Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 67137511-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional, revocar la sentencia apelada y ordenar al Tribunal Fiscal de la Nación que, por quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento (Considerando VIII).
2Imponer las costas a la parte actora (ver Considerando IX) Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
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GENERALES SA (TF 67137511-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 6 de marzo de 2025.- SH
El recurso de apelación interpuesto y fundado por el Fisco Nacional el 25/01/2023 (v. IF-2023-09358536-APN-DTD#JGM), concedido el 03/02/2023 (v. PV-2023-12860424-APN-VOCXXI#TFN) contra la sentencia dictada el 23/11/2022 (v. INLEG-2022-126525910 -APN-VOCXXI#TFN), cuyo traslado fuera contestado por la parte actora el 27/02/2023 (v. RE-2023-21349901-APN-DTD#JGM); y,
I. Sumario de los hechos que dieron origen al caso La firma importadora Pallone Cargo SRL el 8/08/2006 oficializó la importación temporaria de caballos de raza vivos, por el DIT 06001IT000130P (v. pp. 225-234 del DEO 10798073), cuyo vencimiento -en virtud de la prórroga del plazo de permanencia- operó el 3/07/2007 (v. pp 148 del DEO 10798073). La operación fue garantizada por la póliza de seguro de caución nº 161902, extendida por Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA (v pp. 3-4 del DEO 10798073).
En el año 2010, la Aduana inició un sumario infraccional a raíz de la denuncia del 19/01/2010 por la infracción prevista en el art. 970 del CA (v. acta de denuncia de denuncia, p. 140 del DEO 10798073, folio 1 de las actuaciones SIGEA 12197-201-2010). De la compulsa de dichas actuaciones surge que el 22/05/2012 se dispuso la apertura del sumario y que el 31/03/2014 corrió la vista prevista en el art. 1101 del CA, citando a la garante, aquí parte actora (v. pp. 162, 169 -170 del DEO 10798073, folios 12, 15 y vta., respectivamente, de las actuaciones SIGEA 12197-201-2010).
El procedimiento concluyó con la resolución (DE PRLA)
2233, del 4/04/2017, en la cual el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros ordenó el archivo de las actuaciones en los términos de la Instrucción General (DGA) 11/16, modificatoria de la IG 02/2007 y su ampliatoria 02/2008 (ver art. 1°) y, al mismo tiempo, formuló cargo por los tributos a la importadora y a la aseguradora, como garante de las obligaciones tributarias, intimando a su pago “dentro de los límites y por los rubros afianzados” en la referida póliza (art. 3°).
Contra dicha resolución, sólo la aseguradora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 1132, inciso a) del CA, en el que planteó la nulidad del procedimiento atento a no haber atendido ni analizado ninguno de los fundamentos alegados en la oportunidad del artículo 1101 del C.A (ver punto 6 del escrito en pp 6-18 del DEO 10798073) y opuso la prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos reclamados (ver punto 7 del mismo escrito).
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Que por la sentencia del 23 de noviembre de 2022, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, tratándola como de previo y especial pronunciamiento, admitió la excepción de prescripción planteada por la aseguradora y declaró prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos con relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N°12197-201-2010.
Para así decidir, tras citar el texto del art. 803 del CA, puntualizó que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 3/08/2007 (fecha de vencimiento de la prórroga de la destinación suspensiva, ver fs. 5 de las actuaciones administrativas). Y que, por ende, no está controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2008 y que el mismo vencía el 31/12/2012. En este orden de ideas, expuso que si bien dicho plazo dicho plazo se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario, lo cierto es que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 22/05/2012 (ver fs. 12 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 4 meses y 21 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 7 meses y nueve días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
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GENERALES SA (TF 67137511-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En seguida, citó el texto del art. 805, inciso a) y dejó sentado que no cabe duda de que la decisión a la que se hace allí literal referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Recalcó, en el caso de autos, esa “decisión” (la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.) ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA 2233/2017 dictada el 4/04/2017. Y que, de este modo, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 22/05/2012 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 4/04/2017 (fecha del dictado de la resolución aduanera). En esa inteligencia, razonó que siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
De conformidad con lo así expuesto, sostuvo que el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 5/04/2017 y que desde allí comenzaron a correr los 7 meses y nueve días que restaban para completar el plazo prescriptivo.
Indicó que dicho plazo (el aludido de 7 meses y nueve días)
se cumplió el 13/11/2017, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria). El único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
A mayor abundamiento refirió que la aludida notificación se efectuó en fecha 15/09/2020 (Comunicación/Notificación N°22001NOTI093302L – fs. 39) es decir cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo.
Al respecto, puso de relieve que “ ‘la notificación de la liquidación tributaria aduanera’, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación –al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos (ello en armonía con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A. y de conformidad con lo sostenido jurisprudencialmente por el suscripto). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria (prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.) forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva”.
III. Los agravios del Fisco Nacional -ex AFIP-DGA Que la demandada en sustento de su recurso comienza por reseñar que, en el voto del vocal Segura que conformó la mayoría, se indica que el plazo de prescripción de tributos según el art. 803 del C.A. se habría cumplido con posterioridad a la decisión recaída en sede administrativa y antes de la notificación de dicho acto, ello por cuanto interpreta que la suspensión que indica el art. 805 inc. a) del C.A. finaliza con el dictado de la mentada resolución.
Al respecto, se agravia por considerar que, contrariamente a lo interpretado en la sentencia, el Código Aduanero a diferencia de lo que ocurre con la acción punitiva, dispone específicamente -al hablar de la instrucción de sumario- la suspensión del cómputo del plazo respecto de la acción tributaria.
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GENERALES SA (TF 67137511-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Explica que esto es así por cuanto la acción para el cobro de tributos se suspende desde que se instruyó el sumario, previo al cumplimiento de la prescripción, que tratándose de un acto válido su solo dictado es hábil para la producción de los propios efectos que le otorga el C.A.
Añade que “lisa y llanamente, DESDE la instrucción sumarial HASTA el dictado del pronunciamiento respectivo que habilitare la vía ejecutiva, la prescripción de la acción tributaria SE SUSPENDE”. Indica que la norma es clara y si se la relaciona con otras disposiciones del C.A. es fácil advertir que existen únicamente dos posibilidades que darían lugar a esa “decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” a la que alude el art. 805 inc, a) del CA, a saber:
“A) Cuando la Resolución Administrativa – que aquí se apeló – haya sido notificada y no se haya interpuesto recurso contra la misma, lo cual conforme el art. 1139 del C.A. ‘Si no se interpusiere apelación ni demanda contenciosa, cuando fueren viables, la resolución del administrador dictada en los procedimientos de impugnación, de repetición y para las infracciones se tendrá por firme y pasará en autoridad de cosa juzgada.’, habilitando entonces este pronunciamiento la ejecución del tributo como acción necesaria para percibirlo.” “B) En caso de que la Resolución Administrativa haya sido apelada – como aquí ocurre –, existirá ese ‘pronunciamiento’ al cual la norma refiere, cuando recayere sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, la que, en virtud del art. 1172, tiene efecto devolutivo (si solo resolviera el pago de tributos), no requiriendo entonces estar firme para proceder a la ejecución dispuesta en el art. 1122.”
Indica que en la especie no se da ninguno de los dos supuestos referidos en los que podría decirse que existe un “pronunciamiento que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo”, y que el plazo se mantiene suspendido en la actualidad por conducto del art. 1134 del CA, que le otorga efecto suspensivo al recurso de apelación interpuesto por la actora.
Solicita que se corrija la interpretación de las normas que rigen la prescripción en el Código Aduanero efectuada por el Tribunal Fiscal y que se revoque la sentencia apelada, con costas.
IV. La contestación de la firma aseguradora.
Que, la parte actora al contestar el traslado del memorial, solicita que se rechace la apelación interpuesta por el Fisco Nacional ex AFIP – DGA, y sin referirse al momento en que debe considerarse finalizada la causal de suspensión del art. 805 inc. a) del CA, centra su razonamiento en la obligatoriedad de notificar el auto de apertura del sumario y las resoluciones aduaneras en los términos del art. 1012 inc. b) del CA.
Desde esta perspectiva, considera que “es imposible desde el punto de vista legal que una resolución pueda suspender el curso de la prescripción de la acción para percibir los tributos, si ella no fue debidamente notificada”.
Solicita que se rechace el recurso interpuesto por el Fisco Nacional. Con costas.
V. Alcances del pronunciamiento.
Que es importante recordar que es necesario advertir que este tribunal de alzada no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; v. también esta Sala in re “CPACF- Inc Med (2-III -11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 32755/2023 PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA (TF 67137511-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO directo DNM”, del 27/4/18; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20, “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/22; causa nro. 15567/2021 “Pioneer Argentina SRL -TF 39782-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/12/2024, entre otros).
VI. Reseña de las normas que rigen la prescripción de la acción tributaria en el Código Aduanero. Doctrina. Jurisprudencia. Que la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera prescribe por el transcurso de cinco años (art. 803 del CA) y ese término comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado (art. 804 del mismo ordenamiento).
Por su parte el artículo 805, inciso a), del CA dispone que se suspende el plazo de prescripción desde la apertura del sumario, en la causa que se investigare la existencia de ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión. En efecto “… esta causal había sido ideada en consideración a que la acción del fisco para percibir el tributo no se halla expedita, debiendo esperarse hasta la finalización del sumario abierto para investigar la existencia de un ilícito aduanero, con el objeto de comprobar si ha tenido lugar el hecho generador del tributo” (v. Alsina, Mario A., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo X., Cotter Moine, Juan Patricio, Vidal Albarracín, Héctor G; “Código Aduanero Comentado”, Tomo II, pág. 915, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011.).-
Por otra parte, el art. 805, inciso c) del CA también suspende el curso de la prescripción de la acción para percibir tributos regidos por la legislación aduanera “desde que el deudor o responsable interpusiere algún recurso o reclamación que tuviere efecto suspensivo contra la liquidación tributaria, hasta que recayere decisión que habilitare su ejecución”.
Al respecto, la doctrina especializada en la materia aduanera ha explicado que también en este supuesto suspensivo “resulta obligada la inactividad del fisco hasta que se resolviese la cuestión debatida” pues, “recién después de dictada la decisión que habilite el ejercicio de la acción, la inactividad del fisco puede ser penalizada con la prescripción. Hasta tanto esto no ocurra, no cabe computar el transcurso del tiempo que insume la dilucidación de la cuestión controvertida a los fines de tener por prescripta la acción” (v. Alsina, Mario A., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo X., Cotter Moine, Juan Patricio, Vidal Albarracín, Héctor G; “Código Aduanero Comentado”, Tomo II, pág. 915, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011.).
El fundamento de las citadas causales de suspensión (arts. 805 incs. a y c del CA), mediante las cuales queda detenido el tiempo útil para que opere prescripción de la acción tributaria, radica en que al servicio aduanero (acreedor de dicha obligación) le está impedido ejecutarla hasta tanto adquiera firmeza la resolución que pone fin al reproche infraccional y la consecuente liquidación de tributos que gravan la importación irregular.
Estas normas deben ser concordadas con el art. 1134 del CA que establece que el recurso de apelación y la demanda contenciosa previstos en el art. 1132 tendrán efectos suspensivos, lo que implica que en caso de que una resolución aduanera que pone fin al sumario infraccional sea objeto de alguno de estos recursos, no podrá ser ejecutoriada sino hasta el dictado de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación o del juez competente según el caso.
Por consiguiente, las causales de suspensión del plazo de prescripción previstas en los incisos a) y c) del artículo 805 del CA fueron ideadas en consideración a que la acción del Fisco para percibir el tributo no se halla expedita, debiendo esperarse hasta la finalización de la causa abierta para investigar la existencia de un ilícito aduanero. Como consecuencia del efecto devolutivo de las apelaciones de las sentencias del Tribunal Fiscal de la Nación, previsto en el art. 1172 del CA, la posibilidad que tiene el fisco acreedor de perseguir el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 32755/2023 PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA (TF 67137511-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO cobro de los cargos tributarios (liquidaciones con sus actualizaciones e intereses) sólo será factible en el supuesto que estos sean confirmados -lo que no ocurre en el caso-, trascurridos los 30 días desde la notificación de la sentencia o de la resolución que apruebe la liquidación practicada ante el servicio aduanero.
VII. El alcance de la resolución que ordena el archivo del sumario y formula cargo por tributos.
A los efectos definir si el solo dictado de la resolución que pone fin al sumario basta para considerar que ha cesado la suspensión y que, consecuentemente, el plazo debe reanudarse, como ha sido interpretado en la sentencia por el voto que conformó la mayoría; o si, por el contrario, el transcurso del tiempo permanece detenido hasta que esa resolución pueda ser ejecutoriada, como lo plantea la aquí apelante, resulta pertinente delimitar su correcto encuadre en las normas procesales contenidas en el código que rige la materia.
La resolución (DE PRLA) 2233/17 que ordena el archivo de las actuaciones y formula cargo por tributos es una resolución definitiva que pone fin al procedimiento para investigar la comisión de una infracción aduanera, absolviendo de dicha imputación al sujeto aduanero encartado exclusivamente en función del bajo monto de la multa por no superar el tope establecido en diversas instrucciones generales de la Aduana (vgr. Instrucción General 11/206, modificatoria de la IG 2/2008, ampliatoria de la IG 02/2007) y condenando al pago de los tributos al obligado y al garante, prescindiendo del resultado de la investigación del hecho generador o hecho imponible.
La Sala IV del fuero ha declarado que el reclamo tributario contenido en esta clase de resoluciones debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones que culminó con una resolución condenatoria al pago de tributos, aunque absolutoria en el aspecto infraccional y que, por consiguiente, la liquidación de tributos contenida en estas resoluciones, en tanto que recaídas en un procedimiento para las infracciones, no son impugnables en sede aduanera por el procedimiento reglado del artículo 1053, inciso a, del código (arg. art. 1112, incs. a y b, CA)” (cfr. Saña IV, expte. 46832/22 in re “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA”, del 20/09/2022, considerando 3°, primer párrafo; extpe. nro. 47883/22 in re “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541-A) c/ DGA”, del 1/11/2022, en especial, considerando 5°, segundo párrafo).
Va de suyo que, el servicio aduanero que ha dictado la resolución absolutoria que contiene el reclamo tributario (art. 1112, inc. a) del CA) no podrá ejecutarla hasta tanto se encuentre firme, aspecto que descarta la posibilidad de considerar que el curso de la prescripción queda reanudado con el mero dictado.
VIII. La solución del caso.
Que en función de los hechos reseñados y del derecho que resulta aplicable al caso, cabe admitir los argumentos expresados por el Fisco Nacional y declarar que la acción para percibir los tributos no se encuentra prescripta. Ello sin perjuicio de que, por quien corresponda, el organismo de origen deberá examinar los restantes planteos formulados por la garante de la obligación en el escrito que dio inicio a la instancia del Tribunal Fiscal de la Nación (cf. pp 6-18 del DEO 10798073). Esto es así, en la especie, puesto que el plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2008 y hubiese vencido el 01/01/2013 (arts. 803 y 804, CA), de no haber sido suspendido desde el dictado del auto de apertura del sumario, del 22/05/2012; debiendo interpretarse que esta detención del tiempo se mantiene toda vez que, hasta la fecha, la acción del Fisco no se encuentra expedita (arg. arts. 805, incs. a y c, 1134 y 1172, CA; esta Sala, expte. nro. 36790/16, in re, “Citricola Ayui SAAICC –TF 25929-A- c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 8/09/2017, Considerando X; Sala IV, expte. nro. 24779/15 in re “Scania Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 24/11/2015; expte. 15461/2024 in re “Sesin SA (TF 29901 -A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3/10/2024; entre muchos otros).
IX. Costas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 32755/2023 PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA (TF 67137511-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Por último, en cuanto a la imposición de costas referidas al tratamiento de la prescripción como de previo y especial pronunciamiento, teniendo en cuenta que en esta instancia se resuelve revocar el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación, y que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas —en ambas instancias— a la parte actora vencida (artículos 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto el Tribunal RESUELVE:
1. hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional, revocar la sentencia apelada y ordenar al Tribunal Fiscal de la Nación que, por quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento (Considerando VIII).
2. imponer las costas a la parte actora (ver Considerando IX) Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y al señor fiscal general —mediante correo electrónico dirigido a la dirección oficial del Ministerio Público ante esta Alzada ([email protected];
[email protected]; [email protected]; y [email protected])— y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia