Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 5913
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello sostengo que el dictamen del Tribunal de Tasaciones anulado es arbitrario y dogmático al no explicar detalladamente como llega a la conclusión a la que arriba, con apariencia de fundamen-to desde que se refiere al método, pero no explica cómo, o de dónde saca los valores que utiliza ni los desarrolla, o como llega a la clasificación que utiliza.
No toma en cuenta que la obra se realizó en etapas como informó el demandado en su respon-de, y surge del plano de regularización acompañado en el responde. Comparto por estas razones que se haya determinado la nulidad del informe de fs. 475/479. No obstante no haber sido materia de agravios, lo expreso y fundo toda vez que en el curso de mi voto me referiré en esa nulidad y los vi-cios que originaron.
Hago una interrupción en este momento para señalar un aspecto no cuestionado por las partes: La sentencia hace lugar a la demanda por expropiación y declara transferida la propiedad del bien inmueble y de los bienes muebles expropiados debiendo procederse a la inscripción registral de los mismos ante los organismos correspondientes según su naturaleza. Ello sin que se haya condenado a abonar la indemnización que no se encuentra determinada. Es decir, no se cumple el requisito de la “previa indemnización” del art. 17 de la Constitución Nacional. …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 5913 Sentencia: 2999 Actor: Provincia de Santa Cruz Demandada: Antonio Barillari S.A.
Objeto:Expropiación Fecha:24/04/2023 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veintitrés, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definiti-va en los autos “PROVINCIA DE SANTA CRUZ C/ ANTONIO BARILLARI S.A. s/ expropia-ción” Expte. 13.463 del año 2009 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, que ingresaran en esta instancia bajo el Nº 5913. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Corresponde declarar de-sierto el recurso del expropiado como pretende la parte actora? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida?: TERCERA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Dictada la ley 3081 que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación en los términos de la ley provincial Nº 21 del inmueble parcela 8 de la manzana 52, sección 3ª de la Circunscripción 1º Departamento VI de esta ciudad, que comprende la Planta de Procesamiento de Productos del Mar de la empresa Antonio Barillari S.A. a fin de propender a la continuidad económica y mantenimiento de las fuentes de trabajo. Se depositó la suma de $756.865,29 al iniciar el juicio de expropiación y se solicitó la posesión del inmueble mediante el respectivo mandamiento de posesión, constatación y confección de inventario. Se solicitó por la provincia se individualizara claramente los bienes indican-do número de serie modelo, características técnicas, sus condiciones de conservación y funcionamien-to “datos todos que servirán para que oportunamente se pronuncie el Tribunal de Tasaciones y even-tualmente se produzca prueba pericial y con ello se determine el valor de los bienes de conformidad con lo normado en el art. 18 de la ley 21.” Propone tasador de su parte y pide la anotación de litis. Pide que para el caso que el demandado no acepte el monto consignado se ordene la constitución del Tribunal de Tasación.
II. Que corrido traslado y dispuesta la posesión a la expropiante ejecutada por mandamiento obrante a fs.48/54, (ver agregado en último renglón del acta del oficial a fs. 54 vta.) luego que la pro-vincia desconociera la totalidad de la memoria descriptiva acompañada al Oficial de Justicia por el apoderado de la demandada, sin oposición (Ver fs. 55) a fs. 95 se presenta el Síndico a tomar inter-vención en autos. Luego, un año más tarde, recién se notifica el traslado de la acción al expropiado (ver cédula de fs. 113).
Con la documental de fs. 116/168 y escrito de fs. 169/181 se presenta la expropiada Antonio Barillari S.A. por medio de su apoderado, el Dr. Paulo Luis Schmidt, a contestar la demanda y deja planteada su oposición y rechazo del monto consignado. Formula negativas y designa representantes ante el Tribunal de Tasaciones. Determina el valor de los bienes expropiados, describiéndolos, en la suma de $ 14.904.638 después de haber estimado el costo de la construcción en dólares tomando la cotización U$D 1 igual a $ 4. Se refiere a los bienes muebles inventariados el mismo día de la toma de posesión de la planta por la Provincia en diligencia del 11 de diciembre de 2009 y los detalla con su precio (algunos en dólares, o en pesos o en ambos.
Estima el valor de los muebles en $ 16.464.029 y aclara que en el acto de la toma de posesión la Provincia de Santa Cruz se apropió de otros muebles y útiles pertenecientes a la planta y los enumera, pero no estima el valor. Llega a un total de $31.368.667 a los que se debe agregar el daño directo y contemplarse el valor de producción de la unidad económica expropiada. Se queja que sin estar iniciado el proceso de expropiación la provincia tomaba medidas y disponía de la planta lo que califica de arbitrariedad, pero ello no es materia de juicio. Cita doctrina sobre la justa indemnización. Invoca el derecho de su parte. Ofrece prueba. Los representantes de la expropiante se oponen a prueba y desconocen documental y formulan consideraciones sobre el valor de la empresa que se tiene presente en este acto (fs. 183/194).
La ex-propiada contesta el traslado y hace reserva del caso federal. A fs. 204/205 se tiene presente la oposi-ción formulada por la actora en torno a la prueba documental agregada por la demandada para el mo-mento de dictar sentencia y hace lugar a la oposición formulada por la actora a la prueba informativa, pericial contable, tasación y testimonial ello sin perjuicio de la salvedad que se formula en los consi-derandos respecto de la actividad integral que deberá efectuar el Tribunal de Tasación, con costas a la demandada. Tras varios avatares procesales a fs. 370 el Secretario Legal y Técnico de la Gobernación in-forma sobre la conformación del Tribunal de Tasaciones con los representantes de la Asesoría General de Gobierno, de la Dirección de Obras Públicas y de la Dirección de Rentas y del Secretario de Actua-ción.
En función del art. 16 de la ley 21 a fs. 372 se dispone el envío de las actuaciones al Tribunal de Tasaciones. El representante de la expropiada recuerda que resulta parte integrante del Tribunal de Tasaciones y que por lo tanto debe intervenir en las reuniones lo que había señalado en el responde en el capítulo III. El 11 de abril de 2014 se reciben los autos en la Secretaría Legal y Técnica de la pro-vincia conforme fs. 387. A fs. 407 el Dr. Schmidt da cuenta de la audiencia celebrada el 29 de mayo de 2015 en el tribunal de tasaciones y lo allí acordado. A continuación se suceden los requerimientos de la expropiada para que el magistrado intimara al Tribunal de Tasaciones la presentación del dicta-men.
A fs. 453, a raíz del cambio de autoridades provinciales se comunica nueva conformación del tribunal de tasaciones que tampoco incluía a representantes de Antonio Barillari S.A. A fs. 466 se comunica una nueva conformación del Tribunal de Tasaciones que continua sin integrar al representante de la expropiada.
III. Que finalmente, en septiembre de 2018, previa agregación de lo actuado mientras el expediente se encontraba en el Tribunal de Tasaciones, este organismo devuelve las actuaciones y presenta el dictamen obrante a fs. 476/479. En primer lugar, se manifiesta que el representante del expropiado debe igualmente emitir su dictamen. Expresan los integrantes que corresponde la intervención de la sindicatura en virtud del procedimiento concursal en trámite. Tras unas consideraciones previas seña-lan las premisas que debe considerar el tribunal y los antecedentes del caso. Respecto de los bienes muebles inventariados indican que corresponde fijar su valor en los términos del art. 18 de la ley 21. Aclaran que, por la finalidad del bien, no existen valores de fincas linderas ni se han podido materiali-zar información objetiva de bienes vendidos con características similares que permitan una compara-ción objetiva y por ello resulta imposible tomar un parámetro válido. Se refieren a la valuación fiscal y a la imposibilidad de computar el valor de productividad como integrante de la indemnización. Expli-can que, para hallar el valor objetivo, tomaron como referencia el mecanismo adoptado por el Tribu-nal de Tasación de la Nación o sea la norma TTN4.1 método del costo, conforme la información y antecedentes obrantes en el expediente. Destacan la antigüedad que según los antecedentes afirman es de 25 años a la fecha del desapoderamiento y ponderando la depreciación según esa norma y califican su estado como normal. Estima el costo de reposición en $4500 por metro cuadrado y su valor depre-ciado en $2304 por metro cuadrado y tiene en cuenta el total de 3.584,21 metros cuadrados construi-dos y determina el valor de reposición en $ 8.258.019,84 a los que adicionan el valor fiscal del te-rreno acrecido en un 30% para obtener como valor del terreno la suma de $ 219.593,33. Por ello por mayoría el tribunal dictamina que el valor que debe resarcirse al expropiado asciende a la suma de $ 8.4787.613,17.
IV. Que el Juez tiene por presentado el dictamen y fija la audiencia del art. 17 de la ley 21. El expropiado por intermedio de su letrado plantea la nulidad del dictamen por falta de notificación y convocatoria del tribunal a la expropiada y por ello alega la violación del debido proceso y la defensa en juicio, lo que lo colocó en indefensión. Recuerda que su parte integra el Tribunal de Tasaciones conforme art. 24 inc. 5 de la ley 21 y que nunca fue convocada. Cita doctrina.
Impugna el dictamen por falta de tasación del terreno y ser superior la superficie de lo edifica-do, que en lugar de 3.584,21 m2 ella asciende a 4.570 m2 ni tener 25 años de antigüedad por lo que critica la depreciación adoptada. Recuerda la tasación del terreno del martillero Peralta (fs. 135). Hace notar que no se precisa si el valor establecido resulta a la fecha de la expropiación y la negación del valor de productividad del bien.
A la audiencia fijada solo concurre la Dra. Quiroga en carácter de gestora de la demandada (fs. 497). Al contestar en forma extemporánea el traslado de la nulidad a fs. 499/500, la Provincia sostiene que no procede la nulidad por la nulidad misma y si el expropiado no está de acuerdo puede presentar su dictamen en disidencia y allí ponderar los elementos que entiende omitidos adjuntando los antece-dentes respectivos. Entiende que el dictamen debe subsistir. Sostiene que el representante del expro-piado como integrante del tribunal de tasaciones tiene la carga de comparecer e interesarse acerca del funcionamiento de este y que nada la impedía emitir su dictamen en disidencia. Considera que debe intimarse al representante del expropiado a emitir su dictamen. No obstante considerarlo extemporá-neo, nunca se desglosó el escrito. A fs. 502 se deja sin efecto el pase a despacho por cuanto las cues-tiones deben ventilarse en la audiencia del art. 17 de la ley 21. Sin perjuicio de ello se sortea un perito tasador único para que dictamine respecto del monto de las indemnizaciones conforme art. 18 de la ley 21. El martillero Fausto Raúl Oviedo presenta la tasación de fs. 511/519 por un monto total de $ 342.361.694 el valor de los bienes muebles. La provincia a fs. 527 pide un nuevo término para con-testar el traslado de la tasación a lo que se opone la demandada a fs. 324/325. Por interlocutorio de fs. 527/528 se rechaza el pedido y se fija la audiencia en los términos de los arts. 17 y 18 de la ley 21 pero se señala una nueva a fs. 530 con intervención del perito tasador.
En la audiencia mencionada precedentemente instrumentada en PE 171997/ 2021 se resuelve tener presente la totalidad de las manifestaciones de las partes y se dispone el pase a sentencia. Por PE 196186/2021 la Actuaria pone los autos a despacho a ese efecto.
La sentencia obra en PE 335472/2021 y resuelve:
“1. Hacer lugar a la demanda formulada por la Provincia de Santa Cruz contra ANTO-NIO BARILLARI S.A. en virtud de la expropiación del inmueble, instalaciones y bienes mue-bles declarados de utilidad pública por medio de la ley 3081 Anexo I promulgada por Decreto Provincial Nº 2450/09, y declarar transferida la propiedad del bien inmueble y de los bienes muebles expropiados, debiendo proceder a la inscripción registral de los mismos en los orga-nismos correspondientes según su naturaleza, conforme las manifestaciones dadas en los con-siderandos respectivos. 2. Diferir la determinación de la indemnización expropiatoria decla-rando la nulidad del informe remitido por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia de Santa Cruz, quien deberá proceder a su integración en el plazo de diez (10) días de quedar firme la presente sentencia con intervención del representante del expropiado, debiendo acreditar la no-tificación que ordena el art. 16 de la ley provincial Nº 21.
El tribunal deberá remitir su dicta-men en el plazo de 20 días desde su conformación, y conforme los parámetros establecidos en los considerandos respectivos, bajo apercibimiento de proceder a la designación de perito úni-co de oficio a los fines realice la tasación del inmueble. 3º) Dar intervención al perito único designado en autos a los fines dar un avalúo de los bienes muebles indicados en el manda-miento de constatación de fs. 51 a fs. 54 vta. debiendo indicar su valor según las pautas esta-blecidas en el considerando respectivo y bajo apercibimiento de remoción en los términos de los arts. 447y 448 del CPCC. Queda autorizado para concurrir a las instalaciones objeto de la expropiación a los fines de verificar la existencia de los bienes y/o su estado de uso y conser-vación. 4.
Imponer las costas de esta instancia en el orden causado, siguiendo la pauta que es-tablece el art. 23 de la ley 21 y lo expuesto en los considerandos respectivos. 5. Diferir la regu-lación de honorarios y la determinación de la tasa de justicia hasta tanto obre suma líquida en autos, conforme las pautas dadas en los considerandos alusivos, debiendo eximirse al Estado Provincial del pago de la misma conforme exención prevista en el art. 45 de la ley 3271. 6. Dese intervención a la sindicatura designada en los autos caratulados “Antonio Barillari S.A. s/ quiebra” Expte. Nº 56.280/2008 (antes concurso preventivo) de trámite ante el Juzgado Nacio-nal de Primera Instancia en lo Comercial Nº 16, Secretaría N 32 sito en Callao 635, PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Póngase en conocimiento el pacto de cuota litis obrante a fs. 491/494 a sus efectos. 7. Regístrese…….”
V. Que, disconformes, las partes apelan la sentencia. El Dr. Schmidt representando a la ex-propiada se notifica y apela la sentencia con el PE 344442/2021 y el recurso se le concede libremente y con efecto suspensivo por providencia simple en PE 235488/2021.
El Dr. Castelo por la Provincia también interpone recurso de apelación con el PE 369999/2022 que le es concedido libremente y con efecto suspensivo por PE 248428/3022.
Los autos se elevan con la certificación de estilo en PE 595509/2022 y recibidos en PE 602509 se integra cámara, para cubrir la vacante, con el Dr. Juan Pablo Olivera.
Por providencia en PE 613765/2022 se ponen los autos en secretaría para expresar agravios.
El apoderado de la expropiada expresa agravios con el memorial en PE 640881/2022 cuyo traslado contesta la Provincia con el escrito en PE 656624/2022. La actora no obstante tener concedi-do su recurso no expresa agravios. Por ello es que en PE 423585/2022 se declara desierto el recurso de su representada y se dispone el pase a sentencia fijando el orden de estudio.
