Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 129760476-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, y revocar parcialmente el pronunciamiento del TFN de fecha 16/04/2024;
2Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos respecto de Prudencia SA, relativos al DIT 07001IT15000732C;
3Declarar inoficioso pronunciarse respecto del recurso de apelación interpuesto por la demandada, y
4Imponer las costas de esta instancia al Fisco Nacional (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).
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20.126/2024 “Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA (TF 129760476) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”
Buenos Aires, 21 de octubre de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 16/04/2024, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, declaró la nulidad de la Resolución n° 8086/2018 (DE PRLA) recaída en las actuaciones administrativas SIGEA n° 12197-8260-2013, respecto de la firma PRUDENCIA COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.
Rechazó el planteo realizado por la actora en cuanto a la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, sin costas. Impuso las costas a la demandada vencida.
Para así resolver, sostuvo que, en primer lugar, correspondía resolver el planteo de nulidad incoado por la actora en su presentación liminar.
A tal efecto, precisó que, conforme se verificaba de la lectura de las actuaciones, las mismas, principiaron con el acta de denuncia n° 3512/13 labrada por el servicio aduanero por la supuesta comisión de la infracción al régimen de destinación suspensiva respecto de la Destinación de Importación n° 07001IT15 000732C, por entender que la firma importadora no habría regularizado en el plazo concedido la situación de la mercadería introducida en forma suspensiva. En consecuencia, la División Secretaría de Actuación n° 1, en fecha 25/09/14, dispuso la instrucción del sumario contencioso en los términos del art. 1090, inc. c) del Código Aduanero, cuyo trámite culminó con el dictado de la Resolución n° 8086/2018, por la cual se dispuso “archivar sin más trámite la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II presente causa, en los términos de la Instrucción General N° 9/17” en lo que hace a la pretensión sancionadora, “dejar constancia en el Registro de Causas Archivadas” y “formular cargo” contra la firma Patagonia Wines y Foods S.A. Indicó que, conforme surgía de la compulsa del expediente administrativo, previo al dictado de la resolución definitiva, el administrador omitió dar cumplimiento a la carga impuesta por el art. 1101 del Código Aduanero al no correr vista de todo lo actuado a la supuesta infractora.
Recordó que, el mencionado artículo establece que: “cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (...)”.
En consecuencia, ponderó que, todos los actos procesales cumplidos en forma posterior se hicieron sin intervención alguna de la imputada, quien, frente a tal omisión procesal, no tuvo oportunidad alguna de ejercer su legítimo e incólume derecho de defensa, como también acompañar o, en su caso, identificar, la documentación que considerase útil para que sea agregada a la pesquisa. Recalcó que, el único momento en el cual la firma encartada tomó conocimiento de lo actuado fue al cursársele la notificación a efectos de hacerle saber el dictado de la Resolución n° 8086/2018 (DE PRLA), apelada en autos, sin que antes se la citara para esgrimir las defensas que estimase pertinente, ello, en franca violación a lo normado por el art. 1101 del C.A.
En tales condiciones, consideró que, no cabía duda de que la demandada no había dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la normativa aduanera en lo que al procedimiento previsto para las infracciones respecta (arts. 1080 y 1117 del Código Aduanero), dentro del cual figuraba la corrida de vista a la imputada y su fehacientemente puesta en conocimiento.
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Entendió que, en dicho contexto, se había configurado una afectación, no solo al derecho de defensa de la actora, sino también a los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).
En consecuencia, expuso que, la omisión en la que incurrió el servicio aduanero al no disponer la corrida de vista desnaturalizaba el procedimiento infraccional previsto por el legislador. Vicio que, como tal, no podía considerarse saneado ulteriormente con la notificación de la resolución apelada.
Conforme ello, concluyó que, dicha conducta omisiva -lesiva del derecho fundamental de defensa en juicio- tornaba nulo, por aplicación de la teoría del fruto del árbol envenenado, el acto administrativo corolario del procedimiento infraccional, la Resolución n° 8086/2018 (DE PRLA), en tanto adolecía de sustento legal y fáctico que validen su necesaria motivación.
Adujo que, sin perjuicio de lo sentado precedentemente -y que bastaría para dar respuesta jurisdiccional al caso llevado a debate-, estimaba menester desarrollar algunas consideraciones respecto de la Instrucción General en trato, en tanto el artículo 1°) del resolutorio apelado, se decidió “archivar sin más trámite las presentes actuaciones en los términos de la Instrucción General N° 09/17”. Apuntó que la citada instrucción tuvo su origen en la I.G. n° 01/98, reformulada por la I.G. n° 02/07 y su ampliatoria, la I.G. n° 02/08. Éstas tuvieron como finalidad evitar el dispendio innecesario de recursos materiales y humanos de la Administración Pública, disponiendo en ese sentido el archivo de aquellas actuaciones que importaran la posible aplicación de las sanciones previstas para las infracciones aduaneras, cuyos bajos montos tornaran antieconómico implementar o continuar medidas tendientes a lograr su cobro. Aclaró que, no obstante la finalidad perseguida por la I.G. n° 9/17, al tratarse de la investigación de un ilícito, previo a disponer su archivo en base al monto por el que hubiese CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II prosperado la sanción, correspondía en primer término determinar en forma fehaciente si se había configurado o no la infracción imputada en autos, la que, en caso de acreditarse, recién ahí daría lugar a la aplicación de la pretendida multa y de los tributos que ahora se pretenden exigir a la firma en su carácter de aseguradora de la operación.
Puntualizó que, en el caso en examen, se estaba frente a un procedimiento que comenzó siendo de naturaleza infraccional, pero que culminó con el archivo de las actuaciones y la formulación de un cargo por tributos adeudados, en tanto se daban los presupuestos fácticos de la Instrucción General: que el hecho reprochado como ilícito conllevaba la imposición de una multa que resulte inferior a los $30.000,00 -llámese “multa mínima”-, a más de verificarse la inexistencia de antecedentes computables a la importadora.
Alegó que, claramente, la exigencia tributaria implicaba una presunción - amén de la suerte de que corra físicamente la pretensión punitiva por conveniencia funcional- y, sobre ella, el servicio aduanero daba por hecho el incumplimiento al régimen de importación temporaria según lo previsto en el art. 274 del Código Aduanero.
Argumentó que, esa presunción, en ese caso en particular, carecía de la contracara que pudiere desvirtuarla pues, simple y fatídicamente, el Fisco omitió dar espacio para que las partes pudieren defenderse al no realizar en tiempo y forma la corrida de vista.
En ese orden de ideas y teniendo en consideración los extremos señalados ut supra en cuanto al procedimiento llevado a cabo ante la administración, correspondía declarar la nulidad de la Resolución n° 8086/2018 (DE PRLA), recaída en el expediente administrativo SIGEA n° 12197-8260-2013 con relación la firma PRUDENCIA COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.
Señaló que, decidido lo expuesto precedentemente, debía analizarse el planteo de prescripción esgrimido por la recurrente.
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Con relación a ello, reiteró que, tal como fue mencionado, las actuaciones administrativas iniciaron por la denuncia realizada por el servicio aduanero por la presunta infracción al art. 970 del Código Aduanero, con relación a la destinación n° 07001IT15000732C, oficializada en fecha 29/06/07, cuyo vencimiento operaba el 18/06/09.
Afirmó que, la apertura del sumario se materializó el 25/09/14, mientras que la resolución recurrida ante esos estrados databa del 30/10/2018. En cuanto a la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, cobraba relevancia lo normado en los arts. 803, 804 y 805 inc. “a)” del Código Aduanero. Por su parte, el plazo de vigencia de la potestad del Fisco para percibir tributos regidos por la legislación aduanera era de cinco (5) años a contar desde el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado o, en caso de tributos que debieren exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impuesta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario, el primero de enero del año siguiente a la fecha de dicho incumplimiento.
Manifestó que, no obstante ello, el art. 805 inc. “a)” establece que la prescripción se suspende “(...) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión (...)”.
Apuntó que, en autos, en fecha 25/09/14, se instruyó el pertinente sumario contencioso en los términos del art. 1090, inc. “c)” del C.A., cuyos efectos suspensivos del plazo de prescripción se mantuvieron vigentes hasta el dictado de la Resolución n° 8086/2018, por lo que, correspondía rechazar el planteo incoado por la recurrente respecto de la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, sin costas.
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En virtud de todo lo analizado y las particularidades que presentaba el caso traído al conocimiento de ese Tribunal, concluyó que, las costas del proceso debían ser impuestas al Fisco.
Finalmente, indicó que, por la forma en que se resolvía el presente caso, no correspondía tratar los demás agravios vertidos por la recurrente.
II. Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 28/05/2024 y 30/05/2024 interpusieron sendos recursos de apelación la actora y el Fisco Nacional, expresando agravios el 11/06/2024 y el 19/06/2024, respectivamente.
La actora contestó el traslado de los agravios de la demandada el 29/07/2024. Se deja constancia que, el Fisco Nacional, no contestó el traslado de las quejas de la actora.
III. Apelación de Prudencia Compañía de Seguros Generales S.A.
En primer lugar, la recurrente, recuerda que, la Aduana dictó la Resolución DE PRLA N° 8086/2018 por cuyo medio ordenó formular cargo al importador y a su parte, en su condición de garante de los tributos aduaneros dispensados por las sumas de u$s 2.497,67 y $ 5.396,715 en concepto de I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
Apunta que, su parte, apeló ante el Tribunal Fiscal de la Nación, planteando la nulidad del proceso, por no haber corrido vista para la defensa, como lo impone el art. 1101 C.A., no haber comprobado la existencia de la infracción imputada al art. 970 C.A. y no haber sido la misma juzgada en el caso.
Añade que, asimismo, planteó además la nulidad del auto de instrucción sumarial por incumplimiento de los recaudos previstos en el art. 1094 C.A. y la falta de notificación del mismo, acarreando así la prescripción de la acción para exigir el pago de los tributos pretendidos por la aduana.
Destaca que, el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar a la nulidad del proceso en cuanto a la ausencia de comprobación del hecho imputado y la falta de vista para la defensa, declarando la nulidad de la Resolución DE PRLA n° CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II 8086/2018 pero rechazó la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos reclamados.
Pondera que, en ajustada síntesis, el rechazo de la prescripción se basó en que según el art. 805 inc. a) C.A. el curso de la prescripción se suspende desde el dictado del auto de instrucción sumarial (art. 1094 C.A.) entendiendo que dicha suspensión se extiende hasta la fecha.
En este contexto, destaca que, el fallo recurrido en el punto indicado (prescripción), no ha analizado ni rebatido ninguno de los argumentos expuestos por su parte en el escrito de apelación.
En este sentido, a título preliminar, hace suyos los argumentos del voto en disidencia del Dr. Garbarino, en cuanto sostiene la inaplicabilidad del art. 805, inc. a) segunda parte C.A. en tanto que la prescripción no puede quedar suspendida “sine die” a que se notifique la resolución aduanera, estimando que ello es contrario a la seguridad jurídica y a la preservación de la integridad del derecho de defensa en juicio, previsto en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, de acuerdo al art. 75, inciso 22 y 18 de la Constitución Nacional.
Postula que, el art. 1094 del C.A. impone diversos requisitos en el dictado del auto de instrucción sumarial, sin cuyo cumplimiento el acto procesal mencionado resulta nulo.
Cita jurisprudencia del TFN favorable a su postura.
Luego, alega que, el caso, en examen, no es ajeno a la doctrina que emana de esos fallos, pues el auto de apertura sumarial carece de los recaudos exigidos por el art. 1094 del C.A.
Pone de relieve que, mientras que el hecho imputado habría ocurrido 18/6/2009, el auto de instrucción sumarial se habría dictado en 25/9/2014, pero no consta en dicho acto procesal la exigencia del inciso b), es decir, la verificación, clasificación arancelaria y valoración de las mercaderías afectadas.
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La mera lectura del auto de instrucción sumarial arroja como resultado la insuficiencia del mismo desde todo punto de vista. No se realiza la verificación, clasificación arancelaria y valoración de la mercadería en dicha ocasión. Tampoco se adoptó medida cautelar alguna ni se tomó declaración de ninguna índole a los presuntos responsables ni se adoptó medida destinada a esclarecer los hechos investigados, limitándose la medida a describir en forma insuficiente que no se había cumplido con las obligaciones asumidas con motivo de la importación temporal.
Hace hincapié, en que, no caben dudas, a poco que se analice la secuencia de los hechos y las actuaciones procesales cumplidas en el caso, que el auto de instrucción sumarial, dictado en el caso, sólo fue un intento dirigido a la suspensión y/o interrupción de las acciones penal y tributaria respectivamente, que no surtió el efecto indicado, por carecer el acto procesal en cuestión de los elementos básicos exigidos por el art. 1094 del C.A., omitir la verdadera situación aduanera de la mercadería y resultar, en consecuencia, nulo y provocar la nulidad de las actuaciones posteriores, además de no haber sido notificado en tiempo y forma.
Esgrime que, rigen al respecto los arts. 7, 14 y 17 de la Ley 19549, aplicable al caso por imperio del art. 1017 del C.A.
Aduce que, se ha vulnerado, asimismo, el debido proceso y el derecho de defensa en juicio (arts. 18 y concordantes de la C.N.).
Manifiesta que su parte recién pudo conocer la imputación efectuada cuando se le notificó la Resolución DE PRLA n° 8086/2018, 9 años después del supuesto acaecimiento del hecho que se imputa.
Cita jurisprudencia de la Cámara de este Fuero favorable a su postura. Expone que, por todo ello, se debe declarar la nulidad del auto de instrucción sumarial y así se debe resolver en el presente caso.
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Asimismo, se agravia de la falta de notificación del auto de instrucción sumarial. Se ha vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa en juicio (arts. 18 y concordantes de la C.N.) al no notificar el auto de instrucción sumarial, sin perjuicio de la nulidad del mismo desarrollada en los párrafos precedentes. Apunta que, en tal contexto, se constata un claro agravio constitucional en el ejercicio del derecho de defensa. Reitera que, su parte, recién pudo conocer el real alcance de la imputación con la notificación de la Resolución DE PRLA N° 8086/2018, 9 años después de ocurrido el presunto hecho infraccional, en atención a que nunca fue notificada del auto de instrucción sumarial ni se corrió y notificó la vista para la defensa.
Puntualiza que, el tema, consiste en determinar si es suficiente el mero dictado de la resolución ordenando la instrucción sumarial (más allá de su nulidad en el presente caso), o si es necesario que dicho acto procesal sea debidamente notificado al imputado para causar la suspensión o interrupción de la prescripción. Cita jurisprudencia del TFN.
Advierte que, el acto procesal mencionado, auto de apertura sumarial, no surtió efecto alguno, pues no se exteriorizó, quedando en el ámbito de la voluntad del funcionario del cual emanó y por ello, no interrumpió ni suspendió la prescripción de las respectivas acciones, penal y tributaria. La publicidad, tanto de los actos administrativos así como de los actos procesales, incluidas en ello las sentencias, hace a la esencia del sistema republicano que consagra nuestra Constitución Nacional y que obliga a quienes ejercen la autoridad a rendir cuentas de sus actos. No existiendo notificación, ningún efecto causa el acto. En esa tesitura, expone que, resulta incomprensible la interpretación que comúnmente se hace, tanto en doctrina como en jurisprudencia, del texto de los artículos 805, inciso a), 806, inciso a) y 937, incisos a) y d) del Código Aduanero, en cuanto se entiende que el mero dictado del auto de instrucción sumarial y de la resolución condenatoria en su caso, son suficientes para suspender o interrumpir CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II la prescripción, sin necesidad de notificarlos. Dicha interpretación resulta incorrecta y no resiste el escrutinio del art. 18 y del art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos así como de diversos artículos del Código Aduanero y del Código Procesal Penal de la Nación.
Se refiere al análisis del Plenario “HUGHES TOOL S.A. c/A.N.A.” dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en 23/9/2003 para resolver la doctrina aplicable en materia de interrupción de la prescripción respecto de las infracciones aduaneras y las penalidades aplicables a las mismas (art. 937 incs. a) y d) del C.A.).
Estima que, el plenario mencionado adolece de graves defectos que resulta necesario destacar pues al enumerar las causales de interrupción de la prescripción, se refiere al “dictado del auto de apertura a prueba del sumario”, supuesto que la ley no contempla.
La mayoría sostuvo que, tal como está redactado el art. 937 del C.A., basta con el dictado del acto procesal, sin necesidad de notificación alguna, pues esa ha sido la voluntad del legislador y por ello, según el criterio de la mayoría, no hace falta que sea notificado.
Resalta que, el artículo 11 de la Ley 19.549, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, expresa que para que el acto administrativo del alcance individual adquiera eficacia, debe ser objeto de notificación al interesado, mientras que el acto administrativo de alcance general, debe ser publicado, lo cual colisiona con la doctrina del plenario “Hughes Tool S.A.”, en cuanto sostiene que no es necesaria tal notificación, pese a invocar la aplicación supletoria de dicha ley a los procedimientos aduaneros. Pero además, dicho plenario incurre en una grosera interpretación de las normas procesales aplicables pues no advirtió que, a renglón seguido, el artículo 1017, párrafo segundo del C.A., expresa que “Cuando se tratare de los procedimientos por infracciones y por delitos aduaneros, se CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal y los tribunales de la Capital y Territorios Nacionales, las que prevalecerán sobre las indicadas en el apart. 1”, lo cual termina de destruir la doctrina de dicho plenario.
Señala que, como se debe aplicar el Código Procesal Penal, en el artículo 142 de dicho código de forma, respecto de las notificaciones, establece que: “Las resoluciones judiciales se harán conocer a quien corresponda dentro de las 24 hs. de dictadas, salvo que el Tribunal dispusiera un plazo menor y no obligaran sino a las personas debidamente notificadas”. Sin la mentada notificación, es impensable que el mero dictado de la resolución que ordene la instrucción sumarial o que impone la condena, sea eficaz para interrumpir el curso de la prescripción, de acuerdo a la norma indicada, cuya aplicación al caso resulta indiscutible, porque la propia ley la impone. Todo ello sin perjuicio del texto expreso del art. 1012, incisos a) y b) del C.A. que lo afirma categóricamente. Es decir, el legislador así lo ha querido y así quedó plasmado en la ley, por lo cual no admite discusión posible y deja a la doctrina que surge del plenario sin sustento valedero.
En dicho contexto, afirma que, uno de los presupuestos de validez procesal de un acto administrativo procesal, de las características del que aquí se debate es, precisamente, la notificación, sin la cual no se exterioriza y carece de certeza en torno a la fecha de su dictado, tanto en materia penal como en materia tributaria.
Alega que, las resoluciones procesales en materia infraccional deben ser notificadas y se aplica a su respecto la ley procesal penal, que impone dicha notificación, so riesgo de ineficacia. Cabe acotar que, aun cuando se recurra a la ley administrativa, la misma también impone la notificación para otorgar eficacia al acto, tal el art. 11 de la Ley 19.549. Y además, el art. 1012 del C.A. también impone la necesidad de la notificación.
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Concluye que, en definitiva, el auto de instrucción sumarial, así como la resolución condenatoria sólo interrumpen y/o suspenden la prescripción si son notificados en tiempo y forma (art. 1012, incisos a) y b), art. 1017, segundo párrafo del C.A., art. 11 de la Ley 19.549 y 142 del C.P.P.N.).
Entiende que, por tales razones, el auto de instrucción sumarial dictado en 25/9/2014 no suspendió ni interrumpió la prescripción de las acciones penal y tributaria, en tanto no fue notificado y recién se notifica a su parte en 17/10/2023 cuando se notifica la Resolución DE PRLA 8086/2018 y ya había acaecido la prescripción de ambas, 9 años después del presunto hecho infraccional. Advierte que el hecho imputado habría ocurrido en 18/6/2009, el plazo prescripción comenzó a correr en 01/01/2010 y acaeció fatalmente en 31/12/2014, pues además de no haber sido notificado el auto de instrucción sumarial, el mismo resultó nulo conforme el art. 1094 del C.A. Para que el auto de instrucción sumarial produzca los efectos previstos en el art. 937, incisos a) y d) del CA, debe ser expresamente notificado (arts. 1012, inciso b) y 1017 del CA y 142 del CPPN. Agrega que, respecto de la acción tributaria, rigen los arts. 803, 804, 805 inciso a), 806, inciso a) y concordantes del C.A., debiendo destacarse que, al resultar nulo y además no haberse notificado el auto de instrucción sumarial, no ha acaecido la suspensión prevista en el art. 805, inciso a) y que mal pudo el auto de instrucción sumarial, nulo y sin notificar, suspender el curso de la prescripción (art. 805 inciso a) y por ello, no ocurrió la interrupción prevista en el art. 806, inciso a) del mismo cuerpo legal pues la notificación de la liquidación tributaria se produjo recién al notificarse la Resolución DE PRLA n° 8086/2018 en 17/10/2023, habiendo prescripto la acción tributaria sin que la aduana la suspendiera o interrumpiera con el dictado y la notificación del auto de instrucción sumarial que la ley impone. Tampoco existen en el caso, actos de ejecución en sede aduanera tendientes a percibir los tributos adeudados, como exige el art. 806, inciso b) del C.A y en razón de ello, debe decretarse la prescripción de la acción para percibir CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II tributos. Y reitero, mal puede suspender la prescripción de la acción tributaria el dictado del auto de instrucción sumarial, cuando la liquidación de los mismos no fue notificada, sino en 17/10/2023, cuando la acción ya había prescripto. Solita que, tratándose la prescripción en la materia, de un instituto de orden público, se decrete la prescripción de la acción tributaria.
A modo de síntesis, argumenta que, el auto de instrucción sumarial es nulo de nulidad absoluta e insanable, además no contenía la liquidación de los tributos ni fue notificado y no causó efecto procesal alguno, no suspendió ni interrumpió el curso de la prescripción de la acción tributaria. No existe en la causa ningún acto procesal idóneo para interrumpir o suspender el curso de la prescripción de la acción tributaria ni de la acción penal y así debe resolverse el presente caso, decretando la prescripción de la acción para exigir y percibir los tributos por parte del fisco.
En definitiva, el hecho imputado, que determina la imposición tributaria ocurrió en el año 2009, por lo cual la prescripción comenzó a correr a partir del 1/1/2010 y acaeció fatalmente en 31/12/2014, sin que existan causales de interrupción ni de suspensión de acuerdo a la legislación vigente, pues el auto de instrucción sumarial además de nulo, no fue notificado y además, no contenía los elementos procesales que exige el art. 1094 del C.A.
En cuanto a la acción tributaria con respecto a los derechos de importación y a riesgo de reiterativo, rigen como se dijo anteriormente, los arts. 803, 804, 805 inciso a), 806, inciso a) y concordantes del C.A. Destaca que, al no haberse notificado el auto de instrucción sumarial, no ha acaecido la suspensión prevista en el art. 805 inciso a) del C.A. y que además, la liquidación de los tributos tampoco fue notificada hasta la fecha en que se notificó la Resolución DE PRLA N° 8086/2018, también nula, cuando ya estaba prescripta la acción y por ello no ocurrió la interrupción prevista en el art. 806, inciso a) del C.A. Tampoco existen en el caso actos de ejecución en sede aduanera tendientes a percibir los tributos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II presuntamente adeudados, como exige el art. 806, inciso b) del C.A. y en razón de todo ello, dicha acción fatalmente prescribió.
La falta de notificación ha impedido al justiciable el conocimiento oportuno de la situación procesal, incluida su fecha y el ejercicio en tiempo y forma de sus derechos constitucionales referidos a la defensa y a la propiedad.
Por otra parte, alega que, la Aduana reclama en el presente caso la suma de $ 5.396,715 en concepto de I.V.A ADICIONAL e IMPUESTO A LAS GANANCIAS, los que también resultan improcedentes sin perjuicio de la nulidad de la Resolución DE PRLA Nº 8086/2018 decretada en el caso.
Observa que, al respecto, la sentencia de la C.S.J.N. en la causa “Cladd ITA S.A. (TF 22.343 –A) c/EN-DGA Resol. 2590/06 (Expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas” de fecha 26/11/2019 determinó que a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la aduana perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieran practicarse por tales conceptos y que sobre dicha base se concluye que, cerrado el término para presentar la declaración jurada de tales impuestos, se extingue la facultad de la aduana para exigir el pago de los mismos. Advierte que, en el caso, tales cargas impositivas datan de la fecha de registro del D.I.T. 07001IT15000732C y que la presunta infracción se habría producido en 18/6/2009, por lo que, considera aplicable dicha doctrina al caso en análisis, debiendo dejarse sin efecto en consecuencia su reclamo en autos. La jurisprudencia, incluso de la propia aduana, es pacífica en tal sentido a partir del citado fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por tales razones, corresponde aplicar la doctrina de la C.S.J.N. en la citada causa y en subsidio, dejar sin efecto dicho cargo en las presentes actuaciones.
IV. Apelación del Fisco Nacional:
En primer lugar, manifiesta que, del formulario F4 surge que el monto cuestionado es u$d 2.497,67 y $5.396,71 y que no se apeló ni multa ni intereses CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II (el formulario dice “(…) Intereses: No. Multa: No”), coincidentemente con la Resolución n° 8086/2018 (DE PRLA).
Por otro lado, aclara que, en autos no se discute una infracción sino un cargo y que el cargo tiene su génesis en la importación definitiva a consumo de la mercadería objeto del DIT, no en la infracción propiamente dicho (no hay accesoriedad de ningún tipo).
De las constancias acompañadas surge que la Aduana “ordenó la corrida de la vista” pero “nunca notificó dicha corrida de vista para que el administrado pueda defenderse de la imputación (el reproche de naturaleza penal)”, circunstancia que habría motivado la nulidad resuelta.
Expone que, el -a quo- no repara en que sí nada se imputa no corresponde disponer corrida de vista alguna, pues en el procedimiento aduanero (ver art. 1101 del CA), los cargos se notifican y se corre vista de lo actuado a los presuntos responsables (presuntos responsables de una infracción).
Entiende que, en consecuencia, si no hay una imputación penal concreta (por infracción) va de suyo que no se corre vista, solamente se formula un cargo y contra el cargo el ordenamiento prevé dos alternativas (1°) la impugnación del art. 1053 del CA o (2°) el pago extintivo de la obligación y, eventualmente, y de encuadrar en determinados supuestos puntuales, la posibilidad de repetir lo pagado en demasía, obviamente de conformidad al procedimiento del art. 1069 del CA.
Destaca que, lo que es claro es que ninguna corrida de vista corresponde efectuar en el caso sub examine debido a que el acto administrativo debe tener siempre una finalidad (art. 7 inc. f) de la ley 19.549). Y sí no hay pretensión punitiva, no tiene finalidad notificar una corrida de vista, toda vez que no hay nada de lo que deba defenderse (entonces no se le notifica el inicio de un procedimiento para las infracciones, sino su archivo y la formulación de un cargo por tributos).
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Precisa que, la administración al no notificar la corrida de vista y disponer el archivo más la formulación de un cargo, lo que hace es, voluntariamente, optar por quitarle eficacia al acto administrativo (de la apertura y corrida de vista) con el convencimiento (implícito) que solo una vez que se notifica al interesado el acto administrado adquiere eficacia (art. 11 de la ley 19.549). Así las cosas, debe considerarse que el procedimiento para las infracciones es inexistente para el administrado, en la medida que la Administración nunca tuvo la voluntad de inmiscuirlo en él y ha resuelto, en lo que a él le atañe, únicamente respecto de un cargo (determinación por tributos por haberse considerado nacionalizada la mercadería únicamente).
