Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-112544550-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N° 12197-1565-2008 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante la DIT N° 04001IT14006837K.
2Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-50879713-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 21 de Mayo de 2026 GENERALES S.A.
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”;
Expediente N° 39.700-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 5000/16, dictada por el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 27/10/2016, en la actuación Nº 12197-1565-2008, en cuanto dispone condenar a la firma EXPIM S.A. al pago de una multa y formularle cargo, conjuntamente a la aquí actora, en su calidad de garante de la DIT N° 04001IT14006837K, por tributos equivalentes a U$S 6.890,89 y $ 20.615,94, por encontrarla responsable de la infracción del art. 970 del C.A., en relación a la destinación antes citada, con vencimiento el 23/09/2006 (prórroga).
II. Fundamentos del recurso: A fs. 8/14 se presenta por apoderado e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. Luego de relatar los hechos de la causa, desarrolla sus agravios. Inicialmente, opone la nulidad del auto de apertura y la consecuente prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos. Cita jurisprudencia. Cuestiona que la liquidación tributaria se haya efectuado en dólares estadounidenses. Recuerda que el deber de responder debe circunscribirse al límite de la póliza. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: A fs. 25/31 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y acompaña las actuaciones administrativas. Relata los antecedentes del caso y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Se opone al planteo de nulidad del auto de apertura opuesto por la actora y defiende la plena vigencia de la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos. Cita jurisprudencia. Efectúa una reseña de la normativa aplicable en el marco de la importación temporaria. Explica los alcances del seguro de caución y argumenta que el asegurador debe responder con los mismos alcances que el tomador. Concluye que la resolución apelada es ajustada a derecho. Especifica el siniestro acaeció con el incumplimiento de la obligación garantizada. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas a la recurrente.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-1565-2008 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia N° 19/2008. A fs. 6/7 se efectúa el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A continuación, se agrega el sobre original de la DIT. A fs. 8, en fecha 27/10/2011, se instruye sumario. A fs. 18 y vta. se corre vista de lo actuado, en fecha 11/03/2016, notificada a fs. 20, en fecha 18/03/2016. A fs. 21/39 se presenta la actora y contesta vista. A fs. 41 se adjunta cédula de notificación a la firma EXPIM S.A., de fecha 04/05/2016. A fs. 42 se declara a la importadora rebelde. A fs. 46/48 se emite el acto apelado, notificado a fs. 51. A fs. 52/53 la actora da cuenta del recurso interpuesto ante este Tribunal y adjunta formulario F4.
V. Que a fs. 39, en fecha 09/05/2019, se abrió la causa a prueba.
VI. Que por PV-2021-49432613-APN-VOCXXI#TFN se certificó la prueba producida. Por PV-2021- 49965529-APN-VOCXXI#TFN se declaró cerrado el período probatorio. En fecha 02/03/2026 se elevaron los autos a la Sala “G”. Mediante IF-2026-21214772-APN-VOCXXI#TFN se pusieron para alegar. En fecha 24/04/2026 pasaron a sentencia (IF-2026-41814233-APN-VOCXXI#TFN).
VII. Que preliminarmente, corresponde tratar el planteo de prescripción formulado por la actora en el escrito inicial.
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción –relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 del C.A establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.).
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 23/09/2006 (fecha de vencimiento-prórroga-de la destinación suspensiva). Y, por ende, no está controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2007 y que el mismo vencía el 31/12/2011.
Que dicho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 27/10/2011 (ver fs. 8 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 9 meses y 26 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 2 meses y 5 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 27/10/2011) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación –al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos (ello en armonía con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A. y de conformidad con lo sostenido jurisprudencialmente por el suscripto). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria (prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.) forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva. Que el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario (27/10/2011) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 27/10/2016- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la parte el día 31/10/2018 (fs. 51 vta. de las act. adm.), cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada. No resulta un elemento menor que desde el dictado de la resolución aduanera (27/10/2016) hasta su notificación a la aquí actora (cfr. cédula agregada a fs. 51 de las act. adm., en fecha 31/10/2018) transcurrieron más de dos años.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que en relación al cómputo de los plazos prescriptivos, la Sala I de la CNCAF en autos “Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 92393683-A) C/ DGA S/Recurso Directo De Organismo Externo” del 26/03/2024, puntualizó que-en lo que respecta al inc. a) del art. 805 del C.A.-“…de acuerdo con la letra de la norma, la resolución del sumario pone fin a la suspensión del curso de la prescripción que se mantiene durante su trámite, sin que sea necesaria su notificación (…)”
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos.
Por todo lo expuesto, voto por:
1).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N° 12197-1565-2008 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante la DIT N° 04001IT14006837K. 2).- Costas a cargo del Fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Por estrictas razones de economía procesal, previo a adentrarme en los fundamentos de mi voto, me remito y hago parte del presente la descripción efectuada por el vocal preopinante con relación al objeto del proceso, los fundamentos de la apelación y la contestación del traslado (considerandos I, II y III). Estimo, a su vez, que, a diferencia de lo manifestado por el voto que me precede, corresponde revocar parcialmente la Resolución n° 5000/16, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 27 de octubre de 2016, en lo que respecta a la deuda tributaria (artículo 3° de la parte dispositiva de la resolución citada con anterioridad). Esto último, en virtud de los fundamentos que se detallan a continuación.
II. El art. 805, inc. a), del C.A. establecen que el dictado del auto por el cual se ordenase la apertura del sumario trae como consecuencia la suspensión de la prescripción de la acción para percibir los tributos. En sentido contrario a mi convicción, la interpretación mayoritaria sostiene que el efecto mencionado se produce automáticamente, sin que sea necesario que el acto sea notificado al presunto deudor. En otras palabras, el solo dictado del acto administrativo que dispone la apertura del sumario suspende el cómputo del plazo prescriptivo. Este criterio, que ha sido avalado en sede tanto administrativa como judicial, se funda en la lógica de que la investigación sumarial, una vez iniciada, genera efectos sobre la prescripción con independen-cia de la participación del sumariado.
Con relación a la hermenéutica a tener en cuenta para la determinación del alcance de cada una de estas disposiciones, ya tuve oportunidad de manifestarme sobre la importancia que presenta la notificación de aquellos actos administrativos que poseen un efecto interruptivo de la prescripción liberatoria (causas EX- 2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-
APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”). Allí sostuve, con relación específicamente al auto de apertura del sumario, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012, inciso b), del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificarlo; y que la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria previstas en los artículos 937, inc. a), y 805, inc. a), del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de un acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida en que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación -, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración.
No cabe duda, a mi entender, que estamos hablando de algo más que de la mera “eficacia”; estamos haciendo referencia a su entidad jurídica, es decir, de su “validez”. Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, este debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos. En este sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “[…] [s]i el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40).
La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho […]” (Corte Constitucional - Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados; es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate, de alcance general y particular.
III. Sin perjuicio de lo que antecede, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables. En efecto, mediante el examen detenido de lo actuado en sede administrativa, se llega a observar que, si bien el auto de apertura del sumario pertinente fue dictado el 27 de octubre de 2011 (a fs. 8 de las actuaciones administrativas n° 12197-1565-2008), la determinación de la corrida de vista (a fs. 18 vta. ibid.) y su posterior notificación (a fs. 19 ibid.) recién se llevaron a cabo, respectivamente, el 11 y 18 de marzo de 2016, aproximadamente un poco más de nueve años a posteriori del vencimiento de las destinaciones de importación temporaria objeto de la presente investigación, y más de cuatro años después de la correspondiente instrucción del sumario. A su vez, se constata que, entre este último acto de apertura en 2011 (a fs. 8 ibid.) y la efectiva notificación a la parte afectada en 2016 (a fs. 19 ibid.), el único movimiento en el expediente administrativo consistió en la inclusión de la pertinente liquidación (a fs. 9 ibid.); cuestión, esta última, que, desde ningún puno de vista, pudo haber consumido cuatro años. A lo mencionado con anterioridad, corresponde agregar que, si bien la resolución definitiva, objeto del presente recurso, fue finalmente dictada el 27 de octubre de 2016 (a fs. 46/48 vta., ibid.), su efectiva notificación recién tuvo lugar el 31 de octubre de 2018 (a fs. 51 vta., ibid.); es decir, la notificación de este último acto administrativo se llevó a cabo luego de haber transcurrido dos años y cuatro días a posteriori de su correspondiente dictado.
En tales condiciones, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales. Por lo tanto, la inusitada demora en la notificación de la resolución aquí apelada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
IV. Manifestada mi posición disidente con relación a la resolución de las cuestiones preliminares oportunamente planteadas por el apelante, corresponde a continuación presentar, a título de obiter dictum, algunas observaciones con respecto al alcance otorgado por el vocal preopinante a lo dispuesto por el art. 805, inc. a) in fine, del C.A. frente a aquellas situaciones donde la notificación de la resolución objeto del presente recurso (acto administrativo a partir del cual, según lo estipulado por la disposición mencionada, debería retomarse el conteo del plazo de prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos) se haya llevado a cabo en un plazo particularmente irrazonable (en la presente litis, [como se observó ut supra, considerando III] si bien dicha resolución fue dictada por la autoridad competente el 27 de octubre de 2016, fue notificada al interesado recién el 31 de octubre de 2018). Así, según lo manifestado mediante el voto que me precede, a los fines de que el plazo prescriptivo no quede suspendido sine die, se debería tener en cuenta lo estipulado por el art. 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto n° 894/2017) y, por consiguiente, correspondería entender que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el art. 805, inc. a), del C.A., sólo debería operar hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, “…reanudando su cómputo a partir de dicho instante”. A su vez, con el objeto de justificar su posición, el vocal preopinante haría referencia a lo manifestado por el voto mayoritario en la causa Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación (expediente EX-2019-112544550-APN-SGASAD#TFN, sentencia del 3 de febrero de 2022; decisión donde tuve oportunidad de manifestar mi opinión al respecto, diferente a la desarrollada por la mayoría).
En mi opinión, el asunto traído a debate, lejos de agotarse en la mera exégesis del art. 805 del C.A., nos conduce a una nueva reflexión que no puede quedar relegada al margen del expediente y debe dejarse expresamente plasmada en este pronunciamiento. En efecto, el contraste entre los actos que abren el sumario y aquellos que lo clausuran o deciden sobre la acción del Fisco impone distinguir, con rigor conceptual y sentido de justicia, los requisitos de eficacia que cada uno demanda, so pena de convalidar un sistema procesal asimétrico donde el tiempo se detiene o reinicia al arbitrio exclusivo de la Administración. Así, la apertura del sumario no constituye un acto meramente interno ni un trámite burocrático destinado a engrosar el expediente, sino el punto de partida de un contradictorio que afecta la esfera jurídica del encartado. Su oponibilidad frente al particular sólo se cumple con la notificación válida, pues de otro modo se consagraría un procedimiento secreto en el que la prescripción quedaría paralizada sin que el justiciable tuviera siquiera noticia de la imputación, en flagrante contradicción con el derecho de defensa que garantiza la Constitución.
Distinta es la lógica respecto de las decisiones que ponen fin a la suspensión del curso del plazo, pues aquí lo decisivo no es abrir el debate, sino evitar que la autoridad administrativa prolongue artificialmente su poder de persecución. En tales supuestos basta el mero dictado del acto administrativo, ya que condicionar su eficacia a la notificación implicaría otorgar al Estado la llave de un reloj que podría detener y reanudar a su antojo, con la sola excusa de no haber cumplido una carga que le incumbía. En este sentido, resulta inaceptable que el órgano que concentra la potestad de dictar y notificar pretenda beneficiarse de su propia omisión, configurando un inadmisible abuso procesal bajo el disfraz del formalismo. No se trata aquí de discutir sutilezas doctrinarias, sino de aplicar el principio más elemental de buena fe: nemo potest commodum capere de injuria sua propria. El Estado no puede colocarse en la cómoda posición de ampliar sus plazos por la sola vía de demorar la entrega de lo ya resuelto.
La interpretación propuesta no sólo armoniza la normativa aduanera, sino que encuentra sólido fundamento en principios de jerarquía superior como el del plazo razonable y la tutela administrativa efectiva. Un procedimiento que se prolonga indefinidamente, no por la complejidad del caso sino por la desidia del órgano, no es un procedimiento justo sino un laberinto kafkiano. En otras palabras, lo que depende por entero de la Administración y redunda en su exclusivo provecho debe leerse en el sentido más restrictivo a su posición. De allí la regla dual: dictado suficiente para poner fin a la suspensión del artículo 805, inc. a) del C.A., notificación indispensable para que la resolución condenatoria del artículo 937 inc. d), del C.A. interrumpa. La hermenéutica propuesta armoniza el ordenamiento y se ancla en principios de jerarquía superior. El plazo razonable impide que los procedimientos se eternicen por desidia del órgano. La tutela administrativa efectiva impide que se alarguen en secreto por cargas que el propio órgano retacea cumplir. Porque, en definitiva, el derecho administrativo debe garantizar un equilibrio honesto entre la defensa del encartado y la eficacia del interés fiscal.
De esta manera, la doctrina que se fija preserva la seguridad jurídica sin desarmar el sistema. En virtud de lo expuesto, voto por:
1).- Revocar parcialmente la Resolución n° 5000/16, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 27 de octubre de 2016, en lo que respecta a la deuda tributaria (artículo 3° de la parte dispositiva de la resolución citada con anterioridad).
2).- Costas a la vencida.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N° 12197-1565-2008 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante la DIT N° 04001IT14006837K. 2).- Costas a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2026.05.20 17:53:23 ART Date: 2026.05.20 19:41:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.05.21 13:16:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.21 13:16:42 -03:00
Fin de la sentencia