Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín · Causa JN-474-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, devolver las actuaciones al juzgado correccional para que se dicte nueva resolución ajustada a los lineamientos de la presente. Sin costas.
Expte. Nº JN-474-2026 : " MANSILLA IVAN Y VARELA JONAS DANIEL S/ PRUEBA ILEGAL DE VELOCIDAD CON VEHICULO AUTOMOTOR IPP PP-04-00-011504-25/00 "
Junín, a los 19 días del mes de Noviembre del año dos mil veintiséis, los señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, Provincia de Buenos Aires, Doctores Carlos Mario Portiglia, Juan Leopoldo Singla y Luis Alberto Beraza, bajo la Presidencia del primero, proceden a pronunciar Sentencia en la Causa Nº JN-474-2026 , caratulada " MANSILLA IVAN Y VARELA JONAS DANIEL S/ PRUEBA ILEGAL DE VELOCIDAD CON VEHICULO AUTOMOTOR IPP PP-04-00-011504-25/00 " . Conforme al sorteo oportunamente efectuado ante la Actuaria, se estableció que los señores Jueces debían observar en la votación el siguiente orden Doctores: Portiglia, Singla y Beraza.
Seguido el Tribunal resolvió considerar la siguiente cuestión: ¿Es justa la resolución apelada?
A LA CUESTION PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Carlos Mario Portiglia dijo :
El Juez subrogante del Juzgado Correccional n° 3 rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba en favor de Iván Mansilla -a quien se le sigue el presente proceso penal en orden al delito de prueba ilegal de velocidad según el art. 193 bis del Código Penal- en función de la postura opositora al progreso de dicho instituto por parte del Ministerio Público Fiscal porque el delito descripto contiene pena de inhabilitación.
La resolución fue impugnada por la defensa oficial que asiste al imputado.
En la tarea revisora que me compete por ley (arts. 21, 439 y cc. del CPP), adelanto que el recurso prospera, en la medida que la temática planteada ha sido tratada y resuelta por esta Cámara en las causas JN-1349-2025 "Alberti", de fecha 4/11/2025 y JN-1040-2026 "Iturbide", de fecha 29/10/2026 (en la primera de las mencionadas la sentencia fue ratificada por el Tribunal de Casación Penal a través de su Sala I en fecha 12/2/2026).
Así, por razones de brevedad y economía expositiva voy a darme el permiso de transcribir la opinión de mi colega de Sala, Dr. Juan Leopoldo Singla, que llevara la voz cantante en los precedentes aludidos: "...Abordando la cuestión traída a revisión se vislumbra que el interrogante particular y crucial que concita transita por despejar si la previsión de pena de inhabilitación (art. 76 bis CP) constituye un obstáculo insalvable para la viabilidad de la suspensión del juicio a prueba cuando el imputado propone auto-inhabilitarse en el marco de un proceso por el delito de lesiones culposas agravadas (art. 94 bis, CP).
Y en este sentido, de inicio, no puede soslayarse que esta cuestión ya fue zanjada oportunamente por esta Alzada in re "Alberti Gustavo Adelbo s/ Lesiones culposas calificadas" (Expte. nº JN-1349-2025; rta. 4/11/2025); por lo cual prevalece una respuesta negativa.
Allí pues se precisó -en lo que aquí realmente interesa- que "(...) sin menguar la posición sentada por la SCJPBA en causa "Peña De Vicente, Claudia S.", causa P. 125.430 del 7/9/16, en torno a que en los casos en los que exista pena de inhabilitación no es procedente la salida alternativa en cuestión, no puedo soslayar que, con posterioridad la Corte Federal, en causa "Tortoriello de Boero, Mónica Alejandra s/ contrabando -artículo 86- Código Aduanero" (3526/2015; rta. 28/06/2018), hizo lugar a un recurso respecto de un rechazo de suspensión de juicio a prueba pese a que el delito (de contrabando) prescribe pena de inhabilitación, habiendo mediado en el caso propuesta de auto-inhabilitación por parte del prevenido.
