Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 69428369-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios formulados por la parte demandada;
2Confirmar el pronunciamiento apelado; y 3. Imponer las costas de esta instancia a cargo de la demandada vencida.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n°30.102/2025"PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA (TF 69428369-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2025.- MT Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: (i) declarar la nulidad de la resolución DE PRLA n° 0002198/2017, dictada en el expediente administrativo SIGEA n° 12197-3540-2010, por la cual se había formulado un cargo en concepto de tributos adeudados a la firma aseguradora y se dispuso el archivo de las actuaciones en los términos de la Instrucción General n° 11/16; y (ii) rechazar la excepción de prescripción de la acción para percibir los tributos.
Impuso las costas a cargo de la parte demandada.
Para así decidir (páginas 198/207), el Tribunal Fiscal de la Nación, en primer término, rechazó el planteo de nulidad del auto de instrucción del sumario, al considerar que la administración aduanera había cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 1094 del Código Aduanero.
En cambio, admitió el agravio vinculado con la afectación del derecho de defensa, tras constatar que la administración aduanera, al disponer la instrucción del sumario el 7 de noviembre de 2012, omitió correr vista a las presuntas infractoras en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, impidiéndoles ejercer su descargo y ofrecer prueba. Señaló que dicha omisión desnaturalizó el procedimiento infraccional previsto por la ley y tornó nulos los actos procesales posteriores —incluida la resolución DE PRLA n° 2198/2017—, en tanto carecían de sustento legal y vulneraban el debido proceso.
Asimismo, destacó que la Instrucción General n° 11/16 no eximía a la administración aduanera de verificar previamente la existencia de la infracción imputada, condición indispensable para disponer el archivo de las actuaciones.
Finalmente, en cuanto al planteo de prescripción, concluyó que el plazo quinquenal previsto en los artículos 803 y 804 del Código Aduanero se encontraba suspendido desde la apertura del sumario (7 de noviembre de 2012) hasta el dictado de la resolución apelada (4 de abril de 2017), motivo por el cual rechazó la excepción opuesta.
II. Que la parte demandada apeló y expresó agravios que fueron replicados (páginas 215/6, 220/38 y 243/9).
Sus críticas pueden sintetizarse del siguiente modo:
—La resolución aduanera no implicó la configuración de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, ya que “no constituyó una resolución condenatoria en el procedimiento para las infracciones, sino que dicho procedimiento [...] fue ‘archivado’, es decir, dejado de lado o discontinuado”.
—Hay independencia entre la responsabilidad infraccional y la responsabilidad tributaria, dado que la Instrucción General N° 11/16 y su modificatoria N° 9/17 facultan al juez administrativo a archivar actuaciones infraccionales por bajo monto “sin perjuicio de la formulación de cargo por la diferencia tributaria resultante, cualquiera fuere el monto de la exigencia”. —El archivo dispuesto por el juez administrativo implica la clausura de la investigación infraccional, aun cuando la instrucción general disponga que el archivo sea inicialmente provisorio y luego definitivo transcurridos doce meses.
—Conforme al artículo 274 del Código Aduanero, la obligación tributaria surge por el incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería ingresada temporalmente, y no por la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n°30.102/2025"PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA (TF 69428369-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
configuración de una infracción: “la obligación tributaria nace sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
—La administración aduanera no omitió correr vista, sino que “decidió dejar sin efecto las actuaciones sumariales antes de llegar a ese estadio del proceso y procedió a formular cargo por el tributo debido”, por lo que no correspondía aplicar las normas del procedimiento para las infracciones (artículos 1080 a 1117 del Código Aduanero), ni el artículo 1101 en el que el Tribunal Fiscal fundó la nulidad.
—El cargo apelado constituye una liquidación originaria de tributos (artículo 274 del Código Aduanero) y que, de pretenderse acreditar la inexistencia del hecho imponible, la actora debió promover el procedimiento del artículo 1053, inciso a) del mismo cuerpo legal. —Según el artículo 1050 del Código Aduanero, “no se podrá declarar la nulidad de un acto de procedimiento si el mismo, no obstante su irregularidad, hubiere logrado la finalidad a que estaba destinado”, y que, aun de existir una restricción al derecho de defensa en sede administrativa, esta no implica violación del artículo 18 de la Constitución Nacional si puede ser subsanada en sede jurisdiccional.
III. Que es útil reseñar las actuaciones administrativas SIGEA n° 12197-3540-2010:
i. El 17 de junio de 2010, la administración aduanera notificó una “citación y notificación” dirigida a la firma importadora Decovitro S.R.L., requiriéndole que aporte “constancias que acrediten la reexportación y/o nacionalización” de la destinación n° 05 001 IT14 006767 N, oficializada el 12 de septiembre de 2007, cuyo plazo de permanencia se encontraba vencido. Se advirtió, además, que en caso de no acreditar lo solicitado “se procederá conforme lo establecido en el artículo 970 del Código Aduanero por el total de la mercadería” comprendida en la destinación (páginas 93/4).
ii. El 15 de julio de 2010, la administración aduanera labró el acta de denuncia por presunta infracción prima facie tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, respecto de la destinación n° 05 001 IT14 006767 N, en relación con la mercadería involucrada (página 90).
iii. Se incorporó la carpeta original del despacho de importación temporaria —carátula digitalizada— (página 98) y, el 15 de julio de 2010, mediante la nota n° 5046/2010 (SE PRTE), se dispusieron los pases internos (páginas 99). En ese marco, el 11 de agosto de 2010 se determinó la clasificación arancelaria y los tributos correspondientes ( páginas 101 y 105/7).
iv. El 7 de noviembre de 2012, la administración aduanera dispuso la instrucción del sumario en los términos del artículo 1090, inciso c), del Código Aduanero, por cuanto “Decovitro S.R.L. [...] no habría regularizado dentro del plazo concedido la situación de la mercadería ingresada mediante el amparo del DIT N° 05 001 IT14 006767 N, cuyo vencimiento operaba el 20/09/2007, lo cual constituye prima facie la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero” (página 111).
v. Posteriormente, se incorporó: (i) la consulta del Sistema Informático Malvinas, donde constan los datos de la firma aseguradora y el estado de la póliza como “afectada” (páginas 113/5); (ii) la determinación de tributos y multa (páginas 119/22); y (iii) la constancia de la inexistencia de antecedentes de sumarios archivados a nombre de la firma importadora ( páginas 123).
vi. El 4 de abril de 2017, la administración aduanera dictó la resolución DE PRLA n° 2198, que resolvió —en lo pertinente— archivar “sin más trámite el presente sumario en los términos del punto D.1.4. de la Instrucción General N° 11/2016” y formular cargo a la firma importadora y a su garante “por los tributos adeudados [...] en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA [...] y [...] en concepto de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias” (páginas 125/7).
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vii. Dicha resolución fue notificada a través del sistema SICNEA el 1° de junio de 2023, tanto a la firma importadora como a su aseguradora (páginas 137/9).
IV. Las críticas de la parte demandada encuentran una adecuada respuesta en las consideraciones y conclusiones exteriorizadas por esta sala en la causa n° 10.584/2025 “Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.F. (TF 124677422-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 11 de septiembre de 2025, y sus citas. En efecto, no puede tenerse por válidamente acreditado el hecho imponible si no se respeta el procedimiento previsto por el Código Aduanero para su determinación. De las constancias de la causa surge que la propia administración aduanera formuló una denuncia por infracción al artículo 970 del Código Aduanero, instruyó sumario conforme al artículo 1090, inciso c), y tramitó las actuaciones bajo el procedimiento para las infracciones (artículos 1080 y siguientes del Código Aduanero). En ese contexto, la resolución DE PRLA n° 2198 culminó con una decisión condenatoria en lo tributario y absolutoria en lo infraccional (artículo 1112, incisos a) y b) del Código Aduanero).
Por consiguiente, el cargo contenido en dicha resolución no puede considerarse una liquidación originaria de tributos ni era impugnable por el procedimiento especial previsto en el artículo 1053, inciso a), del Código Aduanero, como sostiene la parte demandada.
No se encuentra controvertido que las actuaciones fueron archivadas en virtud de la Instrucción General DGA n° 11/16 (modif. IG n° 9/17), en tanto no se superó el importe mínimo previsto para la multa. Sin embargo, tal como observó el Tribunal Fiscal de la Nación, esa decisión no examinó ni valoró los argumentos y las constancias aportadas por la firma Decovitro S.R.L., tendientes a acreditar la reexportación o nacionalización de la mercadería dentro del plazo autorizado, lo que impide tener por comprobado el hecho base de la imputación y, por ende, condiciona la validez del reclamo tributario.
Aun cuando se aceptara la tesis de la parte demandada —en cuanto a que se trató de una resolución que tuvo por único objeto liquidar tributos—, la conclusión sería la misma, pues el acto carece de causa, al no encontrarse debidamente acreditadas las circunstancias que justificarían el reclamo de los gravámenes (artículos 7, inciso b, y 14, inciso b, de la ley 19.549).
Por tanto, "se verificó un estado de indefensión que no puede ser subsanado con posterioridad, aunque existan instancias posteriores" (esta sala, causa "Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICF" citada).
V. Que, en consecuencia, corresponde desestimar los agravios formulados por la parte demandada.
VI. Que las costas de esta instancia quedan a cargo de la parte demandada vencida (artículos 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 1163 del Código Aduanero).
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE:
1. Desestimar los agravios formulados por la parte demandada; 2. Confirmar el pronunciamiento apelado; y 3. Imponer las costas de esta instancia a cargo de la demandada vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Se hace constar que suscriben la presente decisión dos integrantes de la sala por hallarse vacante el tercer cargo (art. 109 del R.J.N.).
Fin de la sentencia