Abriendo la norma
TOMO CLXIV - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.258 FOLIO N° 013/015 PROT. ELECT. JR101 406I.261
Río Gallegos, 16 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada "A.A.A. S/ Pta.
Infracción art. 292 C.P.A" - Expte. N° 32489/25 - Apelación/Causa JR N° 10352/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 76/80vta., obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción Nº Tres con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de la imputada A.B.A.A., en orden al delito de “uso de documento falso o adulterado (Arts. 45 y 296 en función del 292, 2º párrafo, del Código Penal)”.
Que a fs. 91/92, la defensa técnica apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 96, habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P.
Quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendida, un perjuicio procesal irreparable. Seguidamente, se abordará el agravio propuesto por la parte recurrente.
II. Del agravio referido a la atipicidad, ausencia de dolo y error de prohibición:
La defensa se agravió al sostener que el resolutorio atacado se presenta inverosímil y carente de elementos probatorios suficientes, en tanto, a su juicio, se encontraría evidenciado que su pupila procesal no actuó con dolo.
En tal sentido, señaló que la comisión del delito endilgado únicamente resulta posible mediante dolo directo, circunstancia que -a su entender- no se verifica en el caso, toda vez que tanto durante el control policial que dio origen a la presente investigación, como al momento de prestar declaración indagatoria, la imputada no habría tenido conocimiento de que la licencia que portaba era falsa.
De esta manera, sostuvo que, conforme habría expuesto anteriormente, su representada confió plenamente en que la licencia había sido obtenida mediante mecanismos “habilitados”, en el marco de una nueva modalidad digital, lo que habría generado en la imputada un error de carácter normativo. En este contexto, agregó que resulta habitual -y que no puede desconocerse- que las personas, aun aquellas que sean instruidas, sean víctimas de engaños y estafas mediante el empleo de herramientas digitales. En ese sentido, señaló que, a su criterio, el argumento del Sr. Juez constituye un yerro, pues existen maniobras que, para quienes no se encuentran habituados a tratar con delitos de esta naturaleza, resultan de difícil discernimiento. Asimismo, remarcó que no resulta inverosímil que su asistida hubiera entendido que se había modificado la modalidad de obtención de la licencia de conducir, a partir de las publicidades referidas a la facilitación de trámites. Así, citó la noticia oportunamente acompañada en una de sus presentaciones, en la que se hace referencia a las “licencias digitales” y se señala: “…Una de las principales modificaciones a la Ley Nacional de Tránsito que introdujo el Gobierno este martes, a través de un decreto, es la que impacta en las Licencias de Conducir, que serán digitales y se renovarán de modo online…”.
Al respecto, indicó que el Magistrado no habría efectuado una ponderación acabada de la totalidad de las circunstancias existentes en autos, lo que, a su criterio, lo condujo a una solución injusta que, a la postre, derivará en un dispendio jurisdiccional innecesario.
Finalmente, remarcó la ausencia de perjuicio al bien jurídico protegido, y sostuvo que la persecución de un delito de estas características no reviste mayor interés para el sistema penal. Agregó que la investigación podría haberse orientado hacia aquellas personas que efectivamente producen un daño relevante a la fe pública, como quienes se dedican a comercializar este tipo de instrumentos, indicando que su pupila podría constituirse en una testigo de interés.
Por todo lo expuesto, solicita la revocación del auto recurrido y el dictado del sobreseimiento definitivo de su defendida A.A.
Que iniciado el abordaje del presente agravio, adelantamos, el mismo será desestimado.
En efecto, cabe señalar, en primer término, que la calificación legal asignada al hecho no resulta pasible de revisión en esta instancia, en tanto reviste carácter provisorio y mutable, por lo que no causa estado y puede variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio e incluso durante el debate, hasta el dictado de la sentencia, siempre que ello no implique una modificación del hecho imputado, pues tal circunstancia afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25 y 10037/26, entre otras tantas).
No obstante ello, y a fin de despejar las dudas planteadas por la defensa, corresponde efectuar algunas consideraciones respecto del encuadre jurídico cuestionado. Pues bien, el Sr. Juez de grado expuso con suficiente claridad las razones por las cuales entendió que la conducta atribuida a la imputada no podía ser subsumida en un mero “error de prohibición”, sino que respondía a una omisión voluntaria de los deberes de información y de observancia de las normas que regulan la obtención de la licencia de conducir. Ello así, toda vez que tuvo en consideración la incusa se desempeña como docente y cuenta con formación profesional en el área de educación, circunstancia que permite razonablemente inferir -en los términos propios de esta etapa procesal- que se encontraba en condiciones de conocer las exigencias mínimas vinculadas a la habilitación para conducir.
Asimismo, tampoco resulta atendible el argumento de la parte recurrente relativo a la habitualidad de los engaños y estafas efectuados mediante herramientas digitales, ni aquel referido a la supuesta dificultad que habría tenido la imputada para discernir la ilegitimidad de la conducta endilgada.
Veamos, la noticia oportunamente citada por la defensa no sólo hace referencia al Decreto Nº 196/2025, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de las modificaciones introducidas a la Ley Nº 24.449, el cual debió de leer la imputada si su intención era realizar de forma legal el trámite correspondiente; sino que, además, de su propio contenido, surgen diversas expresiones que permitían advertir que la obtención y renovación de la licencia de conducir continuaba sujeta al cumplimiento de determinados requisitos.
Así, el contenido que allí se vislumbra, hace referencia expresamente a la “autoridad jurisdiccional que otorgue la licencia”, a la intervención de profesionales registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y, particularmente, se señala que, si bien el trámite para obtener por primera vez la Licencia Nacional de Conducir puede iniciarse de manera online, luego debe concurrirse al Centro Emisor de Licencias correspondiente para realizar los exámenes de idoneidad. (Véase nota de enlace https://www.pagina12.com.ar/811540-licencia-deconducir-digital-que-hay-que-saber/).
De este modo, la información invocada por la propia defensa no permite sostener, al menos con el grado de probabilidad exigible en esta etapa, que la imputada pudiera razonablemente entender que la mera gestión digital resultaba suficiente para obtener una licencia de conducir válida. Por el contrario, de la misma publicación surgen referencias concretas a la intervención de autoridades competentes y al cumplimiento de determinadas instancias presenciales.
A ello se suma que la obtención de una licencia de conducir constituye un acto administrativo reglado, sujeto al cumplimiento de requisitos y controles destinados a verificar la aptitud de quien pretende encontrarse habilitado para circular por la vía pública. En consecuencia, no resulta razonable equiparar la posibilidad de iniciar determinadas gestiones por medios digitales, con la inexistencia de los requisitos sustanciales que condicionan la expedición válida de dicho documento.
En este punto cabe señalar, que la licencia de conducir tiene por finalidad acreditar frente a terceros y, particularmente, frente a las autoridades de control, que su titular se encuentra legalmente habilitado para conducir. De allí, que su falsificación o utilización como si se tratara de un instrumento auténtico resulte susceptible de afectar la fe pública, en tanto compromete la confianza depositada en la autenticidad y eficacia probatoria de los instrumentos emanados de la autoridad competente.
En tal sentido, la doctrina ha señalado que “…La naturaleza del documento público exige además que sea otorgado por autoridad competente conforme las formalidades legales, lo que refuerza la gravedad de su adulteración…” (Donna; Código Penal de la República Argentina, Comentado, concordado con jurisprudencia. Gustavo Eduardo Aboso. 5ta Edición, Edit. Ibef. 2018. Pág. 1485).
En el caso bajo estudio, la presentación del carnet de conducir apócrifo ante las autoridades públicas constituía -al menos- una conducta potencialmente apta para sortear el control correspondiente y evitar las consecuencias que podrían derivarse de la falta de habilitación para conducir. Ello permite advertir, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, la existencia de una potencialidad de perjuicio que descarta, en principio, la ausencia de afectación al bien jurídico protegido alegado por la defensa. Finalmente, consideramos oportuno señalar que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación y fundar, eventualmente, el procesamiento de un imputado/a. Al respecto, es sabido que en esta instancia priman los elementos de cargo por sobre los de descargo, siendo que el grado de certeza apodíctica de culpabilidad no es necesario en este tramo del proceso. En efecto, recordemos que en este instancia procesal: “... basta un grado de probabilidad respecto de la materialidad del suceso investigado y de la posible participación del autor, por cuanto se pretende habilitar el proceso hacia el juicio donde se lleva adelante con plenitud el debate sobre el mérito de la prueba colectada.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala V; A., L. M. s/ lesiones; 13/8/2014). En función de todo lo expuesto, y sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado al hecho, corresponde concluir que los planteos introducidos por la defensa no logran conmover los fundamentos del decisorio recurrido. En consecuencia, el presente agravio no tendrá favorable acogida.
Por todo ello, y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, corresponde confirmar la resolución que se intentó poner en crisis.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 76/80vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia