Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2.126/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el Dr. Héctor Marcelo Magallán, a fs. 662/664 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 667 y vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2.126/16-TSJ Interlocutorio N°: 3274.-
Actor: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandada: VIEYRA ARGENTINA S.A.
Objeto: EXPROPIACION Fecha: 10/04/2017 Texto: TOMO XXVIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3274 FOLIO Nº 5431/5433 PROT. ELECT. TSS1 012 I.171
Río Gallegos, 10 de abril de 2017.-
Los presentes autos caratulados: “PROVINCIA DE SANTA CRUZ C/ VIEIRA ARGENTINA S.A. S/ EXPROPIACION”, EXPTE. Nº P-21.331/13 (P-2126/16-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 662/664 vta. por el Dr. Héctor Marcelo Magallán, quien intervino en autos como letrado apoderado de la Provincia de Santa Cruz, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 650/651 que confirmó el pronunciamiento dictado en Primera Instancia a foja 622.- El recurrente aduce “…Violación de la Ley o Doctrinas Legales…” (cfr. foja 662) fundado en los artículos 2º, 3º, inciso a) y 4º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
A foja 569, el magistrado de Primera Instancia declaró extinguido el proceso con costas en el orden causado, en virtud del desistimiento de la acción formulado por las partes a foja 567 y vta..-
A fs. 622 se regularon los honorarios del recurrente por su actuación como letrado apoderado de la Provincia de Santa Cruz, en la suma de $ 390.000.-
Contra dicha providencia, el letrado interpuso aclaratoria con apelación en subsidio, pretendiendo se modifique dicha regulación, en virtud de que a su criterio debió tenerse en cuenta el activo sujeto a la expropiación, como monto base de la regulación. Asimismo solicita se exima de su pago al Estado Provincial y que se establezca que sus emolumentos sean soportados por la parte demandada, por no haber, el letrado, participado del acuerdo que puso fin al pleito (conf. foja 623).- Esta petición fue desestimada por el a quo, concediéndose el recurso de apelación interpuesto en subsidio (conf. foja 625).-
Concedida la apelación, la Alzada, rechazó dicho recurso confirmando lo decidido en la anterior Instancia. Esta última resolución es la que motivó el planteo casatorio bajo estudio.-
II. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.-
Las pretensiones ante esta instancia extraordinaria provincial son las mismas que al recurrir ante la Cámara, el monto base de la regulación y que los honorarios le sean abonados por la parte demandada ya que, dice, el acuerdo mediante el cual se establecieron las costas en el orden causado contradice el criterio adoptado por la Excma. Cámara de Apelaciones al resolver la excepción de incompetencia oportunamente planteada (conf. fs. 548/550).-
III. De inicio, debemos advertir que el recurso lejos se encuentra de constituir una crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que el Dr. Magallán sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar demostrar, aunque sea mínimamente, en que se han equivocado los magistrados que ya se expidieron en autos, menos aun fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis la procedencia y razonabilidad de su pretensión. Más aun, sostiene, que en autos se ha condenado en costas a la demandada, por ser la vencida, cuando el pleito terminó por desistimiento de la acción y las costas, de común acuerdo por las partes, se fijaron en el orden causado (conf. foja 569).- Si bien lo señalado precedentemente se erige como un obstáculo insalvable para la procedencia de la vía intentada, la valla máxima e indiscutible radica en la materia objeto de recurso que no es otra que el monto de los honorarios y la imposición de costas, ambas ajenas, conforme reiterada doctrina de este Tribunal Superior de Justicia a la casación “…las cuestiones relativas a la imposición de las costas son extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado…” (cfr.
Sentencia, Tomo XIII, Reg. 467 Folio 2539/2542).- Asimismo, este Alto Cuerpo ha sostenido que “…en cuanto a la impugnación por la condena en costas, nuevamente se trata de una cuestión extraña a la vía casatoria. Este Tribunal reiteradamente ha expresado que ‘…las cuestiones relativas a la imposición de las costas son extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado […] la materia en estudio, se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución […] En consecuencia, mientras no se altere la calidad de parte vencida en que se asienta el instituto de la imposición de las costas, el tema no es tratable en casación (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994 y SCBA, AyS, 1971-I-174, 1973-I-247 y 616, 1974-I-174, 1974-II-719, 1974-III-747; DJBA, 117-441), ya que la imposición de las mismas, como así también su eximición total o parcial, son cuestiones privativas de los jueces de la instancia ordinaria y exenta de revisión en casación…’ (confr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 467, Folio 2539/2542). La claridad de las citas transcriptas, que forman la doctrina de este Alto Cuerpo sobre la materia, nos exime de mayores explicaciones.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3079, Folio 5013/5016).- En cuanto al monto de los honorarios: “Los criterios que adoptan los tribunales de mérito para calcular los honorarios por las labores profesionales desarrolladas son irrevisables en la instancia de casación, salvo que la regulación fuera practicada sin la estricta observancia de la Ley Arancelaria.” (cfr.
