Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 38609-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por la parte actora, y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas de Alzada a la parte actora vencida (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Teniendo presente el mérito, calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada y las etapas cumplidas, y la naturaleza, resultado y monto del asunto, SE CONFIRMAN los honorarios para la dirección letrada y la representación legal del Fisco Nacional (arts. 6, 7, 9, 33, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores). Asimismo, por las tareas de Alzada (confr. fs. 116/120vta.), atendiendo pautas análogas a las enunciadas, y considerando además el resultado del recurso, SE FIJAN los honorarios del mencionado en la suma de PESOS VEINTIÚN MIL – equivalentes a 0,4 UMA– (arts. 16, 19, 20, 21, 30, 51 y 54 de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA Nº 1772/2024).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 36847/2023 “PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
GENERALES SA (TF 38609-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de Agosto de 2024. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La firma Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA solicitó la nulidad de la Resolución DE PRLA Nº 8378/17 mediante la cual se la condena por la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, alegando la prescripción de la acción del Fisco. El Tribunal Fiscal de la Nación no hizo lugar a lo solicitado.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia obrante fs. 72/78 del expediente en soporte papel resolvió: i) rechazar los planteos de nulidad y prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de los tributos efectuados por la recurrente formulados por la actora, con costas; ii) confirmar parcialmente el artículo 2 de la Resolución DE PRLA Nº 8378/17, declarando que la deuda tributaria en concepto de derecho de importación, tasa de estadística e IVA asciende a la suma de U$S 5.984,1 que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, que deben calcularse desde el 24/7/2013 hasta la fecha del efectivo pago y; declarar que el monto que se puede exigir a la parte actora Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA es el de U$S55.800 –monto asegurado mediante la póliza nº 165342– o el importe de los tributos si este último resultare menor, ello con más los intereses devengados desde el 24/7/2013, en los términos de los artículos 794, 1101 y 1103 del Código Aduanero; iii) imponer las costas a la parte actora en cuanto al monto que se confirma y al fisco nacional en cuanto a los importes que se revocan (percepciones de IVA adicional y ganancias $11.770,09). Asimismo, el 19/5/2023 reguló los honorarios de los letrados intervinientes (confr. fs. 107/107vta).
Para decidir de este modo, luego de efectuar un análisis de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, en relación con el agravio relativo a la nulidad del sumario consideró que debido a que la parte actora había tenido la posibilidad ante el Tribunal Fiscal de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hicieran a su derecho y exponer todos los argumentos que estimara convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornaban relativas y subsanables.
En este sentido, puntualizó que conforme reiterada doctrina y jurisprudencia no es necesario que se analicen la totalidad de los argumentos de las partes, bastando con considerar aquellas que entiende el juzgador que son relevantes a los fines de alcanzar la solución de la causa. Así, entendió que debido al hecho de que el Tribunal pudiera valorar tanto la prueba obrante en las actuaciones administrativas como la ofrecida por la parte recurrente, correspondía rechazar la alegada violación del derecho de defensa, ya que los alegados vicios del procedimiento no le habían causado a la parte indefensión o gravamen que no hubiera podido ser subsanado mediante la intervención del Tribunal.
A continuación, respecto de la prescripción de la acción del fisco para el cobro de tributos, señaló que de las actuaciones administrativas correspondientes al caso surgía que el plazo de vencimiento del DIT Nº 07 001 IT14 002761 F era el 12/4/2008, por lo que el plazo quinquenal establecido en los artículos 803 y siguientes del Código Aduanero, debía comenzar a computarse desde el 1/1/2009. Ello así, indicó que el plazo de la prescripción de la acción del fisco había quedado suspendido el 17/6/2013 –fecha del auto de instrucción de sumario– hasta el dictado de la resolución apelada el 27/10/2017, por lo cual el mismo no se encontraba vencido a la fecha del dictado de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 36847/2023 “PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA (TF 38609-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
resolución que se aquí se cuestiona, motivo por lo que correspondía rechazar el planteo de prescripción efectuado por la parte actora, con costas.
Por otro lado, en relación con el agravio deducido por la accionante respecto de la quiebra de la empresa importadora, luego estatizada y la imposibilidad del reclamo de los tributos sin verificar previamente el crédito en el concurso respectivo, expresó que el concurso no veda al órgano competente la determinación de obligaciones tributarias o la aplicación de sanciones, en tanto no son cuestiones que resulten atraídas por el mismo.
En esta línea, destacó que para la determinación tributaria y la aplicación de sanciones, no corresponde aplicar los plazos de prescripción previstos por la Ley de Concursos, en tanto la procedencia de los tributos, sus accesorios y sanciones en materia aduanera, y con ello su plazo de prescripción y el procedimiento tendiente a aplicar, percibir y liquidar tributos, se rigen por una normativa específica, la aduanera, siendo dicha normativa la cual debe prevalecer. Por lo tanto, concluyó que la prescripción de la acción del Fisco para determinar su crédito, debía regirse por lo dispuesto en los artículos 803 y 934 del Código Aduanero, el cual establece un plazo de cinco años.
Seguidamente, en cuanto a la configuración de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero, endilgada a la aquí actora, puntualizó que no se encontraba controvertido en la causa bajo estudio que mediante la Destinación Nº 07 001 IT14 002761 F, oficializada el 17/4/2017, ante la Aduana de Buenos Aires (Capital), la firma importadora “Compañía de Valores Sudamericana SA” (ex “Ciccone Calcográfica SA”) había documentado la importación temporaria de papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, con un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico mecánico superior al 10% en peso del contenido total de fibra. PA SIM DC/4810.29.90.990 K, ello en los términos del Decreto 1330/04-A6, operando el vencimiento del plazo de permanencia el 12/4/2008 según surgía de la carpeta contenedora del DIT obrante a fs. 2 de las actuaciones administrativas.
Así las cosas, y conforme el régimen suspensivo de importación temporaria al que se había acogido la parte actora, advirtió que la mercadería documentada había quedado sometida desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de ser exportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia o, eventualmente, a convertirse en forma regular su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el artículo 271 del Código Aduanero.
De este modo, entendió que al no haber existido constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria, el servicio aduanero había considerado incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería y había dispuesto la instrucción de sumario administrativo, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero oportunidad en la que también le había reclamado el pago de los tributos considerados adeudados.
En concordancia, concluyó que al no haberse adjuntado documentación alguna de la cual surgiera el cumplimiento del régimen temporal, se encontraba configurada la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero.
Por otro lado, en cuanto a la liquidación efectuada por la aduana señaló que en la presente causa resultaba aplicable el criterio establecido por la Corte Suprema en el precedente “Cladd ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ DGA”, del 26/11/2019, por lo que correspondía revocar las percepciones exigidas por la Aduana con costas al Fisco. Ello así, modificó la determinación y estableció que los tributos adeudados ascendían a la suma de U$S 5.984,1 en concepto de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 36847/2023 “PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA (TF 38609-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
derecho de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero.
También, en cuanto al planteo de improcedencia de la dolarización de la deuda tributaria, precisó que el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 modificó, en lo que aquí respecta, el artículo 639 del Código Aduanero, en tanto estableció que a los efectos del pago de los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos que gravan la importación y exportación, corresponde aplicar el tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago, es decir, la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor al cierre del día anterior al efectivo pago. Por último, respecto a la responsabilidad de la actora Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA, expresó que mediante la póliza de seguro de caución nº 165342, había asegurado a la AFIP-DGA hasta la suma máxima de cincuenta y cinco mil ochocientos pesos ($55.800), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del artículo 1122 del Código Aduanero, que resulte obligado a efectuarle la importadora, como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el DIT aquí involucrado. Por lo tanto, concluyó que el importe que podrá exigirse a la aquí actora es el monto máximo garantizado mediante la póliza Nº 165342; o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados de U$S 5.984,1 convertido al tipo de cambio anterior al de la fecha de pago, si este último resultare inferior, todo ello con más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero.
III. Agravios de la actora Contra la sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación el 4/4/2023 –confr. fs. 85– y expresó agravios el 20/4/2023 29/09/2023 –confr. fs. 97/104vta.–, los cuales fueron contestado por la contraria el 21/6/2023 –confr. fs. 116/120vta.–. A su vez, el 29/5/2023 apeló los honorarios regulados a favor de la representación de la parte demandada por considerarlos altos.
En primer lugar, plantea la nulidad del auto de instrucción sumarial dictado el 17/6/2013. Al respecto, aduce que el mencionado auto fue dictado como un intento forzado y vano de evitar la prescripción de la acción penal y de la acción tributaria, en tanto el mismo no cumplió con los recaudos previstos en los artículos 1090, 1094 y concordantes del Código Aduanero. Ello así, entiende que el auto de instrucción sumarial se dictó con el fin de intentar lograr la interrupción prevista en los artículos 805, 806, 937 inciso a), y concordantes del Código Aduanero. En este sentido, expresa que el artículo 1094 del Código Aduanero impone diversos requisitos en el dictado del auto de instrucción sumarial, sin cuyo cumplimiento dicho acto procesal resulta nulo.
Así las cosas, puntualiza que el auto de instrucción sumarial individualizado no cumple con los requisitos previstos en el inciso c) del artículo 1094 del Código Aduanero, es decir, la verificación, la clasificación arancelaria y, la valoración de las mercaderías afectadas. En esta línea, sostiene que no se realizó la verificación, clasificación arancelaria y valoración de la mercadería, que tampoco se adoptó medida cautelar alguna ni se tomó declaración de ninguna índole a los presuntos responsables, ni se adoptó medida alguna destinada a esclarecer los hechos investigados, limitándose la medida a describir en forma insuficiente que no habría procedido a la regularización en tiempo y forma de la mercadería importada temporalmente en el caso.
En este orden de ideas, refiere que los vicios del auto de instrucción sumarial no resultan subsanables, en tanto los mismos producen la nulidad del auto de instrucción sumarial y de las actuaciones posteriores, ponen fin al proceso y provocan la prescripción de la acción. Por otro lado, postula que el hecho imputado acaeció el 12/4/2008, por lo que el término de prescripción comenzó a correr el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 36847/2023 “PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA (TF 38609-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
1/1/2009. Así las cosas, considera que debido a que el auto de instrucción sumarial dictado el 17/6/2013 es nulo, resultó inhábil para suspender/interrumpir el curso de la prescripción, motivo por el cual al momento de dictarse la Resolución DE PRLA N° 8378 del 27/10/2017, la prescripción ya había ocurrido el 31/12/2013.
Por último, sostiene que la sentencia recurrida no pasa el escrutinio del artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo cual –en subsidio– plantea la nulidad de la sentencia de acuerdo a la norma procesal indicada aplicable por imperio del artículo 1017, párrafo segundo, del Código Aduanero.
IV. Apelación de honorarios de la parte demandada Por su parte, la parte demandada el 31/5/2023 apeló la regulación de honorarios dictada el 19/5/2023, por considerarlos bajos.
V. Alcances del pronunciamiento.
De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
VI. Circunstancias fácticas del caso En primer lugar, corresponde señalar que mediante la Resolución DE PRLA Nº 8378 el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros resolvió formular cargo a la firma “Compañía de Valores Sudamericana SA” y a la garante “Prudencia Compañía Argentina de Seguros SA por las tributos adeudados y con sujeción a los límites máximos estipulados en la póliza cuyo monto asciende a la suma de U$S 5.984,10.- en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, aplicándose para su conversión el tipo de cambio vendedor informado por el BNA al cierre de sus operaciones el día hábil anterior a la fecha del efectivo pago y, de $11.770,09.- en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
A fin de examinar los planteos en torno a la nulidad del auto de instrucción del sumario y de la prescripción del reclamo por tributos, cabe indicar que de las actuaciones administrativas N° 12197- 417-2013 surge que:
i) Se inician con la denuncia nº 190/2013, del 22/1/2013, por la presunta comisión de la infracción al artículo 970 del Código Aduanero, en relación al despacho de importación temporaria 07 001 IT14 002761 F, cuyo vencimiento operó el 12/4/2008 (confr. fs. 2/3).
ii) El 15/2/20113 mediante Nota N° 106/13 se establece la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería en infracción, y se determinan los tributos que, en caso de haberse despachado la plaza, al momento imponible de 12/4/2008 le hubiesen correspondido (confr. fs. 5).
iii) El 8/3/2013, mediante Nota N° 1640/2013, se efectúo la liquidación de tributos. Seguidamente, surge de las actuaciones administrativas la “determinación de tributos y multas” (confr. fs. 6 y 7).
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iv) El 17/6/2013 se dispuso la instrucción del sumario en los términos del artículo 1090 inciso c) del Código Aduanero (confr. fs. 13).
v) El 10/7/2013 se corrió correr vista de todo lo actuado a la aquí actora Prudencia Compañía Argentina de Seguros SA (confr. fs. 15/15vta).
vi) El 30/7/2013 se presentó Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA, contestó la vista y solicitó el rechazo de la determinación tributaria (confr. fs. 17/31vta.).
vii) El 27/10/2017 se dictó la Resolución DE PRLA Nº 8378, la cual fue notificada a Prudencia Compañía de Seguros Generales SA el 30/10/2017 (confr. fs. 56/57 y 60).
VII. Sobre la alegada nulidad de la apertura del sumario En primer lugar corresponde tratar el agravio relativo a la nulidad del auto de apertura de sumario alegado por la parte actora. En este sentido, es del caso recordar que el objeto y finalidad de las nulidades procesales –que deben ser ponderadas con criterio restrictivo– es el resguardo constitucional de la defensa en juicio, por lo que, en cada caso, debe acreditarse el perjuicio ocasionado a ese derecho. Ello, aplicado al procedimiento administrativo, ha llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a sostener que “… cuando la supuesta restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior” (confr. CSJN, Fallos: 205:549; 212:456; 218:535; 247:52; 267:393; 273:134 y Causa N° F. 1762. XXXVIII., “Formosa, provincia de (Banco de la Pcia. de Formosa) c/ DGI s/ impugnación de la resolución 604/99 (DV RRRE)”, del 16/12/2008, entre otros), toda vez que se satisface la exigencia de la defensa en juicio “ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (confr. CSJN, Fallos: 205:549).
De allí que, en principio, no cualquier irregularidad de un acto procesal determina su nulidad, si de ella no resulta una afectación sustancial al derecho de defensa del interesado (confr. esta Sala, in rebus: “Citricola Ayui SAAICC TF 25929- A c/ DGA”, Causa N° 36.790/2016, del 8/9/2017; “Kimberly Clark Argentina SA (TF 32331-A) s/recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 89475/2018, del 4/11/2020; “Mercedes Benz Argentina SA (TF 37183-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 62921/2019, del 30/11/2021, y “Conuar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 2944/2021, del 17/5/2022, entre otros).
Por lo demás, y teniendo en consideración el análisis efectuado en el considerando VI, el acto que dispuso la apertura del sumario (confr. fs. 13 de las actuaciones administrativas N° 12197- 417.3023) fue dictado de conformidad con las exigencias establecidas en el artículo 1094 del Código Aduanero, individualizando el sustrato fáctico que lo motivó y especificando la materia objeto de investigación frente al presunto incumplimiento de reexportación de la mercadería importada bajo la DIT Nº 07 001 IT14 002761 F. Asimismo, a fs. 6 y 7 de las actuaciones administrativas lucen las liquidaciones provisorias de la los tributos y de la multa, y a fs. 15 se corrió vista. Siendo ello así, el agravio en análisis debe ser rechazado.
VIII. La acción del Fisco no se encuentra prescripta En este orden de ideas, en cuanto al agravio de la parte actora respecto a que la acción del Fisco Nacional AFIP-DGA se encontraría prescripta para percibir los tributos, corresponde poner de relieve que la acción prescribe por el transcurso de un plazo quinquenal (artículo 803 del Código Aduanero), que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 36847/2023 “PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA (TF 38609-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
hecho gravado (artículo 804 de la Ley Nº 22.415). En el caso, al tratarse del incumplimiento de una importación temporaria, que torna operativa la presunción de importación para consumo, el plazo se debe computar desde el primero de enero del año siguiente al de la fecha del vencimiento de la operación (ello es, desde el 1/1/2009).
Por su parte, el artículo 805, inciso a), del mismo cuerpo legal, dispone que se suspende el plazo de prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera desde la apertura del sumario en la causa que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión. Esta causal de suspensión prevista en el citado artículo 805, inciso a), fue ideada en consideración a que la acción del Fisco para percibir el tributo no se halla expedita, debiendo esperarse hasta la finalización de la causa abierta para investigar la existencia de un ilícito aduanero (confr. esta Sala, in re: “Ingeniería y Computación SA (TF 52131305-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 20092/2022, del 14/10/2022).
En el caso, la instrucción del sumario en los términos del artículo 1090 inciso c) del Código Aduanero dispuesta el 17/6/2013 suspendió el cómputo de la acción para percibir los tributos aduaneros. A su vez, al encontrarse recurrida la sentencia del Tribunal Fiscal y por no existir aún un “pronunciamiento que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo” (confr. artículo 805 del Código Aduanero) el plazo de la prescripción de la acción tributaria se encuentra todavía suspendido (en similar sentido, esta Sala, in re: “Ingeniería y Computación SA (TF 52131305-A)”, ya citado.)
De lo expuesto se advierte que el pronunciamiento apelado ha realizado una adecuada valoración de los hechos y del derecho sometido a su consideración, motivo por el cual corresponde rechazar el agravio deducido por la parte actora.
IX. Costas Por último, atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta que no existen razones que ameriten apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las costas de esta Alzada a la parte actora vencida en autos (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Por las razones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto por la parte actora, y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas de Alzada a la parte actora vencida (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Teniendo presente el mérito, calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada y las etapas cumplidas, y la naturaleza, resultado y monto del asunto, SE CONFIRMAN los honorarios para la dirección letrada y la representación legal del Fisco Nacional (arts. 6, 7, 9, 33, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores). Asimismo, por las tareas de Alzada (confr. fs. 116/120vta.), atendiendo pautas análogas a las enunciadas, y considerando además el resultado del recurso, SE FIJAN los honorarios del mencionado en la suma de PESOS VEINTIÚN MIL – equivalentes a 0,4 UMA– (arts. 16, 19, 20, 21, 30, 51 y 54 de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA Nº 1772/2024).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiaria acredite –en la instancia anterior– su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 36847/2023 “PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
GENERALES SA (TF 38609-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia