de 5-III-2014; e.o.).
El recurrente no cumple con la carga de acreditar el mencionado vicio, toda vez que no logra evidenciar concretamente el yerro en que -en su criterio- habría incurrido el tribunal al desarrollar las fórmulas que utilizó para calcular la reparación integral reclamada en autos.
IV. En virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor de Lázzari en los puntos III.1., III.2., III.3. y III.5. de su sufragio.
I.2. En lo que respecta al porcentaje de incapacidad receptado en el pronunciamiento de grado, coincido con el ponente en que la crítica luce insuficiente a los fines de evidenciar el error grave y manifiesto que caracteriza al excepcional vicio de absurdo.
Para ello tengo en consideración que el recurrente no ha rebatido frontal y eficazmente las motivaciones que sobre el tema brindó el tribunal de trabajo, en esencia, reflejadas en aquel razonamiento que volcó en el veredicto al cotejar las dolencias reclamadas y acreditadas con aquellas sobre las cuales se había expedido el perito médico designado en autos (v. fs. 553 vta./555 vta.).
II. Bajo esta breve reflexión, comparto la solución plasmada en el punto IV de la opinión que inaugura este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
El señor Jueces doctor Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2020 16:13:26 - DE LAZZARI Eduardo Nestor -
Funcionario Firmante: 28/05/2020 19:21:03 - TORRES Sergio Gabriel -
Funcionario Firmante: 29/05/2020 15:51:06 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 29/05/2020 19:49:50 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 01/06/2020 19:10:23 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 02/06/2020 11:26:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia