Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-787/18-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: P-787/18-TSJ Sentencia N°: 417 Actor: PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L.
Objeto: PLANTEA CONFLICTO DE COMPETENCIA Fecha: 15/03/19 Texto:
TOMO VIII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 417 FOLIO Nº 1583/1585 PROT. ELECT. TSS1 005 O.191
Río Gallegos, 15 de marzo de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “PROYECTOS FUEGUI- NOS S.R.L. s/ PLANTEA CONFLICTO DE COMPETENCIA”, Expte. Nº P-787/18-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Se inician las presentes actuaciones ante este Excmo. Tribu- nal Superior de Justicia, a raíz del conflicto de competencia acaecido en los autos “Proyectos Fueguinos S.R.L. c/ Municipalidad de Las Heras s/ Cobro de Pesos” Expte. Nº P-19684/18 que tramitaron por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Pico Truncado, a cargo de la Dra. Gabriela Zapata. En dichas actuaciones, la Magistrada interviniente, se declaró incompetente argumentando que la relación jurídica que vinculó a las partes es un contrato de obra pública y que uno de los sujetos intervinientes es un órgano estatal y por ello la causa se enmarca en la competencia contencioso administrativa.- A raíz de este pronunciamiento la actora promueve el presente, fundándolo en el artículo 4 de la Ley Nº 2600 que reza: “Los conflictos de competen- cia entre un Tribunal Ordinario de la Provincia y el Tribunal Superior de Justicia co- mo órgano jurisdiccional en lo contencioso administrativo, serán resueltos por este úl- timo de oficio o a petición de parte, previo dictamen del agente fiscal. La decisión causará ejecutoria.”.-
Justifica la accionante su proceder diciendo: “…a fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario entendemos que ese Alto Cuerpo Colegiado debe expedirse en orden al Art. 4º de la Ley 2600 concediéndole la intervención al Agente Fiscal a fin de resolver el conflicto de competencia y garantizar a esta parte su derecho constitucional de acceso a la justicia.” (cfr. foja 58 vta.).-
A foja 65 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante el Tribunal Supe- rior de Justicia quien postula: “Que este Ministerio Público considera que lo resuelto por el Juez de Primera Instancia de Pico Truncado (ver fs. 56/57) no resulta viable en virtud de la pretensión de la parte actora, quien inicia demanda por cobro de pesos, es decir una demanda ordinaria y que en virtud del art. 3º inc. b) de la ley 2.600 resulta ser materia excluida del Proceso Contencioso Administrativo, en el cual el TSJ en pleno conocerá y resolverá en instancia única. El Alto Cuerpo ha manifestado respec- to al tema que ‘La jurisdicción y competencia de este Tribunal Superior de Justica se rige exclusiva y estrictamente por el artículo 132 de la Constitución de la provincia y la Ley Nº 1 (Orgánica de la Justicia de Santa Cruz), tanto originaria, como la de Alza- da, de modo que resulta totalmente improcedente la solicitud de intervención del Tri- bunal en éste supuesto, la consulta que pretende efectuar el Magistrado de grado no encuadra en aquellas que conforme la Carta Magna Provincial, son de competencia originaria del Tribunal, al no encontrarse prevista en las normas adjetivas provincia- les” (cfr. foja cit.).- A foja 66 pasan los autos al Acuerdo.-
II. Surge de las constancias de autos que Proyectos Fueguinos S.R.L inició una acción por cobro de pesos contra la Municipalidad de Las Heras. De la copia de la demanda que diera origen a dichas actuaciones (agregada a fs. 52/55 vta.) observamos que la pretensión fue textualmente la siguiente: “Que vengo en este acto a promover formal demanda ordinaria contra la Municipalidad de Las He- ras….persiguiendo el cobro de la suma que surge de la liquidación del punto IV que asciende a pesos seis millones trescientos diez y nueve (sic) mil setecientos ochenta y cuatro con ochenta centavos ($ 6.319.784,80) en concepto de capital, con más sus in- tereses desde la fecha que cada suma es debida y hasta su efectivo cobro…” (cfr. foja 52).- Al detallar los hechos en los que se funda la demanda, explica que por una licitación pública, fue seleccionada para realizar una obra en la localidad de Las Heras y se suscribió el respectivo contrato de locación de obra con la Munici- palidad. Finalizada la obra en su totalidad, el 25 de octubre de 2016, se labró el acta de recepción definitiva sin que la Municipalidad efectuara reclamo alguno. Sin em- bargo la Comuna no abonó el total de lo convenido y luego de efectuar el reclamo a través de sendas cartas documento sin resultado, recurrió a la justicia.- De acuerdo a lo que surge de las constancias de autos, la Sra. Juez interviniente, en su primera intervención, se declaró incompetente, por las razo- nes ut supra expresadas (fs. 56/57).-
El problema planteado, entonces, reside en determinar si en el caso es competente para entender este Tribunal Superior de Justicia ante la hipótesis de ser la cuestión materia contencioso administrativa (art. 132 de la Constitución Provincial) o el Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo civil por ante el que se ha radicado la causa.-
III. Luego de esta breve reseña de lo acontecido y en virtud de lo previsto en el artículo 4º de la Ley Nº 2600 (ya transcripto), este Alto Cuerpo se encuentra facultado para expedirse y decidir sobre la competencia para entender en los presentes.-
No obstante, es oportuno aclarar que lo que aquí se decida lo será en base a las constancias que surgen de los presentes autos e independientemente de los argumentos y defensas que pudiera plantear oportunamente la demandada a la cual no se le ha corrido aún traslado de la demanda.-
Se advierte que en la especie la accionante ejerce una preten- sión sólo resarcitoria de cobro de pesos por incumplimiento contractual. No se ha puesto en tela de juicio la legitimidad de un acto administrativo, el cual, por otra par- te, no se impugna, a lo que se suma que la acción de cobro de pesos intentada no re- quiere, en principio, para su dilucidación, acudir al ordenamiento jurídico administra- tivo.-
Tal como señalara la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, después, y sólo en la me- dida en que se vincule a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su preten- sión (cfr. “Fernández Kulisek e hijos SRL. c/ Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires / Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios va- rios”, del 09/12/1993, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: 4/30154) y en este caso los hechos constitutivos de las pretensiones demandadas caen bajo la órbita del derecho civil, así como también el derecho en el que se funda la acción.- En efecto, si bien se cita alguna norma de derecho administrati- vo, el reclamo básico se funda en normas de derecho civil, y la demandante no ataca ningún acto administrativo para justificar su pretensión. Más allá de que el vínculo entre las partes comenzara a raíz de un proceso de licitación pública, lo cierto es que este procedimiento y los demás actos dictados en su consecuencia no han sido objeto de cuestionamiento alguno. Por el contrario, la cuestión central bajo la cual debe deci- dirse la competencia está determinada por lo pretendido en la causa consistente en el pago del precio establecido en el contrato por la realización de una obra a la que el presentante considera concluida.-
IV. El Código de Procedimiento Contencioso Administrativo Provincial (Ley Nº 2600), estatuye las causas que se consideran de competencia con- tencioso administrativa en sus artículos 1º y 2º, pero además prevé cuales se encuen- tran excluidas. Así el artículo 3º contiene en siete incisos dichas excepciones; los que interesan por su aplicación al presente son los incisos b) y d): “No se regirán por esta Ley, en tanto son materia excluida: …b) los que deban resolverse aplicando sustan- cialmente normas de derecho privado o del trabajo;…d) aquellos en que se reclame la reparación de daños generados por agentes, cosas o hechos de la administración pú- blica...”.- A ello se suma que en el proceso contencioso administrativo de nuestra Provincia el Tribunal Superior de Justicia no puede expedirse respecto a dere- chos laborales, civiles o de otra naturaleza que no sean los limitados al derecho admi- nistrativo para resolver la cuestión conforme a lo alegado y probado por las partes (art. 89); careciendo, por ende, de competencia para decidir sobre materia patrimo- nial.-
Claramente, es el propio Código de Procedimiento en lo Con- tencioso Administrativo (Ley Nº 2600) el que deja fuera de su ámbito de aplicación al caso de marras.-
Ante las claras previsiones normativas precedentemente des- criptas, no podemos soslayar que la decisión de la Juez de grado provoca un claro ca- so de denegación de justicia, inadmisble en el estado de derecho, puesto que el recla- mo no tendría, de sostenerse su criterio, Tribunal que pueda juzgarlo.-
V. Analizado el sub lite, en base a las argumentaciones ex- puestas precedentemente, surge en forma clara e indubitable que no existe acción contencioso administrativa si el juicio se inició para obtener el pago de una suma de dinero proveniente de un supuesto incumplimiento contractual por parte de la Munici- palidad accionada, aún a pesar que la vinculación tuviera su origen en una licitación pública. Por lo tanto el litigio suscitado cae en la órbita sustantiva del derecho civil y corresponde su tramitación en dicho fuero.- En conclusión, la acción entablada por Proyectos Fueguinos S.R.L. es de naturaleza civil y no contencioso administrativa, por lo que la justicia or- dinaria en lo civil es la competente para entender en la acción entablada por la nom- brada contra la Municipalidad de Las Heras.-
VI. Dilucidada la naturaleza civil de la presente controversia, se torna menester asimismo efectuar una serie de consideraciones relativas al juzgado de origen ante el cuál debe quedar definitivamente radicada la causa. Ello, en aten- ción a la reciente puesta en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia con asiento en la localidad de Las Heras.-
En efecto, la Ley Nº 3248 crea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia con asiento en la localidad de Las Heras (art. 1º), asignándole la jurisdicción territorial que corresponde a los Juzga- dos de Paz de Las Heras, Perito Moreno, Los Antiguos, Bajo Caracoles e Hipólito Iri-goyen (art. 2º). Asimismo dispuso que este Excmo. Tribunal Superior de Justicia sea el órgano encargado de reglamentar la forma en que se reasignarán las causas y jui- cios que fueren de su competencia (art. 5º in fine).- En cumplimiento de este mandato legal, este Alto Cuerpo dictó la Resolución asentada al Tomo CCXXIII, Registro 126, Folio 178/179, cuyo artículo 1º prescribe que el día 18 de febrero del corriente año el juzgado aludido entraría en funciones, asumiendo plena jurisdicción. A su turno, el artículo 2º ordena “Disponer el traspaso de las causas civiles, comerciales, laborales, de minería y de familia que se encuentran actualmente radicas en el Juzgado de Primera Instancia con asiento en Pi- co Truncado y/o cualquier otro Juzgado conforme los términos del art. 2º de la Ley Pcial. Nº 3.248. En tal sentido, se establece mediante este acto el traslado de las cau- sas iniciadas a partir del 1º.07.2018 y que no hayan concluido su etapa probatoria. En relación a la modalidad del traspaso del resto de las causas se efectivizarán previo in- forme de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mi- nería de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Caleta Olivia y análisis del Tribunal Superior de Justicia”.- Según surge de foja 58 la presente causa habría sido promovida el día 11 de junio de 2018. Ahora bien, atendiendo a la etapa procesal en la que se en- cuentra el proceso (en el que aún no se encuentra trabada la litis) y a los fines de evi- tar un mayor dispendio jurisdiccional, corresponde omitir el informe previo de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, disponiendo que la actual controversia quede defi- nitivamente radicada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, La- boral, Minería y de Familia con asiento en la localidad de Las Heras.- Asimismo, deberá comunicarse mediante oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Pico Truncado lo dispuesto en la presente resolución.-
Por todo lo expuesto y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Establecer que es competente para entender en la demanda por cobro de pesos incoada por “Proyectos Fueguinos S.R.L.” contra la Municipali- dad de las Heras, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia con asiento en la localidad de Las Heras.-
2. Regístrese, notifíquese a la parte y comuníquese la presente resolución mediante oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Pico Truncado.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1005O.191 Tomo: VIII Sentencia: 417 Folio Nº: 1583/1585 Secretaría: 1
Fin de la sentencia