Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-91170964-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución DE PRLA Nro. 4926/2018 del 30 de julio de 2018, apelada en autos.
2Declarar la inaplicabilidad al caso -a raíz de su inconvencionalidad- del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en virtud de los fundamentos desarrollados en los Considerandos que anteceden, en tanto la prescripción no puede quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique de modo fehaciente la resolución aduanera.
3Declarar prescripta la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la destinación de importación temporaria 09-001-IT14-005678R. Con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-70591845-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 21 de Junio de 2023 GENERALES S.A.
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver el EXP-2022-117831040- APN-SGASAD#TFN, caratulado: “PRUDENCIA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que mediante RE-2022-117830551-APN-SGASAD#TFN se presenta, por apoderado, la firma Prudencia Cía Argenitna de Seguros Generales S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA 2018- 004926, recaída en el expediente administrativo n° 12073-788-2010, en cuanto en su art. 1° dispone archivar sin más tramite el presente sumario en los términos de la Instrucción General n° 09/17, en el art. 2° dejar constancia en el Registro de Causas Archivadas y en el art. 3° se formula cargo en concepto de tributos por la suma de USD 3.219,00 y por la suma de $11.735,60 en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Realiza una síntesis de lo acaecido en sede aduanera. En primer lugar plantea la nulidad del procedimiento instruido por el servicio aduanero toda vez que el auto de apertura de sumario no cumple con los requisitos exigidos por el art. 1094 del C.A. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. Entiende que ha operado la prescripción de la acción en cabeza del fisco para perseguir el cobro de los tributos adeudados en razón de que no exisitieron causales suspensivas ni interruptivas conforme a la legislación vigente. En segundo lugar, plantea la nulidad del proceso y de la resolución aquí recurrida por incumplimiento del art. 1101 del C.A. Destaca que la aduana omitió dictar el auto de vista para su defensa que dispone el art 1101 del C.A., y procedió al dictado de la resolución aquí apelada. Señala que se arribó a la resolución objeto de este recurso sin correr vista de las actuaciones para permitir a las partes ejercer su derecho constitucional de defensa, resultando en consecuencia nulo el proceso. En consecuencia, solicita se revoque la resolución apelada y se declare su nulidad, imposición de costas al fisco. Ofrece prueba y efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la resolución apelada. En el OTRO SI DIGO, manifiesta que en relación a la suma de $11.735,60 en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, se aplique la sentencia " CLADD ITA S.A.(TF 22.343-A).
II. Que mediante IF-2023-27239977-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso que le fuera conferido y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Formula una negativa genérica de los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos por la actora en su escrito de demanda. Destaca que el auto de instrucción de sumario es válido y que por principio general no cualquier irregularidad de un acto procesal determia su nulidad. Cita jurisprudencia. Niega que haya operado la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos, por aplicación de lo dispuesto en el art. 805 y concordantes del C. A. Expresa que se allana en forma parcial y exclusivamente en relación a los conceptos de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias incluidos en la liquidación del Cargo y acompaña al efecto la autorización conferida mediante la PV-2023-00099260-AFIP-DEJUDI#SDGTLA. En relación a la cuestión de fondo, manifiesta que se configuró la infracción prevista en el art. 970 del C.A. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas relativas a la causa. Hace reserva del caso federal. Solicita se rechace el recurso intentado y se confirme la resolución aduanera con costas.
III. Que mediante PV-2023-28113588-APN-TFN#MEC, se le corre traslado a la actora del allanamiento parcial efectuado por la demandada, el que no fue contestado.
IV. Que a fs. 1 de las actuaciones administrativas n° 12073-788-2010 se encuentra agregada la orden de intervención por Comprobación de Destino respecto de la Destinación 09 001 IT14 005678R. A fs. 2/39, obran agregados prints de pantallas, Consulta de Datos de Comprobación de Destino y Detalles de Seguimiento de Destinaciones Suspensivas, respectivamente. A fs. 40 se encuentra agregada el acta de visita de la División de Comprobación de Destino a la firma Megaterm S.A. y fs 41/48 se glosa la documentación aportada por el presidente de la firma mencionada. A fs. 50 obra el requerimiento efectuado por el Depto. de Fiiscalización Aduanera Metropolitanaa Div. Comprobación de Destino y a fs. 51/53 el despachante de aduana de la firma Megaterm S.A. solicita prorroga para dar cumplimiento a lo solicitado mediante el requerimiento efectuado. A fs. 55/58, obran agregadas liquidaciones de tributos y multa. A fs. 59 obra el acta de denuncia, por la presunta infracción tipificada en el art. 970 del C.A en relación a la DIT n°09 001 IT14 005678R. A fs. 61/63 mediante Informe N° 13361/2010 (DV CODD), la División de Comprobación detalla las tareas realizadas. Posteriormente se dispone a fs. 67 la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c), del C.A. y se remiten las actuaciones a fin de realizar la liquidación de rigor. A fs. 68 se agrega la planilla de liquidación de tributos y multa. a fs. 71 se remite el expediente administrativo a la División Fiscaliación y Controles Simultáneos a los fines de que informe respecto de la mercaderia amparada en la en la Destiación 09 001 IT14 005678R, valor en aduana, derechos de importación y demás gravámenes. A fs. 72/73, obra agregado el informe requerido y a fs. 75 se practica la liquidación de tributos y multa. A fs. 76 se señala que se procedió a la consulta del Sistema SUMARCHI de donde surge que no existen antecedentes registrables computables, respecto de la firma Megaterm S.A. A fs.78/78 vta. obra la Resolución DE PRLA n° 004926/2018, aquí apelada.
V. Que posteriormente se elevan los autos a esta Sala “F” y quedan en estado de dictar sentencia.
VI. Que corresponde analizar la nulidad opuesta por la actora, en cuanto señala que no fue citada en el sumario administrativo, vulnerando así su derecho de defensa.
Cabe señalar que de la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12073-788-2010, surge que todo el procedimiento administrativo tuvo por finalidad investigar si se había cometido la infracción prevista y penada por el art. 970, del Código Aduanero. Ello en razón de considerar el servicio aduanero el incumplimiento de las obligaciones asumidas como condición al otorgamiento del mentado régimen, en relación a la mercadería importada temporariamente por el importador, al amparo de la Destinación nº 09 001 IT14 005678R. Que el servicio aduanero al dictar la resolución apelada en autos ordenó el archivo de las actuaciones de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General 9/17 (DGA), reclamándole el pago de tributos con relación a la Destinación nº 09 001 IT14 005678R.
Que la mencionada Instrucción General 9/17 (DGA) fue dictada con el objeto de establecer las pautas procedimientales que habilitan a los jueces administrativos a disponer el archivo de las actuaciones sumariales en las que se investiga la presunta comisión de infracciones aduaneras cuyos montos tornen antieconómico instrumentar y continuar las medidas implementadas tendientes a lograr su cobro. Por consiguiente, determinó el archivo de las actuaciones cuando el importe de la multa mínima no alcanzara la suma de Pesos Treinta Mil, ($30.000), ello siempre que el presunto infractor no tuviere registrado antecedentes de casos archivados por el art. 970 del C.A., dentro de los últimos doce meses inmediatos anteriores a la fecha de la presunta infracción. A su vez mediante dicha instrucción se establecieron las areas intervinientes en las que resulta obligatoria la aplicación de la misma, el procedimiento a seguir por las referidas areas y los requisitos que deben cumplirse para hacer efectivo lo dispuesto en la Instrucción, es decir, archivo provisorio de los sumarios.
Que en razón de ello, el servicio aduanero dispuso en la resolución aquí apelada, el archivo de la dencuncia por la presunta infracción en virtud de la liquidación efectuada a fs. 75 del expediente administrativo, que arrojo un monto de Pesos Doce Mil Stecientos Setenta y Cuatro con Cuatro Centavos ($12.774,04), en concepto de multa mínima, ello con fumdamento en que la firma importadora carecia de antecedentes que la inhiba de dicho tratamiento.
Que, en consecuencia, no cabe duda de que la resolución resultó condenatoria para la firma importadora y para la aseguradora, aquí recurrente, ello si se tiene en cuenta que se formuló cargo por los tributos que se consideraron adeudados, e implícitamente se tuvo por configurado el incumplimiento al régimen de importación temporal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 274 del C.A.
Que, a su vez, el servicio adunaero omitió correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción, de las obligaciones tributarias emergentes del DIT en cuestión, limitándose a dictar la resolución que se apela en la causa disponiendo el archivo del sumario en los términos de la Instrucción Gral. 09/17 y la formulación de cargo a la importadora y a la aquí recurrente por los tributos adeudados por el presunto incumplimiento del DIT 09 001 IT14 005678R.
Que, el art. 1101 del CA dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Que conforme surge de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, luego del dictado de la instrucción de sumario de fs. 67 ninguna intervención se le otorgó ni a la firma importadora ni a la aseguradora garante, ya que los actos procesales cumplidos posteriormente, en su totalidad, fueron realizados por el servicio aduanero. Es decir, no existió la oportunidad de acompañar, o en su caso solicitar, el agregado de la documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporal.
Que a mayor adundamiento, la aquí actora recién toma conocimiento del sumario administrativo al notificarse del dictado de la Resolución DE PRLA 2018-004926 apelada en autos, sin que con anterioridad se la citara a tomar vista de los actuados a fin de poder esgrimir las defensas de que pudieran valerse, todo ello, en abierta violación de lo establecido en el art. 1101 del C.A.
Que es menester recordar que la existencia del procedimiento administrativo tiene por finalidad constituir el marco en el cual la recurrente va a poder discutir la legalidad y procedencia de los cargos que pretende realizar la Administración, y es en el marco del mismo donde se pretende garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa, consagrado en el art. 18 de la C.N.
Que, en consecuencia, la demandada no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.), dando vista a la imputada en relación a la infracción endilgada y citando a la aseguradora por resultar, en su caso, garante de la obligación tributaria, a fin de que aporten la documentación que creyeran idónea, importando dicho procedimiento, la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Que por su parte, la L.N.P.A., de aplicación supletoria a los procedimientos que se cumplen ante el servicio aduanero, establece en el art. 7°, inc. d), que antes de la emisión del acto administrativo deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Su incumplimiento vicia el acto y así lo dispone el art. 14 de la citada ley. Que, en consecuencia, no cabe duda que la omisión de correr vista de los actuados, desnaturaliza el procedimiento, y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada.
Que por todo lo expuesto, cabe concluir que la omisión de la corrida de vista del art. 1101 del C.A., en el sumario que diera origen a esta causa, torna nulos todos los actos procesales posteriores a la apertura de sumario, inclusive la Resolución DE PRLA n° 004926/2018, en tanto carece de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse en un siniestro que se tiene por configurado ante la falta de elementos de prueba que acrediten el cumplimiento de la obligación, sin que haya existido la posibilidad para el administrado de demostrar lo contrario. Que resulta necesario destacar, que previo a disponer el archivo de la multa, correspondía que el servicio aduanero determinara en forma fehaciente si se habría configurado la infracción prevista en el art 970 del C.A., que se le imputa a la importadora, que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa, y a los tributos que ahora se pretenden exigir a la aseguradora, en su carácter de garante de la obligación tributaria.
Que, en consecuencia, corresponde declarar que no procede exigencia tributaria alguna, en cuanto la misma sólo nace como consecuencia de un presunto incumplimiento al art. 970 del C.A., que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
Que, en definitiva, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable respecto de todo lo actuado en el sumario que ha tramitado como expte. n° 12073-788-2010, en relación a la aseguradora recurrente, a continuación del auto por el cual se declara la apertura del sumario (fs. 67), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia. La misma declaración de nulidad alcanza a la Resolución DE PRLA n° 004926/2018, en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Por lo tanto, la D.G.A. deberá proceder a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa.
VII. Que, corresponde a continuación tratar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora. No se encuentra contovertido en autos que el vencimiento del DIT operó el 07/11/2012.
Que, conforme lo dispuesto en los arts. 803 y siguientes, el curso de la prescripción tributaria comenzó a correr el 1/1/2013.
Que dicho plazo se encuentra suspendido desde el dictado de apertura de sumario de fecha 26/06/2015, conforme lo dispuesto en el art. 805 inc. a), del C.A., que establece que la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura del sumario en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora.
VIII. Que en igual sentido me adherí en la causa caratulada: “PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”,EX-2022-91170964- -APN-SGASAD#TFN, de fehca 05/05/2023, Vocalía de la 21° Nominación, Sala “G”.
IX. Que por la forma en que se resuelve la presente no corresponde analizar los demás planteos de la actora.
Por ello, voto por:
1. Declarar la nulidad de lo actuado respecto de la actora Prudencia Cía Argenitna de Seguros Generales S.A en el sumario que ha tramitado como expediente n°12073-788-2010 a continuación del auto por el cual se declara la apertura de sumario (fs. 67 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución Resolución DE PRLA n° 004926/2018, aquí apelada.
2. Ordenar a la D.G.A. que proceda a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora.
3. Costas al fisco.
4. Rechazar el planteo de prescripción planteado por la actora, sin costas.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
1. Que adhiero, en lo sustancial, a lo decidido en el Pto. I del voto de la Vocal preopinante, con expresa excepción de lo señalado en el Considerando V -en relación al archivo del trámite de la presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero, dispuesto por el servicio aduanero en los términos de la Instrucción General Nro. 9/2017 (DGA), en tanto no ha sido materia de agravio y lo resuelto en tal sentido por la Administración no causa ningún perjuicio a la firma recurrente; como así también respecto a lo decidido en el Pto. IV de la parte resolutoria, en cuanto rechaza el planteo de prescripción opuesto por la actora.
2. Que, en tal sentido, en cuanto al archivo del trámite de la presunta infracción objeto de autos corresponde recordar que de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 y “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, entre muchos otros, acerca de las potestades y límites jurisdiccionales de la Administración al momento de instruir los procedimientos infraccionales, la DGA carece de facultades para aplicar penas de este tipo, atento la singular naturaleza jurídica de la hipotética sanción debatida en la litis (multa), de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), aunque en el caso se tratara de infracciones y no de delitos, por lo que todo tipo de multa debiera ser impuesta por este Tribunal Fiscal (o, en su caso, por la Justicia Federal).
En consecuencia, toda condena debiera ser fijada por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, resultando dicho efecto compatible con los demás derechos fundamentales, al preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
3. Que, asimismo, cabe destacar que in re “NUTRIBAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expediente Nro. 36.507-A, del 6 de marzo de 2020, el suscripto declaró, en disidencia, la inconstitucionalidad del art. 1112, apartado a), del Código Aduanero, en cuanto faculta a la Dirección General de Aduanas a condenar a los administrados mediante la aplicación de sanciones de naturaleza penal.
No obstante, en dichos pronunciamientos se puntualizó expresamente que el ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia penal por parte de la Administración debía quedar limitado a una labor de investigación sumarial en la faz instructoria, aunque jamás decisoria.
Por último, el carácter eminentemente penal de las multas ha sido recientemente reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 7 de marzo del 2023, en los autos caratulados “Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo”.
En efecto, la referida sanción es de carácter penal pues, “‘si bien puede existir en los casos de multas un interés de tipo fiscal en su percepción, esto no altera su naturaleza principalmente punitiva’, de donde se deriva la aplicabilidad a la materia de los principios del derecho penal, según lo prescribe el art. 4° del Código Penal” (Fallos: 288:356). Cabe añadir que ello es así pues los principios y reglas del derecho penal son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas, siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto aquellos principios y reglas resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales de que se trate, por lo que corresponde estar a las disposiciones de ese cuerpo normativo (arg. de Fallos: 335:1089).
4. Que, en tal orden de ideas, dentro de dichas facultades instructorias, que le acuerda tanto el Decreto Nro. 618/97 como la ley 22.415 y las normas dictadas en consecuencia, se encuentra la de desestimar la denuncia cuando no fuere verosímil, careciere de seriedad o bien cuando los hechos investigados no configuraren una infracción aduanera (confr. art. 1090, inc. b), del C.A.); como así también la de establecer con carácter general los límites para disponer el “archivo” de los casos de fiscalización, determinación de oficio, Iiquidación de deudas en gestión administrativa o judicial, aplicación de sanciones u otros conceptos o procedimientos a cargo del organismo, que en razón de su bajo monto o incobrabilidad no impliquen créditos de cierta, oportuna y económica concreción, en especial cuando esa decisión no causa agravio al particular, como sucede en el sub exámine, ni afecta el control aduanero.
5. Que, en efecto, la Instrucción General 9/2017 (DGA) dispuso que los (mal denominados) jueces administrativos a cargo de las distintas áreas -previa evaluación de cada caso- dispondrán el archivo de las actuaciones que pueda importar la aplicación de sanciones por infracciones aduaneras, cuyos bajos montos tornen antieconómico implementar o continuar medidas tendientes a lograr su cobro con los alcances que se determinan. Y, entre la referidas sanciones, se incluyó expresamente las denuncias por infracción al artículo 970 de la ley 22.41, cuando el importe de la multa mínima no alcanzara la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000), siempre que el presunto infractor no tuviere registrado antecedentes de casos archivados, por el tipo infraccional citado dentro de los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la fecha de la presunta infracción, que en conjunto superen el monto aludido.
6. Que, por lo tanto, toda vez que la presunta infracción sometida a análisis de este Tribunal se cometió en fecha 7/11/2012, cabe colegir que no surge de la litis que la firma recurrente tuviera registrado antecedentes similares al 7 de noviembre de 2011, por lo que la Aduana no podrá proceder al “desarchivo” infraccional de las presentes actuaciones ni utilizar el presente Sumario en otro proceso aduanero donde intervenga la firma recurrente, máxime cuando de la foja 76 de las actuaciones administrativas que tengo a la vista se desprende –sin hesitaciónque al día 15 de junio de 2012 “no existen antecedentes” de sumarios archivados en cabeza de la empresa importadora que la inhiban del tratamiento previsto por la normativa de referencia, por lo que el archivo dispuesto en la causa por la DGA resulta definitivo, no causa agravios ni puede perjudicar en el futuro al particular.
7. Que, por lo demás, no debe olvidarse que al tratarse de un procedimiento por infracciones (Sección XIV, Título II, Capítulo III, del Código Aduanero), resultan aplicables en primer término las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal (hoy Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063), según lo dispone expresamente el inc. 2, del artículo 1.017 de la ley 22.415 y la doctrina de Fallos 332:1109 -voto del Dr. Zaffaroni-, entre muchos otros.
En tales condiciones, la citada normativa de aplicación supletoria ahora contempla el denominado “principio de oportunidad” o de la disponibilidad de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal, que es regulada en los siguientes artículos: el criterio de oportunidad (art. 31), conversión de la acción (art. 33), conciliación (art. 34) y suspensión del proceso a prueba (art. 35), siendo que todos los referidos institutos figuran ahora en el código sustantivo en los artículos 59 inc. 5), 6) y 7) y art. 73 párr. 2º, que se incluyeron con posterioridad a la sanción del catálogo procesal nacional y constituyen un elenco “mínimo” de garantías que corresponde incorporar al procedimiento aduanero sancionador.
Por ende, uno de los criterios de oportunidad que posibilitan la disponibilidad de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal es aquél que hace referencia a la “Insignificancia del hecho”, debiendo interpretarse que se trata de hechos de mínima importancia, que no poseen la entidad suficiente como para poner en peligro ni lesionar el bien jurídico tutelado ni tampoco el interés público, siendo que este principio, con los matices y dentro de los límites propios de la materia aduanera, puede ser aplicado por la Dirección General de Aduanas al momento de instruir casos como el presente, a través de la aplicación de normas reglamentarias que recepten su hermenéutica y siempre que no resulten incompatibles con las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
8. Que, por último, corresponde aclarar que en la especie no resulta de aplicación lo decidido por esta Sala “F” in re “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A.” con fecha 12/2/2020, pues la cuestión resuelta en aquella oportunidad por este Tribunal no resulta un caso “estrictamente análogo” al aquí debatido, ni corresponde una aplicación automática de dicho precedente, pues basta una mera lectura y el cotejo de ambas causas para advertir que se trata de supuestos distintos, en los hechos como así también los sujetos apelantes resultan diferentes.
9. Que, en definitiva, el archivo del Sumario implicó indudablemente una renuncia de la DGA a ejercer la potestad sancionatoria, por lo que ello impide ingresar en el examen de dicho agravio (confr. Sala I Contencioso Administrativo Federal in re “Denso Manufacturing Argentina S.A.”, del 11 de octubre de 2022)
10. Que en virtud de las razones esgrimidas en los Considerandos que anteceden, y compartiendo lo postulado en el voto que antecede en relación a que la omisión en que incurrió el servicio aduanero al no correr la vista de las actuaciones administrativas desnaturaliza el procedimiento previsto por el legislador, y que tal vicio no puede considerarse saneado ulteriormente con la notificación de la resolución apelada-. resulta ajustado a derecho declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución DE PRLA Nro. 4926/2018 de fecha 30 de julio de 2018, apelada en autos.
11. Que, sentado ello, corresponde tratar el agravio formulado por la firma actora, en donde peticiona expresamente la prescripción de la acción fiscal para percibir los tributos reclamados en autos. Bajo tales premisas, y teniendo en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, considero que las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del Código Aduanero, deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del Dr. Garbarino-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
12. Que ante dicho postulado, y de acuerdo a lo que surge de las actuaciones administrativas, se desprende -de un modo integral y razonable- que la firma actora recién tomó fehaciente conocimiento de la Resolución DE PRLA n° 4926/18 apelada en autos casi 4 (cuatro) años y 3 (tres) meses despues de su dictado –la misma fue suscripta en fecha 30 de julio de 2018 y recién se notificó de modo expreso el día 20 de octubre de 2022 (confr. fs. 80 de las act. adm.), por lo que cabe colegir que el procedimiento de marras ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso aduanero, con franca violación del derecho constitucional de la actora a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (artículos 18, Constitución Nacional, y 8°, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Fallos: 329:445; 330:1369; 332:1492 y sus citas).
13. Que, en tal sentido, merece señalarse que no se obstaculiza ni entorpece la labor recaudatoria cuando se exige que ésta sea desarrollada de modo tal que permita al contribuyente ejercer adecuadamente su defensa. En síntesis, el derecho de defensa, consagrado constitucionalmente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y Tratados internacionales, tiene un criterio amplio de aplicación tanto en el marco jurisprudencial como en doctrina, y se traduce en dos facetas: la facetas, cuyas expresiones son, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, y el derecho a obtener una resolución legítima y fundada. Ello así, el derecho a ser oído contiene circunstancias tales como la publicidad del procedimiento, la posibilidad de que el administrado conozca fehacientemente las actuaciones administrativas, y la pertinente posibilidad de expresar los motivos de sus cuestionamientos antes o después de la emisión del acto administrativo.
14. Que a lo expuesto, también deberá considerarse que no se trata de la revisión de cualquier acto de gobierno, sino nada menos que de la percepción de los tributos por parte del Fisco, disciplina que, con la Carta Magna, está vinculada a los remotos orígenes del constitucionalismo y que ha sido objeto de discusiones —y de las más reñidas— en diversas asambleas constituyentes, como así también, en materia específicamente aduanera, desde el inicio de nuestra historia ha dado lugar a las luchas más sangrientas, las que han tenido lugar principalmente en relación a la potestad para fijar de los derechos de aduana, siendo que la resolución de dichos conflictos constituyó la condición inexcusable para concluir en la unión e integridad nacional.
Además, y conforme la doctrina sostenida por el Alto Tribunal a partir del referido caso “Losicer”, el carácter administrativo de un procedimiento sumarial -extremo que cabe extender al carácter jurisdiccional-judicial del procedimiento de marras- no puede erigirse en un óbice para la aplicación del principio reseñado, pues en el estado de derecho la vigencia de las garantías enunciadas por el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos no se encuentra limitada al Poder Judicial -en el ejercicio eminente de tal función- sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales, máxime cuando las mismas resultan, además, sustantiva o materialmente judiciales, como sucede en el caso de este Tribunal Fiscal.
Por lo tanto, cabe concluir que la irrazonable dilación de un procedimiento, ya sea judicial, jurisdiccional o administrativo, resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el artículo 18 de la Constitución Nacional y por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por ende, el "plazo razonable" de duración del proceso al que se alude en el inciso 1, del art. 8, del plexo convencional constituye, entonces, una garantía exigible en toda clase de procesos, por lo que no corresponde circunscribirla exclusivamente a la materia penal, sino que su plena aplicación debe extenderse a las extra penales (civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro carácter -como la aduanera-), de acuerdo a lo establecido expresamente en la valiosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 31/1/01, caso del “Tribunal Constitucional del Perú -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-”, considerandos 66 y ss., en especial considerandos 69”.
Asimismo, nuestra Corte Suprema en el señalado precedente “Losicer” ha encomendado a los jueces la casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión. Para ello, ante la ausencia de pautas temporales indicativas de esta duración razonable, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos –cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (Fallos: 318:514; 323:4130, entre otros), constituyendo una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos" (confr. CSJN, caso "Simón", sentencia de 17 de junio de 2005, Considerando 17)- como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -al expedirse sobre el punto 6.1 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que contiene una previsión similar han expuesto en diversos pronunciamientos ciertas pautas para su determinación y que pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (casos "Genie Lacayo vs. Nicaragua”, fallada el 29 de enero de 1997, párrafo 77 y "López Alvarez v. Honduras”, fallado el 1° de febrero de 2006; "Konig”, fallado el 10 de marzo de 1980 y publicado en el Boletín de Jurisprudencia Constitucional 1959- 1983 en Madrid por las Cortes Generales).
Con todo, los supuestos indicados en el párrafo anterior no excluyen otros, que deberán ser adecuadamente considerados por los jueces competentes.
15. Que, por su parte, es necesario señalar que las particulares circunstancias del caso, en el que se ha verificado un cabal menoscabo a lo dispuesto en los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8°, inc. 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a la irrazonable duración del procedimiento aduanero bajo análisis de este Tribunal, ponen de manifiesto, conforme fuera supra referenciado, la imperiosa necesidad de contar con una ley nacional que regule esta trascendente materia.
En efecto, resulta indispensable que el legislador establezca, con alcance general, pautas uniformes que permitan hacer efectivo el derecho en cuestión y que aseguren la previsibilidad en su ejercicio, de modo tal de reducir posibles arbitrariedades por parte de quienes se encuentran obligados a tramitar expedientes administrativos como el de marras.
En este contexto, es indudable que para "garantizar en forma efectiva el derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas”, el Estado debe dictar urgentemente una ley que, salvaguardando los estándares internacionales en la materia y la vigencia de los principios enunciados por la corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes descriptos en los Considerandos que anteceden, regule de manera exhaustiva el modo en que las autoridades públicas deben satisfacer este derecho.
16. Que, no obstante, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415.
En tal sentido, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
Por ello, la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del Código Aduanero, sólo debiera operar hasta el quinta día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
Bajo los parámetros expuestos, cabe colegir que no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma ni razón alguna que autorice al Fisco a notificar de modo fehaciente una resolución administrativa casi 11 meses después de su dictado y volver a intimar los tributos generados en la especie más de 4 años después, en tanto dicho proceder resulta manifiestamente irracional y no puede ser cubierto con ningún argumento formal, pues el principio republicano (art. 1 de la Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos de gobierno.
17. Que, en consecuencia, la redacción del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto no fija plazo alguno a la DGA para notificar las resoluciones que determinan obligaciones en cabeza de los administrados, y autoriza a que el término prescriptivo quede suspendido sine die hasta tanto se proceda a notificar la resolución aduanera, se encuentra en absoluta colisión y no guarda consonancia axiológica ni con la Convención Americana de Derechos Humanos ni con la Constitución Nacional, debiendo tenerse presente que este Tribunal Fiscal de la Nación, atento ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, goza de plenas facultades para declarar la inconvencionalidad de las leyes, conforme fuera sostenido por esta Sala al sentenciar con fecha 19/8/2015 en la causa N° 22.844-A, caratulada “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A. s/ apelación” y su acumulado, el expediente N° 27.973-A, caratulada “Pioneer Argentina S.R.L. c/ D.G.A. s/ apelación”, que tramitara por ante la Vocalía de la 17a Nominación, siendo que dicho criterio no ha sido modificado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al decidir dicha litis en fecha 22 de diciembre de 2016 (Causa Nro. 6.565/2016).
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que “cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles -condición que indudablemente reviste este Tribunal Fiscal- están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (confr. casos “Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, del 26 de noviembre de 2010, párrafo 225 y “Gelman vs. Uruguay”, del 24 de febrero de 2011, párrafo 193; entre otros).
Siendo ello así, si el intérprete u operador nacional -que en el caso sería este Tribunal Fiscal en tanto es un órgano absolutamente vinculado a la administración de justicia- debe, por imperio de la jurisprudencia supra citada, ejercer siempre el control de convencionalidad.
18. Que, por las razones expuestas, no cabe duda que este Tribunal Fiscal debe realizar el control de convencionalidad de las normas de contenido tributario interno (tanto aduaneras como impositivas) que se encuentren en contradicción tanto con el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Si bien la mayoría de la rígida doctrina y jurisprudencia nacional entienden que tanto el artículo 185 de la ley 11.683 como el artículo 1164 del Código Aduanero le impedirían al Tribunal Fiscal ejercitar el control de constitucionalidad, y sin perjuicio que la última norma precisamente ha sido declarada inconstitucional por el suscripto autor a partir del precedente caratulado “Cargill S.A.” del día 2 de noviembre de 2012, entre muchos otros por considerar que dicha restricción resultaba violatoria del artículo 18 de la Constitución Nacional y de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts.
XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), lo cierto es que no existe previsión similar respecto del control de convencionalidad; siendo que tanto la Ley de Procedimiento Tributario como el Código Aduanero han sido modificados por la ley 27.430 (B.O. 29/12/2017), por lo que, de haberse considerado apropiado -máxime la existencia de numerosos fallos por parte de la Sala “F” donde siguiendo el particular criterio del suscripto se habilita al TFN a realizar dicho control-, no cabe duda que el legislador hubiera incorporado una prohibición similar, y no lo hizo; por lo que cabe concluir que no existe en nuestro ordenamiento legal norma alguna que impida al Tribunal Fiscal de la Nación ejercer el control negativo de convencionalidad.
Todo ello sin perjuicio de la doctrina legal establecida por el Acuerdo Plenario de la competencia aduanera de este Tribunal con fecha 26/4/2022 in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.”, en relación a la imposibilidad de esta magistratura de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, la que no puede ser extendida, sin más, a la declaración de inconvencionalidad de las normas internas -en el caso, de raigambre aduanera- que se encuentren en expresa colisión con el citado orden jurídico convencional.
En efecto, y a expresa diferencia de lo que ocurre en relación al “control de constitucionalidad”, no subsiste restricción normativa ni Plenaria en el ejercicio de dicho control de convencionalidad por parte del Tribunal Fiscal de la Nación, en tanto es regla incólume e inveterada en nuestro orden legal que aquellas conductas que no se encuentran expresamente prohibidas, están jurídicamente permitidas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa “Myrna Mack Chang vs. Guatemala”, del 25 de noviembre de 2003, se pronunció expresamente por la admisibilidad del examen de convencionalidad entre las normas del Pacto de San José de Costa Rica y otras convenciones internacionales a las que nuestro país es parte, con disposiciones del derecho interno.
Asimismo, la regla interpretativa sostenidamente formulada por la referida Corte Internacional a partir del “Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú.” (del 24 de noviembre de 2006) obliga a los órganos judiciales de los países que la ratificaron a ejercer dicho examen, aún de oficio (confr.: “La Cantuta vs. Perú.” Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 173; “Boyce y otros vs. Barbados.” Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 79; “Heliodoro Portugal vs. Panamá.” Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 180; “Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos.” Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339; “Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia.” Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 208, nota 307; “Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay.” Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 311; “Fernández Ortega y Otros vs. México.” Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 234; “Rosendo Cantú y Otra vs. México.” Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 219; “Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia.” Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1º de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 202; “Vélez Loor vs. Panamá.” Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 287; “Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil.” Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 106; entre otros).
En conclusión, con base en el control de convencionalidad, es necesario que las interpretaciones judiciales y administrativas y las garantías judiciales se apliquen adecuándose a los principios establecidos por la CIDH (Casos “Atala Riffo y Niñas Vs. Chile”, sentencia del 24 de febrero de 2012 y “Fontevecchia y D´Amico v. Argentina”, sentencia del 29 de noviembre de 2011).
Por su parte, en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/Ejército Argentino s/daños y perjuicios”, del 27 de noviembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que tras la reforma constitucional de 1994 deben tenerse en cuenta las directivas que surgen del Derecho internacional de los Derechos Humanos, señalando que “La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango”. Con referencia a la interpretación auténtica y sus efectos en las jurisdicciones nacionales y locales se dijo que “…la interpretación de la CADH debe guiarse por la Jurisprudencia de la Corte IDH, que importa una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos”.
19. Que, sin perjuicio de ello, en la actualidad corresponde tener en consideración que con fecha 26 de febrero de 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”, por lo que el control de convencionalidad por parte del Tribunal Fiscal de la Nación sólo procede realizarlo ante peticiones de personas de existencia visible, conforme lo señalara el autor al votar la causa de la Sala “F” que tramitara bajo el Nro. 31.241-A, correspondiente a la carátula “Chubb Argentina de Seguros S.A.”, haciendo lo propio al votar la causa Nro. 36.950-A caratulada “ABB S.A.” de la misma Sala aduanera, entre otras.
En tal sentido, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; máxime cuando la OC en cuestión ha sido firmada por los actuales integrantes de dicha Corte Internacional, por lo que correspondería que el Tribunal Fiscal aplique dicha doctrina en el pleno ejercicio de su competencia recursiva.
Todo ello, sin perjuicio de la opinión personal del autor, en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
20. Que, no obstante lo expuesto, la última jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia pareciera ir en sentido contrario, al sostener la existencia de un margen de apreciación a favor de las autoridades nacionales –legislativas y jurisdiccionales– respecto de la interpretación y aplicación del derecho internacional, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del máximo Tribunal argentino, en tanto no es una cuarta instancia superior a la CSJN, ya que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos funciona de manera coadyuvante.
En tal sentido, al resolver el caso “Fontevecchia”, del 14 de febrero de 2017, nuestro Tribunal Cimero sostuvo enfáticamente que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es “… una instancia ‘revisora’ o ‘casatoria’ de decisiones jurisdiccionales estatales, categoría que excede el carácter coadyuvante y complementario de la jurisdicción internacional, atributos que se desprenden del Preámbulo de la CADH (conf. arg. Corte IDH, caso ‘Perozo y otros v. Venezuela’, sentencia de 28 de enero de 2009, párrafo. 64; Corte IDH, caso ‘Genie Lacayo’, sentencia del 29 de enero de 1997, párrafo 94)”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó que “la situación de la que fue objeto la resolución de supervisión de cumplimiento de 18 de octubre de 2017 (confr. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 19 de octubre de 2017, dictada en la etapa de supervisión de cumplimiento de la referida sentencia), es decir la resolución precedente del 14 de febrero de 2017 en la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que no podía revocar su sentencia del 25 de septiembre de 2001, habría sido superada, y que la sentencia de condena civil carece en la actualidad de efectos jurídicos, en los términos del punto dispositivo de la Sentencia” de la Corte Interamericana”; añadiendo que la referida decisión de nuestro más Alto Tribunal contenía “un análisis aislado y contradictorio de la práctica de Argentina en relación con el cumplimiento de las sentencias de la […] Corte [Interamericana]” y que esa “posición del […] Estado ya habría sido rectificada con la [nueva] resolución […] emitida por la Corte Suprema de Justicia” (Se refiere al decisorio emitido en dicha litis por la CSJN con fecha 5 de diciembre de 2017, donde el Alto Tribunal destaca que “ha dado cumplimiento total a la referida medida de reparación).
21. Que la denominada “doctrina del margen de apreciación nacional encuentra su origen como criterio hermenéutico instaurado por los organismos del sistema europeo, a fin de interpretar y aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos (...) esta doctrina puede ser entendida como un espacio de discrecionalidad que cuentan los Estados partes, para fijar el contenido y alcance de los derechos del Convenio Europeo, tomando en consideración determinadas circunstancias jurídicas, sociales y culturales” (López Alfonsín, Marcelo Alberto, “La doctrina del margen de apreciación nacional”, en Revista de Derecho Público, 2017-1, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2017, p. 126).
Por ello, dicha doctrina corresponde entenderse en términos básicos como la posibilidad de que los Estados puedan interpretar las normas convencionales de acuerdo a sus propias particularidades nacionales, debiendo tenerse en cuenta, necesariamente, la jerarquía dada por cada Estado a los instrumentos internacionales y el sistema de control de constitucionalidad adoptado por éstos. De este modo, al dirimirse controversias en el ámbito de la jurisdicción federal, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, existe un margen de apreciación judicial para interpretaciones que compatibilicen el alcance de las normas federales, nacionales y locales con las normas constitucionales y convencionales de máxima jerarquía (confr. Leandro Abel Martinez y Emilio Rosatti: “Ensayo sobre el margen de apreciación nacional y la jerarquía de las fuentes en el sistema constitucional argentino”, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Año 17, Nro. 1, Noviembre de 2019, págs. 135-150). En el mismo sentido, se ha sostenido que “otro desafío en el ejercicio del control de convencionalidad por parte de los tribunales internos se ciñe a la llamada doctrina del “margen de apreciación” que distingue entre un núcleo duro o esencial común para todos y otro más flexible y maleable, que admitiría ciertas modalidades secundarias de extensión y de aplicación, atendiendo las limitaciones, posibilidades y peculiaridades de cada país; su idiosincrasia y experiencias; preguntándose si la doctrina de la Corte IDH debe ser efectivizada por los jueces de todos los Estados que han aceptado la competencia de la Corte de una forma inalterable o pueden éstos adecuarla a su ordenamiento jurídico interno en virtud de la noción del margen de apreciación (Amaya, Jorge Alejandro, “Perspectivas y prospectivas del control de constitucionalidad y convencionalidad”, en www.derechoydebate.com).
En virtud de ello, es dable predicar que el denominado “margen de apreciación nacional” en cabeza de las autoridades locales en relación al alcance de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también opera, y con mayor razón, respecto de sus Opiniones Consultivas, máxime ante las particulares circunstancias de la litis, por lo que el ejercicio de dicha atribución corresponde aplicarla, sin hesitación, a los fines de resolver la situación jurídica sometida a examen de este Tribunal; por cuanto la interpretación judicial debe establecer la visión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática, razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos: 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118).
22. Que, por lo demás, cabe destacar que en el orden tributario jurisdiccional-judicial local, de las siete Salas que componen el Tribunal Fiscal de la Nación, solamente la Sala “F” realiza el referido control de convencionalidad, a partir de los precedentes caratulados “La Equitativa del Plata S.A.”, del 6 de marzo de 2015, y “Zurich Argentina Cía. Argentina de Seguros S.A.”, de fecha 1/2/16 -entre muchos otros-, siguiendo la doctrina emanada de los votos preopinantes del suscripto (por cuanto los expedientes tramitaban por ante la Vocalía de la 16° Nominación, a su cargo), en los cuales se declarara la inconvencionalidad de la aplicación efectuada por la DGA al inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto resultaba violatoria del “plazo razonable” de tramitación de los procesos aduaneros, que es una norma convencional.
Y si bien la primera de las sentencias supra referenciadas fue revocada parcialmente por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en fecha 30 de agosto de 2016, merece señalarse que en ningún momento la Alzada cuestionó las facultades del Tribunal Fiscal para ejercitar el control de convencionalidad, sino que se limitó a discrepar con la interpretación realizada en sede jurisdiccional en cuanto al cómputo del plazo prescriptivo.
23. Que, en este orden de ideas, corresponde dejar sentado que este Tribunal Fiscal ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal, las mismas devienen sustantiva o materialmente judiciales (por ello es correcto denominarlas funciones jurisdiccionales-judiciales), en tanto es un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa , y resulta ser el único Tribunal del país especializado en la materia aduanera, por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades -por ejemplo, para la declaración deinconvencionalidad de las leyes, pudiendo aplicar, al igual que los Poderes Judiciales de la Nación, CABA y provinciales, la doctrina del “margen de apreciación nacional” a los fines de prescindir de una Opinión Consultiva de la CIDH cuando no conduce a una recta y fiel realización del incólume ideal de justicia, pues resulta propio de tales situaciones la obligación de los jueces de ponderar con mayor rigor la aplicación de los principios jurídicos pertinentes, a fin de no incurrir, con daño para la consecución de dicho ideal, en una aplicación sólo mecánica de esos propios principios (confr. doctrina de Fallos 238:550 y sus citas), evitando reducir las normas jurídicas a una forma meramente abstracta, carente de contenido sustancial- que las que ostentan por definición los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia; máxime cuando inveterada jurisprudencia en la materia ha resaltado que los requisitos relativos a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, “se exhibe plenamente satisfecha por la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación” (v. CNACAF., Sala I in re: “Colfax S.A. c/Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ medida cautelar (autónoma), sentencia del 12 de mayo de 2000 y Sala IV, “Telesud S.A.”, sentencia del 18 de abril 1985).
Por su parte, y al igual que la US Tax Court -que es el principal Tribunal (además del antiguo Tribunal Fiscal de la Federación Mexicana creado en 1937, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa en dicho país) que sirvió de precedente para la creación de este TFN-, “ejercita una porción del poder judicial con exclusión de cualquier otra función y de modo similar al ejercicio de los tribunales federales, con independencia de los poderes legislativo y ejecutivo” (Confr. United States Supreme Court in re “Freytag, et al, Petitioners v. Commissioner of Internal Revenue”, 501 U.S. 868, del 27 de junio de 1991); siendo que no existe en nuestro ordenamiento legal norma alguna que impida a este Tribunal ejercer en plenitud el control negativo de convencionalidad.
24. Que, por último, y sin perjuicio del modo en que se decide la excepción bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, el cual ha insumido más de 12 años.
Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar al planteo expresamente formulado por la empresa recurrente en tal sentido, con expresa imposición de costas; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala in re “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expediente EX-2019-112544550- -APN-SGASAD#TFN, del 3 de febrero de 2022, voto del Dr. Pablo Garbarino).
25. Que, bajo los parámetros expuestos, la forma en que propicio que se resuelva es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
Que, conforme lo expuesto en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución DE PRLA Nro. 4926/2018 del 30 de julio de 2018, apelada en autos.
2. Declarar la inaplicabilidad al caso -a raíz de su inconvencionalidad- del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en virtud de los fundamentos desarrollados en los Considerandos que anteceden, en tanto la prescripción no puede quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique de modo fehaciente la resolución aduanera.
3. Declarar prescripta la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la destinación de importación temporaria 09-001-IT14-005678R. Con costas a la DGA.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que, en sin perjuicio de adherirme in totum a los postulados expuestos por mi colega propinante en tanto recepta como mecanismo para la resolución del casus, el hecho jurígeno extintivo que, en casos análogos, esta Sala ha venido aplicando apelando para ello al bloque de garantías convencionales, en su misión de garantizar la tutela efectiva de los derechos del ciudadano, estimo pertinente realizar algunas consideraciones.-
1. En primer lugar, ratifico con efusividad lo bien destacado por el Dr. Garbarino: no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma ni razón alguna que autorice al Fisco a notificar una resolución administrativa más de 4 años y 4 meses después de su dictado, en tanto dicho proceder resulta manifiestamente irracional y no puede ser cubierto con ningún argumento formal, pues el principio republicano (art. 1 de la Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos de gobierno.
2. En segundo, y respecto a lo que interpreta el Dr. Garabrino sobre lo resuelto con fecha 26 de febrero de 2016 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, estimo menester aclarar que, para quien suscribe, si bien el control de convencionalidad por parte del Tribunal Fiscal de la Nación procede realizarlo ante peticiones de personas de existencia visible en defensa de sus derechos, no puede perderse de vista que éstos, indudablemente, pueden verse afectados por acción u omisión del Estado más allá del ropaje jurídico que enmarque a sus intereses.
Es claro que la limitación aludida no puede ser concebida restrictivamente al extremo de prescindir que las personas jurídicas contienen intereses de personas humanas y si éstos son - por acción u omisión – avasallados por un órgano del Estado, están habilitados para hacer valer irrestrictamente su pretensión de justicia ante el sistema interamericano.
3. En tercer, y respecto al instituto del “plazo razonable”, considero oportuno adunar al voto del Dr. Garbarino, lo recientemente resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa caratulada “Nuñez, Oscar Alejandro s/ falso testimonio” FRO 83000002/2006/TO1/3/RH2, en la sentencia de fecha 20/04/2023, adonde haciendo propios los fundamentos y conclusiones expresados en el Dictamen del Sr Procurador General de la Nación resuelve aplicar la doctrina del plazo razonable.
El Sr. Procurador Fiscal, en el Considerando V de su dictamen sostuvo que “…la propia naturaleza del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas impide determinar con precisión a partir de qué momento comenzaría a lesionarse, pues depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso y no puede, por ello, traducirse en un número de días, meses o años(conf., entre otros, considerando 8° del voto en disidencia de los juecesFayt y Bossert en “Kipperband” -Fallos: 322:360- y dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en “Acerbo” -Fallos: 330:3640-)…”“Así con apoyo en los citados precedentes del Tribunal, en los que sostuvo que el concepto de plazo razonable al que se hace referencia en el artículo 8º, inciso 1º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe medirse con relación a una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso”.“En ese sentido, y como la ha desarrollado V.E. en su jurisprudencia en esta materia, el derecho en cuestión es independiente de los plazos generales que el legislador ordinario impone teniendo en mira clases de casos -como los términos de prescripción de la acción penal-. El plazo razonable que garantizan la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos ha de ser determinado judicialmente en cada litigio, tomando en consideración los rasgos particulares del caso concreto; y sea cual fuere el lapso que de ese modo se declare, su cumplimiento determinará la extinción de la pretensión punitiva a pesar de que los términos de prescripción dispuestos en la ley ordinaria indiquen lo contrario (cf., Fallos: 3 38:1538, punto IV del dictamen de la Procuración General de la Nación a cuyos fundamentos hizo remisión la sentencia del Tribunal, y sus citas)”
Que bajo los mencionados parámetros resulta determinante –en el sentido adherente a la propuesta del Dr. Garbarino- el resaltar que, en el presente caso el servicio aduanero demoró aproximadamente diez años en sustanciar un proceso infraccional y más de 4 años y 3 meses en notificar la resolución apelada, siendo que el proceso de notificación no puede ser considerado como un acto complejo en los términos de lo señalado por el Sr. Procurador General. Más aun siendo que la referida notificación fue cursada mediante el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA) implementada a fin de dotar de mayor celeridad y eficacia a las notificaciones electrónicas cursadas a los operadores del comercio exterior y demás usuarios del servicio aduanero, conforme surge de los Considerandos de la Resolución General 4966/2021 (B.O 16/04/2021). Por consiguiente, cabe concluir que es justo e imperativo inaplicar la norma que contiene un efecto suspensivo como el previsto en el art.805 inc. a) del CA pues, las consecuencias que se derivarían de adoptar otro temperamento –en razón del excesivo plazo que insumió la simple notificación de la resolución en crisis- son repulsivas a toda concepción de derecho que pudiere sostener un operador jurisdiccional.
Por ello, la inaplicación de la norma en el caso concreto conlleva el efecto extintivo de la acción del Fisco para exigir tributos en tanto se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, y siendo ello así corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas 4) Por último, para reforzar la tesis que hace a la custodia irrestricta que esta Sala realiza respecto del bloque de garantías convencionales, estimo pertinente señalar que, a esta altura, lo cierto es que lo que aquí se discute, teniendo en consideración las diferentes doctrinarias que existen sobre la naturaleza jurídica y el alcance de las facultades jurisdiccionales de esta magistratura tributaria, debiera tamizarse en plena conformidad con lo que he señalado al votar en el Fallo Plenario del 26/04/22, a la luz de un sistema jurisdiccional, en lo que hace al reconocimiento del bloque convencional, donde coexista un tribunal de naturaleza similar a la de este Tribunal Fiscal de la Nación, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México.
En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos en el fallo de Contradicción de Tesis 259/211 en el fallo 1ª./J.1822 (10a) ante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, del seis de junio de 2011, en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php), ha sostenido que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internaciones en materia de derechos humanos Para así decidir, el referido Tribunal Supremo tuvo en cuenta de que a partir de la reforma que otorga jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, resulte irrelevante clasificar si la pretensión jurídica llevada a los órganos jurisdiccionales se funda en argumentos de constitucionalidad o no, pues con base a la reforma, los Jueces de ese país, al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Ello así, la Corte mexicana fue contundente al entender que el control de convencionalidad en tanto están facultadas para inaplicar una norma que devenga lesiva al derecho del administrado, se ejerce por los órganos jurisdiccionales federales (Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de procesos federales y Tribunales Administrativos) así como los órganos jurisdiccionales locales (judiciales, administrativos y electorales) conforme los Arts 1°, 104, 116 y 133 de la Constitución Mexicana, concluyendo que “este medio de control significa que los órganos jurisdiccionales ordinarios al resolver los asuntos sometidos a su competencia deben hacerlo respetando los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, interpretando y analizando las disposiciones en materia de derechos humanos a la par, o incluso, prefiriéndolos sobre el derecho interno, pues por mandato constitucional, en todo caso debe optarse por el ordenamiento que más favorezca a la persona” (Poder Judicial de la Federación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo Tomo 1, Diciembre 2012, México 2012).
5. Por lo expuesto, y bajo los parámetros esbozados, ponderando las normas en juego en razón de los principios y valores que gobiernan el decir derecho –y así evitar la injusticia extrema-, comparto que en el caso, corresponde declarar la inaplicabilidad al caso – en virtud de su inconvencionalidad – del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero (confr. art. 1165 del C.A.), en virtud de los fundamentos desarrollados por el Dr. Garbarino en los Considerandos que componen su voto, en tanto el plazo prescriptivo –en razón del efecto suspensivo previsto en la norma-, por causas imputables exclusivamente al Estado –que demoró casi un lustro en notificar la resolución recurrida-, devino irrazonable y, consecuentemente, hacer lugar al planteo de prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de tributos formulado por la actora, en relación a la Destinación de Importación Temporal DIT 09 001 IT14 005678R, con costas a la DGA.
Por ello, me adhiero al voto del Dr. Garbarino.
Así lo voto.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución DE PRLA Nro. 4926/2018 del 30 de julio de 2018, apelada en autos.
2. Declarar la inaplicabilidad al caso -a raíz de su inconvencionalidad- del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en virtud de los fundamentos desarrollados en los Considerandos que anteceden, en tanto la prescripción no puede quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique de modo fehaciente la resolución aduanera.
3. Declarar prescripta la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la destinación de importación temporaria 09-001-IT14-005678R. Con costas a la DGA.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, archívese mediante su remisión a guarda temporal.
Date: 2023.06.15 22:11:20 -03:00 Date: 2023.06.21 10:06:07 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.21 10:58:31 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.21 10:58:32 -03:00
Fin de la sentencia