Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-769/17-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: P-769/17-TSJ Sentencia N°: 390 Actor: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Fecha: 13/06/17 Texto:
TOMO VIII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 390 FOLIO Nº 1473/1479 PROT. ELECT. TSS1 005 O.171
Río Gallegos, 13 de junio de 2017.-
Los presentes autos caratulados: “PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº P-769/17, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior, a fin de resolver el planteo de nulidad incoado por la accionante a fs. 58/60.-
Afirma que “…resulta fundamental advertir que el Tribunal Superior de Justicia ha dispuesto la suspensión de los plazos procesales desde el día 20 de marzo de 2017 y hasta el día 21 de abril ambos inclusive. No ha existido posibilidad material, para esta parte, de acceder al expediente ni al libro de notas, que permitan, tan ligeramente admitir que esta parte ha quedado notificada, ni siquiera de manera tácita, conforme lo expresa a fs. 40 y 53 los magistrados interviniente[s]. A todo evento, no consentimos ningún acto posterior al 20 de marzo de 2017. Asimismo, se advierte que no procede en el caso la revisión ni la aclaratoria de la resolución de fecha 08 de mayo de 2017 por ser dicho acto procesal nulo de nulidad absoluta, así como la totalidad del expediente en virtud de las deficiencias que se exponen.” (cfr. foja 58).- Continúa su presentación expresando “…Nulidad por falta de notificación del auto que dispone reanudación de los plazos (fs. 14) y de los actos subsiguientes.
En efecto, no obstante haberse negado la habilitación de días y horas inhábiles a esta parte a fs. 14 primera parte del cuarto párrafo, contradictoriamente en la parte final del mismo se reanudan los plazos, no habiéndose notificado a esta parte conforme lo señala el art. 136 del C.P.C. y C…” (cfr. foja cit.). Entiende que se ha afectado su derecho de defensa, impidiéndole ejercer el derecho a plantear recusaciones con o sin causa, “…la falta de notificación ha impedido a esta parte ejercer el derecho de recusar con causa a la Dra. Guruceaga, quien se encuentra comprendida en el art. 17 inc. 2 y 7, pues posee un interés por haber sido integrante de las negociaciones paritarias (de fecha 25 de noviembre de 2009 en la cual se fijan las bases y pautas de los futuros aumento[s]) y es miembro integrante de la Comisión de la Asociación [d]e Magistrados y Funcionarios -que como ya se expuso en las presentes actuaciones- ha emitido un comunicado en relación al tema salarial del Poder Judicial […] si no se habilitaron días y horas inhábiles, si se encontraban suspendidos los plazos procesales y no estaba disponible el libro de notas -precisamente en virtud de la suspensión apuntada- no se advierte de qué modo esta parte ha podido quedar notificada de lo actuado en el expediente, admitir una notificación en estas condiciones es contrario a la buena fe.” (cfr. foja 58 vta.).- Por otra parte, señala que habiéndose reintegrado de su licencia la Dra.
Nuñez, se aboca al conocimiento de las presentes actuaciones, “…ordena integrarlo con ella misma, y suspende el pase al acuerdo y reserva la emisión de los votos efectuadas; incumpliéndose nuevamente con la normativa procesal en materia de notificaciones, pues se omitió librar la respectiva cédula para notificar el contenido del proveído de fecha 17 de abril, en efecto, el CPCC expresamente establece en [el] art. 136 inc. 4º lo siguiente: ‘…Sólo serán notificadas personalmente o por cédulas las siguientes resoluciones:… 4) Las que se dicten entre el llamamiento para la sentencia y ésta…’” (cfr. foja 59).- Expresa que “A todo evento, esta parte recusa sin causa a la totalidad de los magistrados que intervinieron en el presente, haciendo reserva de recusar con causa en caso de que se oportunamente [sic] se aboquen y se notifique a esta parte debidamente” (cfr. fs. 59 y vta.).-
II. La Fiscal de Estado Adjunta de la Provincia de Santa Cruz peticiona “la nulidad absoluta del presente proceso”. Asimismo expresa que “no consentimos ningún acto posterior al 20 de marzo de 2017” (conf. foja 58).-
Corresponde hacer un breve relato de los actos procesales sucedidos y que darían motivo a la presentación venida a tratamiento.-
La presentación que da inicio a los presentes actuados data del 17 de marzo de 2017 y la primera providencia del 21 de marzo.-
El 28 de marzo el peticionante se presentó nuevamente solicitando una medida cautelar y la habilitación de días y horas inhábiles en atención a la suspensión de plazos dispuesta por el Tribunal, a lo que en la misma fecha se proveyó: “…A la habilitación de días y horas inhábiles peticionada a fs. 12 no ha lugar por improcedente por no encontrarse reunidos los presupuestos previstos en el art. 154 del CPC y C. Sin perjuicio de ello atento la suspensión de plazos oportunamente dispuesta por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia mediante resolución inscripta al Tº CCXXI, Rº 19, y los motivos invocados reanúdense los plazos procesales para la tramitación de los presentes actuados, confiriéndole preferente despacho” (cfr. foja. 14).- En primer término, en cuanto a la supuesta contradicción del proveído de foja 14 (transcripto precedentemente) alegada por la accionante a foja 58, punto III, por cuanto se deniega la habilitación y por otra parte, se ordena reanudar los plazos de este proceso, cabe advertir que no es tal.-
La habilitación de días y horas inhábiles supone declarar utilizables para el cumplimiento de determinados actos, días y horas inhábiles, es decir, los días sábados, domingos, feriados, y fuera del horario hábil judicial.-
El Tribunal Superior de Justicia había dispuesto la suspensión de plazos salvo casos de urgencia que ameriten su debido diligenciamiento, dejando constancia que la suspensión no afectaba la validez de los actos procesales ordenados por los magistrados en ejercicio de su respectiva competencia (Resoluciones Tomo CCXXI, Reg. 19, 22, 24, 25, 27, y Tomo XXIV Reg. 3216); y ello, sabido es, también que es sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos en el transcurso de ese tiempo por las partes. Y claramente en dichas resoluciones no se dispuso la inhabilitación de días ni de horas.-
En el caso que nos ocupa, la contradicción invocada por la parte -como se adelantó- no es tal, pues se dispuso reanudar los plazos procesales sin habilitación de días y horas inhábiles, es decir, no se le hizo lugar al pedido de realizar actos procesales fuera de los días y horas hábiles. Pues si se le hubiera brindado una respuesta afirmativa al pedido de habilitación hubiera conllevado a dictar actos y realizar las diligencias procesales los días sábados y domingos inclusive, y en horas fuera del horario hábil previsto reglamentariamente, según lo dispuesto en el artículo 153 y 154 del CPC y C.-
III. La actora funda la nulidad pretendida en que no se le notificó por cédula la providencia referida precedentemente del 28 de marzo obrante a foja 14 que dispuso la reanudación de los plazos procesales para el tramite de los presentes actuados (conf. foja 58), Para ello, invoca los incisos. 5º y 6º del artículo 136 del CPC y C.-
El artículo 136 del código citado, establece en su parte pertinente: “NOTIFICACIÓN PERSONAL O POR CÉDULA. Solo serán notificadas personalmente o por cédulas las siguientes resoluciones:…inc. 5º. Las que ordenan intimaciones o la reanudación de plazos suspendidos, aplican correcciones disciplinarias o hacen saber medidas precautorias o su modificación o levantamiento. inc. 6º. La providencia que hace saber la devolución del expediente cuando no haya habido notificación de resolución de alzada o cuando tenga por objeto reanudar plazos suspendidos”.-
La referencia al inciso 6º, como surge de la atenta lectura, resulta manifiestamente inaplicable al caso de autos que versa sobre una presentación de la Provincia ante el Tribunal Superior de Justicia en instancia originaria, y no el caso contemplado en la ley que se refiere a un expediente proveniente de la Alzada.-
En cuanto a la previsión del inciso 5º, corresponde expresar que, si bien como afirma la actora la reanudación de los plazos procesales se debe notificar personalmente o por cédula, este medio de notificación no está prescripto para la parte peticionante cuando el proveído se dicta a consecuencia de la petición de la misma parte. El litigante a cuya solicitud se dicta una providencia judicial, aunque sea de las previstas en el artículo 136 del CPC y C, queda notificado de ella en la forma que prescribe el artículo 134 de dicho cuerpo legal, es decir, los días martes y viernes.-
Así en los mismos términos, reiterada jurisprudencia lo ha expresado: “…La parte que formula una petición queda notificada de la misma por ministerio de la ley, aun cuando dicha providencia sea de las enumeradas en el art. 135 del Cód. Procesal que en principio deben notificarse personalmente o por cédula, pues todo litigante que deja un escrito asume el deber de concurrir al juzgado para enterarse del proveído que haya merecido, es decir si lo acoge, desestima o dispone que se cumpla algún requisito previo. [CNCiv., Sala A, 26/11/2002, LA LEY, 2003A, 433; DJ, 20031540]…[CNCiv., Sala C, 01/12/1992, LA LEY 1993B, 300; DJ, 1993-2547]” (conf. cit. en Highton Elena I. Arean, Beatriz A “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. Hammurabi, Tomo III, pág. 38/39)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3169, Folio 5208/5212). En igual sentido encontramos que “La parte que formula una petición queda notificada de la misma por ministerio de la ley, aun cuando dicha providencia sea de las enumeradas en el art. 135 del Cód. Procesal -que en principio deben notificarse personalmente o por cédula-, pues todo litigante que deja un escrito asume el deber de concurrir al juzgado para enterarse del proveído que haya merecido, es decir, si lo acoge, desestima o dispone que se cumpla algún requisito previo” (cfr. CNCiv., sala A, “Siverino, María E. s/suc.”, sentencia del 26/11/2002. www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/460/2002).- Es decir, que el litigante a cuya solicitud se dicta una providencia simple que sólo tiende, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordena actos de mera ejecución, queda notificado ministerio legis aunque sea de las comprendidas en el artículo 136 del CPC y C (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, “Cons. Prop. Lavalleja 56/58 c. 50/52 Lavalleja Cons. s/recurso de hecho”, sentencia del 13/07/2011. www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/ 36519/2011).-
Por lo que el alegado vicio no existió.-
IV. Continuando con el análisis de los vicios alegados, asevera que no se la ha notificado el proveído de foja 42 por el cual se aboca al conocimiento de las actuaciones la Dra. Nuñez e integra el Tribunal, citando el artículo 136, inc. 4º del CPC y C que refiere que deberán ser notificadas personalmente o por cédula las resoluciones que se dicten entre el llamamiento de autos para sentencia y ésta.-
Resulta patente que el código contempla un caso distinto al de autos, ya que la norma invocada se refiere a las que se dicten luego del llamado de autos para dictar sentencia, y estos actuados no se encontraban con dicho llamado, sino que se había dispuesto el pase al Acuerdo a foja 41 a fin de dictar un auto resolutorio que no tenia carácter definitivo y que debía recaer sobre la recusación incoada en relación al Dr. Cabral y las excusaciones formuladas por los Dres. Domingo Norberto Fernández y Reneé Guadalupe Fernández. No se trataba de una sentencia definitiva, ni aún una resolución que hubiera requerido sustanciación que posibilitara el contradictorio entre las partes. Por lo que resulta manifiestamente inaplicable dicho inciso al caso de autos.-
V. La Provincia también expresa que se le ha afectado el derecho de defensa, impidiéndole ejercer el derecho a plantear en tiempo oportuno recusaciones con o sin causa, y expresa “…En efecto, la falta de notificación ha impedido a esta parte ejercer el derecho de recusar con causa a la Dra. Guruceaga, quien se encuentra comprendida en el art. 17 inc. 2 y 7, pues posee un interés por haber sido integrante de las negociaciones paritarias (de fecha 25 de noviembre de 2009 en la cual se fijan las bases y pautas de los futuros aumento[s]) y es miembro integrante de la Comisión de la Asociación [d]e Magistrados y Funcionarios -que como ya se expuso en las presentes actuaciones- ha emitido un comunicado en relación al tema salarial del Poder Judicial […] A fs. 38, la Dra. Guruceaga en su carácter de vocal subrogante a cargo de la presidencia del Tribunal superior de Justicia informa la integración del Tribunal, sin que esta parte haya podido tomar conocimiento, ni aún tácitamente, en virtud de la suspensión de plazos, que incluye la no disponibilidad del libro de notas en mesa de entradas de los juzgados, y el rechazo al pedido de habilitación de días inhábiles requerido por esta parte.” (cfr. foja 58 vta.).- Al respecto cabe realizar algunas consideraciones.-
En primer lugar, resulta necesario señalar, como se expresó ut supra, los plazos procesales se habían reanudado como consecuencia de lo peticionado por la misma parte, que ahora intenta que se declare nulo todo lo actuado.-
Corresponde señalar, que el jueves 30 de marzo, la Dra. Guruceaga se aboca al conocimiento de los presentes y provee la recusación del Dr. Cabral presentada por la misma parte que ahora intenta nulificar todo lo actuado. Dicho auto se notificó el viernes 31 de marzo. Si bien el mismo día se libró un oficio (conf. fs. 28 vta./29), no existe ninguna constancia en el libro de notas en que la actora haya pretendido ver el expediente, y sin que existiera ningún impedimento para acceder al mismo. Luego de dicha actuación, recién el 7 de abril obra el siguiente movimiento del expediente con la presentación de un informe del Dr. Cabral. Por lo cual, aún en el caso que no hubiera podido acceder al expediente el 31 de marzo (de lo cual no hay constancia), el martes 4 de abril -día de notificación automática-, no tuvo movimiento el expediente, por lo cual estaba en letra y tampoco dejo nota, sin perjuicio que la misma magistrada suscribiera las providencias de fs. 38, 40 y 41 sin que la accionante observara dichas actuaciones.
La parte recién se manifestó en relación a la intervención de la Dra. Guruceaga, en la presentación del 11 de mayo cuando su actuación se encontraba consentida.- Por otro lado, en relación al libro de notas, la afirmación de la parte resulta meramente dogmática, ya que no tiene sustento ni fundamento, en razón que los plazos estaban reanudados, el libro de notas siempre estuvo a su disposición, y la mesa de entradas de este Tribunal se encontraba funcionando, lo que resulta fácilmente comprobable ya que la Provincia ha realizado distintas presentaciones que fueron recibidas por este Tribunal y oportunamente proveídas. Así nos encontramos con las presentaciones de fs. 12/13 vta., 22 y vta. y 39.
Lo que demuestra que la misma parte conocía que este Tribunal funcionaba en lo que concierne a estos autos. Siendo de público conocimiento que solo los días 19, 20, 21 y 24 de abril hubo acceso restringido al edificio del Tribunal.- También consideramos esencial remarcar que a foja 40, proveyendo la presentacion del Fiscal de Estado de la Provincia, se dispuso que no correspondía la notificación por cédula de la integración del Tribunal con los vocales subrogantes ordenada a foja 38, atento la derogación del inciso 14 del artículo 136 del CPC y C, y que la integración allí dispuesta se había notificado automáticamente en los términos del artículo 134 del CPC y C, providencia que quedó firme y consentida.
Por lo expuesto la actuación de la Dra. Guruceaga se encontraba consentida.-
Cabe recordar que el principio general en materia de notificaciones es la notificación automática, es decir, las resoluciones quedan notificadas los días martes y viernes de acuerdo a lo previsto en el artículo 134 del CPC y C. La que se realiza por cédula es la excepción, únicamente aplicable cuando exista una norma expresa que la imponga o que así lo determine el juez por resolución fundada. La notificación personal o por cédula de la integración del tribunal no se encuentra prevista en el ordenamiento ritual vigente, por lo que las expresiones de la actora resultan infundadas. Tampoco correspondía la pretendida aplicación del artículo 136 en su parte final que se refiere a los casos en que proceda la notificación por cédula y en caso que se le envíe el expediente al despacho del Fiscal de Estado en que no se notificará el día de la recepción del expediente sino el día que se notifique personalmente, ya que, como se mencionó, no resultaba del código procesal que se deba notificar por cédula o personalmente el proveído en cuestión.-
VI. Respecto de la nulidad procesal alegada, podemos afirmar siguiendo reconocida doctrina, que la nulidad “es la sanción legal aplicable al acto procesal, no convalidable, no convalidado o consentido, en virtud de un vicio existente en su génesis en alguno de sus elementos (internos o externos), siempre que no cumpla con la finalidad a la que estaba destinado; toda vez que cause una lesión al derecho de defensa de las partes, al debido proceso; o no constituya, cuando se trate de un acto procesal emanado del órgano jurisdiccional, tal tipo de acto por incumplimiento de las prescripciones legales” (cfr. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, dirigido por Elena I. Highton y Beatriz A. Arean, 1º Ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2005, Tomo 3, pág. 535).- Las nulidades procesales deben ser interpretadas restrictivamente, reservándoselas como última ratio frente a la existencia de una efectiva indefensión. Ello así, por cuanto el Derecho Procesal está dominado por ciertas exigencias de firmeza y efectividad en los actos, de donde se sigue que, frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos, se halla la de obtener actos procesales firmes sobre los cuales se pueda consolidar el Derecho.-
La nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad, y no procederá cuando haya sido consentido (conf. arts. 170 y 171 del CPC y C).-
Si entendemos que la regla de las notificaciones es la notificación automática, y en razón de los argumentos brindados precedentemente, la parte tomó conocimiento de la reanudación de los plazos y de los jueces intervinientes en autos, y debió promover el incidente de nulidad a los cinco días de conocido el acto que consideró viciado (conf. art. 171 del CPC y C), resulta extemporáneo e improcedente el planteo de nulidad deducido.-
Al respecto, Arazi y Rojas señalan que “…se ha entendido que ‘la disposición del artículo 170 del Código Procesal responde al principio según el cual, si la parte que tiene en su mano el medio de impugnación no lo hace valer en el tiempo y en la forma adecuada, presta su conformidad a los vicios del procedimiento y, en ese caso, su conformidad trae aparejada la aceptación (conf. Couture, E., Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1983, ps. 395/6, Nº 225), ya que frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la de obtener actos procesales firmes sobre los cuales se pueda consolidar el derecho’. Por lo tanto, si la parte hubiera consentido expresamente, o bien tácitamente dejando transcurrir el plazo que informa el segundo párrafo de la norma, sin manifestar su disconformidad (consentimiento tácito), la interpretación debe apuntar a mantener la validez del acto, pues las nulidades además se interpretan todas en forma restrictiva…” (cfr. autores cit., Código procesal civil y comercial de la Nación: comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, 3º Ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2014, Tomo I, págs. 868/869).- VII.-Sin perjuicio de dicha consideración, también es necesario señalar que resulta un requisito esencial para la viabilidad de la nulidad pretendida invocar las defensas que se ha visto privado de oponer.-
La doctrina ha sostenido que: “…Quien alega la nulidad procesal, debe mencionar expresamente las defensas que se ha visto privado de oponer…o que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, pues toda sanción nulificatoria debe tener un fin práctico y no meramente teórico. Debe señalarse cuál es el perjuicio real ocasionado. No basta una invocación genérica, como sería decir, por ejemplo… ‘se ha violado el derecho de defensa en juicio’, sino que el interesado debe indicar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido […] El perjuicio debe ser cierto, concreto y real, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos” (cfr.
Alberto Luis Maurino, Nulidades Procesales, 2º Ed. actualizada y ampliada, CABA, Ed. Astrea, 1999, págs. 52/53).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha afirmado que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia. Las nulidades por vicios formales exigen, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción a algún otro derecho porque, de otro modo, se estaría respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 325:1404 y 334:1081, entre otros).- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires así lo ha expresado: “…Es que -como tiene dicho también este Tribunal- las formas procesales han sido creadas para garantizar los derechos de las partes y la buena marcha de las causas, pero no constituyen formalidades sacramentales cuyo cumplimiento inexorable lleva implícita la sanción de nulidad.
Procurar la nulidad por la nulidad misma constituirá un formalismo inadmisible, que conspiraría contra el legítimo interés de las partes y la recta administración de justicia…” (cfr. “Spezia Omar Emilio c/ Provincia de Bs. As. (Mrio. de Seg.)”, del 1/11/2006). En igual sentido: “…la apelante no proporciona razones ni elementos de juicio suficientes para evidenciar que la motivación sobre la que se apoya la decisión de grado resulte desacertada. Olvida entonces, que no puede existir nulidad por la nulidad misma, sino que resulta necesario acreditar en el proceso la existencia de un agravio específico e irreparable (art. 172, C.P.C.C.)…” (cfr. “Castro, Marcelo Fernando contra Unidad Ejecutora Programa Ferroviario.
Despido”, del 19/12/2012.).- Es decir, la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto, no corresponde su declaración únicamente fundándola en un supuesto interés en el formal cumplimiento de la ley, ya que resulta inaceptable la declaración de una nulidad por la nulidad misma.-
VIII. En el caso de autos, consideramos que no existe gravamen alguno que justifique esa nulidad, lo que provocaría una dilatación injustificada del fin del procedimiento.-
En conclusión, en atención a que consintió los actos procesales cuestionados siendo extemporánea la nulidad planteada y no ha ejercido el derecho que dice haber sido conculcado, toda vez que si bien alega que debió la Dra. Guruceaga apartarse, no ejerció el derecho de recusar.-
Aquí, la Provincia señala que se le ha impedido ejercer el derecho de plantear “recusaciones con o sin causa”. Pero no invoca las causales de recusación que se ha visto privado de esgrimir, y en cuanto a las recusaciones sin causa contra los integrantes del Tribunal Superior, corresponde adelantar la manifiesta improcedencia.-
La actora expresa que “…esta parte recusa sin causa a la totalidad de los magistrados que intervinieron en el presente, haciendo reserva de recusar con causa en caso de que se (sic) oportunamente se aboquen y se notifique a esta parte debidamente…” (cfr. fs. 59 y vta.).-
En primer término, corresponde recordar el carácter restrictivo del instituto de recusación sin causa prevista expresamente para los jueces que intervienen en primera instancia y en Cámara, y no para quienes intervienen integrando el Tribunal Superior de Justicia (art. 14 del CPC y C). Remedio legal que debe ejercitarse en su primera presentación y que se agota en una sola vez, y no renace por la excusación o recusación del juez anterior (art 15 del CPC y C). Teniendo en consideración que “…la recusación sin expresión de causa se debe interpretar restrictivamente, y no procede en cualquier clase de juicio, ella se podrá utilizar una sola vez por cada una de las partes principales del proceso.
Esto significa que, ejercitada esta facultad por el actor, se agota o consume, pudiendo en ese caso ser ejercitada ante el nuevo juez que intervenga, por el demandado, también en una sola oportunidad. No es recuperable, por lo tanto no habiendo sido ejercida queda extinguida la facultad en virtud del principio de preclusión. Precluídas las oportunidades que otorga el artículo 14 tanto para el actor como para el demandado, no renace la facultad de recusar sin causa con la intervención del nuevo juez…” (cfr. Arazi y Rojas, Código procesal civil y comercial de la Nación: comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, 3º Ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2014, Tomo I, pág. 105). Presupuestos legales que no cumple el accionante.- Al respecto, podemos afirmar que “La pretensión…de efectuar un ejercicio masivo del instituto de la recusación sin expresión de causa, desnaturaliza los propósitos y fines para los que fue concebido y ocasiona múltiples perjuicios a los justiciables.
Se configura así un abuso del proceso que los jueces no deben tolerar, ya que el ordenamiento les impone el deber de dirigir el procedimiento señalando los actos que desvirtúen las reglas o generen situaciones irregulares o de marcada anormalidad…” (cfr. SCBA “Defensor Oficial de Responsabilidad Juvenil s/Diligencia preliminar. Conflicto de competencia art. 7 inc. 1º, ley 12.008”, del 17/04/2013.).- En el caso de autos, las recusaciones sin causa están dirigidas a los vocales subrogantes que integran el Tribunal Superior de Justicia, caso no contemplado en la ley y que incluso en el artículo 9 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, establece que no se podrá recusar sin causa a los miembros del Tribunal Superior.
Todo lo cual, aunado al carácter restrictivo de este remedio legal, conllevan al rechazo de esta pretensión.-
Este Alto Cuerpo, ha expresado que “…teniendo en cuenta que las recusaciones con reserva de causa se encuentran dirigidas a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, y de conformidad con lo estipulado en el art. 14 del C.P.C. y C., al criterio restrictivo con que dicha norma debe interpretarse, y a lo resuelto por este Tribunal en el Tomo I (Otros Recursos), Registro Nº 21, Folio Nº 58/59 del 21 de mayo de 1990, corresponde desestimar dicha formulación por improcedente.- Que respecto de la recusación con expresión de causa dirigida también contra los miembros del Tribunal, resulta inadmisible toda vez que la misma ha sido deducida a modo de formulación subsidiaria…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo VI, Reg. 433, Folio 1096/1097).- Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló que “La pretensión de la Administración Nacional de la Seguridad Social de efectuar un ejercicio masivo del instituto de la recusación sin expresión de causa desnaturaliza los propósitos y fines para los que fue concebido y ocasiona múltiples perjuicios a los justiciables, a la vez que crea un problema institucional que no cabe minimizar, pues el fuero se encuentra abrumado por la litigiosidad y el efecto nocivo derivado de estos planteos, por lo que se configura así un abuso del proceso que los jueces no deben tolerar, ya que el ordenamiento les impone el deber de dirigir el procedimiento señalando los actos que desvirtúen las reglas o generen situaciones irregulares o de marcada anormalidad (art. 34, inc. 5, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)” (Sum. Fallos: 335:2379).- En función de lo expresado precedentemente, el carácter restrictivo del instituto de la recusación, y que nuestro código procesal no contempla la recusación sin causa de los miembros del Tribunal Superior, es que corresponde rechazar las recusaciones intentadas.-
IX. También en cuanto a la reserva de recusar con causa, corresponde señalar que “…La recusación no puede estar sujeta a condición sino que debe fundarse en causales actuales y reales y no futuras y eventuales, en tanto puedan llegar a configurarse o no (arts. 17, 18 y 21, Cód. Procesal). [Cám. Civ. y Com. San Martín, Sala II, 19/6/98, ‘Grupenmajer, Gregorio c. Cutuli, José y otros s/ Daños y perjuicios s/ Incidente de recusación, Lexis, documento nº 14.11789]” (cfr. Highton Elena I. Arean, Beatriz A “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. Hammurabi, Tomo I, pág. 449).-
Consideramos que el agravio resulta hipotético y, por ende, inadmisible. La actora afirma que la resolución le causa perjuicio porque no se le ha permitido plantear las recusaciones que podría haber presentado. Sin embargo, no indica cuáles serían los motivos en que hubiera fundado la recusación de cada uno de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia.-
X. La actora expresa que “…el proveído fue firmado por la Dra Guruceaga, con respecto a la cual ya hemos manifestado que existían causales para que se excusara, por lo que su intervención resulta nula…” (cfr. foja 58 vta.). En este sentido, vale citar jurisprudencia que brinda una respuesta al pretendido argumento: “A un Juez no se le debe pedir, por principio, que se excuse, pues si hay razones para que adopte esa decisión no es necesario que alguien le suscite el cumplimiento de su deber y, por tanto, deviene impropio el pedido de apartamiento formulado en los términos del art. 30 del Código Procesal” (cfr. sum. C2ªCiv. y Com. La Plata, sala 1ª, “Consorcio Galería Géminix c/Di Pierro, Vicente Deodato s/Cobro ejecutivo- Inc. recusación art. 26 CPCC”, del 05/02/2009; ídem, “Farinelli, Alfredo y ot. c/Legura, Juan Guillermo y ot. s/Cobro de honorarios-inc. recusación con causa”, del 27/12/2007). Por lo que no resulta viable el vicio alegado.- Que sin perjuicio a lo ya expresado en relación a la actuación ya consentida de la Dra. Guruceaga, no puede dejar de señalarse el errático discurrir de la presentación en este aspecto que no plantea en claros y categóricos términos la recusación de la mencionada magistrada.-
La actora nada dijo en el momento procesal oportuno. Conforme lo expresado ut supra, la actora quedó notificada por ministerio de la ley del abocamiento y de la integración de la Dra. Guruceaga sin realizar ninguna presentación al respecto.-
XI. El artículo 21 del CPC y C establece: “Rechazo in límine”. Si en el escrito mencionado en el artículo anterior no se alegase concretamente alguna de las causas contenidas en el artículo 17º, o la que se invoca fuera manifiestamente improcedente, o si se presentase fuera de las oportunidades previstas en los artículos 14º y 18º, la recusación será desechada, sin darle curso, por el tribunal competente para conocer de ella”.-
A mayor abundamiento, es oportuno recordar que “…cierta jurisprudencia entendió irreprochable que sea el propio juez recusado quien desestime in limine la recusación con causa cuando es presentada en forma extemporánea. Esta solución parece razonable, desde que en este supuesto sólo basta una comprobación objetiva como lo es el transcurso del plazo, en el cual no implica formular valoraciones subjetivas sobre la procedencia de los motivos invocados; extremo que redunda en beneficio de la celeridad y economía procesal, evitando la remisión de la causa por otro tribunal para realizar esa comprobación, todo lo cual atenta innecesariamente contra la continuidad de la tramitación del litigio…” (cfr. Highton Elena I. Arean, Beatriz A. -dirección-, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. Hammurabi, Tomo I, págs. 464/465).- Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, corresponde rechazar la nulidad y recusaciones planteadas a fs. 58/60 por la accionante.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
Fdo: Dr. Joaquín Alejandro Cabral -Vocal Subrogante A/C Presidencia-, Dra. Rosa Ramona Núñez -Vocal Subrogante-, Dra. María Teresa Guruceaga -Vocal Subrogante-, Dr. Ricardo Javier Albornoz -Vocal Subrogante-, Dr. Francisco Vicente Marinkovic -Vocal Subrogante-.- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1005O.171 Tomo: VIII Sentencia: 390 Folio N°: 1473/1479 Secretaría: 1
Fin de la sentencia