Indica que, siguiendo este lineamiento, debe receptarse lo señalado respecto a que “el acto administrativo no solo debe ser “válido”, sino también “eficaz” para ser “perfecto”, justamente la eficacia se logra a partir de la publicidad o comunicación a los interesados y tratándose de actos de alcance particular, la misma se adquiere a partir de la notificación. Careciendo entonces de notificación de acuerdo de beneficio, no es posible afirmar la eficacia del acto y en consecuencia la ejecutoriedad. Es decir, careciendo de publicidad el acto se vuelve inexistente” (Cám. Fed. de la Seg. Soc. - Sala 3, expte. n° 16953/2016, “Lima Susana María Rosa c/ ANSES s/Amparo por Mora”, fallo del 06/06/2017). Manifiesta que, siguiendo esa lógica, si el acto administrativo no puede reputarse existente hasta que sea firmado, tampoco podrá serlo, para el administrado, hasta que le sea notificado.
Observa que la Excma. Cámara del fuero viene señalando que cuando el cargo está contenido en una resolución que se vincula a una infracción, debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones (“Miquel Y Costas Argentina SA (TF 39040-A) c/ DGA s/Recurso Directo de organismo Externo”, expte. 4330/2024), más dicho razonamiento no se hace cargo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II de lo que establece la legislación aplicable en términos generales y entendida sistémicamente.
Alega que, en efecto, el art. 1132 del C.A. establece que contra las resoluciones definitivas del administrador dictadas en los procedimientos de repetición y para las infracciones se podrá interponer el recurso de apelación ante el Excmo. Tribunal Fiscal, pero dicho artículo debe leerse teniendo en cuenta las disposiciones procedimentales previas, verbigracia, el art. 1053 del CA. Por su parte, el art. 1053 del CA establece: “1. Tramitarán por el procedimiento reglado en este Capítulo las impugnaciones que se formularen contra los actos por los cuales: a) se liquidaren tributos aduaneros, en forma originaria o suplementaria, siempre que la respectiva liquidación no estuviere contenida en la resolución condenatoria recaída en el procedimiento para las infracciones; (…)”. Es decir, explica que el recurso de impugnación va contra “los actos” (en sentido amplio) por los cuales “se liquidaren tributos aduaneros”, siempre que la respectiva liquidación no estuviere contenida en la resolución “condenatoria” recaída en el procedimiento para las infracciones (nótese que exige para excluirlos de este procedimiento de impugnación que la resolución sea - condenatoria-).
Puntualiza que, solo escapan de la impugnación (agotamiento de la vía administrativa previa necesario para que entienda el Tribunal Fiscal) los actos por los cuales se liquidaren tributos aduaneros dentro de una resolución aduanera que, además, debe ser “condenatoria” (debe condenarse por una infracción). Sí la resolución “no es condenatoria”, va de suyo, que antes de ir en los términos del art. 1132 del CA, debe necesariamente agotarse la vía administrativa (método interpretativo de lógica sistémica y de prelación en orden jurídico y de los hechos, ya que el procedimiento para las impugnaciones es previo al de apelación ante el Tribunal Fiscal).
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Por lo tanto, al notificarle únicamente el cargo (determinación de tributos) y -no- la mentada corrida de vista por la infracción aduanera; técnicamente, no estamos frente a la sustanciación del procedimiento para las infracciones, sino ante un acto administrativo determinativo de tributos (atacable por el procedimiento de impugnación). Y ese cargo (que determina tributos solamente) puede revisarse exclusivamente mediante el procedimiento administrativo que la normativa prevé a dichos efectos (es decir, mediante el procedimiento de impugnación del art. 1053 del CA o, sí paga, luego por el procedimiento previsto en el art. 1068 y ss. del CA y no otro).
Añade que, refuerza esta tesitura que el art. 1069 del C.A. también acoge a la tesis de que para eludir el procedimiento administrativo previo hace falta resolución condenatoria, en tanto expresamente excluye los pagos efectuados a requerimiento del servicio aduanero (como este cargo), siempre que la respectiva liquidación “1) no hubiere sido objeto de revisión en el procedimiento de impugnación; o 2) no estuviere contenida en la resolución condenatoria recaída en el procedimiento para las infracciones (…)”. Lo que dispone el art. 1132 del C.A. debe interpretarse armónicamente con lo dispuesto en los arts. 1053 y ss, 1068 y ss del C.A. y teniendo en cuenta que hace falta agotar la vía administrativa, tanto como que el Fisco puede revisar de forma “ex post” y luego de la actividad “interadministrativa” (puertas adentro) puede (e incluso debe) notificar los cargos que considere corresponder.
Estos cargos no fueron formulados en el marco de un procedimiento para las infracciones, en el cual se desentrañó si se cometió (o no) una infracción, postula que esa actuación administrativa fue ineficaz para el administrado y por eso no se corrió vista; en cambio se "reencauso", lo que nació como un reproche de naturaleza penal (la infracción) que sobrevivió (subsistió) como un requerimiento de pago de una obligación no penal (determinación de tributos).
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En este punto, la parte actora no puede alegar desconocimiento del proceso aplicable (art. 8 del CCyC), mucho menos si se tiene en cuenta que el art. 1034 del C.A. prevé que en todas las presentaciones en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (justamente, previendo que en el marco del procedimiento administrativo aduanero hace falta la asistencia del letrado, se prevé la intervención de un profesional que entenderá no solo sobre el fondo sino también sobre las formas del debate). Puesto de otra forma, ante la notificación del cargo (acto determinativo de tributos que no requiere solemnidades), el administrado tiene patrocinio letrado (ya en sede administrativa aduanera o ante la aduana) y podrá alzarse contra el acto administrativo siempre con el asesoramiento del profesional del derecho (nótese que para ir al TFN y a la justicia también requiere asistencia letrada) utilizando la vía recursiva legalmente estipulada a dichos efectos.
Considera que, por dicho fundamento, el fallo debió declarar la incompetencia del TFN para adentrarse a entender en el proceso.
Argumenta que, la nulidad fue consentida. Asimismo, añade que, es imposible soslayar que la excepción de nulidad no puede oponerse válidamente, también, porque el cargo aduanero le fue notificado mediante la cédula electrónica (SICNEA) 23001NOTI248618D el 17/10/2023 e interpuso el recurso de apelación el 31/10/2023 (es decir, 10 días después, sin tener presente lo que dispone el art. 1051 del CA).
Esgrime que, en este caso, sí lo supra expuesto en torno a que debió promover el recurso de impugnación antes no fuese suficiente, cabe considerar también que -antes de plantear el recurso de apelación- la normativa aduanera exige que el planteo de nulidad se efectúe en sede administrativa, dentro de los cinco días de notificado el acto, bajo apercibimiento de considerarlo -iure et de iure- “consentido” (argumento del art. 1051 del CA, en tanto establece que la nulidad no podrá ser declarada cuando el acto hubiere sido consentido, aunque CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración y dispone expresamente un plazo de cinco días al efecto).
En tales condiciones, postula que, atento la Resolución DE PRLA N° 8086/2018 le fue notificada el 17/10/2023 e interpuso el recurso el recurso “pasados los cinco días hábiles”, aun cuando se aplique el principio de informalismo a favor del administrado, no puede plantearse la nulidad, que ya fue antes “tácitamente” consentida por el administrado. Por lo tanto, siendo los plazos perentorios (art. 1006 del CA), el supuesto vicio quedó consentido y no puede prosperar el planteo efectuado.
Recuerda que, las pautas interpretativas fijadas por la Corte Suprema en cuanto a que “la primera fuente de exégesis de la ley es su letra” (Fallos: 304:1820; 314:1849).
Por último, sostiene que, la propia Sala “F” de ese Excmo. Tribunal, ha dicho “(…) en el caso, el procedimiento para las infracciones por el que se había instruido sumario contra la firma importadora se dejó sin efecto sin concluir su trámite, en atención al monto de la multa mínima que correspondía, ordenándose por medio de la resolución aquí en recurso, tan solo el archivo de las actuaciones y la formulación del cargo por un importe de capital en concepto de tributos que el servicio aduanero considera adeudados con relación a la mercadería importada temporariamente, intimado a la importadora y a la aseguradora. Que, en tales términos, el cargo formulado a través de la resolución recurrida, corresponde ser entendido como una liquidación originaria de tributos, contra la cual se prevé el procedimiento de impugnación en sede administrativa, contemplado en los arts. 1053 y sgtes. del C.A. (...)” (Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de Seguros c/ D.G.A. TF. 24.715- A”).
Aduce que, así las cosas, la Representación Fiscal tenía motivos válidos para litigar.
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En virtud de lo expuesto, apela la imposición de costas (en subsidio), solicitando que se impongan “por su orden”.
V. Que, por razones metodológicas y de orden, en primer lugar, se tratará el planteo de nulidad del auto de apertura del sumario, formulado por la actora, es decir, la cuestión relativa a determinar si el auto de apertura del sumario resultó inhábil o no para interrumpir el curso de la prescripción de la acción del Fisco para requerir el pago de los tributos, de conformidad con los requisitos establecidos en el art. 1094 del Código Aduanero.
VI. Que, en este contexto, conviene recordar que la acción del Fisco Nacional para reclamar el pago de tributos e imponer penas prescribe por el transcurso de cinco años (arts. 803 y 934, CA), y ese término comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido o constatado la infracción y/o producido el hecho gravado (arts. 804 y 935 del mismo ordenamiento).
Por su parte, el artículo 805, inciso a, del Código dispone que se suspende el plazo de prescripción desde la apertura del sumario en la causa que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; mientras que el artículo 937, inciso a, establece que la prescripción de la acción para imponer penas se interrumpe por el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario. La causal de suspensión del plazo de prescripción prevista en el citado artículo 805, inciso a), fue ideada en consideración a que la acción del Fisco para percibir el tributo no se halla expedita, debiendo esperarse hasta la finalización de la causa abierta para investigar la existencia de un ilícito aduanero.
Sin embargo, para que el auto de apertura del sumario tenga virtualidad para suspender y/o interrumpir el cómputo de la prescripción, debe tratarse de un CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II acto válido, es decir que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente.
En este sentido, el artículo 1094 del Código Aduanero identifica los enunciados obligatorios con que debe contar la resolución que dispone la apertura del sumario, y establece que “el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. De ello se sigue que para considerar al auto de apertura de sumario como un acto válido resulta necesario que se haya dado cumplimiento a los recaudos que se acaban de referir; incluyendo una clara identificación de los hechos constitutivos de la infracción para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado al pago ejercer correctamente su derecho de defensa. La falta de alguno de los elementos referidos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (conf. esta Sala, en autos 40.306/2013 “Agencia Marítima TAGSA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 18/3/2014).
VII. Que, de las actuaciones administrativas nro. 12.197-8260-2013, se desprende que:
(i) del Acta de Denuncia n° 3512/2013 de fecha 5/11/2013 surge que los hechos consistieron en una “de acuerdo al control de oficio efectuado, se formula denuncia por infracción prima facie tipificada en el art. 970 del C.A. para la destinación: 07001IT15000732C” (fs. 1).
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(ii) con fecha 29/04/2014 se informan las alícuotas aplicables a la mercadería en presunta infracción (fs. 7).
(iii) con fecha 19/08/2014 se liquidan los tributos relativos a la operación (fs. 8).
(iv) con fecha 25/09/2014 se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c), del C.A., indicándose que: “Previo a todo trámite y en los términos del art 1111 del Código Aduanero, remítase a la Sección Control de la Recaudación de Garantías (…)” (fs. 9).
(v) con fecha 22/10/2018 se agrega la consulta de la garantía (fs. 8). (vi) a fs. 11 se agregan planillas de liquidación de tributos y multa. (vii) a fs. 13 y vta., obra la Resolución DE PRLA N° 8086/2018, de fecha 30/10/2018, por la que el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, resolvió: “ARTICULO 1°) Archivar sin más trámite las presentes actuaciones en los términos de la Instrucción General N 9/17 (D.G.A.) (…) ARTICULO 3°: Formular Cargo a Patagonia Wines y Foods S.A. (…) y Prudencia Cia. Argentina de Seguros S.A. …con relación a la destinación en trato en concepto de TRIBUTOS ADEUDADOS , por la suma de (…)U$S 2.497,67 y por la suma de (…) $5.396,71 en concepto percepción de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, e INTIMAR A SU PAGO, haciendo saber a respecto de la garante, que se formulará dentro de los límites y por los rubros afianzados mediante la Póliza N° 166389 (…)”.
VIII. Que de lo expuesto, se desprende que el auto de apertura del sumario del 25/09/2014, no cumplió con los extremos legales exigidos por el artículo 1094 del Código Aduanero para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye al acto de inicio de la facultad investigativa (art. 805, inc. a), por no incluir entre sus antecedentes la determinación, clasificación y valoración de la mercadería involucrada en el DIT fiscalizado, ni la liquidación de los tributos y multa que a consideración de la autoridad de aplicación en la materia CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II correspondería que la firma imputada abonara; recaudos que, fueron incorporados con posterioridad a haber sido dictado dicho acto.
En este contexto, cabe señalar que, la liquidación de los tributos presuntamente adeudados, fue incorporada entre el 22/10/2018 y el 30/10/2018, es decir, una vez dictado el auto de apertura de sumario, del 25/09/2014, y una vez operada la prescripción de la acción del Fisco Nacional, el 31/12/2014; todo lo cual impide considerar la posibilidad de tener por subsanadas las deficiencias apuntadas, con lo actuado con posterioridad al suceso examinado.
IX. Que, en este contexto, cabe señalar que, la falta de la liquidación tributaria, al momento de abrir el sumario, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a), del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas (conf. Sala III, in re, "Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF28836-A) c/DGA", Expte. No. 21.830/2012, del 6/6/2013 y expte. n° 3.063/2020 “Sancor Cooperativa de Seguros Limitada TF 40026-A c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 17/03/2021).
Por tal razón, la realización de la liquidación tributaria correspondiente, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero.
De este modo, resulta de toda claridad que la resolución de apertura del sumario es nula, de nulidad absoluta en tanto violatorio de la ley aplicable y carece, por ende, de aptitud para suspender e interrumpir la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para percibir los tributos e imponer multa, respectivamente (conf. esta Sala, en autos 21.906/2017 “Denso Manufacturing CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 13/7/2017, entre muchos otros).
X. Que, confirmada la declaración de nulidad de la resolución de apertura del sumario, no habiéndose verificado alguna de las causales suspensivas y/o interruptivas del término liberatorio quinquenal (rector en la especie tanto en lo relativo a la acción para perseguir el cobro de tributos como para imponer penas por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero; conf. artículos 803 y 934, ambos del Código Aduanero), en relación a la Destinación de Importación “07001IT15000732C”, y teniendo en cuenta que el plazo de prescripción comenzó a correr el 1/1/2010 (dado que la vigencia fue prorrogada hasta el 18/06/2009), se concluye que la prescripción efectivamente operó el 31/12/2014, por lo que a la fecha del dictado de la resolución DE PRLA n° 8086/18 se encontraba holgadamente prescripta la facultad de la aduana para imponer penas y para reclamar el pago de tributos.
Cabe aclarar en este punto que, si bien el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva, razón por la cual en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos: 327:1629 y 329:1012, entre otros), la nulidad del acto administrativo por ausencia de alguno de sus requisitos esenciales es de carácter absoluto y no puede ser soslayada (art. 14, inc. b), LNPA), pues importaría afectar el derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
En consecuencia, el acto obrante a fs. 9 de las actuaciones administrativas debe reputarse nulo, de nulidad absoluta en tanto violatorio de la ley aplicable – término que comprende tanto al ordenamiento constitucional como la violación de una ley, un reglamento, un tratado una resolución (conf. dictamen de la PTN 196:80)–, y carece, por ende de aptitud para suspender e interrumpir la prescripción de las acciones del Fisco para percibir los tributos e imponer la multa, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II respectivamente (en idéntico sentido Sala IV in rebus: “YPF SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo” del 27/04/2017, y “Agencia Marítima TAGSA SA (TF 27435-A) c/DGA”, del 11/06/2013 y sus citas).
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de las co actoras y revocar el pronunciamiento del TFN. Asimismo, corresponde declarar nulidad del auto de apertura del sumario y en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos contra la actora, con relación al DIT 07001IT15000732C.
XI. Que lo dicho basta para la solución del caso, resultando insustancial expedirse en punto a las restantes cuestiones propuestas por la recurrente.
XII. Que estas mismas circunstancias y análogos fundamentos, determinan que resulta inoficioso pronunciarse respecto del recurso de apelación interpuesto por la demanda, en lo que al punto refiere.
XIII. Que las costas de esta instancia se imponen al Fisco Nacional, por no advertirse motivos que justifiquen apartarse del principio general de la derrota rector en la materia (conf. art. 68, primera parte, del CPCCN).
En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: 1°) hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, y revocar parcialmente el pronunciamiento del TFN de fecha 16/04/2024; 2°) declarar la nulidad del auto de apertura del sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos respecto de Prudencia SA, relativos al DIT 07001IT15000732C; 3°) declarar inoficioso pronunciarse respecto del recurso de apelación interpuesto por la demandada, y 4°) imponer las costas de esta instancia al Fisco Nacional (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN). Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia