Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.609-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos de nulidad y prescripción de la acción del Fisco para exigir el pago de tributos efectuado por la recurrente formulados por la actora, con costas.
2Confirmar parcialmente el art. 2° de la Resolución DE PRLA n° 8378/17, declarando que la deuda tributaria en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA asciende a la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON DIEZ CENTAVOS (U$S 5.984,1) que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., que deben calcularse desde el 24/7/13 hasta la fecha del efectivo pago.
Declarar que el monto que se puede exigir a la actora PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. es el de CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($55.800)- monto asegurado mediante la póliza n° 165342- o el importe de los tributos si este último resultare menor Ello con más los intereses devengados desde el 24/7/13, en los términos de los arts. 794, 1101y 1103 del C.A.
3Imponer las costas a la actora en cuanto al monto que se confirma y al fisco nacional en cuanto a los importes que se revocan (percepciones de iva adicional y ganancias $11.770,09).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-17056875-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Febrero de 2023 SA TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Cora Marcela Musso (Vocal Subrogante de la Vocalía de la XVIII nominación); Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expediente nro. 38.609-A.
La Dra. Musso dijo:
I. En el caso, a fs. 2/18 se presenta por apoderado la firma Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA., e interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA N ° 8378/17 recaída en el expediente N° 12197-417-2013 en cuanto la íntima en su carácter de garante de la obligación tributaria relacionada al Despacho de Importación Temporal N ° 07 001 IT14 002761F al pago de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR (U$s 5.984,10) en concepto de derecho de importación, tasa de estadística e IVA y la suma de ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($11,770,09) en concepto de IVA adicional e impuesto a las ganancias, con más los intereses previstos en el art. 794 del CA por encontrarse incursa en la infracción prevista y penada por el art. 970 del CA.
Alega la competencia del tribunal, el límite de responsabilidad de su asistida, hace una reseña de los hechos y manifiesta que su mandante afianzó los tributos dispensados mediante póliza n ° 165342. Solicita la nulidad del auto de instrucción sumarial y de todos sus actos procesales consecuentes atento a que el auto de instrucción sumarial no reúne ninguna de las condiciones esenciales impuestas por las normas procesales aplicables. Manifiesta que el auto de instrucción sumarial dictado el 17/6/13, constituye un acto de mero trámite indicativo de que se abrió el sumario en el que ni siquiera se han determinado los hechos constitutivos de la infracción, como exige el art. 1094 del C.A. ya que se limita a establecer la existencia de una infracción al art. 970 del C.A. respecto del DIT en cuestión.
Sostiene que los hechos fueron identificados de forma somera sin mayor explicación ya que ni siquiera se realiza la liquidación de los tributos reclamados, los que son determinados con posterioridad a dicho acto procesal viciando la causa los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional y concordante con la jurisprudencia. Cita jurisprudencia. Manifiesta que más allá de sostener que no existe en la causa prueba que permita sostener la infracción al art. 970 del C.A., dicha empresa fue declarada en quiebra y luego adquirida por el Estado Nacional, no pudiendo la aduana reclamar a su mandante los derechos afianzados sin verificar su crédito en el concurso respectivo.
Solicita que se oficie al registro de juicios universales para que informe el trámite de dicho juicio ya que resulta improcedente el reclamo efectuado sin que la aduana haya verificado su crédito en el juicio en cuestión. Alega que la resolución aquí apelada, ordena archivar las actuaciones administrativas y dejar sin efecto la imputación del art. 970 del C.A. por imperio de la instrucción general 9/17, deja sin sustento el reclamo de los tributos. Aduce prescripción de la acción para exigir los tributos aduaneros y demás impuestos aplicables al caso resultante de la nulidad del auto de instrucción sumarial Se agravia de la inclusión al caso del derecho adicional y de la improcedencia de la liquidación en dólares estadounidenses de los tributos aduaneros.
Respecto a ello, alega que la formulación en esa moneda no se encuentra respaldada en la legislación vigente, en la medida que el art. 20 de la ley 23.905, que estableció la liquidación de tributos en moneda extranjera perseguía la utilización de la misma como moneda de ajuste y fue derogada por la ley 23.928, ratificándose la improcedencia de esa forma de ajuste por la ley 25.561, razón por la cual estas liquidaciones en dólares carecen de sustento legal. Hace una diferencia entre los artículos del C.A. (637, 638 y 639, 726, 727 y 728) y el art. 20 de la ley 23.905. Alega que con la reforma introducida por el art. 20 de la ley 23.905 la fecha de fijación del tipo de cambio se aleja de la fecha del hecho imponible y aproxima a la fecha de pago de la obligación que el mismo genera, lo cual evidencia la finalidad indexatoria de esa norma.
Refiere que se adoptó la determinación de los tributos en moneda extranjera como una forma de actualización para evitar los efectos de la inflación en el lapso que transcurría entre la fecha de determinación de los tributos y la fecha de pago. Sostiene que el legislador trasladó el flagelo al contribuyente en vez de hacerse cargo de una situación provocada por el propio Estado a través de políticas inadecuadas. Manifiesta que tiempo después entró en vigencia la Ley de Convertibilidad (23.928) no resultando necesaria la determinación de los tributos liquidados en una moneda extranjera para mantener actualizado el valor de los mismos hasta la fecha de pago, sin embargo, la Aduana continuó determinando y liquidando en dólares los tributos aplicables a la importación y a la exportación.
Sostiene que con posterioridad la ley 25.561 ratificó la no vigencia de todos los sistemas de actualización por depreciación monetaria, por tales razones sostiene que no existe a la fecha norma legal que le permita a la aduana la liquidación de tributos aduaneros en dólares estadounidenses, siendo ello sólo producto de reglamentaciones aduaneras sin sustento jurídico. Concluye que los tributos se deben liquidar en pesos como su mandante afianzó y manifiesta que la determinación tributaria resulta nula de nulidad absoluta ya que se encuentra viciada en la causa y en la motivación, en razón de no haberse respetado el derecho aplicable y las razones que inducen a dictar el acto son meramente dogmáticas.
Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 26/36 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso conferido oportunamente. Hace un breve resumen de los hechos y una negativa genérica de los dichos de la recurrente. Sostiene que, con relación a la garantía de la obligación tributaria, la póliza otorgada se extendió por aplicación del Régimen de Garantías normado en el Código Aduanero y alega que su mandante cumplió con la obligación de informar a la aseguradora, a los efectos de garantizar su derecho de defensa. Hace referencia de qué a cambio de un precio o prima es asegurador se compromete a abonar determinada indemnización a un tercero beneficiario ante el posible incumplimiento por parte del tomador de obligaciones que éste último asumiera con el beneficiario por un contrato anterior a la caución y del cual ésta resulta accesoria.
Alega que en el seguro de caución no puede hablarse estrictamente de riesgo asegurable, ya que el evento previsto como siniestro es un hecho que no resulta ajeno a la voluntad de las partes, sino por el contrario, consiste en un incumplimiento imputable al tomador. Sostiene que la aquí actora no puede excusarse de su responsabilidad invocando actos, declaraciones u omisiones del tomador o del asegurado. Manifiesta que la garantía otorgada en favor de la aduana da lugar a que producido el siniestro, el asegurador proceda a hacer efectivo el importe pertinente hasta la suma máxima fijada en las condiciones particulares con más los accesorios que resulten corresponder. Aduce que en autos el siniestro garantizado es el cumplimiento por parde del importador de las obligaciones que asumió al ingresar temporalmente la mercadería quedando convenido que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida en que, de acuerdo con las leyes o reglamentaciones aduaneras vigentes corresponde afectar total o parcialmente las garantías exigidas por la normativa.
Alega que de acuerdo a la normativa aduanera, el tomador debió regularizar la situación del a mercadería introducida por el despacho de importación temporal antes de su vencimiento y al incumplir éste con la obligación que asumió al documentar, nació la obligación por parte del asegurado por el siniestro acaecido. Sostiene que la parte pretende liberarse de su obligación como garante declinando su responsabilidad fundándose en argumentos estériles como la aplicación de la ley de concursos y quiebras. Fundamenta que una vez acaecido el siniestro la aseguradora debe responder ante el incumplimiento del tomador, por ello su mandante no está obligado a verificar el crédito por el cargo formulado, conforme lo establecido en la ley 24.522.
Sostiene que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía frente al incumplimiento del tomador. Cita jurisprudencia. Manifiesta que la causa o título de la obligación de pago de multa y tributos, es la resolución aduanera y, al ser ésta posterior a la presentación en concurso, entiende que no quedan dudas respecto de su carácter post-concursal y, con ello la improcedencia de verificación alguna y la procedencia incuestionable del trámite de ejecución previsto en el Código Aduanero. En relación a la suma asegurada, alega que la contraria conocía al tiempo de garantizar el régimen vigente para dicha operación, por ende debe responder con los mismos alcances y en la misma medida de la obligación tributaria del tomador del seguro.
Cita jurisprudencia. Asimismo, manifiesta que el derecho adicional se ajusta a derecho conforme el art. 274 del C.A. el cual establece que la mercadería sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo, en el caso de que no se cumplieran las obligaciones impuestas como condición del otorgamiento del citado régimen o hubiese vencido el plazo acordado sin haberse cumplido la obligación de reexportar, la consecuencia de la aludida presunción legal, no es otra cosa que el pago de los respectivos tributos, incluido el derecho adicional cuestionado que hubiera correspondido a la importación para consumo. Sostiene que en autos hubo una nacionalización por vencimiento del plazo, lo que implica el pago de los respectivos tributos incluyendo el derecho adicional que se cuestiona.
Manifiesta que la compañía aseguradora al emitir la póliza reconoció las facultades de su mandante a exigir el pago de los tributos que cuestiona, siendo suficiente para oponer la teoría de los actos propios. Concluye que producido el vencimiento de la importación temporal y no habiéndose reexportado, se produjo por presunción legal la importación definitiva de la misma, naciendo la obligación del pago de los tributos correspondientes (entre los que se encuentra el I.V.A., I.V.A. adicional y el impuesto a las ganancias). Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 37 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa y se dispone la apertura de la causa a prueba que obra agregada a fs. 45/47. Atento a que la póliza es la única prueba producida en autos, no se justifica poner autos para alegar. En consecuencia, se declara la clausura del período probatorio, se elevan los autos a esta Sala “F” y se llama a autos a sentencia.
IV. Que, de la compulsa del expte. nro. 12197-417-2013, surge que se inicia a fs. 1 con la consulta de declaración detallada. A fs. 2 obra agregado el despacho de importación temporaria para transformación 07 001 IT14 002761 F. A fs. 3 obra la denuncia nro. 190/13 de fecha 22/1/2013 por la presunta infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., correspondiente a la firma COMPAÑÍA DE VALORES SUDAMERICANA S.A., en relación con la destinación n ° 07 001 IT14002761F aquí en cuestión. A fs. 5/6 la Sección C establece la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería en infracción. A fs. 7 obra determinación de tributos y multa. A fs. 8 obra consulta de declaración detallada. A fs. 9 obra consulta presupuesto general. A fs. 10/12 se agrega consulta de garantía global o unitaria. A fs. 13, con fecha 17 de junio de 2013 se dispone la instrucción de sumario, se corre vista a la firma y se cita a PRUDENCIA CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. notificándose del mismo acto a la firma importadora mediante memorando el día 17/7/13, conforme la constancia de correo argentino obrante a fs. 16 y a la aseguradora mediante cédula de notificación el día 10/7/2013, conforme constancia de fs. 15 vta. A fs. 17/37 y vta. contesta vista la aseguradora. A fs. 38/52 y vta. contesta vista la importadora. A fs. 54 obra agregada la liquidación de tributos y multa. A fs. 55 se agrega constancia de inexistencia de antecedentes registrados computables a la firma importadora. A fs. 56/57 con fecha 27 de octubre de 2017 obra agregada la resolución DE PRLA N ° 8378/17 aquí apelada. A fs. 58/59 obra consulta de juicios. A fs. 61 se agrega cédula de notificación a la firma importadora, quien queda notificada de la resolución 8378/17 el día 21 de noviembre de 2017 conforme surge de fs. 61 vta. A fs. 62 obra agregado SICNEA que notifica la resolución aquí apelada a la aseguradora con fecha 30 de octubre de 2017. A fs. 64 se remiten los presentes actuados a este Tribunal.
V. Que respecto al agravio relativo a la nulidad del sumario esgrimido por la actora quien aduce que dicho acto no cumple con los requisitos del art. 1094 del C.A y que habría sido dictado con el único objetivo de interrumpir y/o suspender el curso de la prescripción cabe destacarse que atento a la posibilidad de la actora en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que ello así, teniendo en cuenta que reiterada doctrina y jurisprudencia tiene resuelto que no es necesario que se analicen la totalidad de los argumentos de las partes, bastando con considerar aquellas que entiende el juzgador que son relevantes a los fines de alcanzar la solución de la causa, y el hecho de que en esta instancia resulta posible merituar tanto la prueba obrante en las actuaciones administrativas como la aquí ofrecida por la recurrente, corresponde rechazar la alegada violación del derecho de defensa, ya que los alegados vicios del procedimiento no le causan a la parte indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la C.S.J.N., que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393).
VI. Que, sentado lo que antecede, corresponde examinar si la acción del fisco para el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
Que, según surge de las actuaciones administrativas correspondientes al caso, el plazo de vencimiento del DIT 07 001 IT14 002761 F data del 12/4/2008 (conforme surge de fs.2 de las actuaciones administrativas), siendo ello así, el plazo quinquenal establecido en los arts. 803 y sgtes. del CA, debe comenzar a computarse desde el 01/01/2009.
Que el art. 805 del CA dispone que: “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;” debiendo destacarse que en ninguna de las mencionadas normas se hace referencia a la obligatoriedad de la notificación del auto para que cumpla sus efectos, sino que solamente aluden a su dictado. Asimismo, el art. 807 del aludido cuerpo normativo establece que la aludida suspensión respecto del deudor principal también surte efectos en relación con los deudores solidarios.
Que, en los términos de los dispuesto en el art. 803 y sgtes. del CA, cabe señalar que en la causa el plazo de la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos quedó suspendida el 17/6/2013 (fecha del auto de instrucción de sumario) hasta el dictado de la resolución apelada -27/10/2017 -, motivo por el cual el mismo no se encontraba vencido a la fecha del dictado de la resolución que en autos se cuestiona.
Que por los motivos expuestos corresponde rechazar el planteo de prescripción efectuado por la recurrente, con costas.
VII. Que corresponde analizar el agravio vertido por la actora respecto al planteo de la quiebra de la empresa importadora, luego estatizada y la imposibilidad del reclamo de tributos sin verificar previamente el crédito en el concurso respectivo.
Que el concurso en modo alguno veda al órgano competente la determinación de obligaciones tributarias o la aplicación de sanciones, cuestiones que no resultan atraídas por el mismo.
Que, corresponde señalar que los créditos del fisco que aquí nos ocupan, nacieron como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por la importadora al documentar la importación temporaria, y ello se produjo al vencimiento del plazo acordado para la permanencia de la mercadería –momento imponible-, fecha a partir de la cual, el servicio aduanero quedó habilitado para determinar la existencia o no de la infracción al régimen de importación temporaria. Acorde con ello, recién tramitado el sumario correspondiente, y, una vez recaída condena firme en el mismo, la misma podrá ejecutarse.
Que, en efecto, la carga procesal de la Aduana de presentarse a verificar su crédito, recién nace cuando la pena de multa impuesta por la infracción ha quedado firme y, en consecuencia, su monto también determinado. Cabe señalar que no se trata sólo de la falta de determinación del crédito para su verificación sino, además y fundamentalmente, porque es necesario determinar mediante el procedimiento correspondiente, la existencia de la infracción y que la misma se encuentre firme.
Que el Código Aduanero regula el procedimiento para la investigación y juzgamiento de las infracciones, así como la forma de extinción de las obligaciones que nacen de la misma, con exclusión de otras normas de fondo, por lo que su procedimiento no puede verse afectado por lo dispuesto en la ley 24.522, que no posee fuero de atracción en esta materia.
Que tratándose de normas de igual jerarquía, dictadas por el Congreso de la Nación en función de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional, ante un conflicto normativo debe aplicarse el texto de la norma que regula específicamente el tema (“lex specialis”).
Que la especialidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que expresó que respecto a la determinación tributaria, la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. “Hilandería Luján S.A., del 30-9-86; “Casa Marroquín S.R.L” del 31-3-87); la ley concursal sólo debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (“Gregorio C. Cosimatti”, sentencia del 9-4-87), excluyendo de ese modo la competencia del juez del concurso en la determinación tributaria.
Que en virtud de lo expuesto, puede afirmarse que no existe norma legal alguna, que imponga al acreedor -en el caso la Dirección General de Aduanas-, la obligación de verificar su crédito en la quiebra o concurso del importador, como requisito previo a reclamar su crédito de la firma garante o Aseguradora.
Que, en efecto, para la determinación tributaria y la aplicación de sanciones, no corresponde aplicar los plazos de prescripción previstos por la Ley de Concursos, en tanto que la procedencia de los tributos, sus accesorios y sanciones en materia aduanera, y con ello su plazo de prescripción y el procedimiento tendiente a aplicar, percibir y liquidar tributos, se rigen por una normativa específica -la aduanera-, y es ésta la que debe prevalecer, como se dijo previamente.
Que, en definitiva, la prescripción de la acción del Fisco para determinar su crédito, debe regirse por lo dispuesto en los arts. 803 y 934 del CA que establece un plazo de cinco años.
Que, es menester destacar que, reconocida doctrina se ha pronunciado en este sentido, al expresar que "...la obligación tributaria tiene su propio régimen de prescripción, siendo el plazo de prescripción de cinco años a favor del Fisco una disposición de orden público que responde a la distinta naturaleza de la deuda frente a las deudas del concursado que son regladas por el derecho privado..." y que "Cuando el crédito fiscal recién es ejecutable después del proceso de verificación de los créditos, no puede declarárselos extinguidos por el régimen de prescripción abreviado del art. 56 de la ley 22.522 porque la misma finalidad de esa norma lo impide y porque está vigente la prescripción propia de la ley 11.683 por encima de la ley de concurso" (conf. "La prescripción de las obligaciones tributarias en el concurso preventivo", Susana Camila Navarrine, PET 26/6/00).
Que, por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo verificación de crédito en el juicio concursal opuesto por la recurrente.
VIII. A continuación, corresponde analizar si se encuentra configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A. endilgada a la aquí actora PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A.
No se encuentra controvertido en autos que mediante la destinación 07 001 IT14 002761 F, oficializada el 17/4/17 ante la Aduana de Buenos Aires (Capital), la firma importadora “COMPAÑÍA DE VALORES SUDAMERICANA S.A.” (EX “CICCONE CALCOGRÁFICA S.A.”) documentó la importación temporaria de Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, con un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico mecánico superior al 10% en peso del contenido total de fibra. PA SIM DC/ 4810.29.90.990 K, ello en los términos del decreto 1330/04-A6, operando el vencimiento del plazo de permanencia el 12/4/2008 según surge de la carpeta contenedora del DIT obrante a fs. 2 de las actuaciones administrativas.
Conforme el régimen suspensivo de importación temporaria al que se acogió la actora, la mercadería así documentada quedó sometida desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de ser exportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia -conf. art. 250 del C.A.-, o, eventualmente, a convertirse en forma regular su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del C.A. A su vez, las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del D.I.T. que nos ocupa -Res. ANA 127/92 y sus modificatorias-, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos P.E.
Al no existir constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria, el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., oportunidad en que, asimismo se reclamó el pago de los tributos considerados adeudados.
Que en esta instancia, no se adjuntó documentación alguna de la cual surja el cumplimiento del régimen temporal. Que, en consecuencia, se encuentra configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del CA, respecto de la mercadería importada temporariamente por el despacho de importación en cuestión.
IX. Que, sentado lo expuesto, corresponde a continuación analizar si la liquidación efectuada por la aduana se ajusta o no a derecho.
Que, previo a ello en relación al agravio esgrimido por la actora respecto a la inclusión del derecho adicional, cabe aclarar que dicho importe no se encuentra incluído en la liquidación tributaria efectuada por la Aduana, por lo que no cabe expedirse al respecto.
Que, sin perjuicio de que la aquí actora no se agravie de las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias impuestas en la liquidación tributaria practicada a fs. 54 de las actuaciones administrativas en estos autos y por aplicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación LA CARDEUSE, debe señalarse que el Alto Tribunal, en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sent del 26/11/2019, se expidió, señalando que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos”. “Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. Que, sostuvo que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. Que, lo expuesto, resultando de aplicación al caso el criterio sustentado por el más Alto Tribunal, y dado que en la causa el plazo al que hace referencia la CSJN ha precluido, corresponde revocar las percepciones exigidas por la Aduana, con costas al fisco (IG-2021-13-E-AFIP-AFIP).
X. En consecuencia, y en atención a lo dispuesto precedentemente, corresponde modificar la determinación tributaria obrante a fs. 54 de las actuaciones administrativas:
Valor en aduana de la mercadería no regularizada U$s 15.524,98 Derecho de importación 14% 2.173,50 Tasa de estadística 0,5% 77,62 BASE IVA 17.776,10 IVA 21% 3.732,98 TRIBUTOS ADEUDADOS: U$S 5.984,1 en concepto de derecho de importación, tasa de estadística e I.V.A. con más los intereses del art. 794 del C.A.
XI. Por otra parte, en cuanto al planteo de la improcedencia de la dolarización de la deuda tributaria, corresponde precisar que el art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991) modificó, en lo que aquí respecta, el art. 639 del C.A., ya que estableció que a los efectos del pago de los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos que gravan la importación y exportación, corresponde aplicar el tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago -esto es, la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor al cierre del día anterior al efectivo pago-.
Que en el precedente “Volkswagen Argentina SA c/AFIP-DGA”, de fecha 23/8/2011, de fecha 23/8/2011, la CSJN resolvió que el art. 20 de la ley 23.905 no fue dejado sin efecto por la ley 23.928, porque según lo dispuesto en su art. 7, está solo estaba dirigida a las obligaciones de dar sumas determinadas en moneda nacional, mientras que las obligaciones cuya suerte se debate debían determinarse en dólares.
XII. Respecto a la responsabilidad de la actora PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A, cabe señalar que mediante la póliza de seguro de caución n° 165342, cuya copia obra a fs. 45/46 de los presentes actuados, aseguró a la AFIP-DGA hasta la suma máxima de CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($55.800), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A., que resulte obligado a efectuarle la importadora, como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. aquí involucrado.
Cabe señalar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). Tampoco el asegurador goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
Según la reliquidación efectuada por este Tribunal, el monto debido en concepto de tributos asciende a U$S 5.984,1 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
En consecuencia, el importe que podrá exigirse a la actora PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. es el monto máximo garantizado mediante la póliza 165342; o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados de U$S 5.984,1 convertidos al tipo de cambio anterior al de la fecha de pago, si este último resultare inferior. Ello, con más los intereses del art. 794 del C.A.
Los intereses deben computarse desde el vencimiento del plazo de diez días de la notificación de la corrida de vista del sumario sobre el monto que se confirma en concepto de tributos, en lo que a este caso respecta el plazo de cómputo de intereses comienza el 24/7/2013 por haber sido notificada la aseguradora el 10/7/2013 conforme surge de fs. 15 vta. Por ello VOTO por:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción de la acción del Fisco para exigir el pago de tributos efectuado por la recurrente formulados por la actora, con costas.
2. Confirmar parcialmente el art. 2° de la Resolución DE PRLA n° 8378/17, declarando que la deuda tributaria en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA asciende a la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON DIEZ CENTAVOS (U$S 5.984,1) que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., que deben calcularse desde el 24/7/13 hasta la fecha del efectivo pago.
Declarar que el monto que se puede exigir a la actora PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. es el de CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($55.800)- monto asegurado mediante la póliza n°165342- o el importe de los tributos si este último resultare menor Ello con más los intereses devengados desde el 24/7/13, en los términos de los arts. 794, 1101y 1103 del C.A.
3. Imponer las costas a la actora en cuanto al monto que se confirma y al fisco nacional en cuanto a los importes que se revocan (percepciones de iva adicional y ganancias $11.770,09).
El Dr. Pablo Adrián Garbarino dijo:
I. Que adhiero, en lo sustancial, al modo en que decide el voto de la Vocal preopinante. ASÍ LO VOTO.-
II. Que, sin embargo, considero apropiado efectuar ciertas precisiones en relación a la excepción de prescripción opuesta por la aseguradora, con sustento en que el Fisco no se presentó a verificar su crédito en el concurso preventivo de acreedores de la firma importadora, como tampoco promovió el respectivo incidente de verificación tardía, considerando en consecuencia, que se ha operado la prescripción por el vencimiento del plazo contemplado en el art. 56 de la ley de Concursos y Quiebras 24.522, para la verificación del mismo, atento las posibles consecuencias que conlleva su declaración, en tanto no se comparten en su totalidad los fundamentos –sí la solución- esgrimidos en el voto que antecede.
III. Que, bajo tales premisas, cabe recordar que una cuestión análoga a la examinada en esta litis -donde se debate la prevalencia de las normas que disciplinan la prescripción de los tributos aduaneros (arts. 803 y cc. de la ley 22.415) por sobre lo fijado en la ley 24.522-, si bien relativa a los gravámenes regidos por la ley 11.683, ha sido ya estudiada en el Dictamen de la Procuración General de la Nación del 5 de noviembre de 2007, en la causa A.1279, L.XLII, "Administración Federal de Ingresos Públicos - D. G. I. – Casación (Autos: 'Incidente de verificación tardia AFIP - DGI en expte. 17.214100 Bodegas y Viñedos El Águila S.R.L. si concurso preventivo')", cuyos fundamentos la Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió e hizo suyos en su sentencia del 11 de agosto de 2009.
Por tales argumentos, forzoso deviene concluir que la especificidad de aquellos procesos universales, como el concursal, requieren de la unidad de criterios y de pautas uniformes y seguras, y hacen que el crédito fiscal anterior a la presentación en concurso o a la declaración de quiebra, se vea alcanzado por las disposiciones de la ley 24.522 (confr. Dictamen PGN en autos “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ EN – DGA – RESOL. 3455/09 -Expte. 601909/03- s/ Dirección General de Aduanas”, del 29 de mayo de 2018).
Por lo demás, éste es el método ideado por el legislador al sancionar la citada ley 24.522, en cuanto busca, por una parte, dar seguridad jurídica y certeza ante una situación de iliquidez o de falencia y, por otra, posibilita la compatibilización de todos los derechos que se hallan en pugna dentro de un proceso concursal o de quiebra, es decir, tanto el interés del deudor en saldar sus deudas, como de los acreedores frente a él y entre sí.
IV. Que, no obstante, no debe perderse de vista, de acuerdo a inveterada jurisprudencia de este Tribunal Fiscal, que el concurso o quiebra del importador en modo alguno veda al órgano competente la determinación de obligaciones tributarias y la aplicación de sanciones, cuestiones que no resultan atraídas ni por el concurso ni por la quiebra, de modo que, en el caso, le asiste derecho a la Aduana a perseguir el cobro de los importes reclamados, sin necesidad de verificar previamente su crédito -o aun verificándolo-, en los términos de la ley 24.432 (confr. Sala E in re “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, sentencia del 31 de julio de 2012 –Expte. Nro. 23.469-A-, voto del Dr. Pablo Garbarino; entre muchos otros).
V. Que, en efecto, el artículo 56 de la ley 24.522 establece que los efectos del acuerdo homologado se aplican aún a los acreedores que no se hubieran presentado a verificar sus créditos, si una vez presentados se los declaró admisibles. A tal efecto, contempla el mencionado incidente estableciendo que “debe deducirse mientras tramite el concurso o, concluido éste por la acción individual que corresponda, dentro de los dos (2) años de la presentación en concurso” (el destacado me pertenece). Asimismo se establece que, vencido ese plazo, prescriben las acciones del acreedor.
Siendo ello así, cabe destacar que la prescripción que se articula en autos no es la prescripción de la acción del Fisco para determinar los tributos aduaneros o imponer las multas del mismo carácter (arts. 806 y ss. y arts. 934 y ss. del CA), sino que se trata de la prescripción abreviada concursal, ligada íntimamente con la percepción de los tributos y de la multa, que pudieran corresponder como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones aduaneras asumidas.
VI. Que, al respecto, cabe señalar que existen aspectos particulares del derecho aduanero que hacen que no queden comprendidos en el fuero de atracción ciertos temas como el sometido a estudio, es decir, dotado de un carácter preponderantemente jurisdiccional, por lo que en el caso no corresponde, en los términos señalados por la Corte Suprema de Justicia in re “Administración Federal de Ingresos Públicos -DGI- s/ casación en autos: ‘Bodegas y Viñedos El Águila SRL s/ concurso preventivo – revisión’” del 11 de agosto de 2009, aplicar los plazos prescriptivos previstos por la ley de concursos, en tanto el sub exámine resulta fruto de un procedimiento aduanero que no se encuentra firme y no de un instrumento emanado de la propia parte actora a fin de determinar el monto de las acreencias a verificar por la Administración (como efectivamente sucedía en el precedente analizado por el Alto Tribunal supra referido, cuya plataforma fáctica difiere del presente).
En tales condiciones, si bien es cierto que la ley 24.522 en su artículo 21 consagra que la apertura del concurso preventivo produce la suspensión de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, debiendo radicarse ante el Juzgado respectivo las causas que tramitan ante la misma jurisdicción judicial, sin embargo no todas ellas lo son, ya que los aspectos de especificidad ya comentados hacen más a mecanismos de conocimiento que a los de ejecución. De modo que tales procedimientos deben realizarse, sea en la vía administrativa como en la jurisdiccional ante este Tribunal Fiscal, ya que tienden a la exteriorización del hecho imponible y a establecer la medida de la obligación a contribuir, y no deben sustanciarse ante el juez del concurso, por estar dirigidos a la constitución del instrumento creditorio de naturaleza tributaria.
VII. Que, en tal sentido, la especificidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que expresó, respecto a la determinación tributaria, que la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. “Hilandería Luján S.A.”, del 30-9-86 y “Casa Marroquín S.R.L.”, del 31-3-87, entre muchos otros).
En tal sentido, el Alto Tribunal in re “Fisco Nacional Argentino (D.G.I.) s/inc. de verificación de créditos en autos “Cosimati, Gregorio G. s/ Conc. Merc. Prev.”, en sentencia de fecha 09/04/87, expresó que el artículo 22 de la ley 19.551, que establece la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, es inaplicable, “toda vez que la misma debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso, ni la aplicación de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas”. (Jurisprudencia Fiscal Anotada, Arístides H. Corti, Revista Impuestos, Tomo XLV-B, p. 1346, año 1987), excluyendo de ese modo la competencia del juez del concurso en la determinación tributaria.
Bajo tales postulados, cabe concluir que los procesos impugnatorios aduaneros no quedan afectados por la fuerza atractiva de los juicios universales que prevé la ley 24.522. Así lo ha entendido este Tribunal, su Alzada y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterada jurisprudencia en materia tributaria (“Ostrimet S.A.”, sentencias del 5 de abril de 1991 y del 20 de diciembre de 1994, y los citados fallos del Tribunal Cimero dictados en “Hilanderías Luján S.A.” el 30 de septiembre de 1986, “Casa Marroquín SRL”, del 31 de marzo de 1987 y “Lumicot SAICAFI”, el 10 de marzo de 1987), cuya aplicación en la especie deviene ineludible.
Por lo demás, y respecto del ámbito donde debe discutirse la procedencia o no del concepto reclamado por la DGA a una empresa concursada, nuestro más Alto Tribunal tiene dicho en numerosos precedentes que si bien la exigencia final del tributo debe tramitarse en el fuero comercial, la discusión sobre la procedencia o no del impuesto debe efectuarse en el área judicial respectiva (“Supercanal S.A.” de fecha 2/06/03, “Loba Pesquera S.A.” de fecha 11/06/03 y “Enrique Gauchat” de 4/07/03).
VIII. Que, por lo demás, el criterio que se sustenta en la especie ha sido confirmado por la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, en la sentencia dictada con fecha 05/02/02, en autos “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. (T.F. 10.900-A) c/ D.G.A.” en donde expresó -haciendo un análisis de las condiciones generales de la garantía otorgada- que: “en ningún momento se determina que para enderezar la acción de cobro el organismo aduanero deba dirigirse en primera instancia al tomador y sólo una vez agotada esa vía deba encaminarse la acción en contra de la aseguradora...”; “... surge que la producción del siniestro es determinada por la propia Aduana al formular cargo o al dictar una resolución que establezca la responsabilidad del tomador. Por lo cual resulta improcedente lo sostenido por la requirente en el sentido de que la producción del siniestro no ha acaecido por no haber verificado la Aduana su crédito en la quiebra de la importadora.”
IX. Que, por ende, el concurso o quiebra de la importadora no condiciona la responsabilidad del asegurador al cumplimiento por parte de la Aduana de una eventual presentación o verificación de su crédito en la quiebra del importador asegurado, ni sujeta el cobro del tributo a la realización de gestión alguna previa por la Aduana ante el Juez de la quiebra o concurso, sino que la finalidad es más bien, en sentido inverso al pretendido por la actora, la de asegurar a la Aduana, ante la falta de ingreso de los tributos por el importador, la posibilidad de cobro de los mismos, ante cualquier eventualidad, incluida la quiebra o concurso del importador.
X. Que, por último, corresponde señalar que tanto en sede administrativa como en esta instancia se lleva a cabo un proceso de determinación de una eventual deuda tributaria, debiendo tenerse en cuenta al respecto que el garante puede oponer defensas y excepciones propias del garantizado.
Asimismo, en similar sentido se ha expedido el Alto Tribunal en la causa “Supercanal S.A. s/apelación” - sentencia del 02/06/03-, en la que resolvió que habiéndose recurrido en relación a la determinación tributaria, como en el caso de autos, al Tribunal Fiscal de la Nación, no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que se produce el desplazamiento de la competencia judicial original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas. Y, con posterioridad, el Tribunal Cimero mantuvo dicha doctrina en la causas “Loba Pesquera S.A.” y “Gauchat, Enrique P. c/ Dirección Gral. Impositiva” sentencias de fechas 11/06/03 y 04/07/03, respectivamente, donde contempló los supuestos en que la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación fuere apelada, manteniendo la competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a ese respecto. En tal orden de ideas, en relación y al ámbito donde debe discutirse la procedencia o no del concepto reclamado por la DGA a una empresa concursada, de acuerdo a la citada jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal, y si bien la exigencia final del tributo debe tramitarse en el fuero comercial, la discusión sobre la procedencia o no del impuesto debe efectuarse en el área judicial y/o jurisdiccional respectiva.
Por lo tanto, cabe concluir que no existe norma legal alguna que imponga al acreedor (en el caso la D.G.A.), la obligación de verificar su crédito en la quiebra o concurso del importador ni ninguna otra gestión, como requisito previo a reclamar su crédito de la firma garante o aseguradora, por lo que corresponde desechar el planteo de la recurrente referido a la necesidad de verificar el crédito en sede concursal. ASI TAMBIÉN LO VOTO.- El Dr. Christian Marcelo Gonzalez Plazzo dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto de la Dra. Musso De conformidad con el acuerdo que antecede, por unanimidad SE
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción de la acción del Fisco para exigir el pago de tributos efectuado por la recurrente formulados por la actora, con costas.
2. Confirmar parcialmente el art. 2° de la Resolución DE PRLA n° 8378/17, declarando que la deuda tributaria en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA asciende a la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON DIEZ CENTAVOS (U$S 5.984,1) que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., que deben calcularse desde el 24/7/13 hasta la fecha del efectivo pago.
Declarar que el monto que se puede exigir a la actora PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. es el de CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($55.800)- monto asegurado mediante la póliza n° 165342- o el importe de los tributos si este último resultare menor Ello con más los intereses devengados desde el 24/7/13, en los términos de los arts. 794, 1101y 1103 del C.A.
3. Imponer las costas a la actora en cuanto al monto que se confirma y al fisco nacional en cuanto a los importes que se revocan (percepciones de iva adicional y ganancias $11.770,09).
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Cora M. Musso (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.02.13 12:44:17 -03:00 Date: 2023.02.14 16:44:39 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.14 17:36:05 -03:00 Cora Marcela Musso Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.14 17:36:06 -03:00
Fin de la sentencia