Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-783/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la competencia de este Alto Cuerpo para entender en las presentes actuaciones.-
2Declarar formalmente admisible la acción interpuesta por la Provincia de Santa Cruz a fs. 8/17 contra Traverso y Cia. S.R.L..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: P-783/18-TSJ Sentencia N°: 1083 Actor: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandado: TRAVERSO Y CIA. SRL.
Objeto: ACCION DE LESIVIDAD Fecha: 21/10/21 Texto:
TOMO XVIII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1083 FOLIO Nº 3455/3460 PROT. ELECT. TSS1 013 C.211
Río Gallegos, 21 de octubre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “PROVINCIA DE SANTA CRUZ C/ TRAVERSO Y CIA. S.R.L. S/ ACCION DE LESIVIDAD”, Expte. N° P-783/18, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a estudio, con el objeto de decidir sobre la competencia de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia para entender en estas actuaciones y, en su caso, examinar la admisibilidad formal de la acción incoada, de conformidad con lo establecido por los artículos 106, 67 y 60 del CPCA, Ley Nº 2600.-
A fs. 8/17 el Estado de la Provincia de Santa Cruz, representado por el Sr. Fiscal de Estado, Dr. Fernando Pablo Tanarro, conjuntamente con la Dra. Romina Mercado, promueve acción de lesividad contra Traverso y Cia. S.R.L. cuyo objeto es que se decrete la nulidad y se disponga la revocación en sede judicial del Acuerdo Nº 049/13 del Directorio del Consejo Agrario Provincial del 22 de mayo de 2013 obrante a fs. 136/137 del Expediente Administrativo Nº 484.743/07, reservado en Secretaría. A tal fin acompaña Decreto Nº 431/18, en el cual se declara la lesividad del Acuerdo referido (cfr. fs. 1/5).- A foja 18 se dispone -entre otras cuestiones- correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, a efectos que se expida sobre la competencia de este Tribunal quien dictamina favorablemente, sosteniendo que “…V.E., es competente para entender en las mismas.
Lo expuesto encuentra fundamento en lo establecido en el art (sic) 1, 2 inc (sic) a) y 102 de la Ley 2600 como así en el art (sic) 132 inc (sic) 2) de la Constitución Provincial.” Dice asimismo que: “…teniendo en cuenta, que esta acción se interpone en el marco del proceso falensial (sic) caratulado: ‘Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos c/Traverso y Cia SRL s/Solicita Quiebra’, Expte N° 5628, considera esta Fiscalía que V.E. debe entender en dicho proceso por la naturaleza administrativa de la cuestión planteada.” (cfr. foja 19).- A fs. 32/43 vta. la CPN María Susana Gasparini en su carácter de funcionaria Sindical designada en autos: “Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos c/ Traverso y Cia.
S.R.L. s/ Quiebra” (Expte. Nº S-5628/08), con el patrocinio letrado del Dr. José Manuel Castro Gasparini, se presenta y contesta demanda, solicitando el rechazo de la acción de lesividad en todos sus términos. Además, acusa la inadmisibilidad de la vía intentada, por cuanto -a su juicio- el Acuerdo Nº 049/13 del Directorio del Consejo Agrario Provincial no es susceptible de ser impugnado mediante esta vía. En punto a ello, sostiene que los actos impugnables en el proceso de lesividad no son los mismos que en el proceso administrativo ordinario de plena jurisdicción, en tanto resulta una medida excepcional cuya procedencia debe ser interpretada restrictivamente y con estricto apego a su tipicidad.
Igualmente señala que la admisibilidad presupone la existencia de un acto administrativo ilegitimo dictado en ejercicio de facultades regladas o discrecionales, pero de ninguna forma refiere a actos dictados en cumplimiento de una manda judicial, como es el caso que nos ocupa (cfr. fs. 36/37).- A fs. 46/47 el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo dictamina favorablemente acerca de la admisibilidad formal de la acción, indicando que: “…estamos en presencia de materia contencioso administrativa, siendo formalmente admisible la demanda instaurada, pudiendo V.E., avocarse a su conocimiento.” (cfr. foja 46 vta.).-
II.1. Que, por razones de orden metodológico, corresponde en primer término dilucidar si este Tribunal Superior de Justicia resulta competente para entender en las presentes actuaciones.-
En el caso bajo estudio, la Provincia de Santa Cruz insta una acción de lesividad solicitando la declaración judicial de nulidad del Acuerdo Nº 049/13 del Directorio del Consejo Agrario Provincial del 22 de mayo de 2013 (cfr. foja 8). Este acto administrativo tuvo por cumplidas las obligaciones legales de la adjudicataria fallida “Traverso y CIA. S.R.L.”, sobre la superficie de 1.220,00 m2 ubicada en la Parcela Nº 1 a, de la Manzana Nº 5, Circunscripción II de la localidad de El Chaltén. Ello, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio en los autos caratulados “Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos c/ Traverso y Cia. S.R.L. s/ Solicita Quiebra” (Expte. Nº S-5628/08) (cfr. fs. 136/137 del Expediente Administrativo Nº 484.743/07 iniciado por el Consejo Agrario Provincial).- Al sustentar su pretensión anulatoria, la Provincia argumenta que el acto administrativo aludido infringe las normas que regulan el otorgamiento de las tierras fiscales.-
Luego de relatar pormenorizadamente las distintas ordenes judiciales impartidas en el proceso falencial citado y el sinuoso sendero administrativo recorrido, postula que se han violado normas constitucionales y de derecho administrativo (cfr. foja 12 vta.). En tal sentido, asevera que la Constitución Provincial fija las pautas que necesariamente deben respetarse en el dictado de las leyes relativas a la adjudicación de tierras, estableciendo en su artículo 67 que la tierra será considerada bien de trabajo y no de renta y será objeto de una explotación racional (cfr. foja 13 vta.). Igualmente cita en sucesivas oportunidades lo dispuesto por los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 63 (“Adjudicación de la Tierra Municipal”); 13, 14, 15 y 18 de la Ley Nº 1009 (“Consejo Agrario Provincial”) y 16 y 18 de la Ley Nº 1392 (“Sistema regulatorio de la delimitación, registro, adjudicación, uso y cesión de las tierras fiscales rurales provinciales en zona de frontera”), a las que califica de orden público y, por tanto, de cumplimiento insoslayable (cfr. fs. 12/15 vta. y 17).- Sobre este piso de marcha, advierte que se procura obtener la escrituración de un inmueble fiscal habiéndose cancelado el precio pero sin haber dado cumplimiento con las obligaciones de las normas relativas a la adquisición de los mismos (cfr. foja 15) y que el Acuerdo Nº 049/13 del Directorio del Consejo Agrario Provincial no refleja la realidad de los hechos, por cuanto obran informes en las actuaciones administrativas de los que surgen que el inmueble se encontraba baldío y sin construcción alguna (cfr. foja 15 vta.).-
II.2. Joaquín V. González ha dicho que: “…Reconoce la Constitución en el Poder Judicial una parte de su organismo, sin la cual no existiría como un objeto fundamental del Estado y un medio de hacer efectivos los derechos, declaraciones y garantías que enumera […] La suma de las facultades y atribuciones que la Constitución concede al Poder Judicial, pueden encerrarse en la palabra jurisdicción…”; es decir, en la potestad de que se halla investida la rama Judicial por la Constitución y leyes del Congreso, para administrar justicia (cfr. autor cit.: “Manual de la Constitución Argentina”, Ángel Estrada y Cía. Editores, decimoséptima edición, Buenos Aires, págs. 595 y 606).- Se ha afirmado que: “La porción del Poder Judicial que desempeña cada uno de los órganos que ejercen la jurisdicción…constituye la competencia ratione materiæ…puede ser examinada desde dos puntos de vista: uno, objetivo, como el conjunto de causas en que el juez ejerce su jurisdicción, y otro subjetivo, como la facultad asignada a los jueces para ejercer la jurisdicción, para administrar justicia, dentro de los límites en que le fue atribuida. Examinado bajo la óptica primera, la competencia es el preciso ámbito señalado por el legislador, que incluye asuntos de conocimiento del juez en el que éste puede válidamente actuar y decidir, dada la organización jurisdiccional...Analizada desde la otra óptica, se trata del segmento de jurisdicción que le otorga la ley para satisfacer pretensiones, como aquel conjunto de facultades para pronunciarse sobre los litigios atribuidos por razón de la materia.” (cfr. Hutchinson, Tomás: “Derecho Procesal Administrativo”, Tomo I, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2009, págs. 421/422).-
II.3. La asignación de competencia debe efectuarse, tal como lo ha sostenido este Alto Tribunal: “...‘...en base a la propia naturaleza de la demanda y con apoyo en los hechos expuestos en la misma, ya que éstos constituyen el sustento de la pretensión que el actor propone a decisión con relación al derecho sustancial reclamado (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IV, -Interlocutorio-, Reg. 415, Folio 690/691; Tomo IV, -Interlocutorio-, Reg. 416, Folio 692/693; y Fallos 182:398; J.A. t. 64, p. 694; L.L. t. 90, p. 517), sin que obste a ello, la determinación o denominación que las partes asignen a la acción instaurada; contribuyendo además para dilucidar la competencia, la circunstancia de que no cabe atenerse a la ley que pueda resultar en definitiva realmente aplicable, sino a la que se invoca como fundamento de la acción entablada (confr. Fallos: 303:1231; íd. 279:95 y este Tribunal Tomo VI -Sentencias-, Reg. 221 Folio 1190/1193)...’ (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Contencioso Administrativo, Reg. 632, Folio 1770/1772)” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 942, Folio 2822/2824).-
II.4. Para entender en la acción de lesividad, en principio, se aplican las reglas generales sobre competencia. Al respecto, no resulta ocioso recordar que el fuero contencioso-administrativo no se define por la intervención del Estado en juicio ni por cuestionarse un acto administrativo, sino que lo que verdaderamente interesa es el contenido jurídico y el derecho que se intenta hacer valer, es decir, por la subsunción del caso al derecho administrativo (cfr. Comadira, Fernando Gabriel: “La acción de lesividad”, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Astrea, 2019, págs. 70/71).- En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la competencia del fuero contencioso administrativo federal no se define por el órgano emisor del acto impugnado, por el carácter de las partes o por el hecho de que se plantee la nulidad de un acto administrativo, sino por la aplicación de normas de derecho administrativo para regir la cuestión litigiosa (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte comparte y hace suyo en Fallos 321:720, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/5231/1998).- Así las cosas, cabe adelantar que “teniendo en cuenta el superior valor de la garantía de los administrados que supone la acción de lesividad, la vía contencioso-administrativa es inexcusable.” (cfr. Hernando Abad e Ildarraz citados en Comadira, Fernando Gabriel, ob. cit., pág. 73).-
Por ello, en las causas de lesividad el conocimiento corresponde a los tribunales con competencia en lo contencioso-administrativo. Es que si la competencia de este fuero “…no se define por la intervención del Estado en juicio ni por cuestionarse un acto administrativo, sino que lo que verdaderamente interesa es que la cuestión estuviere regida, prima facie, de modo preponderante por el derecho administrativo, cabe concluir que las causas que se originen en una acción de lesividad, al ser un instituto propio del derecho administrativo, deben tramitar, necesariamente, ante dicho fuero…” (cfr. Comadira, Fernando Gabriel, ob. cit., págs. 73/75 y 232).-
II.5. La competencia contencioso administrativa a su cargo tiene origen constitucional en razón de la materia sobre la que versa. Es la propia Carta Magna Provincial la que la fija en su artículo 132, inciso 2º, al determinar que corresponde al Tribunal Superior de Justicia: “Decidir en única instancia y en juicio pleno en las causas contencioso-administrativas previa denegación, expresa o tácita del reconocimiento de los derechos que se gestionen...”.-
Entonces, la atribución de competencia a este Alto Cuerpo sur- ge directamente de la voluntad expresa del constituyente provincial, no sólo de una mera asignación funcional dispuesta en un código de rito.-
Por lo tanto, esta atribución de competencia no puede ser modificada por los poderes constituidos, ya que esto significaría un ataque a la supremacía de la Constitución local (consagrada en el art. 17 de la Constitución Provincial). Por este mismo motivo la competencia contencioso-administrativa también es inmodificable por voluntad de las partes.-
Las reglas que fijan la competencia originaria del Tribunal Su- perior de Justicia son de orden público constitucional ya que, tienen su fuente en la máxima Ley Provincial y están destinadas a proteger intereses fundamentales de la comunidad.-
El carácter de orden público se puede inferir también del artículo 67 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, que habilita a este Tribunal Superior de Justicia a decidir aún de oficio su incompetencia.-
Abona también la presente solución lo estatuido en el artículo 14 de la Ley Nº Uno Orgánica de la Justicia (t.o. Ley Nº 1600) que prohíbe a los jue- ces delegar su jurisdicción. Supuesto que podría presentarse, por hipótesis, si se ex- trajera de la competencia de este Alto Cuerpo una causa que corresponde a su com- petencia originaria.-
Como se ve, la competencia originaria que ejerce este cimero Tribunal, diagramada en el plexo constitucional, es de orden público e improrrogable y, por lo tanto, no puede ser dilatada o limitada por una norma de jerarquía inferior, una decisión judicial o un acuerdo de partes.
Consiguientemente, esta porción de la jurisdicción debe ser ejercida con exclusividad por este Alto Cuerpo. Por ende, los jueces ordinarios carecen de atribuciones para expedirse en los casos referidos a la materia enunciada en la cláusula constitucional precitada.-
II.6. Se ha sostenido que: “…el juez predeterminado por la Constitución o la ley ha de ser también predeterminado por las normas de competencia contenidas en la ley orgánica o procesal…” (cfr. Hutchinson, Tomás, ob. cit., Tomo I, pág. 517). Las reglas atributivas de competencia en razón de la materia tienden a asegurar la eficiencia en la administración de justicia y se basan por lo tanto en consideraciones de interés general (cfr. Palacio, Lino Enrique: “Derecho Procesal Civil”, 2ª ed., Buenos Aires, Abeledo - Perrot, 2011, Tomo II, pág. 298).- En nuestro ámbito provincial, el artículo 30 de la Ley Nº Uno Orgánica de la Justicia (t.o. Ley Nº 1600) -en su parte pertinente- dispone que: “El Tribunal Superior es competente para entender en los siguientes casos, con arreglo al procedimiento establecido en las leyes procesales. 1) En los previstos en el Artículo 130°, incisos 1), 2), y 3) de la Constitución en el modo y forma establecidos en el mismo…”.-
Por su parte, el artículo 1 del CPCA, Ley N° 2600, prescribe que el Tribunal Superior de Justicia en pleno conocerá y resolverá en instancia única en las acciones cuyas normas predominantes en la resolución del conflicto sean de derecho administrativo y que se deduzcan por violación de un derecho subjetivo o de un interés legítimo tutelado por el ordenamiento jurídico, originados en la actuación del Estado Provincial, sus entidades autárquicas y jurídicamente descentralizadas y las Municipalidades.- De acuerdo a lo precisado por el artículo 2 de dicho cuerpo normativo todo acto dictado en ejercicio de facultades regladas o discrecionales, de alcance general o particular, siempre que la impugnación se funde en razones de ilegitimidad, se encuentra dentro de la competencia en lo contencioso administrativo. Acción que puede tener por objeto, entre otros, requerir la anulación de actos irrevocables en sede administrativa, cuando se trate de actos lesivos al interés público por razones de ilegitimidad, supuesto en el cual se exige que se declare la lesividad en sede administrativa, en forma previa al inicio de la acción (cfr. art. 40, inc. e) del CPCA, Ley Nº 2600).- A su turno, el artículo 102 contempla específicamente la vía bajo estudio, al disponer que: “La Administración Pública Provincial, sus Órganos o Entes Administrativos y las Municipalidades, podrán promover la acción contencioso-administrativa tendiente a lograr la declaración de nulidad de los actos viciados e irrevocables en sede administrativa, si mediase previamente declaración administrativa de encontrarlo lesivo a los intereses públicos por razones de ilegitimidad, de conformidad al artículo 2, inciso a)”.-
II.7. Tal como se anticipó, el Estado Provincial solicita la declaración judicial de nulidad de un acto administrativo estable -el Acuerdo Nº 049/13 del Directorio del Consejo Agrario Provincial- por razones de ilegitimidad. Concretamente, alega que dicho instrumento legal infringe las normas que regulan el otorgamiento de las tierras fiscales.-
Frente a ello y con el objeto de dirimir la cuestión planteada, cabe tener presente que este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “La enajenación y arrendamiento de las tierras fiscales, tanto en el orden nacional, provincial o municipal se realiza en cumplimiento de una política de interés público y como consecuencia de la actividad administrativa de fomento. No es la rentabilidad la que determina esos actos, sino el cumplimiento de fines donde se encuentra afectado el bien común de la Nación, Provincias o Municipio. Se enajenan o arriendan las tierras fiscales por motivos de gestión pública y su entrega a particulares o entidades queda afectada a fines públicos de fomento. Se ha dicho que: ‘...El Estado no enajena sus tierras ni las arrienda con el fin lucrativo de obtener una renta o garantía. Ni sus recaudaciones concurren para realizar nuevas operaciones lucrativas sobre base de bienes privados lanzados al mercado inmobiliario o locativo. El Estado nacional o provincial en estas operaciones, jamás concurren como propietario gananciosos, pues siempre se dispone por fines públicos...’ (Bartolomé A. Fiorini -Derecho Administrativo-, Tomo I, Segunda Edición Actualizada, Abeledo-Perrot, página 759). Ello es lo que se desprende de los arts. 67 y 68 de la Constitución Provincial.” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 860, Folio 2466/2470, entre otros).- Sentado lo anterior, cuadra resaltar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: “…cuando el Estado en ejercicio de funciones públicas que le competen y con el propósito de satisfacer necesidades del mismo carácter, suscribe un acuerdo de voluntades, sus consecuencias serán regidas por el derecho público (Fallos: 315:158; 316:212; 321:714); en consecuencia, los contratos de esta índole entre un particular y la Administración Pública deben realizarse mediante los mecanismos previstos en las normas pertinentes del derecho administrativo local (Fallos: 320:1101).” (Fallos 329:809).- De lo expuesto se colige que el caso deberá ser juzgado preponderantemente a la luz de los principios y reglas propias del derecho público, por lo que corresponde a este Tribunal Superior de Justicia, en el marco de su competencia originaria, entender en las presentes actuaciones.-
Los antecedentes reseñados en torno al proceso falencial mencionado no obstan a la conclusión arribada, desde que debe salvaguardarse celosamente la competencia propia de este Tribunal, evitando el desborde competencial de los órganos judiciales que carecen de aptitud para conocer en este tipo de asuntos -y el dispendio de actividad jurisdiccional consecuente-, máxime cuando los hechos desarrollados en la demanda denotan un reclamo que supera ampliamente la faz patrimonial, poniendo el acento en la finalidad de interés general que subyace en las normas de orden público que regulan la materia relativa a la adjudicación de tierras fiscales.-
III.1. Dilucidada la cuestión anterior, corresponde analizar la admisibilidad formal de la acción entablada. Atendiendo a lo normado por los artículos 60 y 102 del CPCA, Ley Nº 2600, deben examinarse si se encuentran reunidos los requisitos que habiliten esta instancia judicial.-
El artículo 60 del CPCA, Ley Nº 2600, prevé un examen formal de admisibilidad, que constituye un juicio preliminar tendiente a rechazar in limine las demandas que adolezcan de patente inadmisibilidad formal (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 864, Folio 2487/2490).-
La facultad de evaluar la admisibilidad formal de la acción viene siendo pacíficamente ejercida por este Tribunal Superior de Justicia al remarcar -a través de sus precedentes- la conveniencia de expedirse, al inicio, sobre la procedencia de la demanda contencioso administrativa, pues ello redundaría en beneficio de los litigantes al evitarse dilaciones y gastos de un litigio que podría eventualmente concluir con el rechazo de la demanda por improcedente (cfr. Contencioso Administrativo, Tomos IV, Reg. 307, Folio 687/689 y XII, Reg. 786, Folio 2222/2227).-
Por ello, es que llegan los presentes al Acuerdo con la finalidad de expedirse sobre si la vía judicial se encuentra formalmente habilitada y corresponde la declaración de admisibilidad a su respecto o, por el contrario, se impone la declaración de inadmisibilidad por no contener los recaudos impuestos por la ley adjetiva para su procedencia.-
Se ha afirmado que: “La necesidad de dar solución a la tensión existente entre la imposibilidad de revocar por sí determinados actos por parte de la Administración, y su deber primigenio de sometimiento al orden jurídico, con la consecuente obligación de restablecerlo cuando se ha visto vulnerado, aún por el propio obrar del Estado, hace que la acción de lesividad tenga existencia en el mundo del derecho…” (cfr. Zunino, Ángel R.: “La acción de lesividad”, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/1242/2005).- La Administración debe recurrir, entonces, al Poder Judicial para anular los actos administrativos que afectan intereses de terceros mediante la acción de lesividad. Como recaudo previo para la acción, el acto en crisis debe declararse lesivo a los intereses públicos por razones de ilegitimidad (art. 102 del CPCA, Ley Nº 2600) y la demanda debe interponerse dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente de dictada esa declaración (art. 103 del CPCA, Ley Nº 2600). Además, la acción debe ser promovida contra quién resulte beneficiado por el acto (art. 104 del CPCA, Ley Nº 2600).-
III.2. Se ha dicho que: “…para obtener la nulidad judicial de un acto administrativo estable (ora regular, ora irregular), este debe previamente ser declarado lesivo al interés público en sede administrativa […] la existencia de una concreta voluntad administrativa que, fundada…en la necesidad de dar satisfacción al interés público comprometido en la vigencia de la juridicidad, persigue…mediante la intervención judicial, el restablecimiento de ella, violada con el acto ilegítimo.”. Con la declaración de lesividad se garantiza, entonces, que el órgano estatal acreditó debidamente la ilegitimidad o el vicio generador de la nulidad, lo que supone que está formalmente convencido de que el acto administrativo cuya nulidad judicial se pretende lesiona el interés público (cfr. Comadira, Fernando Gabriel, ob. cit., págs. 125/126 y 144).- En el sub lite, tal como se dijo anteriormente, la Provincia de Santa Cruz promueve acción de lesividad tendiente a obtener la declaración judicial de nulidad del Acuerdo Nº 049/13 del Directorio del Consejo Agrario Provincial.-
Mediante Decreto Nº 0431/18 del 16 de mayo de 2018 el Poder Ejecutivo Provincial declaró la lesividad del acto administrativo precitado (cfr. art. 1º); instruyó a la Fiscalía de Estado a interponer la presente acción judicial (cfr. art. 2º) y suspendió la eficacia administrativa y legal del acto en crisis hasta que exista sentencia judicial firme (cfr. art. 3º).-
Esta declaración de lesividad reconoce como antecedente la Nota CAP-P-Nº 002/18 (obrante a fs. 275/276 vta. del Expte. Administrativo cit.) en la que se puso de relieve que el Acuerdo Nº 049/13 del Directorio del Consejo Agrario Provincial resulta lesivo a los intereses del Estado, por cuanto tiene por cumplidas obligaciones que carecen de dicha condición, quebrantándose normas de orden público, lo que a su entender lo transformaría en un acto absolutamente nulo.-
En consecuencia, se advierte que en el caso sub examine se ha cumplido debidamente el recaudo prescripto por el artículo 102 del CPCA, Ley Nº 2600, habiendo mediado una exteriorización intelectiva de la Administración que se traduce en una manifestación de que el Acuerdo Nº 049/13 del Directorio del Consejo Agrario Provincial es ilegítimo y, consiguientemente, inválido. Surge también de manera prístina un interés directo en cabeza del Estado Provincial que lo habilita a promover el actual proceso de lesividad, máxime a la luz de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Nº 1009 del Consejo Agrario Provincial que establece: “Los títulos de propiedad que a partir de la sanción de la presente ley otorgue la Provincia, serán extendidos por el Poder Ejecutivo, con intervención del Escribano de Gobierno.”.-
III.3. Nuestro ordenamiento provincial también prevé un plazo específico de 90 días dentro del cual los órganos estatales deben interponer la demanda de lesividad (cfr. art. 103 del CPCA, Ley Nº 2600).-
En el presente caso, la declaración de lesividad se concretó el 16 de mayo de 2018 (cfr. fs. 1/5), mientras que la demanda fue incoada el 30 de julio del mismo año.-
Por lo tanto, debe tenerse por cumplido el recaudo impuesto por el artículo 103 del CPCA, Ley Nº 2600.-
III.4. En el proceso de lesividad, la contraparte es el titular de los derechos que nacieron o fueron reconocidos por los actos estatales impugnados y que -obviamente- tiene interés en la subsistencia de éstos (cfr. Balbín, Carlos F.: “Tratado de Derecho Administrativo”, 2ª ed. actualizada y ampliada, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2015, Tomo IV, pág. 241).-
En esta inteligencia, el artículo 104 del CPCA, Ley Nº 2600 dispone que la acción de lesividad debe ser promovida contra el beneficiario del acto administrativo impugnado.-
El acto administrativo impugnado tuvo por cumplidas las obligaciones legales de la adjudicataria fallida “Traverso y CIA. S.R.L.”, sobre la superficie de 1.220,00 m2 ubicada en la Parcela Nº 1 a, de la Manzana Nº 5, Circunscripción II de la localidad de El Chaltén -actualmente identificado según plano de mensura como Parcela Nº 18, Manzana Nº 5, Circunscripción III de la citada localidad- (cfr. fs. 136/137 y 195 y vta. del Expte. Administrativo cit. y fs. 1 de los presentes). Por su parte, la demanda promovida en autos se dirige contra Traverso y Cia. S.R.L. (cfr. foja 8), por lo que también se verifica el debido cumplimiento del presente requisito.-
III.5. Por último, resta indicar que el planteo de inadmisibilidad efectuado por la demandada en los términos del artículo 61, inciso a) del CPCA, Ley Nº 2600 (cfr. fs. 36/37) ha sido formulado de manera extemporánea.-
En efecto, el artículo 62, inciso a) de ese régimen normativo estipula que este tipo de excepción debe ser opuesta dentro de los primeros veinte (20) días de plazo para contestar la demanda o la reconvención. En el caso bajo examen, la oposición de la accionada se efectivizó el 5 de abril de 2019 (cfr. cargo que luce a foja 43 vta.). Si tenemos en cuenta que la acción de lesividad incoada por la Provincia de Santa Cruz le fue notificada el 19 de febrero de ese año (cfr. fs. 31 y vta.), surge con claridad que se ha superado ese plazo legal, por cuanto este fenecía el 21 de marzo de ese año, a las 09:00 hs., conforme el plazo de gracia contemplado en el artículo 124 del CPC y C, de aplicación supletoria por remisión de los artículos 106 y 22 del CPCA, Ley Nº 2600.- En consecuencia, esta oposición no puede ser receptada favorablemente.-
III.6. Como corolario de lo expuesto, y sin que implique prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión que se ventila en la presente causa, no se advierte -en este preliminar examen- inadmisibilidad alguna que obste a la prosecución de la presente a fin de dilucidar, en la definitiva, la procedencia o no de la acción de lesividad planteada.-
Por todo lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar la competencia de este Alto Cuerpo para entender en las presentes actuaciones.-
2. Declarar formalmente admisible la acción interpuesta por la Provincia de Santa Cruz a fs. 8/17 contra Traverso y Cia. S.R.L..-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1013C.211 Tomo: XVIII Sentencia: 1083 Folio N°: 3455/3460 Secretaría: 1
Fin de la sentencia