Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2444/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el Dr. Alejandro Ángel García, por derecho propio, en PE54638-2021 y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE116864-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2444/21-TSJ Interlocutorio N°: 3716 Actor: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandada: GIPSY TRASLADOS MARINOS S.R.L Objeto: COBRO DE PESOS Fecha: 19-10-2022 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3716 FOLIO Nº 6608/6611 PROT. ELECT. TSS1 065 I.221
Río Gallegos, 19 de octubre de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ GIPSY TRASLADOS MARINOS S.R.L s/ COBRO DE PESOS”, Expte. Nº P-13.251/09 (P-2444/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por el Dr. Alejandro Ángel García, por derecho propio (cfr. PE54638-2021), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que, en lo que aquí interesa, dispuso que los honorarios regulados a favor de los letrados de la parte actora sean depositados a la orden de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz (cfr. PE47699-2021).-
II. Contra esta decisión se interpone recurso de casación por entender la parte recurrente que la sentencia “…ha decidido aplicando erróneamente la normativa aplicable, violando la doctrina legal de V.E. y prescindiendo de prueba esencial lo cual constituye un claro caso de arbitrariedad.” (cfr. PE54638-2021, pág. 3).-
Afirma que la impugnación se sustenta en una violación o quebrantamiento de la ley y doctrina legal aplicable al caso, en la violación del artículo 17 de la Constitución Nacional, del principio de congruencia del artículo 164 del CPCyC, y por ser arbitrario al extralimitarse en sus alcances (cfr. PE y pág. cit).-
Aduce que ninguna de las partes discutió ni debatió como se abonarían eventualmente los honorarios y que tampoco existió ninguna discusión sobre la naturaleza jurídica de la relación de empleo del letrado que labora en el Estado Provincial y menos aún si los honorarios son de su propiedad o si los administra un tercero, el Fiscal de Estado (cfr. PE cit., pág. 4).-
Agrega que decidir sobre el punto: “…no tan solo quebranta la regla procesal en el tratamiento de un Recurso de Apelación sino que además de ello viola en forma fragrante el Derecho de Defensa de todas las partes en juicio que no tuvieron oportunidad de pronunciarse en la materia. Además lo resuelto genera inseguridad jurídica, por cuanto impone también dicha regla al demandado que en algún momento puede querer por intereses propios cancelar la deuda y las costas del proceso, y al ser dicho extremo controvertido no tiene certeza de estar abonando bien y con ello configurar un pago…” (cfr. PE cit., pág. 6).- Sostiene que el pago de los honorarios tiene eficacia producido en la persona del titular del crédito, que a todas luces es el profesional del derecho que desplegó la actividad y no personal ajeno, como es la teoría que ensaya el Camarista otorgando la titularidad de los honorarios de un órgano estatal como es la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz cuando los honorarios son personales (cfr. PE y pág. cit.).-
Añade que el Magistrado aplica la Ley Nº 3438 en forma retroactiva a un proceso judicial anterior a la misma, donde las actuaciones profesionales se practicaron con anterioridad a la sanción de la mencionada ley y donde existen numerosas características que la realidad ha mutado. En este sentido destaca que: “El absurdo que encierra el Voto del Señor Camarista radica en cómo hacen el Dr. Ramos y el suscripto para percibir sus honorarios si los mismos integran un fondo de un Organismo al cual no pertenecemos más.” (cfr. PE cit., págs. 6/7).- La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE116864-2021).-
En PE123649-2021 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
III. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Para realizar esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3510, Folio 6012/6016).-
IV. En primer lugar se advierte que la parte recurrente acusa violación o errónea aplicación de la ley en los términos del artículo 3°, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad.-
En tal sentido, debemos adelantar que el recurso, de la manera en que ha sido planteado, no llega a constituir la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que la recurrente sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar demostrar en que se han equivocado los magistrados que ya se expidieron, menos aún fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis, la procedencia y razonabilidad de su pretensión revisora.- Cabe recordar que para que resulte procedente el recurso articulado por la causal invocada el embate debe dirigirse a la actividad de juzgamiento de la Cámara en su tarea de subsunción de los hechos y en la correcta interpretación y aplicación de las normas cuya violación pretende (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 574, Folio 3266/3273).-
Resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3440, Folio 5819/5823).- En el caso que nos ocupa, el agravio se centra en la interpretación que realizó la Excma. Cámara de Apelaciones de la Ley Nº 3438 en virtud de la cual ordenó que los honorarios devengados a los letrados de la accionante sean depositados a la orden de la parte actora: “Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz”.-
