Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a las excusaciones deducidas por el Dr. Fernan-do Miguel Basanta en PE1970755-2025 y por el Dr. Eduardo Gabriel López en PE1971288-2025.-
TOMO X -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 502 FOLIO Nº 1910/1913 PROT. ELECT. TSS1010O.251
Río Gallegos, 25 de septiembre de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº P-769/17-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes a conocimiento de este Tribunal Su-perior de Justicia para resolver, en primer término, las excusaciones deducidas por el Sr. Vocal ante este Alto Cuerpo Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1970755-2025, y el Sr. Vocal Subrogante, Dr. Eduardo Gabriel López en PE1971288-2025.-
El Dr. Basanta expresa: “Motiva esta decisión el hecho de que el suscripto, en el entonces carácter de Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, tenía competencia para entender en todo lo referente a las relaciones con el Po-der Judicial y a la organización y funcionamiento de la Justicia (cfr. art. 5º de la Ley N° 3480) y, en consecuencia, a los fines de evitar cualquier posible sospecha sobre la objetividad e imparcialidad que pudiera existir en el ánimo de las partes, por razones de decoro y delicadeza, excúsome de intervenir en los presentes en virtud de lo dis-puesto por el segundo párrafo del artículo 30 del CPCyC.” (cfr. PE1970755-2025).- En razón del escrúpulo fundado en las circunstancias explicita-das, que demuestran que la inhibición responde a causales avaladas en serios funda-mentos y en virtud de lo normado en el artículo 30, segundo párrafo del CPCyC, co-rresponde hacer lugar a la excusación deducida por el Dr. Fernando Basanta.-
Por su lado, el Dr. Eduardo Gabriel López manifiesta: “Ha-biendo intervenido en su momento en la presente causa como apoderado de la parte actora y al encontrarme incurso en la causal establecida en el inciso 7º del art. 17 del CPCyC me excuso de intervenir y lo cual, además se justifica en función de lo dis-puesto por el art. 30 del Código de Rito.” (cfr. PE1971288-2025).-
En razón de los motivos que fundan la excusación del Magistrado y al haber actuado en representación de la actora a fojas 58/60, dicha participación procesal se encuadra en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPCyC, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, por lo que corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo llegan los presentes en virtud de la recusación con causa formulada a fojas 157/161, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de San-ta Cruz, respecto de los Sres. Vocales Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, Dr. Daniel Mauricio Mariani y Dr. Enrique Osvaldo Peretti.-
El Sr. Fiscal de Estado expresa su petición en los siguientes términos: “…esta parte viene a poner de manifiesto que ha tomado conocimiento de la emisión de la Resolución anotada al tomo CCXXI, Registro 56, Folio 1/4, del 15 de agosto de 2017. La noticia al respecto ha sido el traslado dispuesto en los autos Aso-ciación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz 3 de Julio c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Amparo -Mandamus-, Expte. 18.468/17 y donde se acompañó con la demanda copia simple del aludido instrumento.” (cfr. foja 157). Agrega al respecto: “Suscriben el instrumento los Vocales Dra. Paula Ludueña Cam-pos, Dr. Daniel Mariani, Dr. Enrique Osvaldo Peretti. Ahora bien, conforme a lo pu-blicado en distintos medios de prensa, en el marco de las paritarias se habría acordado el ‘reconocimiento de la plena vigencia del sistema salarial’, ello lógicamente con los representantes del TSJ.” (cfr. foja 157 vta.).- Considera que: “…los firmantes han emitido opinión sobre lo que se encuentra en tratamiento por ante el mismo Alto Cuerpo […] Lo concreto es que los magistrados en cuestión han adelantado opinión sobre una materia litigiosa, la que a la fecha se encuentra a resolver ante el propio TSJ. Desde ya, la cuestión es gra-ve y, además, determina que se ha configurado otra causal sobreviviente que debe irremediablemente determinar la recusación con causa de los vocales mencionados. Casi huelga señalar que se ha afectado aquí -otra vez- lo establecido en tratados de índole internacional sobre la necesidad de resguardar la garantía constitucional de la intervención de un ‘juez imparcial’ en todo litigio.” (cfr. foja 158 y vta.). Expresa que: “…con la nueva actuación, se configura con claridad la causal enunciada en el inciso 7 del Artículo 17 del CPCyC…A sus efectos destacamos que el planteo formulado por esta parte no se circunscribe exclusivamente a la previsión establecida en el Código de Rito local. Esto es, también debe tenerse presente lo establecido en materia constitu-cional e internacional sobre la materia.” (cfr. foja 160 vta.). Hace reserva del caso fe-deral (cfr. foja 161).-
III. Que antes de seguir avanzando, se debe señalar que el Dr. Enrique Osvaldo Peretti renunció a su cargo de Vocal de este Alto Cuerpo. Dimisión aceptada a partir del 1º de abril de 2022 por Decreto N° 0308/22 del Poder Ejecutivo Provincial del 17 de marzo de 2022, del cual toma conocimiento este Tribunal por Resolución registrada al Tº CCXXIX, Rº 04, Fº 07, del 29 de marzo de 2022.-
En razón de lo antedicho, el Dr. Enrique Osvaldo Peretti ya no interviene como Vocal de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, con lo que de-viene abstracto el tratamiento de su recusación.-
IV. Que, a fs. 181 y 183 obran agregados los informes del Dr. Daniel Mauricio Mariani y de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, producidos en los términos del artículo 22 del CPCyC.-
El Dr. Daniel Mauricio Mariani sostiene: “…Considero necesa-rio expresar que la resolución del 15 de agosto de 2017 resulta ser una instrucción a la Dirección General de Administración de este Poder Judicial a tomar las medidas ad-ministrativas tendientes a efectivizar la aplicación de la resolución que motivó los pre-sentes autos. En razón de lo cual corresponde remitirme a los fundamentos que expre-sé oportunamente (conf. fs. 25 y vta.). Por lo que, téngase por formulado el informe solicitado y, en razón de los fundamentos dados oportunamente, por negada la recu-sación planteada.” (cfr. foja 181).- La Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, expresa: “…Al res-pecto debo señalar que mediante la Resolución registrada al Tomo CCXXI, Reg. 56, Folio 114 simplemente se instruyó a la Dirección General de Administración (Conta-duría) y a la Dirección de Administración (Prosecretaría) para que tomen las medidas administrativas necesarias tendientes a efectivizar la aplicación de la Resolución asen-tada al Tomo CCXXI, Reg. 16, Folio 24/28.”. Agrega que considera que corresponde remitirse a los fundamentos que oportunamente expuso en su informe de foja 36 y vta., al momento de solicitar el rechazo de la recusación formulada en su contra en virtud de haber suscripto la Resolución mencionada (cfr. foja 183).-
V. Que atento lo expuesto, resulta necesario mencionar que el Dr. Mariani argumentaba en su informe previo: “…El ejercicio por el Tribunal Superior de Justicia de las competencias constitucionales que inviste no puede dar lugar a la recusación con causa de sus miembros individualmente considerados […] Es necesario recordar que el instituto de la recusación es de excepción y de interpretación restricti-va, con supuestos taxativamente establecidos y para casos extraordinarios, toda vez que su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional del juez natural. Consi-derando que la cuestión debatida reviste una gravedad institucional insoslayable […] Por todo lo expuesto, estimo improcedente la recusación planteada...” (cfr. fs. 25 y vta.).- En el informe de fojas 36 y vta., la Dra.
Ludueña Campos ex-presaba: “…corresponde recordar que el instituto de la recusación con causa es un mecanismo de excepción, de interpretación restrictiva, con supuestos taxativamente establecidos para casos extraordinarios. Ello se debe a que su aplicación provoca el desplazamiento de la competencia natural de los jueces, y se altera, en consecuencia, el principio constitucional del juez natural, en miras de tutelar la imparcialidad de los magistrados llamados a intervenir en un determinado asunto…Siendo ello así, se im-pone mencionar que éste Tribunal Superior de Justicia al suscribir la resolución cues-tionada, no hizo sino cumplir con competencias que surgen tanto de la Constitución Provincial, como de diversas leyes dictadas en su consecuencia (v. gr.
Leyes Nº 2996 y 3022), y cuyo ejercicio no puede dar lugar a la recusación de sus miembros. Dichas facultades son exclusivas de este Tribunal Superior, que en su condición de titular de uno de los departamentos del gobierno provincial ejerce la superintendencia sobre la administración de justicia (conf. artículo 133, inciso 1º, de la Constitución Provincial), y las funciones relativas a la remuneración de los agentes que componen el Poder Ju-dicial; y cuya delegación, además, se encuentra expresamente prohibida por el artículo 31 de la Constitución Provincial. Es fácil advertir, entonces, que no me encuentro comprendida en ninguna de las causales previstas en el artículo 17, inciso 7º, del Có-digo de rito, puesto que al suscribir la citada resolución no he hecho más que cumplir con atribuciones que se encuentran legal y constitucionalmente previstas, y que no implican de ningún modo haber emitido opinión o dictamen, ni mucho menos haber dado algún tipo de recomendación acerca del pleito (conf. artículo citado).”.
Es por ello, que solicita el rechazo de la recusación formulada a su respecto (cfr. fs. cits.).-
VI. Que el recusante fundamenta su presentación en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz, en el cual se regulan las causas legales de la recusación con causa. En dicho inciso se es-tablece: “Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenza-do”).-
En los presentes, nos hallamos ante el pedido de recusación con fundamento en la Resolución que dictara el Tribunal Superior registrada al Tomo CCXXI, Reg. 56, Folio 114, por el cual se instruyera a la Dirección General de Admi-nistración y a la Dirección de Administración, a los fines de que tomen las medidas administrativas necesarias tendientes a efectivizar la aplicación de la Resolución asen-tada el Tomo CCXXI, Reg. 16, Folio 24/28; es decir, la resolución que motivó los presentes autos.-
En primer lugar, debe recordarse, que el artículo 17 inc. 7º del CPCyC establece la posibilidad de la recusación realizando una enumeración taxativa. Es por ello que la recusación con causa se sustenta en esta enumeración específica de los motivos que la hacen procedente, debiéndose entender con un criterio restrictivo, y requiriéndose una fundamentación seria y precisa al momento de su reclamo, por tra-tarse de un acto grave y trascendental.-
Así como en la recusación intentada por el presentante, se invo-ca la causal del inciso 7º del artículo 17, suponiendo que los firmantes de la resolución a la que alude, han “emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado”, como se expresa en la normal. En definitiva, se refiere a la posibilidad de que se configure el prejuzgamiento.-
Sin embargo, la resolución que pretende impugnarse fue dicta-da en función de la actuación administrativa de los Vocales del Tribunal Superior. Como consecuencia de ello, los actos, los procedimientos y los recursos que en su con-secuencia se dicten serán de naturaleza administrativa.-
Debe recordarse que este criterio ha sido fundamento de la re-solución que rechazara las recusaciones con causa formuladas oportunamente por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz y que fueran resueltas a fs. 116/123 vta.. Paralelamente, los mismos Sres. Jueces recusados se remiten a los informes que emitieran respecto de esas recusaciones.-
Así, en aquella resolución se manifestó que las atribuciones de “Superindentencia” constituyen prerrogativas de poder inherentes a los Tribunales Superiores con el fin de ejercer el gobierno del Poder Judicial. Son prerrogativas pro-pias de los tribunales, que concurren con las específicas de su labor jurisdiccional. En-tonces, al Tribunal Superior, en condición de máximo órgano judicial de la Provincia, el orden constitucional local le asigna el gobierno y administración del Poder Judicial, dotándole de prerrogativa de poder, que conlleva una multiplicidad de facetas e in-cumbencias que lo obligan a entender en aspectos internos, que hacen a la administra-ción de justicia. Es por ello, que en los actos emanados del Poder Judicial, debe dis-tinguirse entre los dictados en ejercicio de la función judicial, de los dictados en ejer-cicio de la llamada actividad de superintendencia (cfr.
Otros Recursos, Tomo VIII, Reg. 395, Folio 1496/1503, voto de la mayoría).- Ya este Alto Tribunal ha decidido que no correspondía la recu-sación de los Vocales en una causa judicial donde se debatía una cuestión vinculada con el ejercicio de funciones administrativas de los mismos. En tal sentido dijo: “…En las presentes actuaciones no se advierte configurada la causal mencionada, un adelan-to de opinión respecto del fondo de la cuestión, y sí que su actuación se ha ceñido estrictamente a los deberes legales impuestos, sin que pueda colegirse de manera algu-na que haya habido un adelanto de opinión sobre el fondo de la litis, limitándose la actuación de los Sres. Vocales a la jurisdicción administrativa dentro de los límites de la cuestión sometida a su consideración.” (TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3439, Folio 5813/5818, voto de la mayoría).- En la misma inteligencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que: “…corresponde rechazar la solicitud de apartamiento de los jueces de la Corte para decidir el planteo de inconstitucionalidad de las acordadas 31/11 y 38/13 si no se configura un adelanto de opinión ni los jueces han quedado comprendidos en ninguno de los enunciados descriptivos que contempla en el art. 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación cuando la Corte ejerce la facultad que la Constitución y la ley le confieren para establecer normas generales de superin-tendencia (doctrina de la causa CSJ 578/2007 (43-D)) ‘Defensoría Pública de Meno-res nº 4 c/ Molinari, Pedro Carlos y otro s/ recusación con causa’, sentencia del 1° de abril de 2008; Fallos: 331: 2561) […] Que es apropiado recordar que desde la consti-tución de este Tribunal en 1863, durante todo su ulterior funcionamiento y hasta la más reciente legislación sancionada por el Congreso de la Nación, le han sido recono-cidas a esta Corte las atribuciones necesarias para dictar disposiciones reglamentarias como las impugnadas (ley 48, art 18; ley 4055, art. 10; ley 25.488, art. 4º, 2º párrafo; con£. acordada 4/2007).” (Fallos 339:1804) (cfr.
TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VIII, Reg. 395, Folio 1496/1503, voto de la mayoría, cit.).- Como se expresara más arriba, el pedido de recusación se fun-damenta en la Resolución que dictara este Tribunal Superior por el cual se instruyera a la Dirección General de Administración y a la Dirección de Administración a los fines de que tomen las medidas administrativas necesarias tendientes a efectivizar la aplica-ción de la Resolución asentada al Tomo CCXXI, Reg. 16, Folio 24/28 que motivara los presentes actuados (Tomo CCXXI, Reg. 56, Folio 114). Es decir, ambas resolu-ciones han sido dictadas por este Tribunal con fundamento en sus atribuciones de Su-perintendencia. Es por ello, que los argumentos para el rechazo de la recusación ahora planteada, resultan ser esencialmente los mismos.- No se encuentra configurada, entonces, la causal de recusación invocada por la Fiscalía de Estado; es decir, un adelanto de opinión respecto del fon-do de la cuestión.
Lo que se advierte es que la actuación de los Vocales recusados se ha ceñido estrictamente a los deberes legales impuestos, limitándose su actuación a la función administrativa dentro de los límites de la cuestión sometida a su considera-ción.-
En definitiva, y por lo expuesto hasta aquí y conforme los fun-damentos desarrollados, las recusaciones planteadas a los Sres. Vocales Dr. Daniel Mauricio Mariani y Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos deben ser desestimadas.-
VII. Que sin perjuicio de lo expuesto, se debe destacar que el juez debe atenerse a la situación fáctica existente al tiempo de deducirse la pretensión y -en su caso- la oposición. Así, en razón que durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir nuevos hechos que alteren la situación inicial, el principio de economía procesal aconseja no vedar al juez la posibilidad de considerar tales hechos en oportunidad tanto de dictar sentencia, como en el estadio procesal en donde se hallen verificados tales supuestos, ya que, debe tenerse inexorablemente en cuenta la modificación operada cuando media un evento sobreviniente durante la tramitación del pleito que modifica una situación de hecho o de derecho respecto de la existente al tiempo de la traba de la litis (cfr. Palacio, Lino E. y otro, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 1992, Tomo II, pág. 112 y Tomo IV, págs. 408/409; TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo II, Reg. 102, Folio 259/260; Contencioso Administrativo, Tomos V, Reg. 375, Folio 903/904 y VI Reg. 455, Folio 1163/1165; Interlocutorio, Tomos XVI, Reg. 2095, Folio 3087/3088, XVIII, Reg. 2360, Folio 3494/3495; entre muchos otros).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido -en fa-llos uniformes- que resulta imprescindible que sus pronunciamiento deban atender a las circunstancias existentes al momento en que se las dicta (Fallos 269:31. Ver tam-bién 292:140). Es oportuno remarcar que ha sostenido reiteradamente que: “…no co-rresponde emitir pronunciamiento respecto de los temas propuestos por vía del recurso extraordinario si las circunstancias sobrevinientes al planteo han tornado inoficiosa su consideración por esta Corte…” (Fallos: 243:146; 267:499; 272:130; 274:79; 285:353; 303:2020 y otros), criterio que este Tribunal comparte.- Que ingresando al estudio del caso que nos ocupa se advierte que el litigio planteado se encuentra totalmente agotado. Esto es así ya que el mismo giraba en torno a la validez de aumentos salariales otorgados en el año 2017 al perso-nal judicial por este Alto Cuerpo.-
En efecto, dichos aumentos se encuentran convalidados por el Poder Ejecutivo Provincial al enviar los fondos para cubrir dichos incrementos. Ade-más han existido una gran cantidad de aumentos de sueldo posteriores, también con-validados por el Poder Ejecutivo que hace sin duda que la cuestión debatida en autos pierda total virtualidad y actualidad, tornándola abstracta.-
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ VIII.- Que por todo lo expuesto, corresponde aceptar las excusaciones deducidas por los Dres. Fernando Miguel Basanta y Eduardo Gabriel López, declarar abstracto el tratamiento de la recusación del Dr. Enrique Peretti; re-chazar las demás recusaciones; y declarar cuestión abstracta la pretensión incoada en el presente proceso.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a las excusaciones deducidas por el Dr. Fernan-do Miguel Basanta en PE1970755-2025 y por el Dr. Eduardo Gabriel López en PE1971288-2025.-
3. Rechazar las recusaciones con causa formuladas por la Fis-calía de Estado de la Provincia de Santa Cruz a fs. 157/161, respecto del Dr. Daniel Mauricio Mariani y de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos.-
ALICIA DE LOS ÁNGELES MERCAU
Vocal a/c de Presidencia CARLOS ENRIQUE ARENILLAS Vocal Subrogante NÉLSON ANDRES SANCHEZ Vocal Subrogante MARÍA ALEJANDRA VILA Vocal Subrogante JORGE DANIEL YANCE Vocal Subrogante MARCELA SILVIA RAMOS Secretaria
Fin de la sentencia