Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa 2507/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado por la Provincia de Santa Cruz en PE410706-2022, declarando bien denegado el recurso de casación obrante PE334262-2021 de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial en PE394306-2022 de dichos autos.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: 2507/22-TSJ Interlocutorio N°: 3720 Actor: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandada: PEREZ GALLART RICARDO ARTURO Y OTROS Objeto: EXPROPIACION s/ RECURSO DE QUEJA -PARTE ACTORA- Fecha: 14-11-2022 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3720 FOLIO Nº 6627/6629 PROT. ELECT. TSS1 069 I.221
Río Gallegos, 14 de noviembre de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ PEREZ GALLART RICARDO ARTURO Y OTROS s/ EXPROPIACION s/ RECURSO DE QUEJA -PARTE ACTORA-”, Expte. Nº P-2507/22-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver el recurso de queja interpuesto por la Provincia de Santa Cruz, por intermedio del Sr. Fiscal de Estado Dr. Fernando Pablo Tanarro y su letrado apoderado Dr. Emilio José Monzón (cfr. PE410706-2022), contra la resolución dictada el 23 de febrero de 2022 por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (cfr. PE394306-2022 de las actuaciones principales), que declara formalmente inadmisible el recurso de casación que dicha parte interpuso contra la resolución del 4 de noviembre de 2021 (cfr. PE310410-2021 de dichos autos).-
II. Conforme surge de las constancias adunadas a la causa principal, la Provincia de Santa Cruz promovió un juicio de expropiación contra los propietarios del inmueble declarado de utilidad pública mediante la Ley Provincial Nº 3422 (cfr. fs. 22/23). Al replicar la demanda (cfr. fs. 202/229 vta.), los accionados postularon la inconstitucionalidad de los artículos 6, 9 y 12 del régimen de expropiación (Ley Provincial Nº 21), solicitando explícitamente que esa cuestión sea dirimida al momento de dictar sentencia definitiva (cfr. foja 219).- Durante el curso del proceso, el Magistrado de origen se avocó al estudio de la cuestión enunciada, rechazando el planteo de inconstitucionalidad descripto (cfr. resolución de fs. 356/357 vta.). Por un lado, sostuvo que el reclamo se ceñía a cuestiones referidas al monto indemnizatorio y, por ende, sujetas a la prueba a producirse en la causa, lo que ameritaba que se difiriera su resolución para la definitiva. Por el otro, precisó que el texto legal había sido dictado en cumplimiento de todos los recaudos para la formación y la sanción de las leyes, resultando legítimo y ajustado al ordenamiento constitucional nacional y provincial (cfr. foja 357).- Apelada esta decisión, la Excma. Cámara de Apelaciones declaró su nulidad y difirió para el momento del dictado de la sentencia definitiva el cuestionamiento de orden constitucional que los demandados esgrimieron en torno a los artículos 6, 9 y 12 de la ley provincial Nº 21 (cfr. PE310410-2021, pág. 13).-
Al sustentar su pronunciamiento, consideró que lo decidido por el Juez de Primera Instancia exhibía un tratamiento incorrecto, al contener dos segmentos irreconciliables y contradictorios: en una postura inicial, difería el examen constitucional para la oportunidad en que se dicte la sentencia de fondo y, en una segunda posición, declaraba que la norma en cuestión fue emitida con ajuste a las exigencias y procedimientos fijados para la sanción de las leyes, desestimando el planteo de la parte (cfr. PE cit., págs. 5/6).- Así las cosas, califica a ese razonamiento como incongruente y arbitrario (cfr. PE cit., pág. 6).-
Consiguientemente, y dentro del marco de actuación fijado en el artículo 254 del CPCyC, dijo que de admitirse la validez de lo resuelto en la instancia de origen se estaría emitiendo una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo controvertida antes de la apertura de la etapa probatoria, con afectación de la defensa en juicio (cfr. PE cit., pág. 12).-
De conformidad con ello, determinó que la resolución del planteo en cuestión se vislumbraba como prematura y, por ende, difirió su solución para el momento de emitirse el pronunciamiento de fondo (cfr. PE y pág. cit.).-
Frente a esta manera de decidir, la parte recurrente interpuso recurso de casación (cfr. PE334262-2021), que fue declarado inadmisible por la Excma. Cámara de Apelaciones (cfr. PE394306-2022), ante la falta de definitividad de la resolución impugnada.-
III. Contra este último pronunciamiento, la actora deduce recurso de queja (cfr. PE410706-2022).-
Para fundar su embate, la quejosa sostiene que su impugnación se motiva en “…la violación de la doctrina legal, en el caso del Tribunal Superior de Justicia provincial, referente a las excepciones del principio general que admite los recursos extraordinarios únicamente respecto de las sentencias definitivas; así también la doctrina establecida respecto al excesivo rigor formal y debido proceso. Por último, el interlocutorio recurrido…peca de arbitrariedad.” (cfr. PE cit., pág. 2).- Bajo el acápite que denomina “Violación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” aduce que: “…no se han tenido en cuenta la totalidad de los agravios esgrimidos oportunamente y que, en definitiva, se consagra una decisión que no se condice con el derecho aplicable al tema.”, agregando que: “La resolución del tribunal de alzada no contempla ni refuta en ningún momento la jurisprudencia y doctrina que esta parte citó para reforzar la postura que se defiende, la cual se resume a que el juez interviniente de primera instancia en el marco de sus potestades puede suplir el derecho que las partes no invocan o invocan de modo incorrecto...” (cfr. PE cit., pág. 8).- En el apartado “Arbitrariedad de la sentencia - Excesivo rigor formal” dice que: “…la sentencia de la Alzada está sólo aparentemente fundada, pues...La Excma. Cámara de Apelaciones simple, y casi automáticamente (y dogmáticamente), acude para resolver al principio general existente en la materia, sin siquiera analizar la aplicación de la excepción al principio general.”. Asevera, igualmente, que: “…la Alzada no ha respetado la jurisprudencia existente en la materia, no ha analizado profundamente las circunstancias de la recusación planteada...lo que determina que el resolutorio que deniega la casación no se ajusta al derecho aplicable al caso.” (cfr. PE cit., pág. 10) y concluye que: “…es deber de los jueces llevar adelante una tarea hermenéutica a los fines de armonizar el derecho formal con el derecho sustancial, de manera de evitar que la aplicación de un requisito de admisibilidad se convierta en disfuncional del derecho sustancial.” (cfr. PE cit., pág. 12).- En PE490621-2022 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
IV. Examinados los términos de la impugnación, se adelanta que la queja no habrá de tener favorable recepción toda vez que la parte recurrente no ataca eficazmente los fundamentos de la declaración de inadmisibilidad.-
El escrito impugnativo carece del fundamento necesario para sostener una crítica concreta y razonada contra la resolución que con este recurso pretende derribar. Se constata en tal sentido, que las conclusiones de la Excma. Cámara de Apelaciones no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia el decisivo error o arbitrariedad que torne operativa la queja a los fines de revocar la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación.- En tal sentido, este Alto Cuerpo ha sostenido: “…que como todo escrito recursivo, el de interposición de una queja debe autoabastecerse, y ello pone a cargo del interesado, no sólo la agregación de los recaudos necesarios para su examen, sino también la fundamentación de su pretensión, demostrando por qué es errónea la desestimatoria que pretende remover…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3011, Folio 4861/4863), circunstancia que no se verifica en el caso sometido a análisis.- Con idéntico predicamento, Mario C. Perrachione señala que: “El recurso directo debe circunscribirse a criticar en forma precisa, circunstanciada y razonada, la resolución denegatoria del recurso de que se trata, demostrándose el error en que incurrió el tribunal a quo al no conceder el recurso. Debe criticarse el juicio de admisibilidad efectuado por el tribunal a quo para no conceder el recurso...” (cfr. aut. cit., “La casación como método de control de la función jurisdiccional”, Alveroni, Córdoba, 2003, pág. 309).- Corresponde, en consecuencia, efectuar una demostración contundente del por qué de tal yerro, en defecto de lo cual el recurso de hecho deviene formalmente insuficiente, imponiéndose su rechazo.-
En el presente supuesto, las críticas expuestas por la quejosa sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Es que no brinda argumentos suficientes e idóneos que rebatan de manera precisa y razonada las conclusiones arribadas por la Alzada para la inadmisibilidad de la casación intentada, resultando el presente recurso de queja carente de fundamentación.- Puntualmente, la recurrente no logra evidenciar el yerro en el que habría incurrido la Cámara al hacer hincapié en la ausencia de definitividad de la resolución impugnada mediante su recurso de casación. Este valladar formal sella su suerte adversa, en tanto su recurso directo denota una clara ausencia de soporte argumental que permita hallar un equívoco sobre el punto en cuestión.-
Vale recordar que las sentencias definitivas propiamente dichas son aquellas que ponen fin al pleito tornando imposible su revisión, mientras que las resoluciones equiparables a sentencia definitiva tienen tres subtipos principales; a) las que impiden la prosecución de la causa; b) las que causan un gravamen de imposible, tardía, difícil o insuficiente reparación ulterior; y c) las que conllevan gravedad institucional (cfr. Sagües, Néstor Pedro: “Recurso Extraordinario”, Ed. Astrea, 4ta. Edición actualizada y ampliada, Bs. As., 2002, Tomo 1, pág. 326) (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXII, Reg. 3640, Folio 6361/6365). Si bien la quejosa efectúa una lacónica referencia a estos parámetros, lo cierto es que omite desplegar una crítica vinculada directamente con las particulares circunstancias de la causa. Juan Carlos Hitters apunta que el cuerpo casatorio es el censor final -y último- de la interpretación del derecho vigente, de ahí entonces que no sea procedente llevar a sus estrados cuestiones que todavía tienen posibilidad de ser decididas en otras instancias inferiores. Lo que interesa saber es si al recurrente le queda -o no- otra vía jurídica para solucionar su agravio (cfr. aut. cit.: “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, 2ª edición, LEP S.R.L., págs. 509 y 512). Complementando lo anterior, Alberto J. Tessone explica que por principio las resoluciones que resuelven cuestiones durante el desarrollo del proceso no son susceptibles de recurso extraordinario (cfr. aut. cit.: “Recursos extraordinarios. En los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires, LEP, La Plata, 2004, pág. 130).- En el caso de marras, la decisión del Tribunal de Alzada adoptada mediante PE310410-2021 pone de relieve la necesidad de evaluar la temática constitucional involucrada al momento de dictarse la sentencia de fondo, de lo cual se desprende con claridad que la cuestión será renovada en un momento ulterior del proceso, lo cual denota la imposibilidad de equiparar a definitiva la resolución impugnada.-
Tampoco puede prosperar el recurso propuesto por cuanto su contenido y técnica de fundamentación no suscita la cuestión de arbitrariedad denunciada, debiendo recordarse que este Tribunal Superior de Justicia reiteradamente ha sostenido que: “…‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’…” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre varios).- En definitiva, queda claro que la queja propuesta es inviable. Esto, en tanto y en cuanto los requisitos exigidos por el Código Procesal Civil y Comercial respecto de los recursos extraordinarios ante este Alto Cuerpo no son solemnidades sacramentales que hubieren perdido su justificación procesal, sino que responden a la necesidad siempre actualizada de no quitar a los recursos ante este Tribunal Superior de Justicia su carácter de medios de impugnación verdaderamente extraordinarios, que suponen por eso mismo, el cumplimiento de cargas inexcusables para evitar que, en la práctica, se concluya en desvirtuarlas (cfr. Interlocutorio, Tomo XIII, Reg. 1722, Folio 2502/2504). Más teniendo en cuenta que la recurrente no ha acreditado la existencia actual de un daño irreparable, lo que nos aleja irremediablemente de toda alternativa lógica de ingresar al limitado ámbito de admisibilidad de la vía extraordinaria, pues no se está conculcando su garantía a ejercer su derecho nuevamente en las instancias ordinarias.-
V. Que por lo expuesto, y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la Provincia de Santa Cruz en PE410706-2022, declarando bien denegado el recurso de casación obrante en PE334262-2021 de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial en PE394306-2022 de dichos autos; con costas a la recurrente, de acuerdo a lo normado en la última parte del citado artículo.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja articulado por la Provincia de Santa Cruz en PE410706-2022, declarando bien denegado el recurso de casación obrante PE334262-2021 de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial en PE394306-2022 de dichos autos.-
3. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales y oportunamente devuélvase. Cumplido archívese la presente queja.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1069I.221 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3720 Folio N°: 6627/6629 Secretaría: 1
Fin de la sentencia