Con relación a ello, se advierte que la anterior Instancia adhiere a una corriente doctrinaria y jurisprudencial. Así encontramos que el criterio utilizado por la Cámara ha sido expuesto por la doctrina nacional al decir que: “...‘en definitiva, a los representantes judiciales del Estado deben regulárseles honorarios, los cuales deben ingresar al patrimonio fiscal como parte de las costas; que estos honorarios deben destinarse a un fondo de defensa judicial del Estado; y que estos representantes deben percibir su sueldo como única remuneración… ” (cfr. Passarón, Julio Federico y Pesaresi, Guillermo Mario: “Honorarios judiciales”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2008, Tomo 2, pág. 117).- Esta corriente doctrinaria ha tenido recepción en la jurisprudencia que ha sostenido: “Cuando una repartición del Estado designa a uno de sus agentes para que la represente en un proceso judicial, este no ejerce su actividad en función de un contrato de derecho privado, como los de mandato o locación de servicios, sino en virtud de la relación de empleo público que lo une con el organismo administrativo.” (cfr. CSJN. sum. Fallos 317:1759). En igual sentido: “...la cuestión atinente a la percepción de los honorarios devengados en juicio en ejercicio de la defensa del Estado por parte de sus agentes abogados no escapa al estatuto cuando éste la contempla -ya sea que la regulación integre las costas impuestas al ente estatal o a la contraria-, pues el ejercicio de la función pública de representar en juicio es único e inescindible. En tales casos, la intervención del letrado en juicio se origina, fundamentalmente, en la defensa del ente administrativo encomendada estatutariamente y a cuyas pautas -incluidas las atinentes a la percepción y destino de los honorarios regulados- se encuentra sometido.” (cfr. SCBA, “Zuleta Hugo Ricardo c/ Pcia. de Bs. As. (Poder Ejecutivo) s/ Demanda contencioso administrativa”, causa LP B 52.694 S, del 05/12/2001).- Más allá de la discrepancia con la postura asumida por la Alzada que la recurrente pudiera tener, lo cierto es que ésta se encuentra debidamente fundada. Los Magistrados de la anterior instancia han proporcionado mediante su desarrollo argumental pautas claras que permiten comprender cómo y porqué decidió en la forma en que lo hizo, exponiendo las circunstancias que permiten verificar las premisas con las que construyó su razonamiento.-
Es decir, han efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa -y en particular de las actividades desarrolladas en ejercicio de la función pública- llegando a conclusiones que no patentizan la exteriorización de la sola voluntad del juez, ya que aportan las razones del veredicto sin vislumbrarse la violación de la ley alegada por la recurrente.-
V. Respecto a la denuncia de violación del artículo 17 de la Constitución Nacional y del derecho de defensa en juicio -y dado la manera en que ha sido expuesto el agravio- tampoco resulta eficaz a los fines de la admisibilidad del recurso en cuestión toda vez que la recurrente se circunscribe a invocarlos sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituye base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, XXVII, Reg. 3200, Folio 5271/5274, entre otros).-
VI. Continuando con el examen preliminar del recurso de casación por ante este Alto Cuerpo, también se advierte que, al desarrollar los fundamentos contra la sentencia de Cámara, la recurrente indica -como agravio- que ésta aborda y da tratamiento a una cuestión no planteada: la forma en que se deben abonar eventualmente los honorarios.-
En definitiva acusa que la Alzada ha fallado extra petita, es decir, aduce una violación al principio de congruencia, razón por la cual, la impugnación debió encauzarse por la vía prevista en el artículo 2° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- o por arbitrariedad.-
En el primer caso, este Alto Cuerpo, reiteradamente, ha encausado la violación del principio de congruencia procesal en el andarivel del artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-: “…en materia de incongruencia, el remedio se opera a través de la vía del quebrantamiento de formas…precisamente por tratarse de un vicio estructural que necesariamente invalida al pronunciamiento así dictado...” (cfr. Sentencia, Tomo IX, Reg. 313, Folio 1685/1694).- En el segundo supuesto, arbitrariedad, ha establecido abundante jurisprudencia que: “Es arbitrario el decisorio que prescindió de la controversia trabada por las partes y las pretensiones esgrimidas, transgrediendo de ese modo la jurisdicción apelada y vulnerando el principio de congruencia que debe observar todo pronunciamiento judicial...” (cfr. sum. TSJ CABA, “Frieiro Sergio c/ Consejo de la Magistratura s/ cobro de pesos”, del 11/10/2011, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/68757/2011). Al respecto nuestro Máximo Tribunal ha sentado que la incongruencia torna a la sentencia arbitraria, pues afecta la garantía constitucional del debido proceso (cfr. Del Dictamen del Procurador General que la Corte comparte y hace suyo en Fallos 327:2471).- A mayor abundamiento debemos agregar que la incongruencia que la recurrente plantea por estimar que la Alzada ha resuelto extra petita, no se encuentra debidamente fundada.-
Ello es así, toda vez que el pronunciamiento recurrido no se aparta de las constancias de la causa ni de las circunstancias del litigio, al contrario, para resolver como lo hizo, la Excma. Cámara de Apelaciones tuvo en cuenta que la intervención de los letrados de la parte actora se originó: “…por la representación judicial y defensa del ente administrativo que les fue encomendada estatutariamente, y a cuyas pautas se sometieron, incluidas las atinentes a la percepción y destino de los honorarios regulados, bajo una auténtica relación de empleo público, gozando de otros beneficios que otros profesionales liberales no poseen.” (cfr. PE47699-2021, pág. 27).- En virtud de lo antedicho, se advierte que la recurrente no realiza una argumentación adecuada respecto de la pretendida conculcación del mencionado principio, ni tampoco se observa, en la sentencia atacada el defecto alegado ni la inclusión de cuestiones ajenas al objeto del proceso, razón por la cual el agravio referido no resulta propicio para la apertura de esta instancia extraordinaria.-
En cuanto a la arbitrariedad que se denuncia tampoco se observa, en el pronunciamiento impugnado, ninguno de los presupuestos que la configuran. Es decir, no se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con los criterios sustentados por los jueces, el fallo abunda en fundamentos de diverso orden que le dan suficiente consistencia jurídica.-
VII. Con relación a la supuesta violación de la doctrina legal también se advierte que la casacionista omite indicar cuál ha sido la doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que ha sido violada, no ha individualizado el juicio de la cual emana y, menos aún, en que ha consistido esa violación. Nos hallamos ante la sola mención de un agravio sin fundamentación alguna que lo justifique. No debemos olvidar que doctrina legal es sólo aquella que emana de este Tribunal (cfr. Sentencia, Tomo XV, Reg. 511, Folio 2860/2871). Así lo ha sostenido este Alto Cuerpo al expresar que: “...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049).-
VIII. Finalmente, no debe perderse de vista que el tema de la regulación de honorarios, resulta, en principio, ajeno al recurso extraordinario provincial de casación pues, como ha reiterado este Alto Cuerpo, la determinación del monto del juicio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la aplicación de normas arancelarias son cuestiones de carácter fáctico y procesal que quedan en el espacio de la razonable discreción del juzgador y son inescrutables por vía del recurso extraordinario provincial, salvo que se demuestre arbitrariedad (cfr. Sentencia, Tomos XIII, Reg. 464, Folio 2520/2525; XVII, Reg. 583, Folio 3332/ 3338).- En idéntico sentido se ha expedido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al referir: “…el principio general en la materia es la irrecurribilidad...excepcionalmente la casación encuentra sustento cuando están en juego determinadas garantías, como ocurre ante el desconocimiento del derecho del profesional a la regulación; o en los supuestos de confiscatoriedad, por evidenciarse una manifiesta desproporción entre el valor económico del juicio y la naturaleza de la labor cumplida, al no guardar el honorario relación con una justa retribución ya sea por resultar ínfima o exorbitante, ajena a toda proporción con los intereses controvertidos; o si la decisión aparece derivada del mero arbitrio del juzgador carente de fundamentación real o contradiciendo abiertamente decisiones o constancias anteriores firmes; o cuando se han aplicado normas arancelarias inadecuadas, desconociendo las previsiones específicas establecidas por otras leyes (conf. ‘Acuerdos y Sentencias’, 1977-III-694; causas I. 473, resol. del 24-IX-77; Ac. 31.871, sent. del 28-VI-83, etc.).” (cfr. “Interfinanzas S.A. c/ Carlino Oreste Luis y ot. s/ Daños y perjuicios”, causa LP Ac 46.685 S, del 14/04/1992) presupuestos que tampoco se aprecian en el sub lite.- En definitiva, la impugnante no logra demostrar los vicios invocados puesto que se observa -en el recurso deducido- la enunciación de reproches que sólo trasuntan la mera disconformidad acerca de lo decidido por la Alzada, invocación que por sí sola no basta en el ámbito casatorio dada la limitación extraordinaria de la instancia. Los agravios esgrimidos se desentienden de los fundamentos del fallo atacado en relación a la materia en discusión agotándose su planteo, en definitiva, en propugnar una decisión diferente a la considerada por la Excma. Cámara de Apelaciones.-
IX. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación arti- culado por el Dr. Alejandro Ángel García, por derecho propio, en PE54638-2021, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE116864-2021, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el Dr. Alejandro Ángel García, por derecho propio, en PE54638-2021 y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE116864-2021.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y en uso de licencia la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. María Florencia González.-
Protocolización: TSS1065I.221 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3716 Folio N°: 6608/6611 Secretaría: 1
Fin de la sentencia