Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2470/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto, por la parte demandada, Sra. Polonia Grzergorczyk a fs. 147/152 vta..-
2Declarar la nulidad parcial de las resoluciones agregadas a fs. 91/97 vta. y fs. 139/142 en la porción de los actos sentenciales donde, respectivamente, el Juez de Primera Instancia decide sobre la validez constitucional de las Leyes Provinciales Nros. 21, 3320 y 3389 y la Alzada confirma tal decisión.-
3Reenviar las actuaciones al Juzgado de origen para que con Juez hábil se continúe con la tramitación del proceso (cfr. arts. 2º y 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).-
4Confirmar la resolución recurrida en todo lo demás que hubiera sido motivo de agravios.-
5Imponer las costas de esta instancia al actor y a la demandada en razón de un cincuenta por ciento (50%) para cada parte.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2470/21-TSJ Interlocutorio N°: 710 Actor: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandada: GRZERGORCZYK POLONIA Y/U OTROS Objeto: EXPROPIACIÓN Fecha: 07-06-2022 Texto: TOMO XXII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 710 FOLIO Nº 4251/4257 PROT. ELECT. TSS1 011 S.221
Río Gallegos, 7 de junio de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ GRZERGORCZYK POLONIA Y/U OTROS s/ EXPROPIACIÓN”, Expte. Nº P-25.225/14 (P-2470/21-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada Sra. Polonia Grzergorczyk, por intermedio de sus letradas apoderadas, Dras. Marcela Castro Dassen y María Cristina Riera a fs. 147/152 vta., contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 139/142. Esta última confirma el decisorio de Primera Instancia, con costas a la recurrente (cfr. foja 142).-
La resolución de Primera Instancia había rechazado la solicitud de la demandada de levantamiento de la medida cautelar; difirió las cuestiones planteadas en relación al monto indemnizatorio y a la determinación de la superficie a expropiar para la sentencia definitiva; y rechazó el planteo de inconstitucionalidad de las Leyes Provinciales Nros. 21, 3320 y 3389 (cfr. fs. 91/97 vta.).-
II. Que en el recurso de casación, la parte recurrente plantea que le agravia lo decidido por la Excma. Cámara de Apelaciones, en esta instancia procesal, sobre el planteo de inconstitucionalidad de las Leyes Provinciales Nros. 21, 3320 y 3389, opuesto como defensa de fondo. Dice que tal circunstancia afecta a su mandante porque implica lisa y llanamente un prejuzgamiento respecto de las pretensiones argüidas en el responde como defensa, pues anticipa el pronunciamiento, lo que la obliga a litigar en un proceso donde el Juez de Primera Instancia y la Cámara ya se han pronunciado. Esta cuestión, entiende, que: “...viene a confirmar la condición de sentencia definitiva sobre una de las cuestiones principales planteadas por esta parte, cual es la utilidad pública.” (cfr. foja 150 vta.).- Amplía diciendo que: “Hay dos cuestiones que hacen al esqueleto de la defensa de nuestra mandante en cuanto a la constitucionalidad de la expropiación. Una es la declaración de utilidad pública de la porción de campo a expropiar, en cuanto, como se desarrollara ampliamente al contestar [la] demandada (sic), ni siquiera se encontraba ni se encuentra determinada con precisión científica, cuál va a ser el nivel de cota de la inundación, y por ende las tierras que resultarán necesarias para la obra de las represas. La segunda, V.E., es el determinar el valor de la tierra a expropiar, y la constitucionalidad de la modalidad impuesta por la Ley 21. Sobre ambas cuestiones ya se pronunciaron en ambas instancias, incurriendo en prejuzgamiento.” (cfr. foja cit.).- Observa que no resultaba necesario, en este estadio procesal, expedirse sobre la constitucionalidad de las normas de marras, por cuanto sólo debían limitarse a la razonabilidad de la posesión en forma urgente teniendo en cuenta la distancia existente entre el establecimiento ganadero y el epicentro de las obras; y la porción afectada por la posesión, resultando necesario evaluar si ello constituye o no un desapoderamiento sin sustento fáctico (cfr. foja cit.).-
Expresa que: “Se equivoca la Alzada al afirmar en el interlocutorio en crisis que esta parte introduce el planteo de inconstitucionalidad en la oportunidad de solicitar el levantamiento de la medida cautelar, pues de la sola lectura de dicho escrito la única reserva que se hace de plantear oportunamente la inconstitucionalidad de las leyes 3192 y 3389, lo que efectivamente se materializa en la oportunidad de contestar la demanda.” (cfr. foja 151).-
Manifiesta que yerra la Cámara y le causa agravio el determinar que para que la posesión proceda el único requisito es el depósito del monto de la indemnización. Ello pues -sigue con su argumentación- el artículo 8º de la Ley Provincial Nº 3192 declara la urgencia de la toma de posesión limitándola a aquellas fracciones de tierra que en forma previa e incluidas en los artículos 1º y 2º se requieran para dar inicio y continuidad a las obras. Añade que: “Las tierras propiedad de nuestra mandante de manera alguna requieren su afectación para iniciar y continuar las obras sino por el contrario se cuestiona si dichas tierras serán afectadas por el nivel de cota, o se (sic) aún no sabemos V.E si serán inundables como consecuencia de las represas.” (cfr. foja cit.).- Sostiene que: “Aplica erróneamente la Alzada el art. 12 de la Ley 21 en cuanto determina como presupuesto para la posesión la consignación del importe de la indemnización ofrecida, toda vez que la posesión debe ser analizada a la luz de la utilidad pública y de los recaudos del art. 8 del texto legal antes citado, pues de lo contrario quedaría al arbitrio del Poder Legislativo y Ejecutivo proponer una indemnización, depositarla y tomar posesión sin justificación alguna.” (cfr. foja 151 vta.).-
Indica asimismo que: “La actora peticiona la posesión inmedia-ta, y en las anteriores instancias se da favorable acogida, con el único fundamento de que fue declarada de utilidad pública y que la urgencia surge del propio texto legal, sin realizar un mínimo análisis de la normativa vigente y de los presupuestos fácticos de estas actuaciones, brindándose un idéntico tratamiento a los 200 kms. que recorre el Río Santa Cruz, sin distinguir el emplazamiento concreto de las futuras obras, y de las tierras de nuestra mandante. El fundamento al rechazo de este agravio, antes transcripto, no se vincula con el mismo, incurriendo en incongruencia. Evaluar adecuadamente el agravio sería analizar si se encuentra acreditado en autos que el Establecimiento Ganadero 'La Martina' es necesario para dar inicio y continuidad a las obras, lo que ni siquiera es esbozado por la actora, y menos aún analizado por las anteriores instancias, deviniendo en una aplicación errónea de las normas ya citadas.” (cfr. foja cit.).- Por lo antedicho y por el prejuzgamiento respecto de las normas invocadas califican al pronunciamiento de arbitrario a la luz de los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Afirman que las deficiencias lógicas de razonamiento y la ausencia de fundamento normativo, impiden considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como “la sentencia fundada en ley” a la que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (cfr. fs. 151 vta./152).-
Aduce también que la resolución es arbitraria por omitir considerar y resolver cuestiones que fueron oportunamente propuestas. Al respecto destaca que se propuso como cuestión a resolver la procedencia de la posesión a la luz de las exigencias del artículo 8º de la Ley Provincial Nº 3192 y que la Alzada se expidió respecto de la constitucionalidad de las leyes que justifican la expropiación (cfr. foja 152).-
Hace reserva del caso federal (cfr. foja 152 vta.).-
A fs. 254/255 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, haciendo lugar al recurso de queja planteado por la demandada a fs. 232/235, declarando mal denegado el recurso de casación interpuesto y poniendo los autos a disposición de las partes, conforme lo estatuido en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de esta facultad ambas partes (cfr. PE224019-2021 y PE225963-2021).-
Por su parte, la recurrente amplía sus fundamentos. Allí plantea que durante la tramitación de la procedencia formal del recurso de casación se dictó la Ley Provincial Nº 3637, la que se promulgó el 8 de enero de 2019, y que obliga a verificar en su artículo segundo todas las dimensiones de terreno a expropiar mediante la realización de las respectivas mensuras y se modifica la porción de las tierras de utilidad pública modificando el artículo 2º de la Ley Provincial N° 3192, lo cual deja aún más al margen a sus tierras (cfr. PE225963-2021).-
También señala que desde la interposición del recurso de casa-ción no se realizó ningún avance sobre sus tierras, permaneciendo un inicio de obra de un camino en idéntico estado sin terminar, con barrancas y sin alambrado, poniendo en serio riesgo a la población ovina (cfr. PE cit.).-
Agrega que tampoco el Estado Provincial realizó las mensuras para delimitar las tierras declaradas de utilidad pública, ni menos aún la Fiscalía de Estado ejerció la facultad de desistir los procesos expropiatorios que se encuentran comprendidos en las modificaciones de la ley. Entiende que la inexistencia de obras y del uso de las tierras de su mandante pone en evidencia que los fundamentos expuestos en el recurso de casación resultan acertados, puesto que si en cuatro (4) años no se ha procedido a avanzar sobre las mismas implica lisa y llanamente que no resultan necesarias y la falta de desistimiento evidencia la desidia de la actora a la hora de abordar las expropiaciones de las tierras y en especial las de su mandante. Por lo que reitera que la casación debe tener recepción favorable en todas sus partes, pues el transcurso del tiempo les ha dado la razón jurídica y fáctica, ya que lo que esa parte afirmó se tradujo en realidad (cfr. PE cit.).- El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo dictami-na que no debe hacerse lugar a la casación articulada por la demandada, por los fundamentos que esgrime y a los que nos remitimos por razones de brevedad (cfr. PE251762-2021).-
Se llaman autos para dictar sentencia (cfr. PE268143-2021) y pasan las presentes actuaciones a estudio (cfr. PE285732-2021).-
III. Que realizada la descripción de los agravios expuestos por la parte demandada, resulta menester precisar que si bien se hace mención al carril impugnativo establecido en el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 148 vta.), a los efectos de encausar su pretensión recursiva en rigor y conforme a la naturaleza de los agravios invocados, corresponde que el tratamiento de este recurso casatorio se adscriba también en el marco previsto en el artículo 2° de la citada ley.-
Por lo expuesto y conforme se ha planteado la cuestión extraordinaria articulada por la demandada, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en los artículos 2° y 3° de la ley citada, recurso de casación por quebrantamiento de forma, errónea aplicación de la ley y arbitrariedad. Vinculado con lo antedicho, este Alto Tribunal ha sostenido que: “…Cuadra recalcar que en principio éste (sic) Excmo. Tribunal no puede subsanar con inferencias o interpretaciones los errores u omisiones en que incurre el quejoso al indicar las normas que estime infringidas…Es decir, que no puede suplir oficiosamente las citas y encuadres legales que debió efectuar el recurrente (confr. SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. II, pág. 390 y 502; entre otros). Ello es así, por ser extraño a la casación el principio iura novit curia, cuya admisión la Suprema Corte sólo declara procedente, en forma muy restringidísima, en cuestiones penales (confr. SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. III, pág. 993). No obstante lo precedentemente considerado, este Tribunal Superior entiende que aquella potestad jurisdiccional aludida, en materia de casación, puede tener adecuaciones que resultan de la naturaleza del recurso. En efecto, aunque el enfoque que vehiculiza la recurrente sea diferente al encuadre que propugna este Cuerpo, ello no invalida el remedio excepcional intentado -en el particular caso sub discussio- toda vez que lo necesario para la apertura y procedencia del recurso por violación de la ley, es la invocación del motivo de la casación (la pretensa aplicación errónea de los artículos 164°; 264° y 265° del C. P. C. y C.), pero no necesariamente las normas legales invocadas como violadas o aplicadas erróneamente deben ser las aplicables al caso, pues en este aspecto el principio iura novit curia -no obstante ser casi inexistente su aplicación operativa en esta instancia extraordinaria- mantiene algo de vigencia, por lo que se impone el encuadre legal correcto dentro del andarivel trazado por el artículo 2° de la Ley 1687 -Recurso de Casación-…” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 443, Folio 2417/2420).- Por una razón de orden expositivo, en primer término analizaremos lo vinculado con el pedido de levantamiento de la medida cautelar de posesión de la superficie sujeta a expropiación. En segundo lugar, nos adentraremos en el estudio de lo vinculado con el alegado prejuzgamiento.-
IV. Que en cuanto al pedido de levantamiento de la posesión, debemos adelantar que la casación, en este aspecto, no habrá de tener favorable recepción toda vez que la recurrente no ataca eficazmente los fundamentos por el cual se dispuso la misma. Asimismo, tal como se explicará, el asunto traído ante estos estrados resulta ajeno a esta instancia extraordinaria.-
Es que en rigor, el escrito impugnativo carece del fundamento necesario para sostener una crítica concreta y razonada contra el interlocutorio que con este recurso pretende derribar. Se constata que las conclusiones de la Excma. Cámara de Apelaciones no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia el decisivo error de subsunción o arbitrariedad.-
En cuanto a la arbitrariedad invocada por la recurrente, por re-chazar el levantamiento de la medida cautelar de posesión, es pertinente destacar que para descalificar una sentencia por arbitraria no es suficiente alegar tal vicio, sino que hay que acreditarlo, lo que no ha ocurrido en autos. En tal inteligencia la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires señaló que: “Sabido es que no resulta suficiente para enervar la decisión atacada exponer una opinión distinta a ella, sino que es menester demostrar acabadamente que el razonamiento empleado por el juzgador fue afectado por un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias e incoherentes en el orden lógico formal e insostenibles en la discriminación axiológica.” (cfr. “Compagnoni José c/ Vázquez Isidro s/ División de condominio”, del 05/03/1996, causa LP Ac. 57.426 S). Concordante con lo expuesto, este Alto Cuerpo ha sostenido que: “...'...para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'…' (cfr. Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788 y XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003). Asimismo, es tesis de este Tribunal que: '?la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación?' (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros)...” (cfr. Sentencia, Tomo XX, Reg. 682, Folio 3968/3972).- En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de arbitrariedad o absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (cfr. Sentencia, Tomo XV, Reg. 523, Folio 2940/2946). Extremos que no se presentan en el sub lite.-
En efecto, las críticas expuestas por la accionada sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX, Reg. 669, Folio 3870/3879). Es que para impugnar eficazmente una resolución judicial a través de un recurso extraordinario no se debe presentar el caso y analizarlo con criterio subjetivo, sino demostrar -con un razonamiento detallado y preciso- la incorrecta subsunción en el derecho o lo impropio de los hechos valorados y por qué deben ser cambiados por los que la recurrente pretende; lo que no ha hecho dicha parte.- Asimismo se constata que la Excma. Cámara de Apelaciones resolvió adecuadamente lo vinculado con la medida cautelar, al respecto sostuvo: “...corresponde señalar que la posesión es consecuencia de lo establecido en el art. 12 de la ley N° 21 y art. 8 de la ley N° 3192, dado que se cumplimentó con las normas anteriores, cfr. fs. 12/13 donde consta que en el Banco Santa Cruz S.A se procedió a la apertura de la cuenta judicial en la Sucursal Río Gallegos y a fs. 25 y vta. el magistrado de la anterior instancia se expidió en ese sentido, constatándose el cumplimiento de lo ordenado a fs. 26/53.” (cfr. fs. 141 y vta.).- Desde otro cuadrante, debe puntualizarse que el recurso de casación tampoco puede prosperar, en este aspecto, ya que la resolución contra la que se lo intenta no es una sentencia definitiva ni asimilable a ella (cfr. art. 1° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).-
La idea de sentencia definitiva es esencial para el recurso extraordinario. Las sentencias definitivas propiamente dichas son aquellas que ponen fin al pleito tornando imposible su revisión. Las resoluciones equiparables a sentencia definitiva, tienen tres subtipos principales: a) las que impiden la prosecución de la causa; b) las que causan un gravamen de imposible, tardía, difícil o insuficiente reparación ulterior; c) las que conllevan gravedad institucional (cfr. Sagües, Néstor Pedro: “Recurso extraordinario”, Ed. Astrea, 4ta. ed. actualizada y ampliada, Bs. As., 2002, Tomo 1, págs. 321, 323 y 326).-
En coincidencia con lo antedicho se han expedido prestigiosos autores al sostener: “…Alsina ha expresado con claridad que en materia de remedios extraordinarios el concepto de sentencia definitiva está referido a la irreparabilidad de perjuicio, de tal modo que si el agravio es superable por otro canal, el fallo carece de aquella condición. Clariá Olmedo, en forma coincidente, apunta que la vía excepcional en estudio procede contra las sentencias definitivas, o contra las asimilables a las mismas. En esta última categoría entran ciertos autos pronunciados en un incidente o en un artículo del proceso, aun durante la ejecución, si de alguna manera se decide sobre el fondo […] En verdad, importa más a los fines de la determinación del concepto de definitividad, el efecto de la sentencia con relación al proceso, que su propio contenido. Lo que interesa saber es si al recurrente le queda -o no- otra vía jurídica para solucionar su agravio, pues si tiene la posibilidad de peticionar ante algún órgano de decisión, el carril extraordinario no queda habilitado…” (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, Ed. LEP, 2da. edición, págs. 511/512).- En la misma inteligencia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha establecido que: “...'Los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir aquellas que, recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzca el efecto de finalizar la litis, haciendo imposible su continuación' (Acuerdos y Senten-cias, serie 2º-VII-298; causas Ac. 29.611; 25-XI-80; Ac. 34.307, 12-II-85; Ac. 34.913, 2-VII-85; Ac. 50.922, 18-VIII-92; Ac. 54.244, 28-IX-93; Ac. 62.349, 5-3-96).” (cfr. aut. y ob. cit., pág. 512).-
En el caso sub examine mediante la casación se ataca una resolución que decide sobre una medida cautelar.-
Cabe recordar que al señalar los caracteres de las medidas cau-telares se ha expresado: “Son provisionales, puesto que el auto que las decreta no causa estado; como hemos visto, se prescinde del contradictorio previo, que queda postergado para una vez que se cumpla la medida ordenada y se la notifique al interesado. De ahí que siempre se pueda modificar lo resuelto; también puede sustituirse la medida ordenada, reducirse, ampliarse, modificarse...o levantarse. Por el contrario, el hecho de que no se haya otorgado la medida no impide que se la ordene posteriormente si han variado las circunstancias o se completan los requisitos para su procedencia. Las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado ni son definitivas ni preclusivas, de donde resulta que pueden reverse siempre que se aporten nuevos recaudos.
En general, tienen carácter eminentemente mutable, de manera que la resolución que recae sobre ellas de acuerdo con las particularidades de cada caso es siempre provisional, por cuyo motivo la parte interesada está legitimada para solicitar nuevamente su traba aportando otros elementos que demuestren su derecho a obtenerla.” (cfr. Arazi, Roland y Rojas, Jorge A.: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Anotado y Concordado con los Códigos Provinciales”, 3º Ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2014, Tomo I, págs. 934/935).- Es por esto que también aparece obvio en el caso de autos que las circunstancias que rodean a la medida cautelar resuelta -rígidamente envallada en la dinámica adjetiva de la actividad jurisdiccional en que se pronuncia- sólo alcanza, en virtud de los límites expuestos, una aparente sustancialidad insusceptible de reemplazar, por sí sola, el concepto de sentencia definitiva como decisión que de modo final, directa o indirectamente, resuelve sobre la existencia del derecho de fondo (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos I, Reg. 115, Folio 189/190; VI, Reg. 879, Folio 1016/1018, entre otros); careciendo por lo tanto la cuestión planteada de la nota de definitividad que impide de esta manera tener favorable acogida en esta instancia extraordinaria (cfr. arts. 1º y 4º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).- Así lo ha sostenido reiteradamente este Tribunal Superior de Justicia al decir: “…dada la plenitud de la naturaleza procesal del tema en debate y la ausencia del dictado de una sentencia definitiva que ponga fin al pleito o cause un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, entendiendo que además, la invocación de las causales de arbitrariedad y de violación de las garantías constitu-cionales que se entienden conculcadas, no suple la falta de aquél requisito de definitividad a los fines de la procedencia del remedio intentado.” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XIII, Reg. 1741 Folio 2534/2536). Ello por cuanto los argumentos desarrolla-dos ignoran la naturaleza jurídica de toda medida cautelar que se caracteriza por su provisoriedad o interinidad, o por su mutabilidad o variablidad; y, por ende, por el carácter no definitivo (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 288, Folio 464/465; VII, Reg. 1079, Folio 1362/1364; XII, Reg. 1559 Folio 2220/2221).- Que en idéntico sentido se ha expedido nuestro más Alto Tribunal Nacional al decir: “...las resoluciones referentes a medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a ésta, a los fines de habilitar la instancia extraordinaria...” (Fallos 326:25; 'Universidad de Buenos Aires c/ Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales', Sent. 24/08/03); y “Las resoluciones referentes a medidas cautelares, sea que las decreten, levanten o modifiquen, no constituyen sentencias definitivas en los términos del art. 14 de la ley 48 y son, como principio, insusceptibles del recurso extraordinario...” (Fallos 315:2401; 313:116).- Concretamente, en el caso bajo examen, la demandada impug-na la resolución de la Cámara de fs. 139/142 que, al rechazar la apelación, mantiene la decisión del Juez de Primera Instancia que dispuso la desposesión de la porción del establecimiento ganadero a expropiar.
Debe señalarse que tal facultad se encuentra prevista expresamente en los artículos 12 y 13 de la Ley Provincial Nº 21 y 8º de la Ley Provincial Nº 3192. Asimismo debe valorarse que previo a la toma de posesión el Estado Provincial depositó el valor indemnizatorio provisorio de la parcela a expropiar que se determinó administrativamente, es decir la suma de pesos sesenta mil novecientos cincuenta con setenta y ocho centavos ($60.950,78), depositada el 30 de octubre de 2014 (cfr. fs. 22 vta., 25, 34, 35, 39, 40). Circunstancia esta última que nos aleja de poder considerar a la decisión en crisis como sentencia asimilable a definitiva por ocasionar un daño de difícil o imposible reparación ulterior.- A mayor abundamiento, en relación a los perjuicios que la medida cautelar de marras pudiere causar al accionante, ha de descartarse que la misma le pueda generar un perjuicio de imposible o difícil reparación dado que nada impediría que, en caso de obtener una sentencia definitiva favorable, logre una justa reparación integral de los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado el acto (cfr.
TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XI, Reg. 722, Folio 2036/2037; Reg. 743, Folio 2096/2098; XV, Reg. 978, Folio 2984/2986 y XVI, Reg. 1016, Folio 3147/3150).-
En cuanto a la invocada violación de los derechos de propiedad, de defensa y la garantía del debido proceso consagrados por los artículos 17, 18 y concordantes de la Constitución Nacional, se advierte que la recurrente se circunscribe a invocarlas sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 585, Folio 3347/3353).-
V. Que en cuanto al alegado prejuzgamiento se debe observar que en la resolución de Primera Instancia (obrante a fs. 91/97 vta., que a la postre viene impugnada por casación) rechaza el pedido de levantamiento de medida cautelar, pero también decide cuestiones de fondo planteadas en la contestación de la demanda.-
El Juez de Primera Instancia decide, en cuanto a las cuestiones planteadas en la contestación de la demanda, que una parte de los planteos quedan postergados en su resolución para la sentencia definitiva y el resto lo resuelve inmediatamente. Así entiende que: “En segundo término en relación al planteo de inconstitucionalidad de la ley 3320 por resultar violatoria del art. 52 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, y de los arts. 1, 2 y 5 de la ley 3389, en cuanto declara la utilidad pública (sic) la porción a expropiar del establecimiento ganadero 'La Martina' por resultar violatorias de los arts. 16, 17, 18 y 28 de la C.N.. Asimismo, del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 6, 7, 9, 16, 17, 18, 19 y 25 de la ley 21 por resultar contrarios al debido proceso objetivo y confiscatorios violentando los arts. 17, 18 y 28 de la C.N.
Compartiendo lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal, las cuestiones planteadas en relación al monto indemnizatorio y a la determinación de la superficie a expropiar, son cuestiones de hecho, por ende, sujetas a la prueba a producirse en autos, en consecuencia, corresponde diferir su resolución para la definitiva.” (cfr. fs. 97 y vta.).- A continuación agrega que: “Y en relación a los restantes planteos, debe diferenciarse el dominio originario de los recursos naturales que corresponden a la provincia (art. 52 C.P.) con la reglamentación y/o acuerdos que sobre ellos hagan en uso de sus facultades, encontrándose la ley 3320 dentro de los límites constitucionales. Asimismo, la legislatura provincial cuenta con competencia para calificar la utilidad pública y reglamentar el ejercicio del derecho de propiedad consagrado por la C.N..
En consecuencia, las leyes 3320, 3389 y 21 dictadas por la legislatura provincial, han cumplido con todos los recaudos y procedimientos previstos constitucionalmente para la formación y sanción de las leyes, por lo que dichas normas provinciales son legítimas y no violatoria de la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional.” (cfr. foja 97 vta.). En la parte resolutiva, expresamen-te decide: “3°) Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de las leyes provinciales 3320, 3389 y 21, por los motivos expresados en los considerandos.” (cfr. foja cit.).- Lo transcripto en el párrafo anterior se presenta como un su-puesto de prejuzgamiento de parte del Juzgado de Primera Instancia, ya que se expide sobre la constitucionalidad de tres (3) leyes cuando no le fue solicitado al Juez tal declaración en el escrito en el que la demandada solicita el levantamiento de la medida cautelar de posesión (cfr. fs. 57/60 vta.).
En ese escrito tan sólo se formuló reserva de plantear la inconstitucionalidad de las Leyes Provinciales Nros. 3192 y 3389 (cfr. fs. 60 y vta.). Tales circunstancias no habilitaban al Juez de Primera Instancia para expedirse sobre la constitucionalidad de las Leyes Provinciales Nros. 21, 3192 y 3389 en la resolución sobre el levantamiento de la medida cautelar de posesión.- Donde sí fue articulada la inconstitucionalidad de las citadas leyes fue en la contestación de la demanda, como defensa de fondo (cfr. fs. 62/73 vta.). Por lo que el momento procesal oportuno para decidir sobre tal cuestión era al dictarse la sentencia definitiva (cfr. art. 164, inc. 6º del CPCyC).-
Concretamente en la contestación de la demanda se plantea expresamente la inconstitucionalidad de la Ley Provincial Nº 3320 por estimarla violatoria del artículo 52 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz; y de los artículos 1º, 2º y 5º de la Ley Provincial Nº 3389, en cuanto declara de utilidad pública la porción a expropiar del establecimiento ganadero “La Martina” por resultar violatorias de los artículos 16, 17, 18 y 28 de la Constitución Nacional. También se aduce la inconstitucionalidad de los artículos 6º, 7º, 9º, 16, 17, 18, 19 y 25 de la Ley Provincial Nº 21 por resultar contrarios al debido proceso objetivo y confiscatorios, violentando los artículos 17, 18 y 28 de la Carta Magna (cfr. foja 62).- La decisión de la Excma. Cámara de Apelaciones al confirmar lo decidido por el Juez de Primera Instancia -que determinó la validez constitucional de las Leyes Provinciales Nros. 21, 3320 y 3389- también incurre en prejuzgamiento.-
Estimamos entonces que esta parcela de la decisión que viene impugnada por haber decidido con anticipación al momento procesal oportuno conlleva necesariamente a la anulación parcial de las resoluciones tanto de Primera Instancia como de Cámara.-
Paralelamente, entendemos que en la especie es innecesario de-clarar la nulidad de aquellos fragmentos de la decisión del Juzgado de Primera Instancia (y de la resolución de Cámara que los confirma) que no deciden sobre la validez constitucional de las leyes de marras, pues ello configuraría un dispendio jurisdiccional -afectando el rendimiento del servicio de administración de justicia- (cfr. SCBA, “Martínez Gómez Willy Guillermo c/ Galeota Octavio y otros s/ Despido, del 15/04/2009, causa LP L 90.689 S).-
Además, no resulta conducente la nulidad total, pues si no corresponde perjudicar a quien planteó el recurso de casación, tampoco resulta posible hacerlo con su contraparte, y esta última secuela se configuraría si, ante aquella prescindencia, se le derrumba íntegramente la resolución que decide sobre la toma de posesión.-
La antedicha solución es concordante con precedentes de este Alto Cuerpo que ya han declarado la nulidad parcial de sentencias (cfr. Sentencia, Tomos VI, Reg. 212, Folio 1142/1144; VII, Reg. 237, Folio 1280/1287; XV, Reg. 518, Folio 2901/2904 y XVI, Reg. 555, Folio 3139/3147).-
Así las cosas, es procedente declarar la nulidad parcial de las resoluciones obrantes a fs. 91/97 vta. y fs. 139/142 en la porción de los actos sentenciales donde, respectivamente, el Juez de Primera Instancia decide sobre la validez constitucional de las Leyes Provinciales Nros. 21, 3320 y 3389, y la Alzada confirma esta decisión. Esto por la causal de quebrantamiento de forma (cfr. arts. 2° y 14, respectivamente, del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. En el mismo sentido, ver lo decidido por este Alto Cuerpo en Sentencia, Tomo VIII, Reg. 290, Folio 1569/1571); debiendo reenviar las presentes actuaciones al Juzgado de origen, para que con Juez hábil se continúe con la tramitación de proceso.- Por lo expuesto, el agravio de la demandada vinculado con el prejuzgamiento tiene resultado favorable, conforme el criterio sentado en este acápite.-
VI. Que por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación articulado por la parte demandada, Sra. Polonia Grzergorczyk, a fs. 147/152 vta. y, en consecuencia, declarar la nulidad parcial de las resoluciones obrantes a fs. 91/97 vta. y fs. 139/142 en la porción de los actos sentenciales donde, respectivamente, el Juez de Primera Instancia decide sobre la validez constitucional de las Leyes Provinciales Nros. 21, 3320 y 3389 y la Alzada confirma tal decisión. Debiéndose reenviar las presentes actuaciones al Juzgado de origen, para que con Juez hábil se continúe con la tramitación de proceso (cfr. arts. 2º y 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-). Debe confirmarse la resolución recurrida en todo lo demás que hubiera sido motivo de agravios. Finalmente es necesario advertir que lo resuelto no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio.- En atención a que lo decidido fue parcialmente favorable a las pretensiones de la demandada, las costas en la presente instancia serán impuestas en razón del cincuenta por ciento (50%) para cada parte, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 71 del CPCyC.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto, por la parte demandada, Sra. Polonia Grzergorczyk a fs. 147/152 vta..-
2. Declarar la nulidad parcial de las resoluciones agregadas a fs. 91/97 vta. y fs. 139/142 en la porción de los actos sentenciales donde, respectivamente, el Juez de Primera Instancia decide sobre la validez constitucional de las Leyes Provinciales Nros. 21, 3320 y 3389 y la Alzada confirma tal decisión.-
3. Reenviar las actuaciones al Juzgado de origen para que con Juez hábil se continúe con la tramitación del proceso (cfr. arts. 2º y 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).-
4. Confirmar la resolución recurrida en todo lo demás que hubiera sido motivo de agravios.-
5. Imponer las costas de esta instancia al actor y a la demandada en razón de un cincuenta por ciento (50%) para cada parte.-
La presente sentencia se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1011S.221 Tomo: XXII Interlocutorio: 710 Folio N°: 4251/4257 Secretaría: 1
Fin de la sentencia