Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 36.810-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDejar sin efecto el reclamo tributario de la Resolución DE PRLA 6199/2015 contra la actora dictada en la actuación SIGEA 12197-6758-2009, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-32203734-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 30 de Marzo de 2026 SA TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales titulares de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Horacio Joaquín segura (Vocal Subrogante), con la presidencia del vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “PRUDENCIA CÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expte. 36.810-A;
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. A fs. 9/25 la firma recurrente, mediante letrado apoderado, interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 6199/2015, dictada en la actuación SIGEA 12197-6758-2009, en cuanto condena a la firma importadora PROTECSA SA por la supuesta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero (en adelante “CA”), al pago de multa y de tributos, éstos últimos, conjuntamente con PRUDENCIA CÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA, con más los intereses del art. 794 del CA. En primer lugar, deja aclarado que en el caso de que no se le haga lugar a su pretensión y se la intime al pago de alguna suma, ésta deberá estar limitada a la suma efectivamente afianzada mediante la garantía afectada al caso –póliza 151277 por la suma de u$s 57.052,02-.
Hace una breve reseña de los hechos y de los argumentos que surge de la resolución aquí apelada. Plantea la nulidad del auto de instrucción del sumario, toda vez que el mismo no reunió los requisitos previstos en el art. 1094 del CA. Además, agrega que no le fue debidamente notificado a su mandante y, para ello, cita doctrina y jurisprudencia que hacen a su defensa. Entiende que al estar erróneo el proceder del servicio aduanero en su actuar, no se causó el efecto pretendido con el dictado del auto de apertura de sumario y solicita la prescripción de la acción del fisco para reclamar tributos. Manifiesta la improcedencia de la liquidación en dólares de los tributos aduaneros y del reclamo de IVA adicional y de impuestos a las ganancias.
Hace reserva del caso federal y ofrece prueba. Solicita que se deje sin efecto el reclamo tributario, se decrete la nulidad del auto de apertura y de los demás actos procesales que lo continúan, como así también la prescripción de las respectivas acciones penales y tributarias. En subsidio, plantea la improcedencia de la liquidación en dólares de los tributos aduaneros. Manifiesta que la formulación de tributos en dólares no se encuentra respaldada en la legislación vigente, toda vez que la ley 23.905 que estableció la liquidación de tributos en moneda extranjera y a la cual se refiere la Res General AGIP 3271/2012, fue derogada por la ley 23.928, ratificándose su improcedencia por la ley 25.561.
Asimismo, cuestiona la determinación tributaria, por contener conceptos no asegurados como el derecho adicional y las percepciones de IVA y ganancias. Hace reserva del caso federal. Ofrece prueba. Solicita que se haga lugar al recurso y se deje sin efecto el reclamo tributario.
II. Corrido el pertinente traslado, previo emplazamiento, la representación fiscal lo contesta a fs. 38/47. Luego de la negativa genérica de rigor, se contesta el agravio relacionado al planteo de la nulidad del auto de instrucción del sumario, manifestando que tal solicitud pretendida por la actora no corresponde. Cita doctrina y jurisprudencia. Cita los arts. 803 y 804 del CA a los fines de argumentar que no se encuentra producida la prescripción, habiéndose dictado la resolución aduanera en plazo. Manifiesta que el servicio aduanero liquidó los tributos como correspondientes a la importación para consumo de la mercadería en cuestión y por ende la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. Respecto al agravio de la actora de la improcedencia de la percepción del impuesto a las ganancias e IVA, manifiesta que su mandante en ningún momento definió el hecho generador de la obligación tributaria, imponiendo a la recurrente un impuesto que no esté contemplado previamente por una ley, dictada según los procedimientos establecidos en la Constitución Nacional para la sanción de las mismas. Manifiesta que, mediante la garantía, la firma importadora asegura la importación temporaria, previéndose el exceso que pudiere resultar por aplicación del art. 1122 del CA, quedando constituido el garante en mora de pleno derecho por el vencimiento del plazo, sin necesidad de ninguna otra intimación judicial o extrajudicial, considerándose los plazos perentorios. Justica la validez de la liquidación en dólares estadounidenses conforme lo dispone la ley 23.905. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. La actuación SIGEA 12197-6758-2009 se inician con el acta denuncia 1680/09 de fecha 10.11.09 por la presunta infracción del art. 970 del CA, respecto de la mercadería importada en forma temporaria por la firma PROTECSA SA mediante la destinación 04001IT14001380V. Se agregan print de pantalla de “una consulta detallada” y “consulta de ítem”. A fs. 9/12 se determina el valor en aduana. A fs. 14 se realiza la consulta al sistema Atenea, el cual arroja que la imputada se encuentra en proceso de concurso preventivo. Se agregan print de pantalla de la consulta general y de la consulta de una garantía global o unitaria. A fs. 18 se determina la base de tributos y multa. A fs. 19 con fecha 13.10.10 se dispone la instrucción de sumario y se corre vista. Se agrega el alcance 12197-6758-2009/1. Mediante nota 582/10 de fecha 07.10.10 se remiten los presentes en los términos de la Instrucción 01/01 (DEPLA) con el fin de que en el caso de considerarlo procedente se confeccione el certificado provisorio de deuda en los autos del concurso. A fs. 22/30 se determina la base de tributos y multa. Obran las impresiones de: a fs. 31ref/34ref de la consulta de juicios, a fs. 40 AFIP – Sistema Registral –reflejo de datos registrados-, a fs. 41 consulta de edictos y a fs. 42/43 consulta de juicios. A fs. 44 se determina la base de tributos y multa y a fs. 45 se dicta la providencia de fecha 20.08.15 que rectifica la vista de fecha 13.10.10, la que le es notificada a las partes con fecha 02.09.15 a la aseguradora (fs. 51) y mediante edictos a la imputada. A fs. 54 se declara la rebeldía de PROTECSA SA y se tiene por decaído el derecho que le asiste a la aseguradora. Previa consulta al SIM, sin más trámite, a fs. 57/59 luce la resolución DE PRLA 6199/2015, apelada en autos.
IV. A fs. 48 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba. A fs. 68/76 la DGA contesta el oficio y a fs. 78/84 contesta la Superintendencia de Seguros. El 02.12.2026 se cierra el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. El 09.03.26 se resuelve no poner los autos a alegar y se los pasa para el dictado de la sentencia.
V. En primer lugar, corresponde expedirse sobre el planteo de nulidad interpuesto. En relación con ello, se advierte, por un lado, que la nulidad planteada por la apelante se encuentra directamente vinculada con los agravios que sustentan la apelación, toda vez que se agravia de la falta de motivación y la supuesta violación del debido proceso adjetivo, razón por la cual se tratará con el fondo de la cuestión.
Asimismo, resulta aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre durante el procedimiento sustanciado en sede administrativa, la violación del art. 18 de la Constitución no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar tal restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros Fallos: 205:549 y 267:393).
VI. Siendo así, en autos se trata de resolver la procedencia de los tributos exigidos a la importadora PROTECSA SA y a PRUDENCIA CÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA en forma solidaria, por la comisión de la infracción del art. 970 del CA respecto de la destinación 04001IT14001380V.
Como cuestión preliminar, cabe señalar que no obra en autos la carpeta original de la destinación.
Según se puede observar de las actuaciones administrativas, éstas tramitaron hasta el dictado de la resolución condenatoria, sin la agregación de la carpeta de la destinación 04001IT14001380V, sino solamente con print de pantalla –consulta declaración detallada- obrante a fs. 2 de las act. adm. Asimismo, surge de los actuados que a fs. 39ref, el Depto. Procedimientos Legales Aduaneros, hace saber que las actuaciones fueron elevadas por la Sección Procedimientos Técnicos sin la correspondiente agregación de las carpetas originales de las destinaciones involucradas. Ante ello, solo surge de los actuados aduaneros que la División Secretaría de Actuación Nro. 4 con fecha 21.02.13 procede a rectificar la vista de fecha 13.10.10 y hace saber a las partes a cuánto ascienden los nuevos montos adeudados. Por último, sin más trámite, se dicta la resolución aduanera, por la que se formula el cargo a la firma y a la aseguradora y la DIT original nunca fue agregada ni en sede administrativa ni acompañada ante esta instancia.
VII. Que la carpeta de la destinación 04001IT14001380V es indispensable para corroborar fehacientemente el vencimiento de la importación temporaria, el supuesto incumplimiento de la importadora y, en su caso, la responsabilidad tributaria de la aseguradora. Dicha falencia no pudo ser subsanada durante la sustanciación del sumario aduanero ni del recurso de apelación ante este tribunal.
En virtud de lo expuesto, atento a que el procedimiento por infracciones tiene como finalidad investigar si se cometió una infracción e identificar a los responsables, no parece razonable admitir responsabilidad tributaria (solidaria en este caso) cuando no se cuenta con el original de la carpeta de la destinación temporaria.
Que ello no puede ser suplido por el print de pantalla –consulta declaración detallada- obrante a fs. 2 de las act. adm.. La carpeta de la destinación, es el documento esencial que motiva la denuncia, causa de la imputación de la infracción y la consiguiente exigencia tributaria respecto de la aseguradora y no resulta suficiente el print de pantalla del SIM –consulta de una garantía global o unitaria- de fs. 16 de las act. adm.; en ese sentido la destinación de importación temporaria y los permisos de embarque y/o despachos de importación a consumo que pudieran haber sido documentados, resultan indispensables para proceder a la descarga de la mercadería importada temporariamente y dilucidar el eventual incumplimiento imputado por la Aduana.
En consecuencia, siendo la Aduana la responsable de contar con la destinación 04001IT14001380V, en virtud de la cual incriminó el incumplimiento por la importadora (por la que debe responder solidariamente la aseguradora) su ausencia implica que el reclamo tributario carece de sustento documentado, por lo que corresponde dejar sin efecto la exigencia pecuniaria contenida en la resolución apelada, con costas a cargo de la DGA.
Que, por ello, VOTO POR:
Dejar sin efecto el reclamo tributario de la Resolución DE PRLA 6199/2015 contra la actora dictada en la actuación SIGEA 12197-6758-2009, con costas a la DGA.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato efectuado en los considerandos I a IV del voto del Dr. Soria.
Sin perjuicio de dicha remisión, a los fines de dotar de autonomía al presente voto, cabe dejar sentado —en lo sustancial— que en autos se cuestiona la procedencia de tributos (y la multa del art. 970 del C.A.) derivados de una destinación de importación temporaria, cuyo plazo habría vencido el 25/02/2005 sin que se hubiera acreditado en debida forma la cancelación del régimen. La aseguradora fue incorporada al sumario en su carácter de garante, habiéndose dictado acto de apertura y corrida de vista en fecha 13/10/2010, con ulteriores actuaciones de liquidación y notificación, y resolución final (DE PRLA N° 6199/2015). Contra ello, la actora plantea —en lo esencial— nulidad del procedimiento por supuestos defectos del auto de apertura y por ausencia de determinadas piezas documentales; prescripción de la acción del Fisco respecto de tributos y multa; improcedencia de la determinación en moneda extranjera; improcedencia de percepciones (IVA adicional e Impuesto a las Ganancias) por el tiempo transcurrido; y, subsidiariamente, la limitación de su responsabilidad al monto máximo asegurado. Pero no acompaña prueba alguna que acredite la reexportación de la mercadería oportunamente ingresada sin el pago de tributos bajo el régimen de importación temporal.
II. Que en primer lugar, corresponde resolver el planteo de la actora de nulidad del auto de apertura de sumario, por cuanto considera que no cumple con los requisitos del art. 1094 del CA, afectando su derecho de defensa. Que el auto de apertura de sumario normado en el art. 1094 del CA, establece que el Administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren, b) la verificación de las mercaderías en infracción, clasificación arancelaria y valoración, c) la liquidación de los tributos y e) las demás diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento del hecho investigado y una vez cumplidas las medidas ordenadas y conforme con lo dispuesto en el art. 1101 se debe correr vista a las presuntos responsables a efectos de que ejerzan su derecho de defensa.
Como se podrá apreciar, en ningún momento la legislación exige que se encuentre agregadas las destinaciones aduaneras involucradas en original al momento de la instrucción de la causa.
Que la instrucción de sumario se encuentra debidamente realizada conforme la normativa del CA, debiéndose destacar que a fs. 7/8 luce aforo de la mercadería, a fs. a fs. 10/12 se encuentran liquidados la multa y los tributos reclamados, 16 luce consulta de garantía y seguidamente luce instrucción de sumario y corrida de vista de fecha 13/10/2010 a fs. 19, a fs. 44/45 luce nueva liquidación de multa y tributos, que notificada la aseguradora junto con fs. 19, conf. constancia de fs. 53. A fs. 54 teniendo en cuenta el tiempo trascurrido desde la notificación se resuelve dar por decaído el derecho de la aseguradora de evacuar defensas y, finalmente se dicta la resolución apelada.
Que la DIT agregada en el sumario por el servicio aduanero se encuentra debidamente extraída del sistema informático MALVINA, cuyas copias lucen agregadas a fs. 2/4 de los antecedentes administrativos, y estas copias están debidamente certificadas por un funcionario competente del servicio aduanero, por lo que constituyen valor probatorio documental suficiente toda vez que se trata de una información oficial obrante en el sistema informático de la Aduana. Téngase presente que la recurrente no ha acreditado que tales constancias resulten apócrifas, incompletas o inconducentes, ni ha demostrado un perjuicio concreto derivado de su utilización en el procedimiento.
El material probatorio extraído del Sistema Informático Malvina (SIM), erigido como Registro Único y Oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA), constituye prueba documental legalmente idónea para la sustentación de la instrucción sumarial. Dicha validación se impone en el marco de la transformación digital y la eficacia administrativa (" paperless") que rige a los servicios aduaneros modernos, reconociendo en el SIM la fuente primigenia de la información oficial y garantizando a la constancia certificada por el funcionario su pleno valor probatorio y su irrefutable eficacia jurídica.
En este sentido, el articulado del Código Aduanero (Art. 1094) no impone la carga procesal de la agregación material de los originales; por consiguiente, la constancia digital certificada representa prueba instrumental legítima y suficiente para acreditar los datos en ella contenidos.
Que la doctrina de la C.S.J.N. sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros Fallos: 205-549 y 267-393, “RECKITT BENCKISER S.A.”, expte. N° 22.419-A, 13.08.07).
Que observo que no se ha vulnerado el derecho de defensa de la firma de marra, más teniendo en cuenta que en esta instancia la actora ofreció prueba en su recurso de apelación, que fue ordenada a fs. 48 y producida a fs. 68/76 y 78/84 por lo que conto con amplias posibilidades para acreditar sus dichos, con la consiguiente subsanación de cualquier irregularidad que pudiera haberse configurado en sede aduanera.
Que, por ende, se rechaza el planteo de nulidad opuesto por la actora, con costas.
III. Que respecto del planteo de prescripción opuesto por la actora, respecto de la acción del Fisco para percibir tributos e imponer multa.
Que conforme lo establecido en los arts. 934 y 803 del C.A., la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras y la acción para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, respectivamente, prescriben por el transcurso de cinco años, los que en el caso comenzaron a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere cometido la infracción (art. 935 del C.A.), que constituye el hecho gravado (804 del C.A.). Es decir que, en el caso de autos, ambas acciones aduaneras comenzaron a correr el 1º de enero de 2006.
Que teniendo en consideración la fecha en que se hubiere configurado el hecho gravado (25/2/2005) -804 inc. a) del CA –la fecha de constatación-. Es decir que el plazo comenzó a correr el 1º de enero de 2006 y la fecha en que se dicta el auto de instrucción de sumario (13/10/2010), se concluye que no se constata en el caso la pretendida prescripción de la acción aduanera para perseguir a la importadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., por cuanto el dictado del auto que ordenó la apertura del sumario ha interrumpido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo establece el art. 937, inc. a), del C.A., sin exigirse la notificación del referido auto. Tampoco se constata la prescripción de la acción del Fisco para percibir el cobro de los tributos aduaneros, por cuanto la apertura del sumario ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 805, inc. a), del C.A.; cabe aclarar que dicha norma tampoco exige que el auto de apertura del sumario sea notificada a la parte.
Que, por los motivos expuestos, corresponde desestimar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas IV.- Que corresponde abocarse a la cuestión de fondo, debiendo analizarse si se ajusta a derecho la Resolución DE PRLA n° 6199/2015, en cuanto condenó a la firma Protecsa SA e intimó a ésta y a PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA, en el carácter de garante el pago de los tributos considerados adeudados por la suma de u$s 165.859,34 en concepto de derechos, tasa de estadística e IVA, y $ 108.938,06 en concepto de IVA adicional y ganancias por encontrarla a la importadora asegurada incursa en la infracción prevista en el art. 970 del C.A. Que, desde el plano fáctico, las constancias obrantes en el expediente administrativo —incluidas las consultas SIM certificadas, liquidaciones practicadas, vistas y notificaciones cursadas— permiten reconstruir los extremos relevantes: la existencia de la destinación temporaria, el vencimiento del plazo consignado y la falta de acreditación suficiente de la cancelación del régimen mediante la imputación a permisos de embarque idóneos o la presentación de documentación concluyente que demuestre la reexportación. Frente a ello, la recurrente no ha aportado elementos probatorios aptos para desvirtuar, el incumplimiento intimado, limitándose a cuestionamientos formales sobre la agregación de piezas, sin atacar eficazmente el núcleo del cargo.
Que el art. 970 del Código Aduanero en su apartado 1 dispone que: “El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del de exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al treinta por ciento del valor en aduana de la mercadería”.
Que, la única forma de acreditar la reexportación de la mercadería introducida temporariamente es mediante los permisos de embarque en los cuales se deje constancia que en la elaboración de la mercadería que allí se documenta se utilizaron los insumos importados por la destinación que se individualiza.
Que la no regularización en término de la mercadería ingresada temporariamente configura, prima facie, el ilícito previsto y penado por el art. 970 del C.A., y no una mera infracción formal, por cuanto de conformidad con lo dispuesto en el art. 972, ap. 2 del C.A., se considera que el incumplimiento de la obligación de reexportar o de importar la mercadería dentro del plazo acordado afecta la finalidad tenida en cuenta para el otorgamiento del régimen.
Que, además de la sanción prevista en el art. 970 del C.A., que prevé una multa en cabeza del importador, deben abonarse los gravámenes que gravan la importación para consumo de la mercadería no exportada, de conformidad con lo establecido en el art. 274, ap. 1, inc. a) y ap. 2, siendo responsables de su pago la importadora y la aquí recurrente en su carácter de garante.
Que el requisito de reexportación en término está expresamente previsto en la norma, y ello por cuanto el legislador, al regular el instituto de la importación temporaria, expresamente consideró que se trataba de un régimen en el que la mercadería quedaba sometida desde el mismo momento de su libramiento a la obligación de reexportarla con anterioridad al vencimiento del plazo acordado (art. 250 del C.A.).
Que por el decreto 1439/96 -en las condiciones de su vigencia- se instituyó un régimen especial de importación temporaria al regulado con carácter general en el Código Aduanero con objetivos promocionales, por el cual podían importarse mercaderías para recibir un perfeccionamiento industrial con la obligación de exportarlas para consumo bajo la nueva forma resultante, dentro del plazo autorizado, que, en el caso de autos, venció el 25/2/2005 fecha ésta que no se halla controvertida por la actora.
Que a efectos de acreditar debidamente que los insumos importados en forma temporaria conforman el producto exportado, luego de ser sometidos los primeros al respectivo proceso de perfeccionamiento industrial, el art. 14 del citado decreto, preceptuó: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación - CTC-. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero”.
Que, en efecto, la firma importadora de la mercadería bajo el régimen de importación temporaria garantizó el pago de tributos, exigibles como consecuencia de su eventual incumplimiento, conforme lo previsto en el art. 453, inc. c) del C.A., que prevé que el seguro debe cubrir los “eventuales” tributos que correspondieren para la importación para consumo y utilizó a ese fin el “seguro de caución” contemplado en el art. 455 del C.A., otorgado, como ya quedara demostrado, por la aquí recurrente.
Que, en definitiva, la responsabilidad de la aseguradora por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido expresamente asumido a través de la garantía o seguro de caución oportunamente otorgado.
Que, en consecuencia, ha quedado configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., y surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación para consumo de la mercadería importada temporariamente.
Que en dicho entendimiento, la aquí recurrente, en virtud de la garantía dada, responde por todos los tributos adeudados por la importadora, que gravaban la importación para consumo de la mercadería al tiempo de producirse el siniestro, esto es al tiempo de la infracción (arts. 274). El tope está dado por el monto de la garantía.
V. Que la actora entiende improcedente la liquidación efectuada en dólares, por cuanto considera que carece de validez lo establecido en las leyes 23.905, 25561 y RG 3271/2012.
Que el art. 1° del decreto 214/02 y modif. dispone que. “A partir de la fecha del presente Decreto [3/2/02] quedan transformadas a PESOS todas la obligación de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen —judiciales o extrajudiciales — expresadas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley N° 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS”
Que en su parte pertinente el art. 8° del decreto 214/02 preceptúa que: “Las obligaciones exigibles [a diferencia de la ley 25.820 –BO, 4/12/03- que, al modificar el art. 11 de la ley 25.561, se refiere a las obligaciones “existentes” al 6/1/02] de dar sumas de dinero, expresadas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el Artículo 4° del presente Decreto [Coeficiente de Estabilización de Referencia].
Que no obstante lo argumentado, lo cierto es que la obligación tributaria reclamada en autos nació cuando venció el plazo de permanencia acordado para la mercadería ingresada por el régimen de importación temporaria. Es decir que, en el caso en trato, la obligación de pagar los tributos correspondientes a la importación irregular para consumo nació el 25/2/2005, es decir con posterioridad al dictado de las leyes y la RG cuya aplicación controvierte la actora.
Que teniendo en cuenta lo antes expuesto, corresponde aplicar el tipo de cambio vigente a la fecha de la comisión de la infracción respecto de los tributos y eventualmente se aplicará el tipo de cambio del día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago en los términos de la RG 3271/2012, por lo que corresponde rechazar el agravio vertido por la actora.
VI. Que en relación a las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, es que debe señalarse la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. Que, en el presente caso, la importación a consumo irregular de la mercadería (hecho imponible) se ocurrió con fecha 25/2/2005, el servicio aduanero realizó la corrida de vista con fecha 13/10/2010 (ver fs. de fs. 19, de los ant. adm), ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias, por lo que corresponde revocar las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias, con costas por su orden, en virtud de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también a la fecha de la presente interposición de recurso.
Que en consecuencia, corresponder modificar la exigencia tributaria y declarar que la actora adeuda un importe que asciende a la suma u$s 165.859,34 con más los intereses del art. 794 del CA.
VII. Que corresponde señalar que la aseguradora responde hasta el límite del importe asegurado por los tributos que fueron garantizados por ella conforme se desprende del DIT en infracción, y por ende comprendido en el alcance de la póliza, por lo que la aseguradora no puede volver contra sus propios actos.
Que la actora aseguró a la DGA hasta la suma máxima de ciento setenta y un mil trescientos pesos ($ 171.300) mediante la póliza n° 151277 emitida el 23/8/2004, (ver copia de la póliza de fs. 72 de autos) por lo que la aseguradora responde por los tributos adeudados en su carácter de garante de la obligación tributaria aduanera hasta el límite garantizado.
Por ello, voto por:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción de la acción del fisco para percibir tributos opuestos por la actora, con costas a su cargo (art. 1163 del C.A.).
2. Confirmar parcialmente el art 3° de la Resolución DE PRLA n° 6199/2015 en cuanto exige el pago de tributos a Prudencia Cia. Argentina de Seguros Generales SA, los que ascienden a la suma de ciento sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y nueves dólares con treinta y cuatro centavos (u$s 165.859,34) con más los intereses del art. 794 del CA. Con costas (art. 1163 del C.A.).
3. Establecer que la responsabilidad de la aseguradora queda limitada, en todos los casos, al monto máximo asegurado en la póliza, esto es la suma de pesos ciento setenta y un mil trescientos ($ 171.300), sin excederlo.
4. Revocar las percepciones de IVA adicional y Ganancias. Con costas por su orden.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria en la medida en que revoca la exigencia tributaria apelada.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
Dejar sin efecto el reclamo tributario de la Resolución DE PRLA 6199/2015 contra la actora dictada en la actuación SIGEA 12197-6758-2009, con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Segura por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2026.03.30 16:12:52 ART Date: 2026.03.30 16:54:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.30 20:51:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.30 20:52:18 -03:00
Fin de la sentencia