Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-769/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte recurrente a fs. 126/146 vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: P-769/17-TSJ Sentencia N°: 399 Actor: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Fecha: 28/03/18 Texto:
TOMO VIII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 399 FOLIO Nº 1513/1517 PROT. ELECT. TSS1 002 O.181
Río Gallegos, 28 de marzo de 2018
Los presentes autos caratulados: “PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº P-769/17, venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de la Dra. María Teresa Guruceaga:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso extraordinario federal que articulara el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz -Dr. Fernando Pablo Tanarro- y la Sra. Fiscal de Estado Adjunta, Dra. Andrea B. Askenazi, a fs. 126/146 vta., ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo a fs. 116/123 vta. que rechazó las recusaciones planteadas.-
II. La parte recurrente suscita la instancia extraordinaria federal alegando violación de las normas del debido proceso; garantía de la defensa en juicio y diversos tratados internacionales.-
Expresa, que la resolución que atacan resulta asimilable a una sentencia definitiva, pues “...de admitirse lo resuelto la lesión que se convalidaría es la de someter a esta parte al tránsito de un litigio que debería ser resuelto por magistrados que, con toda evidencia...no califican bajo el estándar del ‘juez imparcial’...Este aspecto dista de ser menor y, tal es así, que ha sido reconocido en diversos tratados internacionales, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8.1 y 8.2. h), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (14.1 y 14.5) [...] Lo que ha objetado esta parte es que no correspondía admitir intervengan en la resolución del presente conflicto judicial aquellos jueces que lo habían generado.
Sencillamente, resultaba indiscutible que tales funcionarios no solo habían opinado sobre el tema sino que directamente lo habían protagonizado al emitir un acto manifiestamente arbitrario e ilegal.” (cfr. fs. 128/129).- Plantea, que en la resolución atacada “...lo que se pretende imponer es que los mismos vocales que han emitido un acto que conocían que se apartaba groseramente de la normativa aplicable, o en su caso, que se derivaba de manera razonable del derecho vigente sean quienes deben resolver si su conducta puede ser calificada como ilegal o inconstitucional. Difícilmente podría encontrarse otro supuesto a fin de graficar la no deseada situación en la que un conflicto judicial quede librado a la determinación de quien es juez y parte en el mismo.” (cfr. fs. 129 y vta.).- Asimismo, expresa: “Quien analice la cuestión jurídicamente con seriedad -tal como debe hacerlo- advertirá inmediatamente que la conducta del STJ es arbitraria.
La cuestión es tan evidente que no queda margen para la duda. Sencillamente, no correspondía acceder a la ampliación de la partida presupuestaria que requirió el STJ para atender un pretenso aumento salarial. A pesar de tal obviedad lo magistrados intervinientes (o, al menos, quienes emitieron el voto por la mayoría) procuraron imponer su objetivo manejándose con grosera arbitrariedad y, siempre valiéndose de su posición de autoridad, procuraron imponer una solución que, desde un principio, ya conocían como contraria a la normativa aplicable al caso.” (cfr. fs. 131 y vta.). A continuación realiza un pormenorizado análisis de cuestiones fácticas que a su entender concluyeron en las cuestiones analizadas en los presentes.
Asimismo, invoca diversa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.- A fs. 155/156 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo quien -por las razones que allí esgrime y a las cuales me remito “brevitatis causae”- expresa que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
III. Que corresponde entonces que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado por la recurrente, tal y como lo dispone el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 4/2007 (modificada por la Acordada 3/2012), 31/2011 y 38/2011 (conf. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 351, Folio 1331/1335).- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 de CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que la recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada 38/2011 al presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde entonces su análisis a la luz de las previsiones de la Acordada Nº 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando lo dispuesto por el artículo 2º de la Acordada 3/2012 y el punto 2º de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
Que en dicha tarea se evidencia que se ha cumplimentado con los requisitos del artículo 1º, en efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una y ha sido escrita con letra claramente legible (artículo 1º del Reglamento).-
En cuanto a los requisitos contemplados en el artículo 2º, se observa que la recurrente, acompañó en hoja aparte la carátula exigida.-
Por otra parte, y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007, y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, no tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia.-
Es criterio sentado en la materia que la procedencia del recurso extraordinario requiere que la decisión recurrida revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (Fallos: 303:633).- Sobre la materia, este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “es conocida la jurisprudencia del Tribunal Cimero quién ha expresado que las decisiones que versen sobre la recusación de los magistrados es materia ajena al recurso extraordinario federal, por la naturaleza, en principio, fáctica y procesal del tema y la ausencia de sentencia definitiva o equiparable (Fallos: 290:334; 305:1745; 311:565; 317:771; 327:2048, entre varios otros)” (cfr.
Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 356, Folio 1344/1346).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: “Que conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal, lo atinente a la recusación de los jueces constituye materia que no puede ser traída a su conocimiento por la vía del art. 14 de la ley 48, atento la naturaleza procesal del tema y la ausencia de sentencia definitiva que ponga fin al pleito o cause un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (Fallos: 297:70; 302:346 y 1332; 303:220, 385 y 769; 304: 182 y 703, entre muchos otros). La invocación de arbitrariedad y de garantías constitucionales que se entienden conculcadas no suple la falta de aquel requisito a los fines de la procedencia del remedio intentado (Fallos: 298:47 y 85; 302:417), exigencia que tampoco se obvia por la alegada existencia de un supuesto de gravedad institucional, ya que en el estado actual del proceso no se advierte que la intervención de la Corte pudiera tener otro alcance que el de satisfacer el interés de la apelante en separar del caso a los magistrados sobre los que su parte abriga sólo una sospecha que no funda de manera precisa (Fallos: 303:221 y sus citas).
A lo que cabe añadir que las cuestiones federales resueltas por autos no definitivos son susceptibles de conocimiento por el Tribunal en ocasión del recurso extraordinario que quepa eventualmente deducir contra la sentencia final de la causa (Fallos: 298:113; 300:1136)” (CSJN, Franco, Mario J., 20/10/1983, Publicado en: LA LEY 1984-B, 484, Fallos: 305:1745. www.informaciónlegal.com.ar. Cita online: AR/JUR/2440/1983).- Lo que se decide acerca de la recusación o excusación de los jueces no autoriza, como regla, el otorgamiento del recurso extraordinario, por no constituir sentencia definitiva en los términos requeridos por el artículo 14 de la ley 48. Asimismo, es preciso recordar que es doctrina consolidada de la Corte la que indica que, a los fines de la procedencia del remedio intentado, la ausencia de sentencia definitiva no puede ser suplida por la invocación de garantías constitucionales que se entiendan amenazadas, ni por la pretendida arbitrariedad del pronunciamiento o la alegada existencia de un supuesto de gravedad institucional (Fallos: 311:565, 312:1891, 2150 y 2348; 317:1814; 322:2920, entre muchos otros).- Con igual criterio la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que las decisiones que versan sobre recusaciones de los jueces, como en el caso, no son susceptibles de ser revisadas en sede extraordinaria, dado que por un lado no constituyen sentencia definitiva; y por el otro, remiten al examen de temas de hecho y derecho procesal (SCBA, Novelli, Jorge Osvaldo s/ informe art. 26 C.P.C.C, 13/11/2012, Publicado en: LLBA 2013 (mayo), 383, Causa: C.116.570. www.informaciónlegal.com.ar.
Cita online: AR/JUR/61734/2012).- Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo no pone de manifiesto las observancias de los requerimientos del inciso b).-
Ello es así toda vez que la recurrente cumple con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 3º de modo incompleto. Es decir, realiza un confuso relato de las circunstancias relevantes del caso, no resultando suficiente para considerar cumplido el mencionado inciso debido a que únicamente afirmaron, de modo genérico, que “... existe cuestión federal suficiente...toda vez que, al resolver de la forma en que se hizo, haciendo caso omiso a los planteos de esta Fiscalía, defendiendo una resolución que rayan lo absurdo al sólo efecto de proteger a quienes lo dictaron, se han violentado las distintas garantías procesales que tutela la Constitución Nacional, como ser el referido derecho de defensa, debido proceso.” (cfr. foja 135).
También, si bien indica el momento en el que se presentó, a su entender, por primera vez la cuestión federal (“la propia presentación que origina el fallo que aquí cuestionamos”, conf. foja 135 vta.); ello no surge de dicha presentación. Es que a los efectos del cumplimiento de dicho requisito, no basta con la simple remisión a lo expuesto en actuaciones anteriores, ni con una enunciación genérica y esquemática que no permita la cabal comprensión del caso que fue sometido a consideración de los jueces de la causa. En definitiva, la recurrente omite precisar la vinculación existente con la cuestión constitucional planteada (conf. Andrés Gil Domínguez, “Técnica Jurídica del recurso extraordinario y del recurso de queja”, Ed.
Edial, pág. 107).- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c), se observa que la recurrente no logran demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasione un gravamen concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (conf. Andrés Gil Domínguez, ob. cit., pág. 107/108), sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, deberían haber resuelto los magistrados intervinientes, a mencionar una serie de derechos y principios constitucionales que -a su criterio- habrían sido menoscabados, y a sostener de modo genérico la afectación que le produciría el no apartamiento de la causa respecto de los jueces recusados, pero sin profundizar dichas afirmaciones.- Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y artículo 14 de la Ley Nº 48, puesto que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 306:1740; 307:129, entre otros).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (conf. autos: “Reynoso, Edgardo R. c/ Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126 - 170 y 171) y por este Alto Cuerpo (conf. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Es decir que la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina, la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (conf. Carlos R. Tribiño: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”. Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- En tal sentido, observamos que la recurrente funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14 de la Ley Nº 48, sin especificar en cual de sus incisos y sin indicar adecuadamente de que forma fueron vulneradas las normas federales que invoca.
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (artículo 14, inciso 1º, de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una ley provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (artículo 14, inciso 2º de la Ley Nº 48) ni tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (artículo 14, inciso 3º de la Ley Nº 48), al contrario, en el fallo recurrido, se resolvió rechazar las recusaciones con causa formuladas por el Sr.
Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz.- Tampoco se advierte en el escrito bajo estudio “la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas.” (cfr. Artículo 3º), inciso e) de la Acordada 4/2007. Esto se sigue de la inexistencia de cuestión federal (conf. artículo 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (conf. Palacio de Caeiro Silvia B.: “Recurso Extraordinario Federal”, 2º Ed., Bs.
As., La Ley 2012, pág. 431/432) (conf. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 362, Folio 1365/1368).- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logran demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extra-ordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (conf.
TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 367, Folio 1383/1391, entre otros).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3º, inciso d) y e) de la Acordada 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
IV. Asimismo, la recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado, en ciertas ocasiones, a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones no federales: la arbitrariedad.-
Respecto de este carril por el que la recurrente intenta encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265 y sus citas).- En autos, la presentación en estudio denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que la presentante realiza un análisis de lo resuelto oportunamente por este Tribunal Superior, sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda.
Ello, por cuanto el verdadero agravio de la recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya este por una interpretación más favorable a sus intereses.- En efecto, este Tribunal ha dado las razones jurídicas que fundamenta la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de la cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- Cabe agregar a lo expuesto, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).- En este sentido, también debemos señalar que la doctrina juris-prudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resul-ta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autó-noma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el ape-lante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclu-siones que lo agravian (Fallos 308:2421; 310:722; 311:499).
No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Corresponde concluir entonces que los planteos efectuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que además de no existir cuestión federal alguna, y de no haber dado cumplimiento acabado con los recaudos previstos en los incisos a), b), c), d), y e) del artículo 3º de la Acordada 4/2007, aquellos carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio cuestionado y solo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.- En particular, lo concerniente a la recusación de magistrados es materia extraña a la vía del artículo 14 de la Ley Nº 48, por la naturaleza fáctica y procesal del tema y la ausencia de sentencia definitiva o equiparable, por ello no constituye cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria.
Se trata pues de un tema que atañe exclusivamente al orden local.-
Es por todo lo expuesto, que debe sin más rechazarse la vía extraordinaria intentada. Así lo voto.-
Voto del Dr. Francisco Vicente Marinkovic:
I. Que, a los fines de no reiterar el relato de las circunstancias y agravios expuestos por la parte recurrente, me remito a la exposición realizada por mi distinguida colega preopinante, expresando a continuación mi disidencia con la solución arribada.-
II. Que, el recurso extraordinario federal ha sido interpuesto oportunamente y por quien tiene capacidad para recurrir (conf. art. 257 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-
Asimismo, cumplió con lo dispuesto en la Acordada 38/2011 (presentación del recurso en formato de hoja A 4).-
A continuación, debe realizarse el análisis del recurso conforme lo dispuesto en la Acordada 4/2007, considerando la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º, por su similar 3/12.-
Así, se cumple con los requisitos del artículo 1º, no superando la presentación, las cuarenta páginas de veintiséis renglones cada una; habiendo sido escrito con letra legible. En cuanto a lo contemplado en el artículo 2º, se ha acompañado la carátula exigida.-
Siendo ello así, y considerando los planteos efectuados, cabe sostener que el recurso federal articulado ha sido interpuesto con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Nº 48 (conf. art. cit.), y que, en orden a la naturaleza del decisorio atacado, la cuestión que motivó el planteo no es susceptible de reparación por otra vía procesal.-
Efectivamente, analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007, encuentro que en el caso del inciso a), si bien es conocida la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a que lo relacionado con la recusación de los jueces no constituye sentencia definitiva; considero que en los presentes no es así. Efectivamente, es mi opinión, que en los presentes actuados se causa un agravio de imposible reparación ulterior, por lo cual nos hallamos ante una excepción al criterio general señalado.- En cuanto al artículo 3º, inciso b), considero que la recurrente cumple acabadamente con los requerimientos, es decir, realiza un adecuado relato de las circunstancias del caso.-
Con relación al artículo 3º, inciso c), y como expresara ut supra, la recurrente demuestra que el pronunciamiento impugnado les ocasiona un gravamen concreto y actual.-
Respecto de los restantes incisos (d) y e)) de la Acordada 4/2007, entiendo que nos hallamos ante una indiscutible cuestión federal, que deviene en la irremediable declaración de admisibilidad del presente recurso extraordinario.-
Considero que las impugnaciones de la recurrente generan agravio federal suficiente que habilitan la revisión por parte de la Corte Suprema en base a la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, por cuanto se ha omitido dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo a los términos en que fue planteada y el derecho aplicable, afectándose las garantías constitucionales de defensa en juicio y del debido proceso.-
Estos fundamentos permiten sustentar la admisibilidad de la presentación en estudio; por ello considero que debe concederse el recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 126/146 vta., debiendo darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 257º, segundo párrafo ‘in fine’ del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y remitirse los autos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así lo voto.-
Los Dres. Joaquín Alejandro Cabral, Ricardo Javier Albornoz y Rosa Ramona Núñez, adhieren al voto de la Dra. María Teresa Guruceaga, por compartir sus fundamentos.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales Subrogantes, Dres. Joaquín Alejandro Cabral, María Teresa Guruceaga, Ricardo Javier Albornoz y de la Sra. Vocal Subrogante a cargo de la Presidencia, Dra. Rosa Ramona Núñez; y la disidencia del Sr. Vocal Subrogante, Dr. Francisco Vicente Marinkovic, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte recurrente a fs. 126/146 vta..-
Fdo: Dra. Rosa Ramona Núñez -Vocal Subrogante a/c Presidencia-, Dr. Joaquín Alejandro Cabral -Vocal Subrogante-, Dra. María Teresa Guruceaga -Vocal Subro- gante-, Dr. Ricardo Javier Albornoz -Vocal Subrogante-, Dr. Francisco Vicente Marinkovic –Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1002O.181 Tomo: VIII Sentencia: 399 Folio Nº: 1513/1517 Secretaría: 1
Fin de la sentencia