Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 29104-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la apelación interpuesta por el Fisco Nacional, admitir parcialmente la de la parte actora y confirmar la decisión de fs. 155/159, excepto en lo relativo a las costas derivadas de la revocación parcial de la liquidación tributaria, las cuales se imponen —en ambas instancias— al demandado vencido (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párr., y 279 del CPCCN).
2No imponer costas en la alzada respecto de los agravios rechazados, dado que ninguna de las partes contestó agravios.
3Reducir las regulaciones de honorarios del modo en que surge del considerando 7°.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 37603/2025 PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
GENERALES SA (TF 29104-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 10 de marzo de 2026.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 127/129, el Tribunal Fiscal de la Nación:
(i) Confirmó parcialmente la resolución AD MEND 920/10, dictada en la actuación 12447-765-2009, en cuanto había exigido a Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA, en su carácter de garante, el pago de los tributos derivados de la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, con relación a la destinación suspensiva de importación temporaria (DIT) 07038IT11000394M; con costas.
(ii) Revocó la exigencia del derecho adicional y las percepciones del IVA y del Impuesto a las Ganancias; con costas por su orden.
(iii) Declaró que la aseguradora adeudaba la suma de $3.233,05 en concepto de tributos, con más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, calculados desde el 11/3/10.
(iv) Reguló los honorarios de la representación fiscal y de la perito contadora, a cargo de la parte actora.
Para resolver de ese modo, el tribunal administrativo precisó que la controversia se originó por la falta de regularización de 82.800 unidades de un total de 120.000 tapones de polietileno importados temporariamente bajo el régimen de perfeccionamiento industrial del decreto 1330/04. Recordó que, en los regímenes de destinación suspensiva, la carga de la prueba sobre el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término recae exclusivamente sobre el beneficiario, quien debe demostrarlo de manera fehaciente mediante la documentación aduanera pertinente (art. 250 del Código Aduanero).
En ese orden, advirtió que la importadora del caso (Patagonian Wines & Food SA) no acompañó oportunamente los permisos de embarque, el certificado de tipificación de importación temporaria (CTIT), ni la declaración jurada de insumos que permitieran acreditar la cancelación de la DIT en trato. Sostuvo que el acogimiento voluntario a un régimen de excepción obstaba a su impugnación ulterior y exigía el cumplimiento estricto de los requisitos previstos. En esas condiciones, tuvo por configurada la infracción endilgada con respecto al saldo de 82.800 unidades que arrojaba el sistema informático, así como el hecho gravado por el artículo 274 del código de la materia.
1 Respecto de la liquidación tributaria, decidió excluir el cobro del derecho adicional y de las percepciones de tributos interiores con remisión a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas causas F. 195.XLII “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ DGA” e I.49.XLII “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA”, sentencias del 14/08/13; así como en el precedente CAF 38004/2007/CS001 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ DGA Resol. 2590/06 s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 26/11/19.
Efectuó la reliquidación de los tributos y determinó que ascendían a la suma de $3233,05 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA. Precisó que esa suma estaba comprendida en el monto máximo garantizado en la póliza de caución 168853 (USD 11.950).
Finalmente, en el mismo acto, reguló los honorarios de la representación fiscal y la perito designada en el caso.
2. Que, disconforme, a fs. 140 interpuso apelación Prudencia Compañía Argentina de Seguros SA, que se concedió a fs. 155, se fundó a fs. 158/162 y fue replicada a fs. 179/181.
Sus agravios pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
(i) Inexistencia de infracción. Sostuvo que, conforme al pedido de prórroga obrante en las actuaciones administrativas, el vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería tuvo lugar el 30/7/09, por lo que no se configuró la infracción. Agregó que la Aduana de Mendoza declaró la rebeldía de la importadora y desestimó todas las pruebas que había ofrecido en calidad de garante, lo que denota la confusión de la decisión apelada, al enrostrar falta de diligencia probatoria a la importadora. (ii) Imposición de costas. Argumentó que las costas relativas a los rubros de la liquidación que fueron revocados debían imponerse al Fisco vencido, dado que se trataba de conceptos oportunamente cuestionados.
(iii) Honorarios regulados. Señaló que no guardaban proporción con el monto del litigio, el cual -tras la reducción a $3.233,05 en concepto de capital, más intereses desde el 11/3/10- ascendía a $25.452,36.
3. Que, a su vez, a fs. 143/154 interpuso y fundó apelación el Fisco Nacional, que se concedió a fs. 155 y fue replicada a fs. 166/168.
En sustancia, se agravió por la aplicación del fallo “Cladd ITA SA” con relación a la aseguradora. Señaló que lo consentía con respecto a la importadora, pero que la obligación de la garante era de carácter contractual y debía responder por los rubros respecto de los cuales prestó cobertura. Citó jurisprudencia sobre distintas cuestiones que no tienen estricta vinculación con el caso (situación falencial, fecha de inicio de cómputo de los intereses, entre otras), al solo efecto de robustecer su posición en punto a la diferente naturaleza de las obligaciones a cargo de los importadores y las aseguradoras, y la consiguiente inaplicabilidad de la doctrina de la Corte a las segundas.
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GENERALES SA (TF 29104-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Agregó que la garantía no había sido liberada, que el contrato continuaba vigente en los términos en que se celebró, y que generaba en el Fisco una legítima expectativa de cobro de los conceptos en cuestión, amparada por la legislación civil y los principios que rigen el procedimiento administrativo.
4. Que, con respecto a la configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero, el recurso de la actora no puede prosperar. Al respecto, debe recordarse que la valoración de las circunstancias de hecho y de la prueba se encuentran, como principio, marginadas del examen que corresponde realizar en esta instancia, atento a la limitación con que ha sido previsto el recurso que se intenta conforme el artículo 1180, inciso b, del Código Aduanero. Esta Sala ha sostenido de manera reiterada que no cabe apartarse de las conclusiones del Tribunal Fiscal de la Nación en ejercicio de sus facultades propias para apreciar los hechos de la causa, salvo que medie un error de magnitud suficiente, que aquí no se advierte (doctr. causas “Maritime Shipping Agency SRL”, sent. del 26/6/12; y “Abbot Laboratories Argentina SA”, sent. del 29/8/19; entre otras).
En efecto, el memorial de la apelante carece de una crítica concreta y razonada que logre desvirtuar la lógica del fallo, limitándose a reiterar argumentos genéricos y a proponer su propia interpretación de los hechos. Frente a lo alegado por la recurrente respecto a que el vencimiento de la prórroga operó el 30/7/09 y que no se configuró el ilícito, el Tribunal Fiscal destacó que, según las impresiones del sistema informático (cuya validez no fue desvirtuada por elementos de prueba fehacientes), quedó un saldo de 82.800 unidades de “tapones de polietileno” sin reexportar. En particular, advirtió que nunca se acompañaron los permisos de embarque, el CTIT, ni la declaración jurada de insumos que permitieran acreditar la cancelación de la DIT 07038IT11000394M. Cabe recordar que se trata de un régimen de excepción al régimen general de importación, y que aquél que adhiere voluntariamente a un régimen de esta índole debe someterse al cumplimiento estricto de los requisitos exigidos para su otorgamiento, extremo que obsta a su impugnación ulterior.
Bajo esta premisa, tal como lo señaló el tribunal de origen, esta Sala ha sostenido de manera reiterada que el importador —o, en su caso, el asegurador que puede subrogarse en sus defensas— debe acreditar la regularización de la mercadería mediante la documentación que debe obrar en su poder. Específicamente, en casos de importación temporaria con fines de transformación como la aquí involucrada, mediante los permisos de embarque y los certificados de tipificación (CTIT o CTC) que permitan constatar la 3 relación insumo-producto (cfr. esta Sala, causas “Curtiembre Pelicce SA (TF 9684-A) c/ DGA”, sent. del 31/8/04; 35392/10 “Orandi y Masera SA (TF 19648-A) C/ DGA”, sent. del 15/03/11, y sus citas). Dicha carga probatoria se extiende tanto al importador como al asegurador que garantiza la operación (doctr. causas 13079/10 “La Mercantil Andina Cía Argentina de Seguros SA”, sent. del 8/7/10; y 41282/17 “Chubb Argentina de Seguros SA”, sent. del 12/2/15).
Se trata, en definitiva, de una cuestión técnica vinculada a la determinación de la regularización de mercadería importada bajo un régimen de perfeccionamiento industrial, cuya apreciación recae en las facultades del organismo de control y del tribunal administrativo especializado. En este sentido, la mera discrepancia con los criterios técnicos utilizados por el judicante para valorar la insuficiencia de la prueba no autoriza la revisión de lo decidido, al no acreditarse un supuesto de arbitrariedad o un apartamiento de las constancias de la causa.
Por lo expuesto, corresponde confirmar el pronunciamiento apelado en este punto.
5. Que, en punto al siguiente agravio, referido al alcance de la doctrina que emana del citado fallo “Cladd ITA SA” y a la interpretación que propone el Fisco Nacional en el sentido de que lo allí decidido no resultaría extensible a la firma aseguradora, cabe adelantar que el recurso no puede prosperar.
Al respecto, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al establecer los límites de la potestad recaudatoria sobre las percepciones de tributos interiores en casos de importaciones temporarias no regularizadas, no efectuó distingo alguno en orden a la exigibilidad de tales conceptos en función del sujeto de que se trate. El Máximo Tribunal concluyó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos referidos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de estas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg Fallos 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del periodo fiscal” (consid. 10, causa cit.).
En sentido opuesto a la exégesis propuesta por la representación fiscal, la Corte federal —al dictar sentencia el 26/11/19 en la causa “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”— hizo lugar al recurso extraordinario de una compañía aseguradora y revocó el cargo por percepciones impositivas, remitiéndose íntegramente a los fundamentos del precedente “Cladd ITA SA”. Por lo tanto, la naturaleza de la obligación de la garante no altera la inexistencia del derecho del Fisco a reclamar conceptos cuya función recaudatoria ya ha fenecido. Para más, respecto del alcance económico del seguro asumido en este tipo de casos, debe recordarse que las garantías expedidas a los fines de posibilitar el libramiento de mercadería sometida al régimen de importación temporaria requieren la cobertura de los eventuales tributos que gravaren la importación para consumo de los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 37603/2025 PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA (TF 29104-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO efectos de que se trate (art. 453, inc. c, del Código Aduanero). Y si bien —como principio general— en las importaciones temporarias consideradas definitivas por ausencia de reexportación de la mercadería los tributos pertinentes son aquellos regidos por la Sección IX, Título I del citado código, lo cierto es que la individualización de los gravámenes cubiertos por la aseguradora se concreta en cada caso en la póliza emitida en favor del importador.
En el presente caso, el riesgo asegurado fue el incumplimiento por parte del tomador de una prestación asumida ante la Aduana de reexportar las mercaderías introducidas temporariamente mediante la DIT 07038IT11000394M; hecho cuyo acaecimiento parcial se encuentra firme. En esos términos, resulta de aplicación lo pactado por las partes contratantes en el sentido que el asegurador debe responder “con los mismos alcances y en igual medida en que resulte obligado el Tomador o proponente de acuerdo con las leyes o reglamentaciones aduaneras vigentes, causa eficiente del presente seguro” (ver condiciones particulares de la póliza 168853, a fs. 88). En consecuencia, al haberse declarado la inexigibilidad de las percepciones respecto de la firma importadora, la Aduana no puede válidamente pretender cobrar a la aseguradora un importe mayor al que legalmente adeuda el deudor principal. Se deja constancia que esta solución guarda coherencia con lo resuelto por otras Salas de la Cámara (cfr. Sala V, causa 26224/25 “Paraná SA de Seguros (TF 35088-A) c/DGA”, sent. del 18/9/25; Sala III, causa 7950/25 “Just International Latam SA (TF 34027-A) c/ DGA”, sent. del 20/2/26, entre otras).
Por las consideraciones precedentes, se desestima el recurso del Fisco Nacional.
6. Que, en cambio, debe admitirse el agravio de la actora con relación a las costas por la revocación parcial de la liquidación tributaria, dados los términos en que se trabó la litis.
En efecto, se observa que la resolución aduanera había sido apelada in totum por la aseguradora sin exclusión de monto alguno (v. formulario F4 a fs. 1 y definición del objeto de la demanda a fs. 11). Incluso, la aseguradora había cuestionado especialmente la procedencia del derecho adicional y las percepciones de tributos interiores (v. fs. 23 y 20vta.).
En tales condiciones, y en la medida en que la pretensión deducida en este proceso generó un vencimiento para el organismo recaudador en la instancia anterior, se concluye en que no hay motivos para apartarse de lo decidido (en igual sentido, cfr. esta 5 Sala, causa 4327/24 “Transportes Cuevas de Nerja SRL (TF 32613-A) c/ DGA”, sent. del 18/4/24; entre otras), Por lo expuesto, corresponde admitir este agravio de la actora, revocar lo decidido sobre el punto y condenar en costas al Fisco Nacional -en ambas instancias- en lo que respecta a los rubros de la liquidación que fueron anulados.
7. Que, restaría examinar los cuestionamientos de la actora contra la regulación de honorarios practicada en la causa.
Al respecto, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, el monto discutido en el juicio, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por la representación letrada del Fisco Nacional, en las tres etapas que tuvo el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los emolumentos fijados a su favor a la suma de $7.200 –arg. arts. 6º, 7º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432–.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el decreto-ley 16.638/57, la calidad y eficacia de la labor desarrollada, la importancia de la cuestión sobre la que debió expedirse la perito contadora Elsa Claudia Zanotti, como así también, la adecuada proporción que deben guardar sus emolumentos con los honorarios fijados al resto de los profesionales que actuaron durante la sustanciación del proceso, corresponde REDUCIR la suma regulada a su favor a $2.400.
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar la apelación interpuesta por el Fisco Nacional, admitir parcialmente la de la parte actora y confirmar la decisión de fs. 155/159, excepto en lo relativo a las costas derivadas de la revocación parcial de la liquidación tributaria, las cuales se imponen —en ambas instancias— al demandado vencido (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párr., y 279 del CPCCN).
2. No imponer costas en la alzada respecto de los agravios rechazados, dado que ninguna de las partes contestó agravios.
3. Reducir las regulaciones de honorarios del modo en que surge del considerando 7°.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia