Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-783/18-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
2No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora en PE183659-2021.-
3Hacer saber a la Sra. Jueza a cargo del proceso falencial el Decreto Provincial Nº 0431/18 del 16 de mayo del 2018 emanado del Poder Ejecutivo Provincial y la presente resolución. A cuyo fin, ofíciese.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: P-783/18-IMC-TSJ Sentencia N°: 1137 Actor: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandado: TRAVERSO Y CIA. S.R.L.
Objeto: ACCION DE LESIVIDAD Fecha: 24/10/23 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1137 FOLIO Nº 3681/3684 PROT. ELECT. TSS1 024 C.231
Río Gallegos, 24 de octubre de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “PROVINCIA DE SANTA CRUZ C/ TRAVERSO Y CIA. S.R.L. S/ ACCIÓN DE LESIVIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº P-783/18-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término, la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández quien en PE303316-2021, EXC00000148.pdf, considera que: “...concurren motivos graves de decoro y delicadeza (cfr. art. 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz) que tornan pertinente mi inhibición a efectos de aventar cualquier eventual sospecha sobre la ecuanimidad en la decisión que se adopte en este proceso. El presente pedido deriva del hecho de que he integrado el tribunal de alzada que dictó el interlocutorio asentado al Tomo CIX, Reg. 10.444, Folio Nº 97/99 en las actuaciones ‘Sindicatura en autos caratulados: Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos c/ Traverso y Cía.
S.R.L. s/ solicita quiebra s/ incidente de medida cautelar de no innovar’, Expte. Nº S-5.628/11 (14.086/12). Dicha resolución fue explícitamente ponderada por la Excma. Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial en su decisión registrada al Tomo XVIII, Interlocutorio, Reg. 1298, Folio Nº 63/69, dictada en el marco de la causa ‘Estado de la Provincia de Santa Cruz en autos caratulados: ‘Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos c/ Traverso y Cía. S.R.L. s/ solicita quiebra’ Expte. Nº S-5628/08 s/ incidente de nulidad (trámite de escrituración Parcela 1ª Manzana 5, Circunscripción III de la localidad de El Chaltén)’, Expte. Nº E-5.628/16-I (17.184/18). Las actuaciones mencionadas se encuentran estrechamente ligadas a las presentes, tal como surge a partir de la mención que realiza la incidentista en el Punto I de su PE183659-2021 y de la documental glosada por la incidentada en su PE220517-2021.
Consiguientemente, mi inhibición tiene por objeto evitar cualquier recelo sobre el equilibrio y objetividad que debe guiar la actuación de los jueces, velando, de este modo, por el mantenimiento de la imparcialidad de los magistrados al momento de resolver una causa.”.- Con relación al tema que nos ocupa este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…la imparcialidad del órgano merece debido resguardo, máxime cuando se presenta la posibilidad que el magistrado deba conocer y juzgar en asuntos litigiosos frente a los cuales se encuentra en una irremediable violencia moral e incompatible con la serenidad que requiere la función judicial, prevaleciendo en la apreciación de la gravedad o entidad de las causas previstas por el precepto ritual, el juicio de quien las invoca, en orden a una adecuada protección del servicio público de justicia…” (cfr.
Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 890, Folio 2588, entre otros).- En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magistrada, encuadrándose en la normativa impuesta por el articulo 30 del CPCyC, por remisión del artículo 45 del CPCA, Ley Nº 2600, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo, vienen los presentes al Acuerdo, en virtud de la medida cautelar peticionada por la parte actora, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Romina de los Ángeles Mercado en PE183659-2021, quien solicita se ordene a la Jueza de Primera Instancia y/o la Sindicatura, que llevan adelante el proceso falencial de la aquí demandada, se abstengan de realizar cualquier acto respecto del inmueble objeto de la acción de lesividad (cfr. PE cit., pág. 2), promovida a efectos de declarar la nulidad del Acuerdo N° 049/13 del 22 de mayo de 2013 dictada por el Honorable Directorio del Consejo Agrario Provincial (cfr. fs. 8/17 de los autos principales).- El presente incidente se forma en cumplimiento a lo ordenado en la providencia PE142983-2021.-
Corrido el traslado a la parte demandada, es contestado por la CPN Sra. María Susana Gasparini en su carácter de Síndica designada en los autos caratulados: “Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos c/ Traverso y Cía. S.R.L s/ Quiebra”, Expte N° S- 5628/08, con el patrocinio letrado del Dr. José Manuel Castro Gasparini, solicitando su rechazo con expresa imposición de costas (cfr. PE220517-2021).- En primer lugar puntualiza que: “...el objeto de la acción de lesividad nunca podría ser un inmueble, como mal señala la representante del Estado Provincial. Pues, la lesividad se encuentra exclusivamente reservada para atacar actos administrativos que no pueden ser revocados per se.” (cfr. PE cit., pág. 2).-
Seguidamente aduce que: “…la actora ni siquiera ha descripto mínimamente cuáles serían los motivos que acreditarían la verosimilitud del derecho; ya que, sólo se ha limitado a transcribir textualmente el art. 7 de la LPA, sin ofrecer argumento alguno […] la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta, lo cual de ningún modo se vislumbra en autos.” (cfr. PE cit., págs. 3/4).- Sostiene que: “…el aludido riesgo a la existencia de sentencias contradictorias mencionado por la representante de la actora es tal y sólo se inserta en el plano de lo meramente conjetural.” (cfr. PE cit., pág. 4).-
Por último hace reserva del caso federal (cfr. PE cit., pág. 7).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo dictamina expidiéndose en sentido positivo, considerando que: “Analizadas que fueran las presentes actuaciones y encontrándose configurados los presupuestos genéricos exigidos en materia de medidas cautelares adelanta el suscripto que la misma debe tener favorable acogida. Lo dicho encuentra fundamento en la necesidad de que tanto la Magistrada de grado como la sindicatura se abstengan de realizar cualquier acto respecto del inmueble descripto precedentemente hasta tanto se dicte sentencia definitiva a fin de evitar sentencias contradictorias y mayores perjuicios al Estado Provincial […] Si bien el sublite tiene particularidades que lo distinguen de otros casos donde se han denegado las medidas cautelares por el Alto Cuerpo, considera el suscripto que en el presente caso y de acuerdo a lo puesto de manifiesto por la incidentista, de no hacerse lugar a la medida cautelar se podrían generar daños para el Estado que deben ser evitados, sabiendo que en el marco de cualquier proceso no puede resolverse en forma contraria a los intereses del mismo […] En función de lo expuesto esta Fiscalía considera que debe hacerse lugar a la medida cautelar solicitada, por el Estado Provincial (cfr. PE282533-2021, pág. 2).-. Pasan los presentes al Acuerdo en PE199034-2021.-
III. Liminarmente y a fin de un mayor entendimiento del tema en estudio es preciso efectuar algunas aclaraciones.-
Que mediante el Acuerdo Nº 086/07 del 13 de septiembre de 2007 dictado por el Honorable Directorio del Consejo Agrario Provincial, se adjudicó en venta a favor de la Sociedad de Responsabilidad Limitada “Traverso y Cía.” una superficie aproximada de mil doscientos veinte metros cuadrados (1220 m2) ubicada en la Parcela Nº 1º, Manzana Nº 5, Circunscripción II de la localidad de El Chaltén. Señalándose, además, las obligaciones que debía cumplimentar la adjudicataria (cfr. fs. 54 y vta. del Expte Adm. Nº 484.743/07).- Que a través de la sentencia dictada el 2 de julio de 2008, registrada al Tomo XIII, Reg. 1040, Folio 103/107 en los autos caratulados: “Sindicato de Empleados de Comercios de Río Gallegos c/ Traverso y Cía.
SRL s/ Solicita Quiebra”, Expte. Nº S-5628/08, la Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de la ciudad de Río Turbio declaró en estado de quiebra a la sociedad referida (cfr. fs. 153/157 de los autos cit.) (cfr. fs. 1/5 de los autos caratulados: “Estado de la Provincia de Santa Cruz en autos caratulados: Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos c/ Traverso y Cía. SRL s/ Solicita Quiebra” Expte Nº S- 5628/08 s/ Incidente de nulidad (trámite de escrituración Parcela 1ª, Manzana 5, Circunscripción III de la localidad de El Chaltén)’, Expte. Nº E-5628/16-I), oportunamente ofrecidos como prueba en los presentes y reservados en Secretaría (cfr. certificación PE268426-2021).- Que el 28 de noviembre de 2008 el Honorable Directorio del Consejo Agrario Provincial dicta el Acuerdo Nº 053/08, en virtud del cual se intima a la Sociedad de Responsabilidad Limitada “Traverso y Cía.” para que en el plazo de treinta (30) días de notificada proceda a dar cumplimiento con la legislación vigente bajo apercibimiento de decretar la caducidad de la adjudicación efectuada (cfr. fs. 87 y vta. del Expte Adm. cit.).- El 19 de abril de 2013 en el proceso universal citado, la Magistrada interviniente dispuso mediante Oficio Nº 102/13: “…1º) Hacer saber al Consejo Agrario Provincial que deberá realizar la declaración correspondiente y confeccionar el ante-proyecto de título de propiedad del inmueble identificado como Parcela 1º, Manzana 5, Circunscripción II de la localidad del (sic) Chaltén de la Provincia de Santa Cruz a nombre de la fallida, el (sic) será elevado al Poder Ejecutivo quien oportunamente ordenará al Escribano de Gobierno que extienda la correspondiente escritura bajo apercibimiento de ley…” (cfr. fs. 120 vta. del Expte.
Adm. cit.).- Que en virtud del oficio referido, el Honorable Directorio del Consejo Agrario Provincial dictó el Acuerdo Nº 049/13 declarando cumplidas las obligaciones legales de la adjudicataria fallida (cfr. fs. 136/137 del Expte. Adm. cit.).-
El 15 de junio de 2015 la Magistrada interviniente en la quiebra pone en conocimiento mediante Oficio Nº 122/15 al Presidente del Consejo Agrario Provincial que en dicho proceso se ordenó rectificar los Acuerdos Nros. 086/07 del 13 de septiembre de 2007 y 049/13 del 22 de mayo de 2013; y que una vez cumplido se deberá proceder a elevar las actuaciones administrativas a la Escribanía Mayor de Gobierno a efectos de concluir con el trámite de escrituración a nombre de la fallida (cfr. fs. 185/186 vta. del Expte. Adm. cit.).- Que el 7 de julio de 2015, el Honorable Directorio del Consejo Agrario Provincial dicta el Acuerdo Nº 049/15 rectificando los Acuerdos Nros. 086/07 y 049/2013 en cuanto a la denominación de la tierra adjudicada en venta (cfr. fs. 195 y vta. del Expte. Adm. cit.).-
Que mediante el Decreto Provincial Nº 0431/18 la Gobernadora de la Provincia de Santa Cruz declara la lesividad del Acuerdo Nº 049/13 emanado del Honorable Directorio del Consejo Agrario Provincial, que declaraba cumplidas las obligaciones legales de la adjudicataria fallida, suspendiendo su eficacia administrativa y legal (cfr. fs. 288/293 del Expte. Adm. cit.).- Finalmente a través de las Notas Nros. 054/18 y 055/18 se pone en conocimiento de la Sra. Jueza de la quiebra y de la Síndica interviniente lo dispuesto mediante el Decreto Provincial Nº 0431/18 (cfr. fs. 293/294 del Expte. Adm. cit.).-
IV. En el caso de marras, importa poner de resalto que, mediante el Decreto Nº 0431/18 del 16 de mayo de 2018 (cfr. fs. 1/5 de los autos principales), el Poder Ejecutivo Provincial declaró la lesividad del Acuerdo Nº 049/13 del 22 mayo del 2013 emanado del Honorable Directorio del Consejo Agrario Provincial (cfr. art. 1º); instruyó a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz para que inicie la correspondiente acción de lesividad (cfr. art. 2º) y suspendió la eficacia administrativa y legal del acto en crisis hasta que exista sentencia judicial firme (cfr. art. 3º). Es decir que en el mismo acto administrativo, suspendió los efectos del Acuerdo cuya declaración judicial de nulidad se persigue a través de la acción de lesividad, en los términos establecidos en el artículo 102 del CPCA, Ley Nº 2600.- Frente a tal petición, no se advierte el peligro en la demora alegado por la accionante, pues la Administración en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 in fine de la Ley Nº 1260 suspendió los efectos del acto irregular, medida que -ya promovida la acción judicial de lesividad- aparece como suficiente a los fines de proteger el interés público invocado.- Efectivamente, el artículo 12 de la normativa citada, en lo que interesa dispone: “...la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.”.-
Por ello, y habiendo hecho uso la actora de la facultad conferida en el citado artículo ante un riesgo cierto e inminente de sufrir perjuicios sobre el interés público, el patrimonio estatal u otros derechos de su titularidad, no se advierte que exista peligro en la demora, toda vez que se encuentran suspendidos por vía de un Decreto del Ejecutivo Provincial, cuya legitimidad se presume, los efectos del Acuerdo emanado del Directorio del Consejo Agrario Provincial que tuvo, a la demandada, por cumplidos los recaudos de la adjudicación, disposición esta que impide cualquier acción basada en dicho acto.- Sin perjuicio de que la eliminación definitiva de los efectos del Acuerdo Nº 049/13 sólo pueda lograrse una vez que haya sentencia judicial firme, dicho acto se encuentra, a la fecha, válidamente suspendido en sus efectos y por ello, uno de los requisitos indispensables de procedencia de las medidas cautelares -como lo es el peligro en la demora- no se encuentra presente en el caso como para admitir la tutela solicitada.- Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la parte actora en PE183659-2021, con costas por su orden conforme lo establece el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600).-
Al margen de lo que aquí se decide, a fin de evitar disposiciones contradictorias, es preciso hacer saber a la Sra. Jueza a cargo del proceso falencial, el Decreto Provincial Nº 0431/18 (cfr. fs. 288/293 del Expte. Adm. cit.) emanado del Poder Ejecutivo Provincial y la presente resolución. A cuyo fin, ofíciese.-
Finalmente, cabe poner de resalto que la decisión a la que se arriba es provisoria y no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión a debatirse en el proceso principal.-
V. En mérito de lo expuesto y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
2. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora en PE183659-2021.-
3. Hacer saber a la Sra. Jueza a cargo del proceso falencial el Decreto Provincial Nº 0431/18 del 16 de mayo del 2018 emanado del Poder Ejecutivo Provincial y la presente resolución. A cuyo fin, ofíciese.-
5. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saúl -Vocal Subrogante-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1024C.231 Tomo: XIX Sentencia: 1137 Folio N°: 3681/3684 Secretaría: 1
Fin de la sentencia