Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-1.842/12-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar la excusación deducida a fs. 1275 por la Sra. Vocal Subrogante, Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
2Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 1182/1195 por el apoderado de los co-demandados Sra. María Inés Juana Pessolano; herederos de Ernesto Pessolano, Sres. Leandro Omar Pessolano, Guillermo Ernesto Pessolano y Ricardo Raúl Pessolano, por los fundamentos esbozados por este Tribunal, y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 1135/1160 y vta, con costas por su orden, en razón de la decisión arribada.-
3Componer positivamente la litis en cuanto al monto consignado en el rubro “valor mineralógico”, al cual le corresponde la suma de Pesos Un Millón Trescientos Setenta Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 15/100 ($ 1.370.394,15) al 4/10/1988 (fecha de la desposesión); como asimismo en cuanto a los intereses que deben ser nombrados como “compensatorios” y no “moratorios” (pto. 2° de la sentencia).-
4Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, hasta tanto denuncien sus datos tributarios vigentes y sean regulados en las instancias ordinarias.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-1.842/12-TSJ Sentencia N°: 584.-
Actor: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandado: MORIONES VDA DE PESSOLANO FERMINA Y OTROS Objeto: EXPROPIACIÓN Fecha: 31-10-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 584.-
FOLIO Nº 3.339/3.346.-
PROT. ELECT. TSS1 023 S.141
Río Gallegos, 31 de octubre de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ MORIONES VDA. DE PESSOLANO FERMINA Y OTROS s/ EXPROPIACION”, Expte. Nº P-8.827/88 (P-1.842/12-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que, llegan en primer término, los presentes autos a tratamiento del este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver la excusación formulada a fs. 1275 por la Sra. Vocal Subrogante Dra. Reneé Guadalupe Fernández, quien expresa: “…Habiendo intervenido la suscripta como miembro integrante del Tribunal de Tasaciones que emitiera el dictamen obrante a fs. 280/283 … excúsome de intervenir en los presentes por razones de decoro y delicadeza…” y encuadrándose la causal invocada en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º, del CPC y C, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Que, seguidamente este Alto Cuerpo debe avocarse al tratamiento del recurso de casación interpuesto a fs. 1182/1195 por el apoderado de los co-demandados Sra. María Inés Juana Pessolano; herederos de Ernesto Pessolano, Sres. Leandro Omar Pessolano, Guillermo Ernesto Pessolano y Ricardo Raúl Pessolano, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 1135/1160 vta., con fundamento en errónea aplicación de la ley (art. 3, inc. a)) de la ley 1687) y arbitrariedad.-
Recuérdese que, oportunamente, este Tribunal Superior a fs. 1038/1042 declaró nula, la sentencia que pronunciara la Excma. Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial dictándose nueva sentencia a fs. 1135/1160 vta..-
El recurrente, en su impugnación afirma: “…Por medio del recurso casatorio que se interpone, se procura la modificación de la sentencia atacada en punto al exiguo e insignificante monto otorgado a favor de nuestros instituyentes en concepto de indemnización por la expropiación del inmueble del cual resultan cotitulares. En tal contexto se intenta modificar la sentencia recurrida en tanto y en cuanto fija las sumas de $ 133.805 por el valor geológico y $ 70.000 por el valor rural como el quantum por todo concepto que los demandados deberán percibir como indemnización por el bien expropiado. También se procura la modificación en más de la tasa de interés fijada para repotenciar el capital, la cual ha quedado establecida en el 8 % anual para el período comprendido entre la desposesión y el 01/04/1991 y de allí en más la tasa pasiva del BCRA conforme comunicación 14.290…” (confr. fs. 1182 vta.).
Su recurso, lo funda “…en la causal de errónea aplicación de la ley prevista en el artículo 3 inc. a) de la ley 1687… se han violado las claras disposiciones de la Ley de Expropiación (n° 21) que exigen la indemnización íntegra del valor objetivo y los daños que sean una consecuencia directa o inmediata de la expropiación y el artículo 17 de la Constitución Nacional y artículos 131 y 132 inc. 4° de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz y la doctrina elaborada desde largo tiempo en torno a la figura de la expropiación…” (confr. fs. 1183 y vta.). Aduce, que la Excma. Cámara ha violado la doctrina de este Tribunal Superior, pues los integrantes de ésta “…-que en un principio cumplieron con la exigencia [dispuesta oportunamente por este Tribunal] de obtener la información correspondiente de parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación- a renglón seguido terminaron por apartarse de lo que constituía el derrotero ineludible, dejando de lado el dictamen del integrante del cuerpo pericial designado y -sin exigir la producción de un nuevo informe- arrogándose facultades de expertos al desarrollar e intentar justificar argumentalmente por sí, la aplicación de una fórmula diferente a la que correspondía…” (confr. 1185 vta.).
Luego de un somero análisis de parte de la sentencia en crisis, afirma: “…Resulta sumamente contradictorio que por un lado se afirme que no puede utilizarse la fórmula a la cual se ciñó el Cr. Rossi [perito] por el hecho que la misma presupone un yacimiento en actividad, y que en su reemplazo se proponga la otra fórmula a que se hace referencia en la TTN 21.0 que también presupone un yacimiento en actividad. El que la cantera esté o no en explotación no es un elemento de distingo. La diferencia entre una y otra radica en si el yacimiento es explotado por su propietario o por un tercero…” (confr. fs. 1186 vta.). Concluye, expresando que los Sres. Camaristas no podían desechar “…lo actuado por el Cr.
Rossi y, arrogándose facultades de expertos, aplicar su propio razonamiento para determinar cuál fórmula correspondía aplicar avanzando sin más en su desarrollo…” (confr. fs. 1187). Acto seguido, denuncia en los presentes la existencia de arbitrariedad en la ponderación de las pruebas “colectadas” en la sentencia de marras. Afirma: “…en este país las valuaciones fiscales no reflejan ni aproximadamente el valor real de los inmuebles. Sin embargo, y no obstante resultar ello un extremo público y notorio, la vocal que lideró el acuerdo se valió de tales cotizaciones para desvirtuar el informe de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia y, conteste con ello, quitar eficacia al informe del Ing. Basso y convalidar la valuación del Tribunal de Tasaciones en $ 70.000,00… También resulta pasible de cuestionamiento el criterio seguido para cuantificar el valor de las reservas de mineral habidas en el inmueble y con ello el valor mineralógico del inmueble expropiado.
La valoración de la prueba efectuada a tales fines lo fue de modo absolutamente arbitrario y sesgado, al punto tal que se optó por recurrir a un glosario de la Dirección General de Geología y Minas de Costa Rica que evidentemente se entendió funcional a la hipótesis de acotar los parámetros que definirían el valor a otorgar…” (confr. fs. 1188 vta./1189). Se queja asimismo, de que “…no sólo se dejó de lado la fórmula de Hoskold sino que al desarrollar la de O’Donohue los guarismos que se utilizaron resultaron sustancialmente más reducidos a los que correspondía: 30.597.030 de Tn. de reservas, 450.000 Tn de extracciones anuales, expectativa de explotación de 67,99 años, por citar tan sólo algunos…” (confr. fs. 1189 vta.).
Posteriormente en su acápite “Los errores aritméticos de la sentencia”, argumenta: “…Se demostrará seguidamente que aún aceptando todos los valores incorporados a la fórmula que se dice utilizar (valor mineral, tasa de interés, factor de riesgo, cantidad de reservas de mineral computables, volumen total de extracción, utilidad estimada por tonelada y período de vida de la cantera) se ha incurrido en un error técnico que hace que el valor presente (vp) del yacimiento quede cuantificado en menos del diez por ciento de lo que arroja la correcta utilización de la fórmula empleada…” (confr. fs. 1191 vta.), y continúa con el desarrollo indicando el error en que ha incurrido (confr. fs. 1192). Respecto de los “intereses de la condena”, afirma: “…Agravia también a mi parte la sentencia recurrida cuando condena a la demandada a pagar intereses moratorios (sic) y fija los mismos en el 8% anual por el período comprendido entre el 04/10/1988 al 01/04/91 y desde esa fecha en la tasa pasiva utilizada por el BCRA…” (confr. fs. 1193); considerando que ello “…inexorablemente conduce a la desactualización del importe de la indemnización que deben percibir los expropiados…” (confr. fs. cit.).
Por último, solicita: “…que V.E. admita el remedio extraordinario articulado y conteste con ello case el decisorio impugnado y dicte nueva sentencia que adopte la pericial desarrollada por el Cr. Rossi como base para cuantificar el importe de la indemnización.- En defecto de lo anterior y para la hipótesis de convalidarse lo actuado en el pronunciamiento recurrido en punto a la utilización de la fórmula O’Donohue, solicitamos modifique los índices utilizados en el desarrollo de la misma tomando como tales los que hizo propios el contador Rossi (reservas, años de expectativa de explotación, etc.).- Finalmente, de no admitirse tal petición y convalidarse íntegramente lo actuado en punto a la fórmula y los valores e índices utilizados para su explicitación, peticionamos se readecue la misma subsanando el error material de que la misma adolece conforme se explicita en apartado c) del presente capítulo…” (confr. fs. 1195 vta.).
Peticiona se tenga presente la devaluación que sufriera la moneda nacional a partir de la ruptura de la paridad cambiaria. Asimismo, solicita se tenga presente la reserva del caso federal.-
A fs. 1259/1260 vta. contesta la vista conferida el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal. En su dictamen sostiene que a su entender “…la sentencia en crisis contiene dos aciertos que la hacen inatacable… la exacta interpretación del concepto de utilidad pública y la correcta apreciación del valor objetivo…” (confr. fs. 1260 vta.), por lo que considera que “…V.E. debe confirmar la sentencia recaída en segunda instancia, en todas sus partes…” (confr. fs. cit.).-
Se llaman autos para sentencia, pasando a estudio a fs. 1268.-
III. Que, conforme ha quedado la cuestión extraordinaria articulada por la parte recurrente, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo establecido por el artículo 3º inciso a) de la ley 1687 -Recurso de Casación-, acusándose la violación de la ley 21 (Expropiación), al considerar el quejoso que en la sentencia en crisis no se indemniza de forma íntegra el valor objetivo del bien expropiado y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. Asimismo, considera que se ha violentado el artículo 17 de la Constitución Nacional y los artículos 131 y 132 inciso 4° de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz. Finalmente, considera que existe arbitrariedad en la ponderación de las pruebas.-
IV. Que, se analizará primigeniamente la cuestión del “valor geológico” del bien inmueble expropiado y lo decido por el ad quem.-
En primer lugar, resulta importante recordar que el inmueble oportunamente expropiado por el Estado Provincial, y objeto del presente, posee en su suelo una reserva de piedra caliza apta para fabricar cemento. Esta resulta ser la razón para su declaración de utilidad pública.-
Así, el cemento se encuentra catalogado como material de tercera categoría, conforme lo dispuesto en el Código de Minería. En el artículo 2 se expresa: “Con relación a los derechos que este Código reconoce y acuerda, las minas se dividen en tres categorías: …3. Minas que pertenecen únicamente al propietario, y que nadie puede explotar sin su consentimiento, salvo por motivos de utilidad pública”. Por su parte, el artículo 5 dispone: “Componen la tercera categoría las producciones minerales de naturaleza pétrea o terrosa, y en general todas las que sirven para materiales de construcción y ornamento, cuyo conjunto forma las canteras”.-
Dice Ramírez, que “…Las que se incluyen en la tercera categoría no pertenecen al Estado, como poder concedente, sino a los particulares como propietarios de la superficie y en consecuencia, no son susceptibles de una concesión minera…” (confr. RAMÍREZ, Mariano, Derecho Minero – Código de Minería, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 1999, pág. 82).-
A su vez Catalano sostiene que “…Por el menor valor económico que se les atribuye y por las condiciones de explotación más o menos accesibles, estas minas forman parte de la propiedad raíz como los bosques, las hierbas y los cultivos. Nadie, inclusive el descubridor, puede explotarlas sin el consentimiento del dueño del suelo a quien pertenecen con carácter exclusivo; y sólo mediando expropiación por causa de utilidad pública, podría el Estado concederlas a un tercero…” (confr. CATALANO, Edmundo Fernando, Curso de Derecho Minero, Ed. Víctor P. de Zavalía Editor, Bs. As., 1975, pág. 90).-
El maestro Marienhoff, expresa “…¿A quien le pertenecen las canteras? Estas constituyen una propiedad del superficiario. La doctrina está conteste con ello. Joaquín V. Gonzalez dijo al respecto: ‘Respetuoso nuestro Código por las tradiciones, por los consejos de la ciencia y por la visible exclusión que de las canteras hace el art. 2342 del Cód. Civil, las dejó en el absoluto dominio del dueño del terreno, lo mismo que las leyes francesas y españolas que principalmente inspiran sus disposiciones’. Agregó que las canteras constituyen minas que pertenecen únicamente al propietario y que nadie puede explotar sin su consentimiento. Las canteras, pues, constituyen una ‘propiedad’ del superficiario…” (confr. Marienhoff, Miguel S., “‘Derecho adquirido’ y ‘derecho ejercido’: pretendidas diferencias en cuanto a su protección jurídica”, LL 1989-B, 776).-
Nuestra Corte Suprema ha sostenido que “…al tratarse de una mina de tercera categoría su propiedad pertenece al dueño del suelo… (arts. 201 y 204, Cód. de Minería)…” (CSJN, 11/03/2003, “Dirección Nac. de Vialidad c. Provincia de Mendoza” LL 2003-D, 223; in re “Murcot S.A. c/ YPF s/ cobro”, 12/09/1996).- En definitiva, conforme lo expuesto, las minas de sustancias de tercera categoría (canteras) pertenecen al propietario de terreno en donde se encuentran, por lo tanto debe analizarse hasta dónde debe indemnizarse cuando se expropia el predio que las contiene.-
Respecto de la cuestión venida a tratamiento y con el objeto de llegar a una justa indemnización, la Cámara en el voto de la Dra. Naves, comienza a fs. 1143 y vta. indicando de forma exhaustiva los diferentes elementos probatorios que integran los presentes actuados y la valoración que a su juicio debe dárseles, y recuerda los considerandos de la sentencia que este Tribunal Superior dictara a fs. 1038/1042, resaltando que la determinación del valor del yacimiento debe serlo a la fecha de la desposesión -1988- (confr. fs. 1145 vta., in fine).-
Luego, en la sentencia de marras, se menciona el informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación (fs. 1068/1073), relacionándolo con el informe que realizara el Perito Oficial Cont. Rodolfo Rossi (fs. 1075/1078), el cual analiza en forma integral, y critica negativamente, concluyendo que no debe ser considerado a los efectos del cálculo del “valor geológico”. Ello, por lo expuesto a continuación: “…Analizado el informe, y la contestación a las impugnaciones hechas al mismo, y los datos que utilizó para integrar la fórmula elegida para determinar el valor actual de cantera, observo que el Perito, tomó como valor de la tonelada de piedra caliza extraída el monto informado a fs. 651 por la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. que informa que el valor de la tonelada de caliza puesto en cantera a setiembre de 1998 (diez años después de la desposesión, ya que no tenía en sus registros informes al 30/09/88, que fue la fecha a la que se le requirió que informe), ascendía a la suma de U$S 2,58 o su equivalente en pesos… Que el dato relativo al volumen de extracciones anuales lo toma de fs. 636, de donde saca que el volumen de extracciones es de 636.000 toneladas… A fs. 636, se observa que el dato surge de un informe que Cementera Santa Cruz S,A. la sociedad formada para explotar la cantera, presentó ante el Secretario de Industria, Comercio y Minería de Santa Cruz… el 20 de agosto de 1979… Esto demuestra que el Perito tomó el dato de la producción anual, de las estimaciones proyectadas en la solicitud de una sociedad, que pretendía una promoción industrial y una declaración de interés provincial para instalar una fábrica de cemento, que nunca se instaló…” (confr. fs. 1147 y vta.). Lo expresado, resulta de un análisis al que nada puede reprochársele, pese a los agravios esgrimidos por el quejoso.-
Respecto de los datos tomados por el perito, en cuanto al total de reservas que expresa el informe de la Dirección de Minería Provincial que obra a fs. 261/263, por un volumen de 109.241.753 toneladas, dice la sentencia: “…el dato surge del informe remitido por la Dirección de Minas de la Provincia, que fuera confeccionado por Jorge Oscar Abbate, Director de Fomento Minero en el año 1978, obrante a fs. 255/256, se informan en el mismo reservas positivas por 30.597.030 toneladas, probables por 58.321.159 y posibles por 20.323.564, sumando en total las cifras utilizadas por el perito…” (confr. fs. 1147 vta./1148). Asimismo, no se considera adecuado el interés que considera el perito a efectos de sus cálculos, debido a que éste se encuentra dado a título de ejemplo; manifestaciones vertidas por el mismo Cont. Rossi.-
En definitiva, “…La fórmula adoptada por el mismo que es la que sugiere el Tribunal de Tasaciones para establecer el derecho de canteras, en una cantera en explotación, requiere que se dé esta condición de la misma o de una similar, precisamente porque si no es así no se puede contar con los datos objetivos que son necesarios para integrar la fórmula matemática que permite obtener la información requerida. El hecho de que no se demostrara en autos que la misma en alguna ocasión haya sido explotada antes o al momento de la desposesión por sus dueños o por un tercero impide contar con datos reales acerca de su producción, y permite considerar además la inconveniencia de aplicar la fórmula elegida por el perito para determinar el valor geológico del bien, por las circunstancias reseñadas y porque, tal como lo analicé precedentemente, los datos utilizados por el perito para integrarla carecen de respaldo y han sido seleccionados de manera poco objetiva…” (confr. fs. 1149 y vta.). Efectivamente, y conforme surge del informe presentado por el Tribunal de Tasaciones, se expresa: “…El valor de los yacimientos y/o canteras (pétreas, terrosas y calcáreas) que se encuentran en explotación (el resaltado nos pertenece) al momento de la tasación se establecerá sobre la base de los beneficios previstos para producir y colocar en plaza el material o producto obtenible…” (confr. fs. 1068). Basado en la explotación del yacimiento, el Tribunal expresa que son dos los procedimientos que “…posibilitan la determinación del valor actual del yacimiento: 1) El de las anualidades, conocido como el valor actual, fórmula Hoskold. 2) El definido sobre la base de los ingresos producidos por la renta del material o de O’Donohue…”.-
Conforme lo expuesto, se concluye en la sentencia que “…La falta de explotación de la cantera impide que se le reconozca valor como yacimiento mineral pero sus aptitudes geológicas, aún con la escasa prueba incorporada a la causa, se encuentra demostrada y por lo tanto entiendo que corresponde poner en valor las mismas considerándolas como valor geológico adicionable a las cualidades objetivas del bien expropiado con prescindencia del rubro negocio en marcha…” (confr. fs. 1150 vta.).-
Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “No son indemnizables las canteras no trabajadas al tiempo de la expropiación… ponderándose sólo como valor geológico, adicionable a las cualidades objetivas del inmueble” (Fallos 301:1205), y que “Siempre que la explotación sea posible, aún cuando se trate de yacimientos no explotados efectivamente al tiempo de la expropiación cabe ponderar su existencia como valor ‘mineralógico’ adicionable a las cualidades objetivas reconocidas al inmueble a fin de valuarlo” (Fallos 307:973). En igual sentido se ha expresado la Suprema Corte de Buenos Aires al decir que “No procede indemnizar el valor del yacimiento mineral si éste no es explotado y sólo debe considerárselo como valor geológico adicionable a las cualidades objetivas reconocidas al inmueble a fin de su valuación” (confr. Ac. 33592, S, 29/10/1985, AyS 1985-III-292; Ac. 41879, S, 26/12/1989, AyS 1989-IV-794; Ac. 54806, S, 7/06/1994, AyS 1994-II- 498).-
Como corolario de lo expuesto, las posibles ganancias que pueda generar en el futuro la explotación de la cantera de piedra caliza y el valor del cemento que se pueda fabricar (luego de construida la cementera) son cuestiones que no pueden ser tenidas en cuenta al momento de fijar una indemnización ya que surge explícitamente de los artículos 6 y 8 de la ley N° 21, que no pueden considerarse ganancias hipotéticas y que el valor de los bienes debe estimarse por el que hubiera tenido si la obra no hubiese sido ejecutada, ni aún autorizada. Ello, es lo que expresamente se afirma en la sentencia en crisis: “…En el caso la falta de explotación de la cantera en cuestión y los ineficaces elementos obrantes en la causa mencionados precedentemente, dificulta la determinación del valor geológico porque todos ellos parten de la premisa de que la cantera se encuentra en explotación, hecho no acreditado en autos ni antes ni al momento de la desposesión, por ese motivo cualquier monto al que se arribe al respecto podría ser cuestionado porque las valuaciones realizadas por el Ingeniero Basso, los valores determinados en todos los informes solicitados para mejor proveer, incluso la última actividad jurisdiccional dispuesta invocando esa facultad de los que tienen que impartir justicia tomaron en cuenta una empresa que no existió con capitales, inversiones y manos de obra inventada, costos imaginarios y ganancias hipotéticas precisamente algo que expresamente la ley de expropiaciones prohíbe indemnizar?” (confr. fs. 1151 vta./ 1152).-
Luego del desarrollo extenso de este concepto, se decide: “…ante la orfandad probatoria y la imposición de tener que determinar el valor geológico del bien, que esto se haga a través de la utilización de la fórmula de O’Donohue, suministrada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.- Esta fórmula es la que se utiliza, cuando la explotación del yacimiento es realizada por el mismo titular del inmueble, ya que los escasos datos referenciales con que se cuenta en la causa nos indican que, antes, al momento y aún mucho tiempo después de la desposesión, ningún tercero, tuvo ni siquiera la probabilidad de explotar la cantera, aunque sí había sido denunciada como propiedad de los Pessolano, por lo que adecuando los escasos valores obrantes en la causa, se construirá con los mismos un marco que nos permita con la mayor objetividad posible determinar la indemnización en cuestión, adecuándolos para integrar la misma a pautas razonables…” (confr. fs. 1153 vta./1154).-
Al respecto, la Cámara en el voto del Dr. Olivera a fs. 1158 vta., expresa: “…la elección de la fórmula apropiada al caso para la determinación del valor geológico, es una tarea estrictamente judicial. Y la norma TTn 21.0 del Tribunal de Tasaciones de la Nación… prevé dos procedimientos bien diferenciados para determinar el valor actual del yacimiento… Entiendo que la utilización de la primera de las fórmulas contenidas en la norma técnica, no se ajusta a los parámetros del art. 6to. de la ley 21, por cuanto contempla la indemnización de ganancias presuntas relativas a la explotación de un tercero que no sería el expropiado (ver fs. 1070), razón por la cual la descarto como método válido para resolver el pleito. En consecuencia las alegaciones que las partes formulan en torno a las pericias presentadas a fs. 1075/1078 y 1082/1083 devienen abstractas por dicha cuestión.- No ocurre lo mismo con la denominada fórmula de O’Donohue, que contempla el método definido como el de producción, sobre la base de los ingresos netos por la comercialización del material obtenido en cantera, y que se ajusta a la situación de la explotación realizada por el titular del inmueble.- En definitiva entiendo que ésta última, es la fórmula de cálculo que más se ajusta al caso, pues lo que hay que determinar como parte integrante del valor geológico, es el valor de la cantera en cuanto “cantidad de material extraíble por la propia intervención del titular”, en función de resultar el valor del subsuelo el que ha sido tenido en cuenta para proceder a la declaración de utilidad pública. Desde esta perspectiva adhiero a la proposición de los valores que sostiene la vocal preopinante, limitando el cálculo de la fórmula O’Donohue a las reservas positivas que obran en el informe de la Dirección de Minas de fs. 255/256, esto es 30.597.030, descartando las probables y posibles, pues ello engendraría una indemnización de ganancias hipotéticas no contempladas en el resarcimiento integral que prevé la propia ley especial…” (confr. fs. 1158 y vta.).-
Como se observa, sin lugar a dudas, la apreciación de las pruebas no aparece como arbitraria, y el razonamiento seguido con el fin de aplicar una fórmula que permita la fijación de una indemnización, podrá ser opinable, pero no carece de razonabilidad y aparece como justa para el caso particular.-
Nos encontramos entonces en este acápite, ante una sentencia fundada, que no resulta arbitraria pues se apoya adecuadamente en las pruebas arrimadas en autos por las partes, resultando por ende ajustada a derecho.- En este sentido, resulta necesario referirse al artículo 364 del CPC y C; es decir, al estudio y apreciación de la prueba realizada por el ad quem, y por ende a las reglas de la sana crítica.-
El sistema de la sana crítica otorga al Magistrado la libertad para apreciar el valor o grado de eficacia de las pruebas producidas, realizando, como en el caso de autos, un análisis razonado de ellas, siguiendo las reglas de la lógica, de lo dictado por su experiencia, el buen sentido y el entendimiento humano. En definitiva, la sana crítica es la lógica basada en el derecho y auxiliada por la experiencia y la observación, que conduce al juez a discernir lo que es verdadero de lo que es falso, valorando de esta manera el grado de verosimilitud de los datos aportados.- Resulta ilustrativo recordar, en esta instancia, que este Tribunal ha dicho: “…Para que proceda la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, de una absoluta falta de fundamentación, resultando necesaria su demostración por parte del agraviado…” (confr. Tomo XII, Sentencia, Reg. 418, Folio 2282/2288).-
Finalmente, “…no se advierte en la especie valoración absurda ni arbitrariedad manifiesta, como así tampoco un apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen el remedio excepcional y extraordinario de la Casación, puesto que el recurrente basa su disenso en materia de hechos y prueba, pretendiendo… una interpretación diferente, como si se tratara de una tercera instancia común u ordinaria (cfr. Hitters, Juan C.; en: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de Casación”, Ed. Platense, 1984, pág. 181, párrafo primero), dirigiendo así su esfuerzo hacia la apreciación crítica y el análisis lógico de las probanzas merituadas, para tratar de demostrar la inexactitud de los juicios emitidos por la Excma. Cámara directamente relacionados con el cuadro fáctico la interpretación normativa. Obviamente, el planteo así traído no logra el acceso al ámbito de la casación, toda vez que la apreciación de la prueba queda normalmente detraída de ella, salvo cuando se demuestre que la valoración intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de bases aceptables que, por tal circunstancia, puedan afectar el derecho de defensa o el debido proceso que en autos han sido observados por los Jueces de mérito, ya que, tampoco es función de la casación el reexamen de los hechos establecidos en las instancias ordinarias, salvo que los jueces de grado hubiesen incurrido en absurdo o la hubiesen elaborado en forma irrazonable, no siendo suficiente que dicha valoración sea discutible, objetable o poco convincente, para abrir la instancia extraordinaria…” (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XII, Sentencia, Reg. 418, Folio 2282/2288).-
Es por lo expuesto, que los agravios de la quejosa referidos a las pruebas que debieron considerarse a fin de realizar el cálculo de la indemnización en el citado rubro; como asimismo al agravio referido a la utilización al caso de la fórmula referida, resultan infundados.-
V. Que, no obstante lo expuesto, diferente es el caso del agravio referido a “errores aritméticos de la sentencia”.-
Como expresa acertadamente el recurrente, “…El error aparece cuando los jueces intentan determinar el divisor, donde se resuelve primero la potencia 1+i elevado a la 71 que arroja 169,8247 que se multiplican por 0,2160 y da como resultado 36,6821. Sin embargo, en la sentencia impugnada este resultado (divisor) es 366,81 lo que lógicamente acarrea una variación sustancial en el número final. Evidentemente los Sres. Jueces han incurrido en un error técnico al calcular el decimal lo que determina que la decisión final en el cálculo del pronunciamiento sea 168,82 / 365,89 = 0,461 cuando en realidad debió ser 4,7214 (168,82 / 35,7571 = 4,7214). Ello determina entonces que el valor de la anualidad de $ 290.250 haya sido multiplicado en sentencia por 0,461 -lo que arroja $ 133,805- cuando en realidad debió ser multiplicado por 4,7214 lo que habría arrojado la suma de $ 1.370.395,5…” (confr. fs. 1192).- Efectivamente, se observa a fs. 1155 y vta., de la sentencia de marras, que al realizar la operación aritmética aplicando la fórmula y parámetros mencionados ut supra, la Cámara comete un error, obteniendo en concepto de “valor geológico” la cifra de $ 133.805, cuando debió ser de $ 1.370.394,15 (el cálculo correcto difiere levemente con el reclamado por el actor).-
El cálculo correcto resulta ser el que sigue:
Valor presente= 290.250 x (((1+0,075)71 – 1) / (0,075 + 0,216 x (1,075)71 – 1)) Vp = 290.250 x (168,8247414 / (0,075 + 36,68214414 – 1)) (en el resaltado radica el error de la Cámara al aplicar el número 366,81 en la fórmula)
Vp = 290.250 x (168,8247414 / 35,75714414)
Vp = 290.250 x 4,721426877 Vp = $ 1.370.394,15 al 4/10/88, fecha de la desposesión. Es de resaltar, que la leve diferencia de la suma resultante con lo expresado por el actor, se debe a que en la cuenta realizada por este Tribunal se utilizaron mayor número de decimales, como se aprecia ut supra.-
Conforme ello, es que el agravio del presentante, referido al error aritmético en que incurriera la Excma. Cámara, deberá ser acogido.-
VI. Que, seguidamente se tratará el agravio referido al valor venal del inmueble que se determinara en $ 70.000 al momento de la desposesión.- Al respecto, debe recordarse nuevamente que para determinar el justo valor expropiatorio se debe realizar un análisis de la prueba producida en la causa -informativa y pericial-. Esto constituye una tarea propia y privativa de los jueces de las instancias ordinarias, que sólo puede ser objeto de revisión en esta instancia extraordinaria si se demuestra que ha sido el producto de un razonamiento viciado por el absurdo. Este vicio extremo ha sido definido como el error grave y manifiesto en la apreciación de la prueba que conduce a conclusiones incoherentes, contradictorias o incompatibles con las constancias objetivas de la causa.-
Así este Tribunal ha dicho que existe absurdo cuando hay “…un desvío palmario de las leyes de la lógica, o cuando el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleve a conclusiones contrarias al entendimiento…” (confr. Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 125, Folio 1786/1788; Tomo XI, Interlocutorio, Reg. 1460, Folio 2029/2041; Tomo VIII, Sentencia, Reg. 282, Folio 1531/1533).-
Al respecto, la Cámara, analiza pormenorizadamente a fs. 1142/1143 vta., en el rubro “valor agropecuario del bien expropiado”, las pruebas colectadas en el extenso expediente de autos, llegando a la conclusión que “…Luego de haber analizado los distintos informes y actuaciones relacionadas con la determinación del valor agropecuario del bien considero que el valor otorgado al mismo por el Tribunal de Tasaciones [que obra a fs. 280/283] es el adecuado. Que arribo a esta conclusión porque si bien el informe del Ingeniero Basso [de fs. 261/263, por parte de la expropiada]… se le atribuye a “Los Cerros” otros valores, los mismos no se encuentran corroborados por ningún apoyo documental, se contraponen con lo informado por el INTA a fs. 240/245, con lo informado por el Juzgado de Paz de Pico Truncado [fs. 653] y además el mismo no reúne los recaudos exigidos por el artículo 25 de la ley 21, recaudos que aunque escuetamente, sí reúne el del Tribunal de Tasaciones no sirviendo para desvirtuarlos la magra información de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia [fs. 732] y menos aún la de Las Heras [fs. 654], ya que no suministran dato alguno que permita determinar que ese era el precio a que cotizaba en el mercado inmobiliario rural un establecimiento de esas características…” (confr. fs. 1143).-
Recuérdese que en el informe de la Sociedad Rural de Las Heras, cotizan el establecimiento entre $ 150.000 y $ 180.000 a noviembre de 1998; mientras que en el caso de Comodoro Rivadavia, se cotiza la Ha. a U$S 50, concluyendo en un precio de U$S 250.000, por el inmueble al 4 de abril de 2001.-
En la sentencia, al referirse en particular al dictamen del Ing.
Basso, se reafirma aún más la postura que ya venía sosteniendo, al expresar: “…Quiero destacar que no paso por alto las conclusiones del representante de los expropiados ante el Tribunal de Tasación, aunque advierto que el método de valuación propuesto por el ingeniero Ramón Basso al Tribunal (ver fs. 259) no se ajusta a los parámetros legales que establece la propia ley especial para proceder a la valuación, y mucho menos fue receptado en el dictamen conclusivo. Puntualmente, el Ing. Basso culmina efectuando un cálculo que contraviene la directriz del art. 6° de la ley 21 en cuanto dispone que no se indemnizarán ganancias hipotéticas o el lucro cesante. Incurre en el mencionado defecto cuando pretende se indemnice una supuesta explotación ganadera no realizada, de la cual no obra constancia. El parámetro consignado en el pto. 4to. del art. 25 de la ley 21 (valor de su productividad), no ha sido demostrado por los expropiados por medios documentados respetando el principio de contradicción y control en materia probatoria, en el tiempo procesal oportuno que establece la ley especial que rige en el punto. La intervención del representante de los expropiados ante el Tribunal de Tasación, especialmente constituido al efecto, garantizaba la introducción de medios probatorios aptos para acreditar fundadamente un valor de expropiación distinto al elaborado por la mayoría, nada de esto ocurrió, el informe del perito propio, no tuvo la solidez necesaria para desvirtuar el informe del I.N.T.A.…” (confr. fs. 1157).- Se aprecia entonces, y sin lugar a dudas, un enjundioso estudio de las probanzas arrimadas al expediente, con un análisis lógico jurídico irreprochable.- Sin lugar a dudas, y dado lo probado en los presentes, tomar el valor del inmueble conforme lo informado en su oportunidad por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia ($ 70.000), resulta lo correcto, atento resultar ser la estimación más cercana en el tiempo del momento de la desposesión. Por ello, es que no se advierte inequidad alguna en el monto que se fija del inmueble.-
VII. Que, respecto del agravio referido a los intereses fijados en la sentencia de marras; como así también lo expuesto con relación a la depreciación monetaria, deben ser desestimados, con una salvedad.-
Le asiste razón al agraviado en cuanto a que los intereses que deben ser aplicados son los llamados “compensatorios” y no “moratorios” como se indica en la sentencia, debido a un evidente error de tipeo. Ello, sin embargo, no modifica los parámetros que se utilizan en la sentencia, que resultan ser correctos.- Al respecto, se ha establecido que “El pago de intereses en materia expropiatoria los debe el expropiante que ha desposeído -sea cual fuere su naturaleza- al expropiado. Tales intereses son compensatorios pues resarcen al ex propietario de la indisponibilidad oportuna del precio expropiatorio y corren desde el momento en que se realizó esa desposesión” (confr. sum JUBA, SCBA, Ac. 40880, S, 7-7-1989, “Kraayenbrink de Beurts, María W. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación irregular”, AyS 1989-II-684; Ac. 42314, S, 20-2-1990, “Frings de Canessa, María c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación irregular”, AyS 1990-I- 149) y que “en caso de expropiación corresponde el pago de los intereses compensatorios desde que el Fisco ha tomado posesión del bien, sea judicial o extrajudicial” (confr. SCBA, 5/2/74; DJBA 102, 237).-
Asimismo, debe recordarse que “Determinar la tasa de interés constituye una facultad exclusiva de los jueces comunes y sólo es revisable en casación en supuestos de notoria irracionalidad” (confr. sum. JUBA, SCBA, Ac 34674, S, 24-9- 1985 “Fernández, José Luis c/ Zanardi, Eduardo Juan y otros s/ Resolución de contrato, indemnización por daños y perjuicios”, AyS 1985-II-76701; Ac 77700, S, 30-4-2003, “Banco Credicoop Cooperativo Limitado c/ Valmar S.A. s/ Incidente de revisión”, DJBA 165, 179).-
Cabe poner de resalto que, como la indemnización no ha sido fijada en australes (signo monetario vigente en el país a la fecha de la desposesión), sino en pesos, no corresponde realizar ningún tipo de actualización monetaria ni ajuste por índices.-
Entonces, el interés establecido en la sentencia de la Excma.
Cámara, desde la fecha de la desposesión hasta el 1/04/1991 (8% anual), resulta correcto; como así también la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo III, Sentencia, Reg. 95, Folio 434/437; Tomo VI, Sentencia,, Reg. 217, Folio 1171/1175; ver también Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación c. Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A. y Juntas de San Andrés S.A.” 23/05/06 LA LEY 13/07/2006, 6 - LA LEY 2006-D, 350 - DJ 14/06/2006, 494).-
VIII. Que por todo lo expuesto, atendiendo al alcance otorgado al presente recurso extraordinario promovido, corresponde casar parcialmente la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 1135/1160 y vta, y componer positivamente la litis en cuanto al monto consignado en el rubro “valor mineralógico”, al cual le corresponde la suma de Pesos Un Millón Trescientos Setenta Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 15/100 ($ 1.370.394,15) al 4/10/1988 (fecha de la desposesión); como asimismo en cuanto a los intereses que deben ser nombrados como “compensatorios” y no “moratorios” (punto 2° de la sentencia). En cuanto a las costas, corresponde que las mismas sean impuestas por su orden, ello en atención a la forma en que se resuelve, difiriéndose la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia hasta tanto denuncien sus datos tributarios vigentes y sean regulados en las instancias ordinarias.-
Por todo ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, en mérito a la ley, doctrina y jurisprudencia citadas, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar la excusación deducida a fs. 1275 por la Sra. Vocal Subrogante, Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
2. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 1182/1195 por el apoderado de los co-demandados Sra. María Inés Juana Pessolano; herederos de Ernesto Pessolano, Sres. Leandro Omar Pessolano, Guillermo Ernesto Pessolano y Ricardo Raúl Pessolano, por los fundamentos esbozados por este Tribunal, y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 1135/1160 y vta, con costas por su orden, en razón de la decisión arribada.-
3. Componer positivamente la litis en cuanto al monto consignado en el rubro “valor mineralógico”, al cual le corresponde la suma de Pesos Un Millón Trescientos Setenta Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 15/100 ($ 1.370.394,15) al 4/10/1988 (fecha de la desposesión); como asimismo en cuanto a los intereses que deben ser nombrados como “compensatorios” y no “moratorios” (pto. 2° de la sentencia).-
4. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, hasta tanto denuncien sus datos tributarios vigentes y sean regulados en las instancias ordinarias.-
La presente sentencia se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27 de la ley Nº 1, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Dra. Rosa Ramona Núñez –Vocal Subrogante- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1023S.141 Tomo: XVII Sentencia: 584.-
Folio N°: 3.339/3.346.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia