Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 34198-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la medida cautelar solicitada por la parte actora.
2Rechazar los recursos interpuestos por las partes y confirmar la decisión de fs. 90/93; con costas de alzada conforme a los vencimientos, en la misma proporción dispuesta en la anterior instancia (arg. art. 71, CPCCN).
3Diferir el importe de la tasa de justicia a cargo del Fisco Nacional con arreglo a lo dispuesto en el considerando 8º.
4Intimar a la parte actora a acompañar la liquidación correspondiente al pago de la tasa de justicia, en los términos del considerando 9º.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 43695/2023 PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
GENERALES SA (TF 34198-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, diciembre de 2023.
1. Que se elevan estas actuaciones para tratar los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y el Fisco Nacional contra la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación de fs. 90/93, por la cual:
(i) Rechazó la excepción de nulidad de la resolución aduanera que había interpuesto Prudencia Compañía Argentina de Seguros SA.
(ii) Confirmó parcialmente la resolución DE PRLA 7919/13 en cuanto había intimado al pago de los tributos relacionados con la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, en lo que respecta a la destinación de importación temporaria 05 001 IT14 002625C, y declaró que su importe ascendía a U$S 7.018,82 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, más los intereses del artículo 794 del citado código, desde el 26/11/13 hasta la fecha del efectivo pago.
(iii) Revocó la citada resolución en lo que respecta al reclamo del derecho adicional y las percepciones del IVA y del Impuesto a las Ganancias, con sustento en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
(iv) Declaró que la responsabilidad de la aseguradora quedaba circunscripta, en cuanto al capital, al monto máximo garantizado en pesos en la póliza 15582 ($58.371), más los intereses correspondientes.
(v) Distribuyó las costas por sus vencimientos, estimándolos en un 59% a cargo del Fisco y un 41% a cargo de la actora.
2. Que, junto con el memorial presentado el 12/6/23 (v. fs. 105vta./106), la parte actora solicitó a esta Cámara el dictado de una medida cautelar para que la AFIP-DGA se abstuviera de iniciar la ejecución de los tributos, en atención al efecto devolutivo con el que se había concedido su apelación (arg. art. 1172, CA). El 29/11/23 se incorporó el informe emitido por la AFIP-DGA en los términos del artículo 4° de la ley 26.854, en el que manifestó que no se encontraban reunidos los requisitos para conceder la medida.
3. Que la procedencia de medidas como la solicitada exige, como principio, la presencia de todos sus requisitos, por lo que la falta de configuración del peligro en la demora es suficiente para denegarla, siendo inoficioso el tratamiento de los argumentos referidos a la verosimilitud del derecho (doctr. Fallos 326:2261, y esta Sala, causa 22290/13 “Club Social Ramallo Asociación Mutual”, resol. del 2/7/13, entre otras).
Si bien los presupuestos procesales de las medidas cautelares se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud en el derecho puede atemperarse el rigor acerca del peligro en la demora y viceversa, lo cierto es que ambos recaudos deben hallarse presentes (cfr. esta Sala, causa 40633/14 “Brugo”, resol. del 23/12/14, entre otras).
En el caso, la recurrente formuló alegaciones genéricas, no demostró el efectivo inicio de la ejecución, ni acreditó –siquiera mínimamente– que el importe que podría exigírsele ($58.371, más intereses) resulte excesivamente desproporcionado con relación a su situación financiera.
De tal manera, no es posible tener por acreditado el daño grave e irreparable que provocaría su pago a las resultas de este proceso (arg. art. 13, inc. 1º, ap. a, ley 26.854); lo que, a su vez, es suficiente para el rechazo de la medida, de acuerdo al criterio jurisprudencial al que se hizo referencia.
4. Que, al no haber diligencias pendientes, corresponde ingresar al tratamiento de los recursos interpuestos a fs. 99 y 102 contra la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación; los que se concedieron a fs. 103, y se fundaron a fs. 104/112vta. y 118/vta., respectivamente.
La aseguradora planteó que la decisión apelada invertía indebidamente la carga probatoria en una materia de sustancia penal, al exigirles al importador y la garante que acreditasen el efectivo cumplimiento de la destinación suspensiva de importación temporaria.
Por otro lado, sostuvo que no correspondía la liquidación de los tributos en dólares estadounidenses. Argumentó que la ley 23.905 significó la adopción de un sistema de actualización por depreciación monetaria, que debía considerarse derogado a partir de la reforma introducida por la ley 23.928. Agregó que el artículo 4º de la ley 25.561 mantuvo, con ligeras modificaciones, la vigencia de los artículos 7º y 10 de la ley 23.928, en cuanto prohíben la actualización monetaria. El Fisco Nacional, por su parte, cuestionó la condena en costas. Planteó que éstas deberían distribuirse por su orden en lo que respecta a los rubros de la liquidación tributaria que resultaron revocados, ya que lo fueron en atención a precedentes del Máximo Tribunal de fecha posterior al inicio de las actuaciones.
5. Que este Tribunal sostuvo en reiteradas oportunidades que, en los supuestos de importación temporaria con fines de transformación, como el que aquí es materia de examen (v. fs. 1/3, act. adm.), la documentación necesaria para acreditar de modo fehaciente la reexportación de los insumos son los correspondientes permisos de embarque y CTC ―o copia de aquellos instrumentos, frente a la imposibilidad de acompañarlos―, a fin de poder constatar la relación insumoproducto y, con ello, la efectiva regularización de la mercadería introducida en forma CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 43695/2023 PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA (TF 34198-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO temporal (cfr. esta Sala, causa 35392/10, “Orandi Y Massera SA”, sent. del 15/03/11, y sus citas).
Además, se tiene dicho que se trata de un régimen de excepción, por lo que la prueba del cumplimiento de la obligación impuesta en razón de su otorgamiento cae en cabeza del beneficiario –o bien del asegurador, que puede subrogarse en sus defensas–; quien debe probarlo por medio de la documentación antes mencionada (cfr. esta Sala, causas 13079/10 “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros SA”, sent. del 8/7/10, y 41282/17 “Chubb Argentina de Seguros SA”, sent. del 12/2/15, entre otras).
En este entendimiento, el primer agravio de la aseguradora no puede prosperar.
6. Que, en la causa V.312.XLV “Volkswagen Argentina SA (TF 22179-A) c/ DGA”, resuelta el 23 de agosto de 2011, la Corte federal –siguiendo el dictamen de la Procuración General– entendió que el artículo 20 de la ley 23.905 no había sido dejado de lado por la ley 23.928 pues, a tenor de lo dispuesto en su artículo 7º, ella sólo se dirigía a las obligaciones de dar sumas de dinero determinadas en moneda nacional, mientras que las obligaciones cuya suerte se discutía en esa causa debían determinarse en dólares.
Allí también aclaró que la ley 23.905 era posterior al dictado de los artículos 637, 638 y 639 del Código Aduanero, y que la vigencia de su artículo 20 ya había sido determinada implícitamente en la causa B.828.L.XLIII, “Bridgestone Firestone Argentina S.A. (TF 16674-A) c/ DGA”, sentencia del 27/4/2011.
Esto impide acceder a cualquier planteo que involucre aplicar un tipo de cambio distinto al previsto por el artículo 20 de la ley 23.905 a los efectos de convertir y pagar el importe en dólares estadounidenses de los tributos aduaneros.
7. Que tampoco se puede admitir el agravio del Fisco vinculado con las costas del proceso, pues se encuentra firme la revocación del derecho adicional y de las percepciones del IVA y del Impuesto a las Ganancias con arreglo a lo decidido por el Máximo Tribunal en las causas F. 195.XLII “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ DGA” e I.49.XLII “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA”, sentencias del 14/08/13, así como en el precedente CAF 38004/2007/CS001 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ DGA Resol. 2590/06 s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 26/11/19.
Esta Sala ha interpretado que, al decidir del modo en que lo hizo, el tribunal de origen no se apartó de las pretensiones inicialmente planteadas por las partes, por lo que era adecuado considerar al Fisco perdidoso en lo que respecta a esos rubros de la liquidación tributaria.
A fin de evitar reiteraciones, se dan por reproducidas las consideraciones hechas en la causa 27477/23 “ABB SA (TF 30601-A) c/ DGA”, sentencia del 29/8/23.
8. Que debe examinarse la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia a cargo del demandado (v. proveído del 14/11/23, punto I).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 9/11/23, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente.
9. Que, por último, toda vez que de la línea de actuaciones se desprende que la actora efectuó un pago en concepto de tasa de justicia el 13/11/23, previo a proveerlo, intímesela a presentar la liquidación correspondiente, dentro del término de 5 días y bajo apercibimiento de imponerse astreintes de $100 diarios en caso de incumplimiento (arg. art. 12, ley 23.898).
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar la medida cautelar solicitada por la parte actora.
2. Rechazar los recursos interpuestos por las partes y confirmar la decisión de fs. 90/93; con costas de alzada conforme a los vencimientos, en la misma proporción dispuesta en la anterior instancia (arg. art. 71, CPCCN).
3. Diferir el importe de la tasa de justicia a cargo del Fisco Nacional con arreglo a lo dispuesto en el considerando 8º.
4. Intimar a la parte actora a acompañar la liquidación correspondiente al pago de la tasa de justicia, en los términos del considerando 9º.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia