Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-125960325-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad de la Resolución DE PRLA N.º 9373/2018 dictada el 29/11/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 12197-5046-2009, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-29811289-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 21 de Marzo de 2025 SEGUROS S.A.
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht y Horacio Joaquín Segura (la Dra. Claudia Beatriz Sarquis se encuentra en uso de licencia), a fin de resolver en los autos caratulados: “PRUDENCIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”
, expediente EX-2022-125960325-APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el RE-2022-125957820-APN-SGASAD#TFN la firma PRUDENCIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N.º 9373/2018 dictada el 29/11/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 12197-5046-2009, mediante la cual resolvió archivar el sumario infraccional iniciado contra la firma “CORINTO S.R.L.” en virtud del monto de la multa y conforme la Instrucción General N.º 09/2017 D.G.A., e intimar a la firma mencionada y a su aseguradora - aquí la actora- al pago de los tributos aduaneros en relación al D.I.T. N.º 07001IT14006883Y. En primer término, plantea la nulidad de las actuaciones administrativas toda vez que la aduana dictó la resolución aquí recurrida, sin haber cumplido con las etapas procesales previstas por la ley, tales como la notificación de la corrida de vista dispuesta en el art. 1101 del C.A. para el ejercicio del derecho de defensa, la producción de las pruebas y la eventual oportunidad de alegar sobre las mismas, privando a las partes el debido proceso y el derecho de defensa consagrados en el artículo 18 y concordantes de la Constitución Nacional. Asimismo, sostiene que la instrucción del sumario adolece de los requisitos establecidos en el art. 1094 del C.A., el cual, además, no fue notificado en conformidad con lo dispuesto por el art. 1012 inciso b) del C.A, lo que impidió que se interrumpiera o suspendiera el plazo de prescripción. Cita amplia jurisprudencia al respecto. En subsidio, sostiene la improcedencia de la determinación tributaria respecto del reclamo del IVA adicional y del Impuesto a las Ganancias, así como la liquidación practicada en dólares. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se decrete la nulidad del proceso administrativo, en su caso del auto de instrucción sumarial, su ineficacia por ausencia de notificación y la prescripción de la acción tributaria.
II. En el IF-2023-54267284-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. Luego de formular la negativa genérica de rigor y hacer un breve relato de los hechos, sostiene respecto a la nulidad del sumario administrativo, que los posibles vicios procesales ocurridos en las dependencias aduaneras no serían suficientes para afectar de manera sustancial el derecho de defensa en juicio de la actora, dado que esta ha tenido la oportunidad de presentar sus defensas de manera plena ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Cita jurisprudencia en apoyo a su postura. En ese entendimiento, manifiesta la plena vigencia de la acción del fisco para percibir tributos y defiende la validez del auto de instrucción del sumario, en conformidad con lo dispuesto en el Código Aduanero. Asimismo, se explaya en relación al instituto del plazo razonable. En cuanto a la cuestión de fondo, argumenta que al no haber cumplido el importador con las obligaciones del régimen de importación temporaria, la aseguradora, en su calidad de garante, debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que el tomador del seguro, conforme al marco legal vigente. Cita la normativa y jurisprudencia que considera aplicable. Hace la reserva del caso federal, ofrece como prueba el expediente administrativo y solicita que se confirme la resolución aduanera recurrido, con costas.
III. Actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197-5046-2009 (v. el embebido del IF-2024-111986299- APN-DTD#JGM): A fs. 1 obra el acta de denuncia relacionada con el D.I.T. N.º 07001IT14006883Y, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA. A fs. 2/20 se incorporan prints de pantalla y el sobre contenedor de la destinación en trato. A fs. 22 se establece la clasificación arancelaria y la valoración de la mercadería. A fs. 23 se glosa la liquidación de tributos. A fs. 26 (el 16/12/2013), se dispone a la instrucción del sumario (sin notificar ni correr vista cfr. el art. 1101 del C.A.). A fs. 27 se glosa el print de pantalla de la garantía. A fs. 29 se determina la liquidación de multa y tributos. A fs. 30/vta (el 29/11/2018), se dicta la Resolución N. º 9373/18 apelada en autos (notificada a la importadora a fs. 36, el 14/11/22 y a la aseguradora a fs. 32, el 09/11/22).
IV. En la PV-2025-28115746-APN-VOCXIX#TFN se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a la Sala G, que los pasa a sentencia.
V. Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
En virtud de lo expuesto, corresponde analizar el planteo de nulidad interpuesto por la actora respecto a la tramitación del sumario, toda vez que sostiene que la aduana dictó la resolución apelada sin haber cumplido con las etapas procesales establecidas por la ley, como la notificación de la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del C.A., lo que implicó una vulneración del debido proceso y del derecho de defensa consagrados en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
De la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197-5046-2009, se desprende que, tras el acta de denuncia por la presunta infracción al artículo 970 en contra de la importadora "CORINTO S.R.L." (ver fs. 1), se procedió a la clasificación y valoración de la mercadería (ver fs. 22), así como a la liquidación de los tributos y la multa (ver fs. 23 y 29). Posteriormente, se instruyó el sumario (ver fs. 26), se adjuntó el print de pantalla de la garantía (ver fs. 27) y, finalmente, se dictó la Resolución apelada en autos.
En tal sentido, resulta pertinente señalar que no obra en el expediente administrativo constancia documental alguna que acredite la disposición de la corrida de vista (ver fojas 26 y siguientes), siendo este acto de carácter obligatorio conforme a la normativa vigente.
En este contexto, resulta manifiesto que, tal como sostiene la actora, el servicio aduanero ha incurrido en el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1101 del C.A., el cual establece que “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (...)”
A este respecto, es oportuno hacer referencia a la interpretación adoptada por la Sala II de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en relación con el artículo 1101 del Código Aduanero, en un supuesto análogo, (…) “conviene recordar que el principio que deter mina la inviolabilidad de la defensa en juicio está tutelado en la Constitución Nacional (art. 18) y asegura a toda persona el derecho a participar en el proceso ejerciendo plenamente su derecho a ser oído, a probar sus dichos y a que esas defensas sean debidamente valoradas por el juez. Se concluye fácilmente, entonces, que mediante la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se pretende dar plena dimensión a la referida garantía constitucional, permitiendo al particular ejercer la defensa de sus derechos e intereses.
Sobre esa base, y en la medida en que el proceder de la Aduana impidió a la aquí actora desincriminarse en forma oportuna, se constata la situación de indefensión provocada (…). La defensa en juicio requiere indispensablemente, aun en juicios especiales, como los de faltas, que se oiga al acusado y se le dé alguna oportunidad para producir su prueba de descargo (Fallos: 198:467); ello es así por cuanto esa garantía constitucional impone que los derechos de los habitantes no sean definitivamente dilucidados sin que se oiga a sus titulares y se les permita invocar y demostrar los hechos que se consideren conducentes a su defensa. La doctrina de la subsanación judicial del acto administrativo ha de tener un campo de aplicación limitado a casos extraordinarios, pues lo contrario llevaría a los jueces a tener como función normal suplir la voluntad de la administración, exorbitando sus atribuciones, las que son de control, para transformarse en administradores con evidente violación al principio de división de poderes (Sala IV, in re: “Hsien Yuzh S.A.
(T.F. 9852-A) c/ D.G.A.”, del 19/11/99). En tales condiciones, cabe concluir que el hecho de que la Aduana no se haya ajustado a la normativa prevista en el Código Aduanero, en materia alguna puede tener el efecto de que la actora se vea imposibilitada de ejercer su derecho de defensa y que, a su vez, se vea irremediablemente condenada por un cargo que no pudo cuestionar” (Sala II, Sentencia de fecha 12/11/2019 dictada en el Expte. N° 44.039/19 caratulado “Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”).
Este razonamiento se ajusta a la jurisprudencia consolidada por la CSJN, que ha establecido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales e infraccionales (cfr. Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre otros).
En ese entendimiento, en el caso que nos ocupa, la omisión de la corrida de vista impidió el ejercicio efectivo del derecho de defensa de la actora, lo que vulneró las garantías esenciales del debido proceso y del derecho de defensa, con fundamento en normas constitucionales y convencionales.
VI. En este punto, resulta imprescindible destacar que el análisis de las circunstancias relacionadas con la nulidad no debe efectuarse de manera mecánica, sino evaluando la gravedad de la irregularidad y la posibilidad de su subsanación en función de las particularidades de cada caso.
En efecto, si bien en precedentes anteriores he señalado la posibilidad de subsanar las irregularidades ocurridas en el procedimiento administrativo previo cuando se trata de revisar el ejercicio de facultades regladas (cfr. Fallos: 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), en el presente caso no puedo dejar de señalar que no nos encontramos ante una simple irregularidad susceptible de subsanación en esta instancia revisora. Por el contrario, lo que se ha omitido de manera absoluta es el propio procedimiento, lo que implica que, aceptar una irregularidad de tal magnitud, obligaría a este tribunal a realizar una revisión ex novo, desvirtuando su naturaleza de instancia revisora de la actuación administrativa previa. En este orden de ideas, es indiscutible que la omisión de la corrida de vista tanto a la presunta imputada como a la aseguradora -aquí actora-, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 1101 del C.A., impidió el ejercicio cabal de su derecho de defensa, protegido por el artículo 18 de la Constitución Nacional, lo que representa un perjuicio que no puede ser subsanado en esta instancia.
VII. A la luz de la jurisprudencia referida y los principios aplicables, es crucial enfatizar que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA) establece que, antes de la emisión del acto administrativo (en este caso, la resolución definitiva), deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, así como aquellos que se derivan implícitamente del ordenamiento jurídico (cfr. art. 7°, inc. d), por lo que la ausencia de algunos de estos requisitos hace que el acto sea nulo de nulidad absoluta e insanable (cfr. art. 14 inc. b).
Desde esta perspectiva interpretativa, la omisión de la corrida de vista de lo actuado conforme al artículo 1101 del C.A. constituye un incumplimiento manifiesto de estos requisitos, lo que invalida en su totalidad la resolución definitiva dictada en el expediente administrativo.
VIII. En base a lo expuesto, resulta procedente declarar la nulidad de la resolución apelada, con costas al Fisco.
Por lo expuesto, VOTO POR:
Declarar la nulidad de la Resolución DE PRLA N.º 9373/2018 dictada el 29/11/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 12197-5046-2009, con costas a la DGA.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
Declarar la nulidad de la Resolución DE PRLA N.º 9373/2018 dictada el 29/11/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 12197-5046-2009, con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Miguel N. Licht y Horacio J. Segura por encontrarse en uso de licencia la Dra. Claudia B. Sarquis (conf. art. 1162 del C.A.)
Date: 2025.03.21 13:00:55 ART Date: 2025.03.21 13:48:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.21 13:48:50 -03:00
Fin de la sentencia