Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III · Causa 0705-14183-26
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso deducido por la Defensa, revocar parcialmente el auto apelado, disponer la libertad por falta de mérito probatorio de Alan Jorge Alejandro Arroyo respecto al hecho I y calificar el hecho II como constitutivo del delito de tenencia de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales, agravada por resultar las víctimas menores de 13 años de edad, en virtud de los fundamentos expuestos en el considerando.
II. Devolver estos actuados a la instancia, a los fines que conceda la excarcelación a Alan Jorge Alejandro Arroyo, bajo la modalidad, caución y obligaciones de rigurosidad que estime corresponder.
Artículos 45 y 128. párrafos primero -en sentido contrario-, segundo y ultimo del Código Penal y 21, inciso 1°, 148, 157, 159, 169 inciso primero, 180, 209, 210, 421, 433, 434, 439 y concordante del Código de Procedimiento Penal.
Para resolver los recursos de apelación interpuestos por el Sr. Defensor Particular, Dr. Dante Chirino, contra las resoluciones que denegaran la excarcelación a Alan Jorge Alejandro Arroyo y contra el pronunciamiento por medio de la cual se convirtió en prisión preventiva su detención, en la presente causa N° 0705-14183-26 proveniente del Juzgado de Garantías N° 3 Departamental, y;
La instancia de grado resolvió denegar en dos oportunidades la excarcelación a Alan Jorge Alejandro Arroyo y a la postre convertir en prisión preventiva su actual detención por suponerlo prima facie autor penalmente responsable del delito de tenencia y distribución de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales, agravada por resultar las víctimas menores de 13 años de edad en concurso real con tenencia con fines inequívocos de distribución de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales, agravada por resultar las víctimas menores de 13 años de edad, conforme los arts. 45, 55 y 128 párrafos primero; tercero y quinto del Código Penal.
Contra dichas resoluciones se alzó el Defensor Particular, argumentando el favor del cambio de calificación que estima aplicable al no corroborarse a su juicio la distribución que se atribuye a su asistido y, además, criticando los fundamentos cautelares de los decisorios que recurre.
El recurso de apelación tendrá favorable acogida.
Se atribuye a Arroyo distribuir a través de la mensajería instantánea Grok app de la plataforma X. AI LLC, utilizando el nombre Kira Gainax ID de usuario 53059eea-7dfa-4690-83f6-d29d2c069a56 el cual se encuentra asociado al correo electrónico [email protected] , al menos ciento cincuenta y cuatro (154) archivos digitales donde aparecen representados menores de dieciocho (18) y de menos de 13 años de edad dedicados a actividades sexuales explícitas o representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales y, desde el domicilio sito en calle Pedro Goyena nro. 911 de la localidad de Burzaco partido de Almirante Brown, tener a sabiendas de ello y con fines inequívocos de distribución, en la mensajería instantánea Grok app de la plataforma X. AI LLC, bajo el nombre de Star Lordux ID de usuario 50277e32- 5627-4, el cual se encuentra asociado al correo electrónico holachauchaaaaa2018 @gmail.com , al menos cien (100) archivos digitales donde aparecen representados menores de dieciocho (18) y de menos de 13 años de edad dedicados a actividades sexuales explícitas o representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.
El Sr. Juez tuvo por acreditado el hecho y la probable autorìa de Arroyo en el mismo a partir principalmente de los Reportes de NMEC y de las labores policiales que vincularon el domicilio denunciado, las direcciones IP utilizadas y los correos empleados con la persona de Alan Jorge Alejandro Arroyo.
La mencionada vinculación no viene controvertida; en efecto, fue el propio imputado quien reconoció en ocasión de su defensa material "que con respecto al hecho en general repite que todo el contenido denunciado era para uso personal sin ningún otro fin"
La Defensa se ciñe a cuestionar la calificación legal aplicada a los sucesos en estudio y efectivamente a nuestro juicio lo actuado a la fecha del dictado de la prisión preventiva impide encontrar verificada la imputación del hecho I con la suficiencia que requiere un auto de prisión preventiva.
Como dijéramos, se atribuye a Arroyo distribuir 154 imágenes constitutivas de MASI a través de la aplicación Grok de X (ex Twitter).
Ahora bien, según informa la plataforma ( https://help.x.com/es/using-x/about-grok) "Grok es un asistente de inteligencia artificial que ayuda a completar tareas, como responder preguntas, resolver problemas y realizar lluvias de ideas. Grok está disponible para usuarios de >x
Es decir, Grok no es una mensajería instantánea para comunicarse con terceros, es un asistente de IA., de modo que la carga de una imagen en dicha plataforma no importa distribuirla, entendiendo tal acción -según la RAE- como la de "dividir algo entre varias personas, designando lo que a cada una corresponde, según voluntad, conveniencia, regla o derecho o dar a algo su oportuna colocación o el destino conveniente o entregar una mercancía a los vendedores y consumidores"
En dicha línea, desde el plano objetivo, la acción imputada no importa, por sí misma, un acto de distribución. No se ha acreditado que el imputado hubiera compartido un enlace de acceso a las imágenes, remitido el contenido a otras personas ni realizado alguna otra operación informática que supusiera su efectiva transmisión, difusión o puesta a disposición de terceros.
Desde el aspecto subjetivo, tampoco se advierten elementos suficientes para tener por acreditado, siquiera con el grado de probabilidad requerido en esta instancia, el dolo propio de la modalidad de distribución. En efecto, el conocimiento y la voluntad de cargar una imagen en una herramienta tecnológica no permiten inferir automáticamente el conocimiento y la voluntad de distribuirla, extremos que deben encontrar sustento en circunstancias objetivas de la causa.
Esta conclusión adquiere particular relevancia en el marco del análisis de procedencia de una medida cautelar de máxima intensidad como lo es la prisión preventiva. Su dictado exige una fundamentación especialmente rigurosa y debe ajustarse a los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, subsidiariedad y presunción de inocencia. Por ello, la restricción de la libertad personal no puede sustentarse en una interpretación extensiva de los elementos del tipo penal ni en la equiparación de una eventual pérdida de control sobre el material con una conducta de distribución cuya realización no ha sido acreditada.
En consecuencia, sin desconocer las particularidades y la potencial relevancia de la conducta investigada, los elementos reunidos hasta el momento no permiten sostener, con el grado de probabilidad exigible para el dictado de una prisión preventiva, que el imputado haya desplegado la conducta objetiva de distribución ni que haya obrado con el correspondiente elemento subjetivo, por lo que corresponde disponer la libertad por falta de mérito probatorio de Arroyo en relación al hecho I.
Respecto al hecho II se le atribuye tener en Grok app con fines inequívocos de distribución al menos 100 archivos.
Las mismas consideraciones resultan aplicables al hecho II, calificado provisoriamente como tenencia de material con fines de distribución, en tanto tampoco se advierten elementos objetivos que permitan tener por acreditada la finalidad ulterior exigida por dicha modalidad típica.
En efecto, la denominada ultraintención -esto es, el propósito de realizar una posterior distribución del material- no puede presumirse a partir de la sola tenencia ni inferirse automáticamente de su incorporación a una plataforma de inteligencia artificial. Se requiere la existencia de circunstancias objetivas que permitan sostener, con el grado de probabilidad propio de esta instancia, que el material era detentado con esa finalidad específica, extremo que no se encuentra suficientemente acreditado en las presentes actuaciones.
Por consiguiente, corresponde descartar, en esta instancia, la finalidad de distribución atribuida al imputado y adecuar la calificación legal del hecho II a la modalidad de tenencia simple prevista en el artículo 128 del Código Penal.
Respecto del restante agravio, esto es, lo relativo a la medida de coerción ha de ser evaluado a luz de los estándares internacionales en la materia y también de los lineamientos que viene vertiendo la SCBA en cumplimiento de lo resuelto por la CSJN en el marco de la causa "Verbitsky" sobre personas privadas de la libertad en la Provincia.
Correspondiendo la aplicación de las previsiones de los artículos 45 y 128, segundo y quinto párrafos del Código Penal, tenemos que la calificación legal torna aplicable lo preceptuado por el artículo 169 inciso 1º del Código de Procedimiento Penal, pues la pena que se espera como resultado del procedimiento no supera los ocho años de prisión, y además el imputado carece de precedentes condenatorios, circunstancias que conllevará a disponer la excarcelación del imputado.
La regla durante la sustanciación del proceso criminal es la libertad de todo imputado hasta tanto una sentencia de condena firme destruya el Estado de inocencia del cual goza; sin embargo, tal derecho a la libertad constitucionalmente puede limitarse al darse las circunstancias de excepción que hacen al cumplimiento y efectiva aplicación de la ley penal sustantiva con un norte afianzador de la idea de justicia (conf. Preámbulo C.N.).
En efecto, la privación de libertad anterior a la sentencia resulta constitucionalmente admisible cuando se verifique la existencia de peligros procesales ciertos (cfr. art. 14, 18, 31 y 75.22 de la Constitución Nacional; 7mo., aps. 1º y 2º y 8.2 CADH, 9 ap. 1º y 3º PIDCyP, 3º y 11 ap.1° DUDH, I, XXV y XXVI DADyDH, 10, 11, 21 Const. Provincial, 144, 146, 148 y 171 del Código de Procedimiento Penal).
Sabemos que la pena en espera es un parámetro válido de inferencia de peligro procesal establecido por el legislador y que la severidad que la tramitación le genera al imputado, dada la calificación legal del hecho, es una pauta válida para sostener cierto peligro procesal.
Empero tal parámetro legal, estableció también legalmente que el caso encuadra en una de las hipótesis del artículo 169, en el caso en la del inciso 1° del ceremonial, pues el máximo previsto para le la pena en espera no supera los ocho años.
Entendemos entonces, que corresponde revocar la decisión apelada, devolviendo la presente a la instancia de grado a fin se disponga la excarcelación de Alan Jorge Alejandro Arroyo, bajo la modalidad, caución y obligaciones especiales de rigurosidad que estime el Sr. Juez de Garantías puedan corresponder.
POR ELLO :
Esta Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal.;
I. Hacer lugar al recurso deducido por la Defensa, revocar parcialmente el auto apelado, disponer la libertad por falta de mérito probatorio de Alan Jorge Alejandro Arroyo respecto al hecho I y calificar el hecho II como constitutivo del delito de tenencia de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales, agravada por resultar las víctimas menores de 13 años de edad, en virtud de los fundamentos expuestos en el considerando.
II. Devolver estos actuados a la instancia, a los fines que conceda la excarcelación a Alan Jorge Alejandro Arroyo, bajo la modalidad, caución y obligaciones de rigurosidad que estime corresponder.
Artículos 45 y 128. párrafos primero -en sentido contrario-, segundo y ultimo del Código Penal y 21, inciso 1°, 148, 157, 159, 169 inciso primero, 180, 209, 210, 421, 433, 434, 439 y concordante del Código de Procedimiento Penal.
Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal General y al Sr. Defensor y remítase al Juzgado de origen para el cumplimiento de lo ordenado.
En la fecha notifiqué electrónicamente al Sr. Fiscal General Departamental ( [email protected] ) y a la Defensa Oficial ( Domic. Electrónico no cargado como parte ), remitiendo la presente a la instancia de origen ( [email protected] ). CONSTE.
Firmas
Funcionario firmante: GARIBALDI María Soledad - JUEZA
Funcionario firmante: BRAVO Tomas Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA DIAZ Martin Andres - JUEZ
Funcionario firmante: BLYTHMAN Maria Silvia - SECRETARIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1824-2026
Fin de la sentencia