VI. Que al expresar agravios el Dr. Paulo Luis Schmidt ataca la sentencia por tres cauces im-pugnativos. El primer agravio discurre en varios ángulos de ataque. El segundo agravio se centra en el valor de los bienes expropiados y de la procedencia de incluir los bienes inventariados al realizar la toma de posesión. En el tercer agravio se queja por la imposición de costas en la instancia.
El primer agravio comienza criticando que se haya diferido fijar el quantum de la indemniza-ción expropiatoria, y plantea la innecesariedad e inconducencia de una nueva intervención del tribunal de tasaciones y su improcedencia. Se refiere a la inexistencia de órgano técnico permanente. Y lo cali-fica de dispendio jurisdiccional.
Le agravia que, si bien la sentencia determina la nulidad del informe del Tribunal de Tasacio-nes como requiriera su parte, (hace referencia a la demora de varios años en remitirlo y no haber per-mitido la participación del representante de la expropiada) pero se determina disponer una nueva in-tervención de ese organismo siendo que la actora nunca ha tenido interés en determinar el valor de la indemnización en un proceso que ha durado 13 años y por ello sostiene que la sentencia no ha cum-plido directamente su cometido no obstante el tiempo transcurrido y las demoras futuras que ocasiona-rá. Cita doctrina y jurisprudencia respecto que el proceso de expropiación debe garantizar al expropia-do su derecho constitucional de obtener una justa indemnización, que debe ser integral y actual garan-tizando el debido proceso y el derecho de defensa para argumentar que la expropiada ha sido la única afectada por lo interminable del proceso recordando las intimaciones realizadas para la emisión del dictamen, con invocación de doctrina y jurisprudencia respecto de la justa indemnización que niega se opere en casos en que el pago se retrotrae a muchos años con otros valores del bien y de la moneda.
Se refiere al enriquecimiento del estado cuando se paga sin tener en cuenta la desvalorización moneta-ria. Invoca la ley nacional de expropiación que establece que la indemnización se integrará con la desvalorización monetaria. Se queja por cuanto la expropiada fue citada en una sola vez por el Tribu-nal de Tasaciones como informó en el expediente junto con lo acordado en esa reunión, no habiéndo-se materializado lo acordado en esa reunión y sin permitirle una posterior intervención que le permite los arts. 16 y 24 de la ley 21. Sostiene por otro lado que la ley 21 carece de los estándares mínimos que otorgue garantías a los expropiados. Critica la conformación del Tribunal de Tasaciones que no tiene posibilidad de cum-plir su objeto y por ello critica la insistencia de la sentencia en otorgarle nueva participación a este órgano lo que perjudicaría a su parte.
Se refiere a la capacidad de los integrantes para tasar un inmue-ble o una planta frigorífica. Hace referencia al Representante del Banco de la Provincia que había de-jado de ser provincial. Sostiene que una nueva intervención importaría un dispendio judicial totalmen-te inconducente y con un costo adicional para su parte. Reconoce que su parte no ha podido producir prueba pero señala que el edificio fue objeto de una ampliación que llevó la superficie cubierta a 4.570m2. Sostiene que la ley deja al expropiado en absoluta indefensión sin que el Estado se preocupe el pago de la indemnización, como lo demostró la suma depositada alejada del valor real del bien y sin haber determinado el valor de los bienes muebles expropiados; siendo que el expropiado debe viajar a Río Gallegos a su exclusiva cuenta para la defensa de sus derechos en gastos que no se le reconocen.
Pide se modifique la sentencia y se disponga la tasación por el perito que ya actuara en autos sin objeciones que deberá tener presente la real superficie del terreno contemplando la depreciación de nuestra moneda desde la expropiación y/o desposesión y fijar el valor al tiempo de la tasación.
En el segundo agravio se queja que la sentencia resuelva que solo se deberán incluir los bienes mencionados en el anexo I y no los incluidos en el inventario realizado en el acto del mandamiento del 11/12/99 (en realidad 2009) y lo considera ilógico, arbitrario además de no haber existido ningún tipo de objeción ni cuestionamiento por las partes. Señala que la ley 3081 no dispone la expropiación de un inmueble y bienes muebles determinados, sino que declaró de utilidad pública y sujeto a expro-piación “el predio, sus instalaciones y bienes muebles detallados en el anexo uno, que forma parte de la presente… que comprenden la planta de procesamiento de productos de mar de la empresa Antonio Barillari S.A. a tal fin de propender a la continuidad económica, mantenimiento de las fuentes labora-les y explotación en manos de los prestatarios y trabajadores.” Interpreta que se expropió una planta de procesamiento de productos de mar y todas sus instalaciones con el fin de continuar la actividad económica y por ello que no pueden escindirse los elementos que se detallaron en el mandamiento que formaban parte de la referida planta de la que en definitiva se apropiara la Provincia de Santa Cruz el 11 de diciembre de 2009 y señala que tan es así que la ley autoriza que la Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias realice un inventario, individualización y tasación de los bienes mue-bles y remarca que tomo posesión del bien expropiado el Sr. Cristian Fernández director de Pesca y el Oficial actuante confeccionó un inventario de los bienes muebles. Argumenta que excluir a esta altura bienes de los que se tomara posesión lleva a un enriqueci-miento sin causa por parte de la expropiante, quien debe abonar la totalidad de los bienes que forman parte de las instalaciones expropiadas.
Alega que no puede desconocerse que todos los bienes integrantes de la planta de procesa-miento de productos de mar fueron avaluados por el martillero Fausto Raúl Oviedo a fs. 511/519 con-forme el inventario de fs. 51/54 sin que la actora realizara ninguna impugnación u observación al res-pecto ni cuestionara los bienes incorporados. Entiende que no se pueden excluir bienes ni desconocer que cuando se habla de instalaciones se hace referencia a un sinnúmero de bienes, elementos, enseres, maquinarias etc. que estaban adheridos, eran necesarios o complementarios de la actividad. Dice que si hubo un inventario no puede objetarse que se los tase. Pide se admita ese agravio y se determine que la tasación deberá comprender las instalaciones y bienes que fueron inventariados en la diligencia de la toma de posesión. En el tercer agravio se queja por la imposición de las costas en el orden causado lo que califica de arbitrario. Sostiene que no se compadece con las consideraciones sobre el accionar de la actora que nunca depositó suma alguna que tuviera relación con el valor objetivo del inmueble y sin considerar el incremento de las instalaciones y bienes muebles respecto de los cuales no efectuó reconocimiento de suma alguna y los compara con la tasación de los mismos que llega a la suma $340.000.000, y la dis-crepancia entre el valor del inmueble tasado y lo depositado que no alcanzaba al 10% del valor de tasación. Señala que el Tribunal de Tasaciones no tasó el terreno, sino que tomó el valor fiscal. Por ello entiende que ello puso en la obligación a la demandada de reclamar ante la diferencia de valores real y lo depositado y por ello señala que es de aplicación el art. 23 de la ley 21, que transcribe en letras mayúsculas y cita jurisprudencia clara que no ha sido seguida. Pide se admita este agravio y se impongan las costas a la actora en su calidad de vencida. Reserva el caso federal VII.- Que al contestar los agravios el apoderado de la expropiante solicita se declare desierto el recurso. Expresa que más allá de lo extenso y laboriosa producción no alcanza a ser objetivas argu-mentaciones que demuestren la irracionalidad o el error del juzgador en la decisión impugnada, sino meras discrepancias, pero no demuestran un desvío del Juzgador en la “merituación” de los elementos objetivos de la causa y la subsunción jurídica de ellos en el derecho vigente.
Acto continuo procede a la réplica del primer agravio. Sostiene que el procedimiento de tasa-ción por parte del Tribunal de Tasaciones es el determinado constitucionalmente y por imperio de la ley 21. Explica que se exponen discrepancias sobre la forma que debe realizarse la tasación de bienes en el marco de una expropiación pero que no guardan relación con la jurisdicción, legitimación y competencia del tribunal para terminar diciendo que al no haber aplicado oportunamente esos crite-rios, pautas y parámetros que el demandado considera procedentes debe asignarse la función de esta-blecer la tasación por un perito martillero al que se le solicitó una valoración de mercado para el obje-to de la expropiación. Sostiene que no se fundamentó la razón para apartarse de la constitución del Tribunal de Tasa-ciones en el proceso expropiatorio en un tercero al que ningún rol le asignó el constituyente ni el po-der legislativo y sostiene que no hay dispositivo institucional por el que la anulación de un acto de tasación emitido por el Tribunal lo desprende de su jurisdicción y que faculte su reemplazo y menos quien debe reemplazarlo.
Llevándolo al plano judicial sostiene que la anulación de una resolución judicial no implica la pérdida de jurisdicción y legitimación del Juez de instancia inferior para volver a decidir o realizar el acto invistiendo de jurisdicción a un perito de la materia que se trate para un nuevo pronunciamiento que expresa es lo que pretende el demandado sin razón.
Argumenta que una decisión jurisdiccional que disponga en tal sentido otorgando legitimación a un martillero para establecer el valor del monto indemnizatorio implicaría una decisión legislativa general por la autoridad judicial que significaría la modificación de la ley 21 que establece su confor-mación y fijando los elementos de juicio a tener en cuenta para la cuantificación. Hace hincapié en que toda norma jurídica puede ser modificable por el poder y proceso legislativo y no por decisión de los demás poderes.
Expresa que no correspondería el dictado de un pronunciamiento respecto de la inconstitucio-nalidad de la norma (que niega exista) porque no fue específicamente esgrimida o articulada y por ello niega a esta Cámara legitimación para expedirnos al respecto pues le quitaría ejercer el derecho de defensa. Se explaya sobre la invalidez de tasaciones sin intervención del Tribunal de Tasaciones con cita de jurisprudencia sobre el carácter ineludible de la intervención del Tribunal de Tasaciones.
Alega que no resultan felices las citas de doctrina y jurisprudencia basadas en la ley nacional de expropiaciones de letra similar pero no idéntica a la ley provincial y las considera inaplicables.
Invoca la facultad constitucional de los estados provinciales de adquirir el dominio por expro-piación en ejercicio de su autonomía, con plena facultad de establecer las normas y los procedimien-tos para fijar la cuantificación del monto indemnizatorio.
Sostiene que existe autocontradicción del apelante pues reconoce que el alcance de la expro-piación comprende el inmueble y los bienes muebles que se detallan en el Anexo I de la norma. Por ello dice que la pretensión de inclusión de bienes distintos a los detallados en la ley y el anexo no puede prosperar. Argumenta que la ley no lo faculta pues hay un claro y preciso alcance de bienes, objetiva y taxativamente determinado por la ley exploratoria que sello un límite y extensión del objeto a indemnizar y por lo tanto a valorizar. Defiende la decisión del magistrado por estar ajustada a dere-cho que delimitó el marco del objeto puesto a su consideración. Le quita trascendencia a que la tasación de un martillero incluyera bienes ajenos a los contem-plados en el ámbito de la expropiación que, dice, no obliga al juez a extender su decisión a una plata-forma fáctica más amplia que la propuesta por las partes. Por ello afirma que la valuación del martille-ro no tiene efecto vinculante para el juzgador que sostiene que debe estarse a los bienes que fueron declarados de utilidad pública identificados en el anexo I que son la porción del patrimonio de la ex-propiada que corresponde valorizar para cuantificar la indemnización y que constituye una significati-va limitación del monto que debe considerarse para determinar la proporcionalidad del monto deposi-tado y por ello que se produce una cuantiosa reducción del importe que la demandada pretende utili-zar como indemnización. Recuerda que estamos en un proceso especial de naturaleza pública tanto para establecer el alcance del objeto (bienes expropiados) valorización de estos y la imposición de costas que se apartan de las establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial y sancionado en ejercicio de las facultades propias de la provincia en virtud de su autonomía constitucional y se diferenció de la norma nacional excluyendo las normas del CPCC en forma supletoria.
Pide el rechazo de los agravios con costas en la instancia y reserva el caso federal.
VIII. Que establecidas en esta forma las posiciones de las partes adelanto que no corresponde admitir la pretensión de la actora de declarar desierto el recurso como se plantea en el capitulo II punto 1) del escrito presentado en PE 656624/ 2022.
Aunque no las comparta el apoderado de la provincia, el escrito con el que la demandada sos-tiene su recurso contiene una crítica concreta y razonada de los puntos de la sentencia que él conside-ra equivocados. Tan es así que el apoderado de la expropiante no se ha limitado a pedir la deserción del recurso que tendría su fundamento en el art. 265 del CPCC (que al contestar el último agravio sos-tuvo que la ley 21 excluyó la aplicación supletoria de éste Código) y a renglón seguido las ataca.
La expropiada mediante la pluma de su apoderado, formula una serie de críticas concretas contra lo que él considera errores de la sentencia (que se examinará al contestar la segunda cuestión) pieza con la cual cumple con la carga que impone el art. 264 del CPCC y ello es suficiente para no atender el pedido de la actora.
Por ello propongo al Acuerdo rechazar el pedido de declaración de deserción del escrito con que el expropiado sostiene su recurso.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
IX. El recurrente ha cumplido con la carga del art. 265 del CPCC y por lo tanto no resulta atendible el pedido de la expropiante de declarar desierto el recurso. Adhiero a la propuesta del primer votante.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
X. Que antes de comenzar con el análisis de las cuestiones planteadas debo aclarar las mani-festaciones de las partes que constituyen mera broza. Así choca la afirmación del expropiado como contraria a los principios de la supremacía de la Constitución cuando afirma que “no corresponde el dictado de un pronunciamiento respecto de la constitucionalidad de la norma- la que desde ya niego exista- porque la misma no fue específicamente esgrimida y articulada, careciendo por lo tanto tam-bién de legitimación este Honorable Cuerpo para expedirse al respecto y mi parte con la oportunidad para el ejercicio del derecho de defensa en cuanto al tópico.” Ello es inexacto y ha sido corregido pretorianamente pues la facultad de revisar las normas infra constitucionales (y agrego convencionales) para establecer su coherencia con la Constitución viene de antiguo. La Corte Suprema de Estados Unidos con invocación de la supremacía constitucio-nal y republicana ya lo estableció en el célebre precedente “Marbury vs. Madison” y dejó establecida la facultad de judicial de controlar la constitucionalidad, toda vez que, si la Constitución es jerárqui-camente superior e inmodificable por los poderes constituidos, los tribunales deben abstenerse de aplicar disposiciones que sean contraria a ella por no ser constitucionalmente válidas. El art. 31 de la Constitución Nacional en forma imperativa establece:
“Esta constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto de ll de noviembre de 1859.”
Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ya en 1888 in re “Municipalidad de la Capital c/ Doña Isabel A. de Elortondo s/ expropiación” (ensanche de la Avenida de Mayo) estableció:
“Es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los Tribunales de Justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándola con el texto de la constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del Po-der Judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los de-rechos consignados en la Constitución contra los abusos posibles e involuntarios de los pode-res públicos” (ver Fallos t.33 pág. 162)
Por ello el criterio enarbolado por el apoderado de la provincia es propio de criterios reñidos con la Constitución y las garantías en ella establecidas.
Tenemos la facultad y la obligación, como jueces, de examinar, en los casos concretos, si las normas que se invocan respetan la Constitución. Para ello necesitamos nada más que un caso habida cuenta que no podemos realizarlo en abstracto. Al asumir he jurado, como todos los jueces respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes que en su consecuencia se dicten, motivo por lo que no puede decir, livianamente, que esta Cámara carece de legitimación para expedirnos sobre la inconstitucionalidad de una norma. De aceptar la propuesta del apoderado de la Provincia todos los derechos y garantías que otorga la constitución se encontrarían en riesgo, y suje-tos al cuestionamiento o no de las partes. Y malo sería que debamos aplicar una ley o decreto inconsti-tucional porque los interesados no hicieran el planteo de inconstitucionalidad. Para no abundar sobre el tema recomiendo la lectura del tratado de María Angélica Gelli “Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada” quinta edición ampliada y actualiza-da, tomo 1 páginas 609 a 615 principalmente.
Hice esta aclaración además de remarcar lo que es broza, toda vez que advierto una grave afectación al derecho de propiedad de raigambre constitucional, que agravia la demandada, que pro-pongo corregirlos oficiosamente.
El aspecto en que propugno declarar la inconstitucionalidad oficiosamente es con relación al art. 23 de la ley 21 al que referiré al tratar el tercer agravio.
No huelga aclarar que el Tribunal de Tasaciones no es un integrante del Poder Judicial sino un órgano que en realidad establece el valor de un inmueble a expropiar en tarea que se puede equiparar a una pericia y cuyo dictamen puede ser materia de cuestionamiento en el juicio de expropiación si no es aceptado por el expropiado, como ocurrió en este caso. Por ello no resulta correcto referirse a la “jurisdicción, legitimación y competencia del Tribunal u órgano que tiene asignada la potestad de rea-lizarla” (la tasación). Pero ello no le permite, por más organismo de la provincia que sea actuar con arbitrariedad, sino que debe hacerlo con idoneidad, capacidad e imparcialidad toda vez que no se puede admitir una actuación de la administración que sea parcial, inidónea o de mala fe. Su actuación tiene por objeto determinar la indemnización por la desposesión, que no es otra cosa que resarcir el daño o perjuicio que causa esa expropiación. Por ello no debe quedar daño o perjuicio sin reparación del valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa o inmediata de ese acto, pero por imperio del art. 6 de la ley 21 no se tendrán en cuenta las circunstancias de carácter personal, va-lores afectivos ni ganancias hipotéticas ni lucro cesante como determinó la sentencia. Sobre el tema la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció la doctrina tradicional: “En materia de expropiaciones, el propietario no debe experimentar lesión alguna de su patri-monio que no ser objeto de cumplida y oportuna reparación. Referir tal principio a lo que se entiende por justa indemnización importa adecuar su monto con los valores vigentes al tiempo de la sentencia sin perjuicio de su reajuste al ejecutársela y hasta el efectivo pago” (Fallos t.304, p. 963 y en igual sentido Fallos t. 268 p. 112; t. 274: 418; t. 298:383) Son interesantes también Fallos 303:1211 y t.303:1480)
Es una aplicación del principio que nos viene del derecho romano, alterum non lædere, de no perjudicar a los demás, que aparece en todo su esplendor.
XI. Que despejado el campo de las cuestiones a responder a la primera critica que se efectúa contra la sentencia en cuanto determina la nulidad del informe emitido por el Tribunal de Tasaciones y dispone una nueva intervención de ese órgano.
Ambas partes han consentido la declaración de nulidad del informe del Tribunal de Tasacio-nes. Coincido, toda vez que en esta oportunidad se emitió un dictamen sin una correcta integración habida cuenta que no se convocó a las reuniones del cuerpo al representante de la expropiada. No es como dijo el apoderado de la Provincia a fs.499 vta. último párrafo/500 que el representante del ex-propiado tiene la carga de comparecer e interiorizarse acerca del funcionamiento del Tribunal de Ta-saciones. Y me pregunto: ¿Para qué ese tribunal tiene un secretario?. Entiendo que es el Secretario quien debe hacerlo y, entre otras funciones, convoca a los miembros a las reuniones entre los inte-grantes y hace circular los elementos reunidos. En una reunión se cambian argumentos y puede quien en principio aparezca estar en minoría, hacer cambiar de idea a la mayoría. Pero si lo convertimos en una mera votación donde el secretario va recibiendo los votos, y al tener tres en un sentido, no se preocupa de lo que puede sostener el representante del expropiado, ni las pruebas que pueda aportar o los argumentos. No es ese el fin perseguido por la ley y la constitución. Sino cada integrante junta sus elementos y practica una tasación y emite su voto y el secretario ve que tasación tiene más votos y la adopta como dictamen. Obsérvese que establecen una antigüedad de 25 años tomando la fecha de inicio de las operaciones y la desposesión. No tienen en cuenta que el plano de regulación está demos-trando que se regularizaban ampliaciones posteriores al comienzo de las actividades de la demandada y que no incluye el segundo piso que refiere la expropiada y se puede advertir si se hubiera inspec-cionado el inmueble y que ostenta el edificio en la actualidad. Por otra parte el informe que presenta no tiene una explicación de los fundamentos que se apoya el dictamen. No explica porque sostiene (en negritas a fs. 477) que debe valorarse al tiempo de la desposesión pues no debe empobrecer ni enriquecer al expropiado, dejándolo en igual situación económica en épocas de gran crisis y desvalorización de la moneda. Por ello se debe establecer el va-lor a la fecha de la sentencia.
Cita los elementos a considerar conforme el art. 25 de la ley 21 en su art. 25, pero luego a fs. 478 señala que no se ha podido materializar información objetiva de bienes con características simila-res y que resulta imposible tener un parámetro válido ni el valor registrado en Bancos. Por ello toma la valuación fiscal y hace referencia al estado concursal de la expropiada. Por ello explica que han apli-cado el mecanismo del Tribunal de Tasación de la Nación TIN4.1. Parte de una superficie cubierta que la expropiada discute sin haber mencionado que se hubiera hecho una medición en el bien. Por otro lado asigna un estado normal al edificio conforme la tabla de Ross-Heidecke sin explicar porque lo incluye en esa categoría siendo que, al estar habilitado para la producción de productos de mar des-tinados a la alimentación, su estado no debía tener fallas y es supervisado por SE.NA.SA.
Hace referencia al costo de reposición bruto estimado del valor de construcción que dice in-formado por el Ministerio de Planificación de la Nación (que no acompaña ni identifica) haciendo referencia a un valor “que por aproximación asciende a $ 4.500. el metro cuadrado”. Es un punto clave donde más precisión se debió aportar, pues no es lo mismo el metro cuadrado de una vivienda, que una planta industrial. Se tiene que considerar el tipo de construcción y materiales empleados toda vez que no es lo mismo una construcción destinada a industria metalúrgica o textil que la destinada a la industrialización de productos de mar que requieren pisos graníticos y paredes de azulejos y drena-jes para la limpieza en muchos sectores, cámaras frigoríficas, con sus torres de enfriamiento y tanque de amoníaco, túneles de refrigeración, playas de ingreso de materia prima, laboratorios y oficinas para SE.NA.SA, oficinas de personal, enfermería, vestuarios y sanitarios para damas y caballeros y come-dor del personal, sala de fileteado y sala de procesado, talleres, sala de calderas y de máquinas expe-dición y playa de carga, como surge del plano de regularización (incompleto) conforme a obra de fs. 138, que la hace más cara que una planta industrial con otro uso.
El representante de la expropiada entiende razonable ese valor de $ 4.500 el m2 en la audiencia del art. 17 de la ley 21, pero debemos tener en cuenta que ese valor ha sido depreciado en el dictamen del Tribunal de Tasaciones por apli-cación del coeficiente de vida transcurrida y estado de la tabla de Ross-Heidecke sin explicar, como la aplica.
Por ello sostengo que el dictamen del Tribunal de Tasaciones anulado es arbitrario y dogmático al no explicar detalladamente como llega a la conclusión a la que arriba, con apariencia de fundamen-to desde que se refiere al método, pero no explica cómo, o de dónde saca los valores que utiliza ni los desarrolla, o como llega a la clasificación que utiliza.
No toma en cuenta que la obra se realizó en etapas como informó el demandado en su respon-de, y surge del plano de regularización acompañado en el responde. Comparto por estas razones que se haya determinado la nulidad del informe de fs. 475/479. No obstante no haber sido materia de agravios, lo expreso y fundo toda vez que en el curso de mi voto me referiré en esa nulidad y los vi-cios que originaron.
Hago una interrupción en este momento para señalar un aspecto no cuestionado por las partes: La sentencia hace lugar a la demanda por expropiación y declara transferida la propiedad del bien inmueble y de los bienes muebles expropiados debiendo procederse a la inscripción registral de los mismos ante los organismos correspondientes según su naturaleza. Ello sin que se haya condenado a abonar la indemnización que no se encuentra determinada. Es decir, no se cumple el requisito de la “previa indemnización” del art. 17 de la Constitución Nacional. No obstante, considero que oficiosa-mente, se debe suspender la inscripción hasta tanto la indemnización sea abonada a fin de cumplir con la previa indemnización, salvo acuerdo expreso de las partes. Se queja la recurrente por cuanto la sentencia dispone dar una nueva intervención al Tribunal de Tasaciones de la Provincia, que deberá proceder a su integración en el plazo de 10 días de quedar firme la sentencia con intervención del representante del expropiado debiéndose acreditar la notifica-ción de éste conforme el art. 16 de la ley 21; y fija un plazo de 20 días desde su conformación y con-forme los parámetros establecidos en los considerandos, bajo apercibimiento de designar perito único de oficio.
Sostiene que la provincia no tuvo ningún interés en determinar el valor de los bienes objeto de proceso, y no obstante ello la sentencia no determina la indemnización que se debe abonar por la ex-propiación del inmueble y los bienes muebles que integraban la planta. Estamos de acuerdo que la sentencia difiere la fijación de la indemnización y que existió una gran demora y que esta demora fue funcional a la parte expropiante ni respetó el principio de celeridad.
Pero, en ese brete en que quedó el juzgador, lo pusieron las partes. La actora en no interesarle urgir el expediente y la demandada que por su parte no urgió la actuación del tribunal, presentándose el representante ante el Secretario y ante los otros integrantes del Tribunal de Tasaciones, es decir ins-tar las actuaciones dentro del Tribunal de Tasaciones, no como un litigante, sino como integrante de ese organismo; y que se limitó a solicitar intimaciones y la nulidad del dictamen de fs. 476/479 e im-pugnarlo. Tampoco procedió, por vía incidental, a discutir el valor informado en el dictamen, demos-trando los errores de la tasación alcanzada por el Tribunal de Tasaciones y aportando sólo pruebas incompletas para dar al magistrado elementos para decidir.
En efecto acompañó un plano y discute el metraje de la superficie cubierta. Pero, si bien el plano de regularización conforme a obra está seña-lando que hubo etapas en la construcción, lo cierto es que se compone de 4 planos y solo se acompa-ñó el primero (no hay otros planos en las cuatro cajas de documentación arrimadas a la causa) y fue aprobado en 2003. Tampoco se acompañó el plano o croquis de ampliación de la planta y planta alta que se menciona. En la audiencia del art. 17 de la ley 21 la parte expropiada, la primera a la que se la dio la pa-labra por boca del Dr. Schmidt (por integración tardía del apoderado de la provincia) pidió una medida para mejor proveer y atacó la actuación del Tribunal de Tasaciones.
Hace referencia a la única actua-ción a la que fue convocada y lo que propuso en esa oportunidad, que no fue rebatido y explica por-que no pudo exteriorizar su discrepancia. Manifiesta que para la construcción de esas factorías hay empresas especializadas y explica que en el presupuesto se las cotiza en dólares y que no se tomó en cuenta la última ampliación en primer piso para oficinas. Reclama desvalorización monetaria al mo-mento de la sentencia. Entiende que los bienes muebles se deben valuar al valor actual y pide que el martillero establezca a que fecha valoró los bienes muebles. Oído el martillero éste explica que la mayoría de los bienes tienen componentes importados por lo que en las consultas que realizó obtuvo valores en dólares y que para convertirlos en pesos to-mó el dólar oficial sin aplicarle el 30% ni el IVA pero no refirió haber tomado en consideración el valor de ellos usados.
Expresa que desde su tasación hubo variaciones en los valores por cuanto el dólar tiene otro valor y que incluso los bienes de industria nacional tuvieron incrementos.
El Dr. Castelo expresa que el objeto del juicio es para determinar la indemnización y recuerda que las integraciones del Tribunal de Tasaciones fueron notificadas en el expediente, como dando a entender que en ese momento debió reclamarse. (Acá le aclaro que en el responde la expropiada indi-có sus representantes, quienes actuarían indistintamente.)
El Dr. Castelo consideró que el dictamen del Tribunal de Tasación en su valuación se debe considerar valor objetivo del bien y que se debe tener como valor a la fecha de la tasación y que des-de ese dictamen se deben aplicar las tasas de interés en uso en el Poder Judicial. Insiste en que no existió arbitrariedad, no corresponde utilizar dólares y explica que la diferencia se encuentre en metros cubiertos o descubiertos.
El Dr. Schmidt aclara que no pide la indemnización en dólares sino que se tome en cuenta que las obras se cotizaron en esa moneda al construir y que la indemnización se pague en pesos. El Dr. Castelo expresa (entendí que respecto de esta conversión) que solo después de emitirse el dictamen del Tribunal de tasaciones. Es al final de esta audiencia que al magistrado no hace lugar a la medida para mejor proveer por cuando la demandada acompañó además del plano de fs. 138 otros elementos (ver fs. 139/164) y llama autos a sentencia. Tasar es una actividad compleja y más si se trata de una planta industrial, tarea que requiere especialidad en la materia. No cualquiera tasa correctamente y muchas veces vemos tasaciones funda-das en una simple multiplicación del costo del m2 por la cantidad de metros, más valor del terreno.
Se debe establecer el valor de máquinas frigoríficas, calderas, subestación transformadora, cisternas, y demás elementos propios del destino que la diferencia de otras plantas industriales que obligan a un cuidadoso uso del método de costo. Por ello la ley nacional exige que todos los miembros del Tribunal de Tasaciones Nacional sean profesionales universitarios con título habilitante para la función a cum-plir, y es una deficiencia de nuestra ley. Pero aunque no lo exija no quiere decir que no haga una tasa-ción correcta. La última integración del Tribunal de Tasaciones informada a fs. 466 que solo la integra un profesional universitario que puede estar más cerca de la capacitación que requiere tasar una planta industrial de procesado de productos de mar: el arquitecto Horacio Capel, asumió la representación de director de Obras Públicas, no obstante que la Ley N° 1343 modificó el art. 24 inc. 2 de la ley 21 y lo sustituyó por "El director de Estudios y Proyectos dependiente de la Subsecretaría de Obras y Servi-cios Públicos" (Ver B.O. del 17 de junio de 1980), y los otros integrantes son el secretario Legal y téc-nico de la Gobernación Dr.
Sergio Sepúlveda Yañez y el Director Ejecutivo a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos Sr. Leandro Eduardo Zuliani. Como Secretaría de Actuaciones el Sr. Gonzalo Cohelo. Dentro de esta conformación que informan al Juzgado se advierte que no integran a los repre-sentantes del expropiado que fueran comunicados en el responde (fs.170) y tuvieron intervención en la primera reunión (ver fs. 407). No fueron recusados ni impugnados ni dejan constancia los autores del dictamen anulado de haber visitado el bien. Es cierto que la ley provincial no exige el título uni-versitario habilitante para la función a cumplir, pero sería útil y necesario que se cubra con profesio-nales universitarios con incumbencias relacionadas con la materia a tasar.
Ello es una falla técnica y explica la pobreza de fundamentos del dictamen que he venido señalando. Coincido con el recurrente en que el Tribunal de Tasaciones de la Provincia no es permanente y se constituye para cada caso. No me consta que cuente con medios técnicos o de personal especiali-zado, ni una sede propia sin perjuicio de la colaboración que pueda solicitar a entidades provinciales. Entiendo que el tiempo transcurrido con su depreciación de la moneda y que de un valor de U$D 1 a $4 como denuncia el demandado lleva a resultados irritantes.
No obstante en la audiencia del art. 17 de la ley 21 acepta como razonable el valor de $4.500 el metro cuadrado.
El recurrente formula cuestionamientos respecto de la constitución del Tribunal de Tasaciones o la posibilidad un Asesor de Gobierno o el Director de Rentas puedan tasar una planta industrial, cuestionamientos que no fueron capítulos propuestos al Juez de la anterior instancia. Las considera-ciones sobre un representante de un Banco están realizadas en abstracto, pues no se designó a un re-presentante del Banco Santa Cruz como integrante del Tribunal de Tasación.
Respecto de su pretensión que se deje sin efecto la intervención del Tribunal de Tasaciones para determinar la indemnización pues constituiría una pérdida de tiempo y costo adicional para su parte, la considero no atendible. El procedimiento de expropiación requiere que intervenga el Tribunal de Tasaciones, que en este caso se ha demorado excesivamente su accionar para llegar a un resultado anulado. Será con otros integrantes pues estos emitieron opinión. Respecto de la demora en producir dictamen, no digamos que el expediente ingresó en un agujero negro de donde, como indica la ciencia, no hay salida, pues salió, pero estuvo cerca. La sentencia le ha puesto un plazo breve para que se expida lo que puede afectar la seriedad del dictamen, motivo por el cual se podrá, si es necesario, solicitarse una prórroga con razones funda-das, al Juez de la causa. No coincido con el apercibimiento establecido en la sentencia y me inclino por la fijación de astreintes elevados, por ejemplo $300.000 a responder solidariamente la Provincia con los integrantes, por cada día que se exceda al plazo (si no es prorrogado por el juez), computado en la forma que establece la sentencia. No procede la designación de un perito único de oficio pues no se ajusta al sistema instaurado por la ley. No es inconstitucional el sistema del Tribunal de Tasaciones en sí mismo y vemos que es el utilizado en la ley Nacional. Pero ello no quiere decir que éste Tribunal pueda comportarse arbitraria-mente, demorar el tiempo que quiera en dictaminar y hacerlo sin fundamentos y sin la intervención que la ley le otorga al expropiado, como se hizo en este caso.
Por ello, el Tribunal de Tasaciones no podrá excluir de sus deliberaciones al representante del expropiado (salvo el supuesto del art. 16 de la ley 21) y debe citarlo fehacientemente, con la debida anticipación y fijando el lugar de reunión, y darle intervención en cada reunión compartiendo ambas partes las operaciones, examen del bien, fuentes de información de precios, planos, pagos, materiales, etc.. Por ello forman un tribunal que debe deliberar, no dos grupos enfrentados que actúan aislada-mente entre sí, sin expresare sus opiniones y confrontarla con los otros integrantes. Con todos los ele-mentos deben deliberar y llegar incluso a disidencias, que en última instancia se decidirá judicialmente después de oír a las partes en la audiencia . En el dictamen que se emita se deberá fundar cada conclu-sión y la fuente de precios utilizada y a que fecha se efectúa. Deberá ajustarse a los parámetros fijados en la sentencia y tener en cuenta que las partes no han apelado la utilización de la norma TTN 4.1 del Tribunal de Tasaciones motivo por el que deberán desarrollar las operaciones y señalar los valores utilizados. Como se indicó, cualquier valuación seria, por lo menos requiere constituirse en el bien y rea-lizar mediciones y valorar los materiales y no solo la mera superficie cubierta. Allí se podrá establecer la exacta superficie cubierta expropiada.
Las consideraciones sobre las dificultades del expropiado por las grandes extensiones no son aceptables. El expropiado pudo tener un representante en Rio Gallegos sede del Tribunal de Tasacio-nes. No estamos en el supuesto de la expropiación de una vivienda modesta a un trabajador con pocos recursos, sino de una empresa de importancia.
Es admisible parcialmente el primer agravio, habida cuenta que no correspondía diferir la de-terminación de la indemnización, y menos disponer la inscripción registral del bien sin el pago de la indemnización. Por ello se debe modificar la sentencia y así lo propongo.
XII. Que entiendo no le asiste razón en su segundo agravio respecto de los bienes muebles de los que, de hecho, tomó posesión la Provincia sin encontrarse detallados en el Anexo I de la ley 3081. Pareciera que ni el recurrente en su agravio ni la expropiante en su responde leyeron la sentencia que llega a una solución distinta que la entendida por las partes, toda vez que en sus considerandos esta-blece:
“En el caso de los bienes muebles integrantes de la Planta expropiada, los mismos fueron de-bidamente inventariados conforme mandamiento de constatación que obra a fs. 51 a 54, y a partir de dicho acto la Provincia se apropió de todos, debiendo haberse únicamente de los que fueron declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por lo que corresponde el avalúo efectivo de todos aquellos bienes muebles de los que se ha visto privada la sociedad expropiada, más si se considera el tiempo que ha transcurrido desde la desposesión, de-biendo estar el perito interviniente a las resultas del mandamiento antes citado….” No veo que ello le cause agravios al recurrente sobre todo cuando en el punto 3 del fallo insis-te en:
“3. Dar Intervención al perito único de oficio designado a los fines proceda con el avalúo de los bienes muebles indicados en el mandamiento de constatación de fs. 51 a fs. 54 ….”
Y la sentencia se encuentra consentida por la Provincia, que, si bien apeló la sentencia, luego no expresó agravios. Es decir, los argumentos de la expropiada coinciden con la sentencia y no se advierte que es lo que pretende habida cuenta que la sentencia acuerda lo requerido y por ende no le causa agravio.
Los argumentos que despliega el apoderado de la provincia tampoco coinciden con la senten-cia que dice otra cosa. Podría haber usado estas razones para recurrir la sentencia.
Por ello propongo al Acuerdo rechazar el segundo agravio desde que la sentencia admite su pretensión de incluir los bienes que sin estar en el anexo I fueron apropiados por la Provincia, al tomar posesión de todos los bienes existentes, con desvalorización monetaria y tasa activa, pero tomando en cuenta el estado de uso y conservación.
Y no se trata de que el autorizado no advirtió que existían más bienes que los declarados de utilidad pública como podría ser por la actuación de un profesional no idóneo en la industria pesque-ra. Quien se debió ocupar de excluir los bienes muebles no incluidos en el anexo I fue el Sr. Cristian Fernández, Director Provincial de Pesca por lo que no tiene justificación esta apropiación de hecho y vuelve justa la sentencia en este aspecto y la comparto.
Distinta suerte debe correr el tercer agravio. El art. 23 de la ley 21 establece respecto de las costas:
“Las costas del juicio serán a cargo del expropiante cuando la indemnización exceda la ofreci-da, más la mitad de la diferencia con la suma reclamada, se satisfarán en el orden causado cuando exceda de esa cantidad o aun excediéndola el demandante no hubiera contestado la demanda o no hubiera expresado la suma pretendida; y serán a cargo del expropiado cuando la indemnización se fije en igual suma que la ofrecida.”
Si perjuicio de la dudosa constitucionalidad de la norma que afecta la “previa indemnización” del art. 17 de la Constitución Nacional que resulta afectada conforme esa caprichosa pauta para impo-ner las costas.
Aparece como prematura la decisión del magistrado desde que la sentencia ha diferido la de-terminación de la indemnización expropiatoria.
Pero veamos si tenemos elementos para resolver el agravio. Tengo en cuenta que en la deman-da (fs.31) se depositó la suma de la valuación fiscal del inmueble de $ 756.865,29 Esa suma es rechazada e impugnada en el responde (fs. 170) por irrisoria y se reclama $14.904.638 por el terreno y la edificación y de $ 16.464.029 como valor total de los bienes mue-bles. Es decir se reclamó un total de $ 31.368.667.
Luego tendríamos $756.865,29 más la mitad de lo pretendido por la demandada o sea $15.684.335,50 para estar en el primer supuesto de la ley que es el supuesto que desechó el magistra-do.
Pero, si partimos de la base que el magistrado determinó que se deben indemnizar todos los bienes muebles apropiados en el acto de la toma de posesión y determina que se debe tomar el valor actual del metro cuadrado, que se debe considerar cualquier ampliación entre el ultimo plano (2003) y la desposesión (2009) el valor actualizado de los bienes al momento de la sentencia y los intereses a la tasa del 6 al 8 % anual (si mi propuesta es aceptada por el Acuerdo), no cabe duda que aparte de pre-maturo, lo resuelto respecto de la imposición de las costas en el orden causado es erróneo, pues el sentido común nos lleva al convencimiento que este caso va a encuadrar en el primer supuesto de la ley. Pero, a todo evento, sostengo que el artículo 23 de la ley 21 afecta la Constitución Nacional. En efecto se privó de la propiedad a la demandada declarando un establecimiento industrial de utili-dad pública y se depositó una suma menor del 10% de la tasación del Tribunal de Tasaciones del te-rreno y lo edificado, sin comprender el valor de los bienes muebles. En tales condiciones no quedaba a la expropiada, ante tan grosera diferencia, más que rechazar la propuesta. Y por ello en este caso con esa fórmula se está retaceando la indemnización y se viola el art. 17 de la Constitución Nacional desde que el estado Provincial no ofreció una justa indemnización. Estamos de acuerdo que para ello se fundó en la valuación fiscal, pero sabiendo que ella no se ajusta al valor real, pero no tuvo a bien depositar el valor de los bienes muebles y ello no puede afectar a la demandada que se limitó, bien o mal, a defender sus derechos. Sobre el particular me permito citar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Provincia de Corrientes c/ María del R. Corrales Abelenda de Torrent y otros” “Tratándose de la justa indemnización del art. 17 de la Constitución Nacional, no cabe -en principio- agravar la situación del expropiado haciéndolo cargar con las costas del pleito, porque de otro modo la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierte en daño de quien se ve constreñido a actuar en el juicio que por el carácter previo ha impedido un avenimiento previo” (FALLOS tomo 308 volumen 2 pág. 2457)
Propongo al Acuerdo declarar en el caso oficiosamente la inconstitucionalidad del art. 23 de la ley 21, por afectar en este caso la integridad de la indemnización al hacer cargar a la demandada con la imposición de costas en el orden causado, sin advertir que la demandada se vio obligada a litigar. Como consecuencia de ello propongo imponer las costas a la actora, en ambas instancias.
XIII. Que por estas razones respondo en forma negativa a la segunda cuestión propuesta al Acuerdo y declaro que la sentencia en crisis no es justa y debe ser modificada en los aspectos señala-dos. Así lo voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XIV. Comparto las razones y fundamentos expuestos en forma extensa por el anterior votante y las conclusiones a las que arriba. Adhiero a su voto.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XV. Que en consonancia con lo desarrollado al responder las anteriores cuestiones propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar la pretensión de la actora de declarar desierto el recurso de la expropiada. 2º) Admitir parcialmente las quejas de la recurrente y en conse-cuencia modificar la sentencia. 3º) Suspender oficiosamente la inscripción registral de transferencia de la propiedad mientras no se abone la previa indemnización. 4º) Revocar el diferimiento de la indemni-zación que fuera consentido por las partes, pues debió agotarse los medios para establecerlo en la au-diencia del art. 17 de la ley 21. 5º) Modificar el apercibimiento fijado en el punto 2 del fallo en revi-sión y suplantarlo con un severo astreinte de $300.000 por cada día que demore el Tribunal en dictar dictamen luego de vencido el plazo establecido en la sentencia, salvo prorroga y convalidar las pautas establecidas en la sentencia al Tribunal de Tasaciones unidas a las impuestas en esta sentencia. 6º) Declarar oficiosamente la inconstitucionalidad del art. 23 de la ley 21 e imponer las costas de ambas instancias a la Provincia en su condición de expropiante. 7º) Rechazar el segundo agravio de la recu-rrente por no existir agravio y confirmar la sentencia en todo lo demás que no fuera materia de agra-vios o actuación oficiosa de esta Cámara. 8º) Tener presente las reservas del caso federal formuladas en PE 640881/2022 y PE 656624/2022. 9º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelva al Juzgado de origen. A LA TERCERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XVI. Por considerarla equitativa y ajustada a lo decidido en el Acuerdo adhiero a la propuesta que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 24 de abril de dos mil veintitrés
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resulta-do de la votación, citas legales y jurisprudenciales citadas y lo dispuesto en el art. 44 de la ley 1 Orgá-nica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mine-ría de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar la pretensión de la actora de declarar desierto el recurso de la expropiada.
2. Admitir parcialmente las quejas de la recurrente y en consecuencia modificar la sentencia.
3. Suspender oficiosamente la inscripción registral de transferencia de la propiedad mientras no se abone la previa indemnización.
4. Declarar incorrecto el diferimiento de la indemnización que fuera consentido por las partes, pues debió agotarse los medios para establecerlo en la audiencia del art. 17 de la ley 21.
5. Modificar el apercibimiento fijado en el punto 2 del fallo en revisión y suplantarlo con un severo astreinte de $300.000 por cada día que demore el Tribunal en dictar dictamen luego de vencido el plazo establecido en la sentencia, salvo prorroga y convalidar las pautas establecidas en la sentencia al Tribunal de Tasaciones unidas a las impuestas en esta sentencia.
6. Declarar oficiosamente la inconstitucionalidad del art. 23 de la ley 21 e imponer las costas de ambas instancias a la Provincia en su condición de expropiante.
7. Rechazar el segundo agravio de la recurrente por no existir agravio y confirmar la sentencia en todo lo demás que no fuera materia de agravios o actuación oficiosa de esta Cámara.
8. Tener presente las reservas del caso federal formuladas en PE 640881/2022 y PE 656624/2022.
9. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelva al Juzgado de origen. El Dr. Juan Pablo Olivera no firma por no existir disidencia y mayoría concordante. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara Presidenta-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201011S.231 Tomo: XCVIII Sentencia:2999 Folio Nº: 069/086 Secretaria: 1
Fin de la sentencia