Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-769/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la accionante a fs. 79/99 vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: P-769/17-TSJ Sentencia N°: 394 Actor: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Fecha: 11/07/17 Texto:
TOMO VIII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 394 FOLIO Nº 1491/1495 PROT. ELECT. TSS1 009 O.171
Río Gallegos, 11 de julio de 2017.-
Los presentes autos caratulados: “PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº P-769/17-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso extraordinario federal que articulara el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz -Dr. Fernando Pablo Tanarro- y la Sra. Fiscal de Estado Adjunta, Dra. Andrea B. Askenazi a fs. 79/99 vta., ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo a fs. 70/76 que rechazó la nulidad y recusaciones planteadas.-
II. Los recurrentes suscitan la instancia extraordinaria federal alegando arbitrariedad; como así también la violación de “las distintas garantías procesales que tutela la Constitución Nacional, como ser el...derecho de defensa, el debido proceso. También se han violentado derechos reconocidos en tratados internacionales que resultaban operativos en función de lo establecido en el inciso 22 del art. 75 de la Constitución Nacional. Además...la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elaborado un ámbito excepcional de acción del recurso extraordinario, que es el de las sentencias arbitrarias que originan cuestión federal, habilitándose así la intervención del citado Tribunal.” (cfr. foja 87 vta.).- Argumentan, que la resolución que ataca resulta asimilable a una sentencia definitiva, pues “En el caso resulta evidente que la sentencia recurrida ocasiona al Estado Provincial un gravamen concreto y actual, atento la forma en que la cuestión fue resuelta.
Es así que, primeramente, debemos manifestar que llama la atención la ligereza conceptual con que fue resuelto nuestro planteo, con lo cual solo se pretender (sic) sostener los pobrísimos e infundados argumentos de la resolución dictada por V.S. Los cuales, además, se alejan insólitamente de las normas procesales vigentes y de su interpretación doctrinaria y jurisprudencial.” (cfr. fs. 88 y vta.).- Plantean, que la resolución atacada se encuentra alejada de las nociones del debido proceso, manifestándose respecto de cuestiones fácticas y de derecho procesal que motivaron su primigenia solicitud de nulidad. Al respecto, expresan que “…si se suspenden los términos, esos días...no son hábiles. La suspensión no refiere a los días sábados, domingos o feriados, como casi burlonamente se pretende decir.
En su caso que el TSJ emita una resolución que dispone la suspensión de los plazos procesales. Tal instrumento necesariamente refiere a la suspensión de los términos que corren de lunes a viernes. Para los fines de semana y feriados no hace falta que el TSJ se expida específicamente como lo ha hecho. En este contexto pretender que el pedido de la Fiscalía de Estado aludía a los sábados, domingos y feriados es -además de absurdo- manifiestamente arbitrario.” (cfr. foja 91 vta.).- Añaden que, “Ahora bien, V.S., determina la suspensión de plazos y luego decide no habilitar días, pero a continuación -absurdamente-, casi secretamente o como para que esta parte no se entere también decide la reanudación de plazos procesales.
Esto constituye un lamentable y arbitrario intento de sacar provecho de la situación fáctica enunciada que determinaba la imposibilidad del acceso del justiciable a la sede del juzgado. Pero lo decide inaudita parte, esto es, sin notificársenos tal como prevé el art. 136, inciso 5 del C.P.C. y C. - aplicable por remisión del art. 22 de la ley 2600.” (cfr. foja 92).- Asimismo, expresan que “...ante la reanudación de plazos por parte de V.E., lo único que correspondía, era que se nos notificase por cédula. Salvo que lo que se persiguiese es que esta parte ante las medidas de toma del edificio del Tribunal y la suspensión general decretada por V.E., no pudiese tener acceso al expediente, que fue lo que en definitiva sucedió.
Lo que constituiría claramente una clara conducta abusiva. Al respecto cabe mencionar que el personal judicial no posibilitaba el acceso al edificio, que existió la toma del edificio y que, incluso, cuando se pudo ingresar determinó la presencia de personal de Fiscalía de Estado acompañado por un escribano público.” (cfr. foja 93 vta.).- Acotan que “...no [se] puede dejar de insistir sobre las particularidades que reviste este litigio. En efecto, de lo que se trata, de lo que se discute en autos es de la asignación de fondos al Poder Judicial para atender determinados fines remunerativos. El interés de los funcionarios judiciales es más que evidente y de allí la necesidad de resguardar todo lo referente a la posibilidad de ejercer el derecho de recusar a los magistrados intervinientes.” (cfr. foja 94).-
Concluyen afirmando que “...la causa ha tramitado omitiéndose todo tipo de notificación a esta parte, a pesar de existir la obligación legal de hacerlo, se nos ha impedido sistemáticamente el acceso al expediente -y tal es así, que debimos concurrir con un escribano para tomar vista del mismo- y de tal forma hemos sido impedido[s] [de] ejercer legítimas defensas que hemos expresado en nuestro escrito. Que ante este panorama el TSJ alegue que no corresponde acceder al pedido de nulidad sobre la base de que los actos han sido consentidos por no haber dejado nota es, directamente, lamentable y, desde ya, absurdo.” (cfr. foja 97).- A fs. 101/102 vta. dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo quien -por las razones que allí esgrime y a las cuales nos remitimos “brevitatis causae”- expresa que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
III. Que corresponde entonces que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado por la accionante, tal y como lo dispone el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011 (conf. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 351, Folio 1331/1335).-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 de CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que los recurrentes dieron cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde entonces, su análisis a la luz de las previsiones de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando lo dispuesto por el artículo 2º de la Acordada N° 3/2012 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En este análisis, se constata que la presentación no supera las cuarenta (40) páginas, pero numerosas de ellas poseen veintisiete (27) renglones, por lo que excede el máximo permitido (conf. art. 1º de la Acordada 4/2007). No obstante lo cual, dicho incumplimiento no será tenido como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado, a fin de no incurrir en un exceso de rigor formal (Fallos: 334:196).-
Asimismo, se advierte que los recurrentes constituyeron domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. artículo 2º, inciso d) de la Acordada Nº 4/2007) y que consignaron el código de usuario contemplado en la Acordada 31/2011, el cual resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Acordada Nº 3/2012.-
IV. Analizando los recaudos sustanciales exigidos por el articulo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), si bien la decisión recurrida proviene del Superior Tribunal de la causa, no tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia.-
Es criterio sentado en la materia, que la procedencia del recurso extraordinario requiere que la decisión recurrida revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (Fallos: 303:633).-
Efectivamente, resulta aplicable al caso la doctrina consolidada de la Corte Suprema que indica que, a los fines de la procedencia del recurso extraordinario federal, la ausencia de sentencia definitiva no puede ser suplida por la invocación de garantías constitucionales que se entiendan amenazadas, ni por la pretendida arbitrariedad del pronunciamiento o la alegada existencia de un supuesto de gravedad institucional (Fallos: 311:565, 312:1891, 2150 y 2348; 317:1814; 322:2920, entre muchos otros).-
Se ha expresado, que las resoluciones que rechazan planteos de nulidad y cuya consecuencia es continuar sometido al proceso, no constituyen sentencia definitiva o equiparable a tal, a los fines del recurso extraordinario, sin que la invocación de la tacha de arbitrariedad o de garantías constitucionales puedan suplir ese requisito (Fallos: 310:2733; 316:341; y sus citas; 321: 2310 y sus citas, y 321:3679, entre otros). También se ha dicho que corresponde desestimar la queja si el recurso extraordinario no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal -art. 14 de la ley 48- (Fallos: 327:4292).- Como se expresara supra, en el presente el recaudo en examen no se encuentra debidamente cumplimentado, por lo cual la presentación efectuada deviene inadmisible.-
V. No obstante lo expuesto, con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º de la Acordada 4/2007, el escrito recursivo no consigue satisfacer las mencionadas en los incisos b), c), d) y e) del citado artículo.-
El recaudo del inciso b) del artículo 3º implica que el relato de los hechos, debe ser dividido en las distintas etapas procesales por los cuales discurrió y en cada una de ellas se deberá precisar la vinculación existente con la cuestión constitucional y convencional planteada (conf. Gil Domínguez Andrés, “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja” Ed. Ediar, Bs. As., 2011, pag. 107). En el caso de autos, el planteo de nulidad que interpusiera la accionante a fs. 58/60, y que diera origen en definitiva al recurso extraordinario en estudio; no resulta ser objeto de un adecuado relato, y menos aún se precisa la vinculación que existiría con una cuestión constitucional y convencional, tal como lo exige la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.- Asimismo, los recurrentes no logran demostrar cuál es el perjuicio constitucional personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación que el pronunciamiento impugnado les ocasiona, sino que sólo se limitan a mencionar una serie de derechos que emanan de la Carta Magna y que, dicen, han sido menoscabados (conf. art. 3º inc. c) de la Acordada 4/2007).-
Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión Federal (conf. Fallos 306:1740, 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (conf. autos: “Reynoso, Edgardo R. c/ Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126- 170 y 171) y por este Alto Cuerpo (conf. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca (conf. Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 369, Folio 1397/1401).- Es así, que la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina, la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (conf. Carlos R. Tribiño “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- La accionante funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14 de la Ley Nº 48 sin especificar en cuál de sus incisos y sin indicar adecuadamente de qué forma fueron vulneradas las normas que considera infringidas (conf. foja 87 vta.).-
La presentación se dirige, como se expresara, contra el rechazo de un planteo de nulidad. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha manifestado en reiteradas oportunidades, considerando que para que prospere la declaración de nulidades procesales, se requiere la existencia de un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues cuando se adopta en el solo cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (Fallos: 295:961; 298:312; 302:221; 306:149 y 1360; 311: 1413 y 2337; 323:929, entre otros).- Debe recordarse, que “Es doctrina reiterada de este Tribunal que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia. En efecto, la nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 323:929 y 325:1404).” (Fallos: 331:994).- No se advierte en el caso, entonces, circunstancia alguna que habilite a hacer excepción a la jurisprudencia de la Corte Suprema, según la cual la reparación de posibles nulidades procesales es cuestión ajena, como principio, a la jurisdicción que acuerda el artículo 14 de la Ley 48 (Fallos: 188:419; 217:722; 218:278; 221:728; 234:229 y 303:1622).-
En la resolución atacada, se rechazan asimismo las recusaciones formuladas; casos en los cuales ha decidido categóricamente el más Alto Tribunal, que las decisiones que versen sobre recusación de los magistrados es materia ajena al recurso extraordinario federal, por la naturaleza, en principio, fáctica y procesal del tema y la ausencia de sentencia definitiva o equiparable (Fallos: 290:334; 291:575; 293:466; 297:70; 302:446 y 1332; 303:220; 305:1745; 311:565; 314:649; 317:771; 327: 2048, entre varios otros).-
VI. Resulta preciso aclarar, que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley 48), ni tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley 48).- Esto es así ya que en el sub lite se resolvió, en definitiva, el rechazo de un planteo de nulidad basada en cuestiones de índole de derecho procesal, sin que para llegar a tal conclusión se haya debatido en el pleito ninguna cuestión federal, lo que hace inadmisible el recurso extraordinario.-
En ese orden, tampoco se advierte en el escrito “la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas” (cfr. Acordada 4/2007, inciso d) del art. 3º), como así tampoco la “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15º de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el recurrente debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:2421). No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (Fallos: 311:499 y 331:809).- Por último, no se advierte “la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas” (cfr. Acordada 4/2007, inciso e), art. 3º).-
Esto se sigue -como se observó ut supra- de la inexistencia de cuestión federal (conf. art. 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (conf. Palacio de Caeiro, Silvia B., Recurso Extraordinario Federal, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012. págs. 431/432) (conf. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 362, Folio 1365/1368).-
VII. Respecto de la alegada arbitrariedad de la resolución atacada, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que dicha doctrina es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 325:3265 y sus citas).- Conteste con lo señalado ut supra, en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).
Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 261:209 y 279:355).- Asimismo, no puede prosperar la arbitrariedad que se le enrostra a la resolución de marras, toda vez que no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que la configuran. Sobre la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “…no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia ya que sólo se desprende del recurso una exposición reiteradas de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio todo ellos relativos a cuestiones de hecho, prueba y a la interpretación asignada a normas de derecho común…” (del Dictamen del Procurador General que la Corte hace suyo en Fallos: 325:2192).- La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (del dictamen del Procurador General que la Corte Suprema comparte en Fallos 311:1950; asimismo, del Dictamen del Procurador General al que la Corte remite en Fallos 323:3139).
Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
VIII. Que, por otro lado, cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que tutela la Constitución Nacional (conf. foja 87 vta.) constituye una enunciación de principios y normas supuestamente vulnerados que no logran demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso.-
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (Fallos: 310:2306). No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (Fallos 310:2306).- En este sentido, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que “…para descalificar una sentencia por causa de arbitrariedad en el razonamiento legal se debe efectuar un análisis de los defectos lógicos que justifican tan excepcionalísima conclusión. Este no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impida considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como la ‘sentencia fundada en ley’ a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (conf. doctrina de Fallos: 311:786; 312:608; 314:458; 324:1378, entre muchos otros).- Corresponde concluir entonces, que los planteos efectuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio extraordinario federal, toda vez que carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la accionante a fs. 79/99 vta..-
Fdo: Dr. Joaquín Alejandro Cabral -Vocal Subrogante A/C Presidencia-, Dra. Rosa Ramona Núñez -Vocal Subrogante-, Dra. María Teresa Guruceaga -Vocal Subrogante-, Dr. Ricardo Javier Albornoz -Vocal Subrogante-, Dr. Francisco Vicente Marinkovic -Vocal Subrogante-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1009O.171 Tomo: VIII Sentencia: 394 Folio N°: 1491/1495 Secretaría: 1
Fin de la sentencia