De allí que comulgo con la opinión de que es dable inferir, a partir de ello, que para el máximo tribunal nacional la pena de inhabilitación que contemple como consecuencia sancionatoria una figura legal, no configura per se un valladar infranqueable para el acogimiento del beneficio bajo trato.
En esta línea se ha expedido el TCP Sala I causa n° 124422, caratulada "Laguna, Juan Mario S/ Recurso de Queja" (sent. 23/05/2023), causa n° 122781, caratulada "Grunvald, Jose Iván S/ Recurso de Casación" (sent. 30/05/2023), entre otras. También recientemente Sala V causa n° 139368 caratulada "Marderwald Maria Isabel s/ Recurso de Queja (sent. 6/10/2025).
Se desprende pues, en definitiva, que la previsión de la pena de inhabilitación como consecuencia de un delito no configura un obstáculo insalvable para la viabilidad de la suspensión del juicio a prueba en la medida que el imputado proponga auto-inhabilitarse, frente a lo cual resulta factible sortear dicho obstáculo contemplado en el penúltimo párrafo del art. 76 bis CP; siempre, claro está, que tal ofrecimiento tenga la magnitud suficiente para poder actuar como un sustituto efectivo de la pena referida (...)"
Bajo tales parámetros considero entonces que el recurso debe ser favorablemente recibido; no ostentando los argumentos ofrecidos por el a quo peso suficiente para justificar dejar sin efecto el criterio de mención sentado sobre la temática; sin perjuicio de lo cual, no puedo sortear añadir algunas reflexiones adicionales al respecto.
En este orden, lo primero que se impone destacar es que comparto plenamente con el colega de la instancia de origen el deber de los tribunales inferiores de acatar la doctrina legal emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -en tanto máximo intérprete del derecho local- desde que ello obedece a razones de seguridad jurídica, previsibilidad y, medularmente, en garantizar que casos análogos reciban soluciones análogas, evitando la dispersión de criterios y desalentando, en consecuencia, la litigiosidad innecesaria.
Y aquí es donde, a mi juicio, yerra el a quo. Ello por cuanto, justamente, en ninguno de los fallos sobre los que asienta su temperamento la SCJBA trató -puntualmente- el meollo de la cuestión que nos ocupa.
En efecto, en ninguna de tales causas se evaluó la procedencia del instituto frente a un ofrecimiento de auto-inhabilitación; de modo que el supuesto que hoy se examina no formó parte de las circunstancias que informaron tales casos; como sí en cambio en el pronunciamiento citado de la Corte Federal "Tortoriello de Boero" (28/6/2018); amén de que -como ya se expusiera- este fallo no sólo emana del máximo tribunal de justicia de nuestro país sino que además es más reciente.
Por ello, huelga recordarlo, cuando el juzgador advierte que el caso sometido a su conocimiento difiere en aspectos esenciales de aquel que motivó el precedente, no se aparta de la doctrina legal sino que, por el contrario, la respeta al delimitar correctamente su ámbito de aplicación.
En tales condiciones, invocar un precedente ajeno a las singularidades de la causa, sin demostrar la identidad de supuestos, no basta para sustentar su inobservancia.
Y en este punto tampoco considero acertada la lectura que ensaya el a quo respecto a que la Corte "nada dijo" sobre la auto-inhabilitación y que, por tanto, el precedente no es relevante.
Allí el delito imputado preveía pena de inhabilitación, la imputada se había auto-inhabilitado y la Corte hizo lugar al recurso contra el rechazo de la suspensión del juicio a prueba. Lo relevante pues es -precisamente- lo que decidió, no lo que dejó de explicar. Si la inhabilitación hubiese sido un óbice absoluto, el recurso no hubiese prosperado. Que lo haya hecho, con la auto-inhabilitación como dato relevante de la causa, permite inferir que para el Máximo Tribunal la pena de inhabilitación no es per se un valladar infranqueable; en línea ello con los fallos antes citados de la Casación provincial.
Por lo demás, la distinción que traza el juez correccional entre inhabilitaciones vinculadas al comercio o a las cuentas corrientes, y la inhabilitación para conducir, no altera esta conclusión. Esa diferencia no es sustancial, podrá incidir en todo caso en el control que deba exigirse, no en la viabilidad del camino.
Por otra parte, se advierte que el juez correccional afianza su postura en que la prohibición del art. 76 bis -penúltimo párrafo- del Código Penal obedece a que la pena de inhabilitación "no puede quedar en suspenso"; extremo que cae por su propio peso a poco de reparar en la naturaleza y finalidad de la regla de conducta asumida por el justiciable que, precisamente, conlleva a su inmediata materialización; salvaguardando de este modo el interés social y la finalidad preventivo-especial que persigue la inhabilitación penal.
En definitiva, si bien la pena de inhabilitación resulta de efectivo cumplimiento, con total independencia de la pena privativa de libertad que -por el contrario- puede resultar de ejecución condicional, ello constituye un valladar más aparente que real, pues, la inhabilitación, puede hacerse efectiva como una regla de conducta impuesta al suspender el juicio a prueba, siempre que el imputado así lo solicite (cfr. Bruzzone, "Probation y pena" citado por Andrés José D'Alessio en "Código Penal comentado y anotado" parte general, 2da. Edic., pág. 1099).
De modo que negar el beneficio en estas condiciones revela un contrasentido lógico: el juez de grado exige ir a un debate oral para imponer, eventualmente, una inhabilitación cuando, paradójicamente, ya podría ejecutarse de forma inmediata a través de la regla de conducta asumida por el propio encartado. Por ende, la inhabilitación no queda en suspenso ni en estado de latencia, sino que se torna efectiva, concreta e ininterrumpida desde el momento mismo de la concesión del instituto.
Por otra parte, a la luz de lo expuesto, no puede tampoco pasarse por alto que la oposición fiscal dista de resultar fundada; ello en tanto se circunscribió exclusivamente en que el tipo penal tiene conminado pena de inhabilitación, soslayado de plano rebatir por qué la oferta de auto-inhabilitación no satisface la finalidad de tal obstáculo formal.
Sin dudas no margino la importancia que la aplicación de una inhabilitación representa en supuestos relacionados con la incompetencia en el desempeño de una actividad, arte o profesión cuyo ejercicio depende de una licencia o habilitación del poder público (como en el presente, licencia para conducir vehículos automotores), pero a la par no puedo soslayar que ese extremo deviene satisfecho igualmente con la imposición de una inhabilitacion como regla de conducta a instancias del propio prevenido; de allí que, en rigor, el motivo esgrimido termina quedando vacío de contenido.
En definitiva, la postura fiscal asentada en una mera alegación genérica sin explicitar concretamente los motivos por los cuales, aún con la aplicación de una auto-inhabilitación, demanda igualmente la intervención necesaria de la justicia penal en su expresión más grave y aflictiva a contramano del principio de ultima ratio que busca justamente reducir, mediante estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, la más intensa actuación penal, no puede suscribirse como una derivación razonada del derecho aplicable con relación a las particulares circunstancias que informan la causa..." .
Lo transcripto, "mutatis mutandis", o cambiando lo que haya que cambiar, es aplicable al caso traído por lo que propongo la revocación del fallo, sin costas (arts. 1, 3, 106, 434, 439, 441, 530, 531 y cc. del CPP).
VOTO POR LA NEGATIVA
Dieron sus votos en el mismo sentido, aduciendo análogas razones, los Señores Jueces Doctores Juan Leopoldo Singla y Luis Alberto Beraza.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:
I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, devolver las actuaciones al juzgado correccional para que se dicte nueva resolución ajustada a los lineamientos de la presente. Sin costas.
II. Registrar, notificar y devolver al origen.
Firmas
Funcionario firmante: PORTIGLIA Carlos Mario - JUEZ
Funcionario firmante: SINGLA Juan Leopoldo - JUEZ
Funcionario firmante: BERAZA Luis Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: BORNIC Analia Graciela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 595-2026
Fin de la sentencia