TSJ Córdoba, sala laboral, “Cuerpo de Ejecución en: Frei, Jorge Martín c/ Droguería Dim S.A. y Otros s/ ordinario - despido - recurso de casación”, 04/05/2016, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/ 23794/2016).- En igual sentido ha dicho este Alto Cuerpo: “…el tema de la regulación de honorarios, en cuanto a su base y monto, resulta, en principio, ajeno a la casación (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo II, Interlocutorio, Reg. 193, Folio 323/325; ídem, Reg. 214, Folio 358/359; Tomo III, Interlocutorio, Reg. 289, Folio 466/468; Tomo IV, Interlocutorio, Reg. 372, Folio 608/610; Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1298, Folio 1737/1739), pues, como ha reiterado este Alto Cuerpo, la determinación del monto del juicio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la aplicación de normas arancelarias son cuestiones de carácter fáctico y procesal que quedan en el espacio de la razonable discreción del juzgador y son inescrutables por vía del recurso extraordinario provincial, salvo que se demuestre arbitrariedad.” (cfr.
Sentencia, Tomo XVI, Reg. 556, Folio 3148/3150), arbitrariedad que no se advierte en la resolución recurrida, donde la Excma. Cámara de Apelaciones realiza una correcta aplicación de la normativa arancelaria vigente.- A mayor abundamiento y en relación al otro argumento elaborado por el recurrente, referido a quien resulta ser el obligado al pago, cuadra destacar que el recurrente al solicitar la regulación de honorarios a foja 606 (el 18 de junio del 2015) consintió los términos del acuerdo arribado por las partes pues hizo referencia al mismo sin esbozar señalamiento alguno en relación a las costas; de allí que devenga extemporáneo su planteo de foja 623 y vta., (efectuado recién el 11 de septiembre de 2015) cuando pretende que el obligado al pago de sus honorarios sea la demandada.-
IV. Por último debemos señalar que el impugnante no demuestra que la sentencia recurrida sea arbitraria, es decir, aquéllas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (conf. Germán J. Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, págs. 440/443).- No se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que configuran la arbitrariedad de sentencia alegada.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “No puede tenerse por demostrada a los fines del recurso extraordinario la arbitrariedad de la sentencia...si los agravios vertidos configuran meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio y versan sobre cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común y procesal...” (cfr. sum. del Dictamen del Procurador General que la Corte hace suyo en autos: “G., G. c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otro”, 05/09/2002, LA LEY 2003-A, 47 - DJ 2002-3, 803 - RCyS 2002, 1088).- A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “‘...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación.’ Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’” (cfr.
Juan Carlos Hitters, Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación, 2da. edición, pág. 479,480, SCBA, Ac. 24.739, ‘Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. s/ Despido y salarios’, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. s/ Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 pág. 54.).- De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “...la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...” (cfr.
Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458 y VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).- En el sub lite, el recurrente no ha logrado demostrar arbitrariedad en la sentencia que lo agravia, ya que sólo se desprenden del recurso, discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones ajenas a la casación. No se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, puede sostenerse que el mismo se encuentra debidamente fundado.-
V. En resumen, los cuestionamientos del casacionista se basan en materias que por su naturaleza son ajenas a la vía extraordinaria provincial, correspondiendo su tratamiento exclusivamente a las instancias de grado. Criterio que sólo puede exceptuarse en el caso de arbitrariedad, la cual, como ya se indicara, no ha ocurrido en la especie.-
Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, el recurso de casación articulado por el Dr. Héctor Marcelo Magallán a fs. 662/664 vta., no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 667 y vta., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el Dr. Héctor Marcelo Magallán, a fs. 662/664 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 667 y vta.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariano –Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1012I.171 Tomo: XXVIII Interlocutorio: 3.274.-
Folio N°:5431/5433.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia