Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2.053/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja interpuesto por la parte demandada a fs. 122/129; y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1511/1513 de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1504/1509 vta. de dichos autos; con expresa imposición de costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2.053/15-TSJ Interlocutorio N°: 3222.-
Actor: PUCCIA HECTOR DANIEL Demandado: EDECO S.A.
Objeto: S/ LABORAL S/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 09-08-2016 Texto: TOMO XXVII – INTERLOCUTORIO – T.S.J.-
REGISTRO Nº 3222 FOLIO Nº 5320/5324 PROT. ELECT. TSS1 064 I.161
Río Gallegos, 9 de agosto de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “PUCCIA HÉCTOR DANIEL c/ EDECO S.A. s/ LABORAL s/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. Nº P- 2.053/15-TSJ venidos al acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento del Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de queja interpuesto a fs. 122/129 por la parte demandada, contra la sentencia interlocutoria de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en copia a fs. 118/120, por cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto, cuya copia luce agregada a fs. 111/116 vta. Este último se había interpuesto contra la sentencia de Cámara agregada en copia a fs. 91/110 vta., que confirmó la sentencia de la anterior instancia -agregada en copia a foja 67/91- que hizo lugar parcialmente a la demanda, y modificó la imposición de costas, distribuyéndolas en un 30 % a cargo de la parte actora y en un 70 % a cargo de la parte demandada.-
II. Aduce como fundamento de la queja: “La errónea aplicación de preceptos contenidos en la Ley de Contrato de Trabajo, la inversión injustificada en la carga de la prueba y los groseros errores cometidos en referencia a la distribución de las costas, que ese Excmo. Tribunal podrá apreciar con la simple lectura de los instrumentos acompañados al presente, resultan por si sólo de entidad suficiente para abrir la instancia de la casación, puesto que tiñen de arbitraria la Sentencia recurrida, la cual resulta plenamente violatoria de la ley y de la doctrina legal aplicable…” (cfr. foja 128 vta.). Afirma la recurrente que en su recurso de casación señaló que “…nos encontramos en primer término con una errónea aplicación e interpretación de los artículos 210, 218 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, puesto que considera la procedencia del despido indirecto invocado por el Sr.
Puccia, en virtud de que supuestamente la sanción aplicada al mismo, consistente en una suspensión de diez (10) días sin goce de haberes, resuelta luego de celebrado un sumario interno, no se encontraría debidamente fundada e individualizados los hechos que dieron lugar a la misma, y por tal motivo entiende que el accionante pudo en base a ello haberse sentido agraviado, con la consecuente decisión de denunciar unilateralmente el contrato de trabajo atento sentirse gravemente injuriado…Adviér-tase en este punto, que el remedio procesal ante una sanción disciplinaria arbitraria, fácilmente puede ser solucionado mediante la impugnación de la misma ante la Secretaría de Trabajo local, o eventualmente recurriéndose la misma en instancia judicial, pero resulta descabellado y antijurídico sostener, que como consecuencia de una sanción que no se comparte, aplicada por un término de diez (10) días, un empleado de rango jerárquico…pueda alegar considerarse gravemente injuriado, de manera tal que resulte imposible la relación laboral entre las partes.
Que es también en este punto, en el cual se aplica erróneamente el artículo 246 de la LCT, aduciendo que la injuria alegada resulta suficiente para dar por terminado el vínculo entre las partes, contradiciendo incluso la vasta doctrina y jurisprudencia en la materia, que establece que las medidas disciplinarias que no sobrepasen el término de treinta (30) días, carecen de entidad para configurar injuria suficiente para tener por rescindido el contrato, justamente por el hecho de que el perjuicio patrimonial que su aplicación genera al empleado es ínfimo, en comparación con su salario mensual y puede ser subsanado de otra manera el daño producido, sin necesidad de llegar al distracto indirecto” (cfr. fs. 124 vta./125).
Seguidamente expresa que “…existe en la Sentencia recurrida una errónea aplicación de las facultades derivadas del artículo 210 de la LCT, puesto que la patronal siempre tiene el derecho de controlar la veracidad del contenido de los certificados o licencias médicas que sus empleados presentan, pudiendo supeditar el otorgamiento de los días de reposo o licencia médica a la opinión en tal sentido de los médicos de su confianza (cfr. foja 125). Por otro lado, en relación a la multa impuesta en virtud del artículo 2 de la ley 25.323, argumenta que “…si el Sr. Puccia y/o sus apoderados, consideraron que el rechazo de dicha intimación los habilitaba para iniciar acciones legales en contra de EDECO S.A., no puede sostenerse que ello haya sido motivado por la negativa de esta parte, sino por el contrario fue la ambición desmedida del actor la que lo llevó a ello…” (cfr. foja 125 vta.).
Respecto a las costas, afirma que “…si bien resulta correcta la aproximación y encuadre jurídico realizado en materia de la imposición de costas, no así el resultado obtenido… lo cierto es que el rubro admitido, equivale a un porcentual aproximado del 10% del restante, con lo cual claramente y mediante la realización de un simple cálculo matemático, bastaba para concluir que los vencimientos parciales fueron de un 10% a favor de la actora y un 90% a favor de la demandada, por lo cual así debieron haberse impuesto las costas en Primera Instancia” (cfr. foja 126). También cuestiona la sentencia en crisis por considerarla violatoria de la doctrina legal, citando jurisprudencia en apoyo a su postura (conf. fs. 126 vta./127 vta.).- A fs. 136 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Que corresponde en primer término verificar el cumpli-miento de los requisitos de admisibilidad mínimos que deben sustentar cualquier recurso ante esta instancia extraordinaria provincial; teniendo en cuenta que la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, es decir su fundabilidad o procedencia, es preciso que el escrito cumpla con ciertas pautas adjetivas de carácter previo, que la doctrina en general denomina: condiciones formales, por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación. Los requisitos formales hacen a la admisibilidad, mientras que los otros, se refieren a la procedencia, incumbiendo a los primeros el cumplimiento de los trámites adjetivos, tales como el pago del depósito, sentencia definitiva, plazos, etc.; apuntan a los aspectos formales referentes a los modos procesales por medio de los cuales debe ejercerse la impugnación y cuya ausencia hace caer el recurso por inadmisible (conf. Hitters Juan Carlos, “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, Ed. Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, 2da. ed., pág. 243/244).- De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15, y en oportunidad de efectuar este Tribunal el examen preliminar del recurso propuesto a los fines de decidir si ha sido mal denegado el recurso de casación, cabe señalar que el mismo no alcanza a superar las vallas formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria por lo que adelantamos que el recurso fue bien denegado.-
En el recurso de queja no se desarrollan argumentos que pongan en evidencia los defectos, que según la recurrente, adolecería la resolución impugnada.-
Del estudio de los fundamentos de la queja, se advierte, que los planteos de la recurrente remiten a temas de hecho y prueba, en principio, ajenas al ámbito de la casación. La impugnación está estructurada en torno a circunstancias fácticas extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial (conf. TSJ, Santa Cruz, Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3108, Folio 5.081/5.084).-
No obstante el déficit señalado, es oportuno destacar que los términos del recurso traslucen que, no obstante invocarse por la recurrente, que la impugnación se sustentó en la violación de la ley y doctrina legal, en realidad lo cuestionado es la valoración que han efectuado los jueces de las instancias ordinarias respecto de los hechos y pruebas aportadas a la causa, cuestiones ajenas al ámbito recursivo.-
IV. En efecto, la cuestión medular de los presentes autos es determinar si resulta justificado el despido indirecto del actor. La materia conduce, necesariamente, al análisis de circunstancias de hecho y prueba, en tanto es preciso examinar la conducta tanto de la actora como de la demandada. La controversia recae, pues, sobre una cuestión fáctica, inadecuada, por ende, para habilitar el remedio excepcional de la casación.-
Se reitera, entonces, que la materia traída a estudio es enteramente fáctica y, por consiguiente, reservada a los jueces de mérito; el límite que encuentra tal facultad lo constituye la eficaz alegación y demostración de absurdo al apreciar los hechos y las pruebas de la causa, o en la afirmación y comprobación de que la valoración de las constancias del juicio fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige. Sólo procede la vía intentada ante la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan del expediente (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3.034, Folio 4.906/4.909).- La jurisprudencia ha expresado que: “…la apreciación del material probatorio, así como el análisis y establecimiento de conclusiones referidas a la categoría laboral del trabajador y su salario, la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo y, en tal caso, si existió -o no- injuria que justifique aquella disolución, constituyen cuestiones de hecho reservadas a la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración del absurdo…” (cfr.
SCBA, “Trojelli, Oscar Raúl v. Lemarchand, Sergio Benjamín s/ Despido”, LP L 90784 S 28/05/2008), supuesto este último que no logra cometer el recurrente.- En el sub lite, las decisiones tomadas en las instancias de grado se basaron, en el análisis de la prueba respecto de las conductas de ambas partes previas a la finalización del vínculo que las unía. En razón de dicho análisis tanto la Cámara como el juez de primera instancia, concluyeron que el despido indirecto en el que se colocó el trabajador fue justificado. Estas circunstancias, sin duda, se vinculan con aspectos fácticos cuyo juzgamiento como se dijo ut supra, en principio, es privativo de los jueces de grado, irrevisables en esta instancia extraordinaria, salvo eficaz denuncia y acabada demostración de absurdo, vicio que no consideramos debidamente fundado.
Si con los elementos probatorios adquiridos durante la sustanciación del proceso, los magistrados de las anteriores instancias consideraron justificado el despido indirecto, ello constituye una cuestión fáctica, materia reservada a las instancias ordinarias.- Dicho en otras palabras, “…la valoración de la entidad de la injuria en principio escapa al control excepcional de esta instancia por comprometer materia de resorte exclusivo de los Tribunales de Mérito (confr. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala laboral, autos: Berrios, Alejandro Gabriel c. Amuchastegui, Jorge Omar s/ ordinario -despido- recurso de casación, 26/07/2012, Publicado en: LLC 2012 (noviembre), 1076, DJ 13/02/2013, 39, Cita online: AR/JUR/39374/2012), ‘…tanto la apreciación del material probatorio, como la determinación de la existencia o no de injuria que justifique la extinción del vínculo laboral constituye materia reservada a los jueces de mérito.
El límite que encuentra tal facultad lo constituye la eficaz alegación y demostración de absurdo al apreciar los hechos y las pruebas de la causa, o en la afirmación y comprobación de que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo). Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (confr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, N.R.O. c. Aguas Bonaerenses S.A.’, 06/03/2013, Publicado en: DJ 31/07/2013, 37, Causa: L.101.011, Cita online: AR/JUR/6602/2013)…” (cfr.
TSJ Santa Cruz, Tomo XXVI, Reg. 3.083, Folio 5.020/5.023).- La Cámara ha efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegando a conclusiones que no patentizan la exteriorización de la sola voluntad del juez, ya que aportan las razones del veredicto. No se advierte en éste un error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se demuestran ni se evidencian. Por otra parte, corresponde a la impugnante demostrar la existencia del absurdo y no al Superior Tribunal explicar por qué no se ha configurado (conf.
Hitters, Juan C. Técnica de los recursos extraordinarios y de casación, 2ª. edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, págs. 452/471). Máxime, cuando, como en la especie las escasas argumenta-ciones brindadas por el recurrente, que no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3.083, Folio 5.020/5.023; ídem, Reg. 3105, Folio 5070/5073).- Respecto de la consideración como causal justificativa del despido indirecto a la suspensión por razones disciplinarias del trabajador por un plazo menor al máximo legal (art. 222 LCT), aun reconociendo que sobre la materia pueden existir distintas opiniones doctrinarias o jurisprudenciales, la adhesión por parte del juzgador a una de ellas no habilita por sí sola la vía casatoria, ni en principio configura fundamento suficiente para agraviarse de arbitrariedad o violación de la ley.
Y así se ha pronunciado este Tribunal, al decir que “Cuando existen distintas visiones sobre el ‘thema decidendum’, como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica - en principio - el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad…” (cfr. Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2813, Folio 4400/4404; Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2880, Folio 4541/4546; Tomo XXIV, Interlocu-torio, Reg. 2977, Folio 4800/4803; Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3038, Folio 4915/4919).- Así encontramos que el mismo criterio utilizado por la Cámara y el juez de primera instancia en relación a la suspensión por razones disciplinarias como causal de despido indirecto, ha sido explicado por la doctrina nacional al decir que: “El principio general es que las suspensiones que no superan el plazo máximo fijado por la ley, así como aquellas no injuriosas, no dan derecho al trabajador a rescindir el contrato.
Cuando la suspensión injustificada involucra en forma autónoma una injuria de tal gravedad que hace imposible la continuación del vínculo, se independiza de la mera privación de salarios y habilita el despido indirecto” (cfr. Ojeda Raúl Horacio, Ley de Contrato de Trabajo - Comentada y Concordada, Segunda Edición Actualizada, Ed. Rubinzal Culzoni, 2005, Tomo III, pág. 181).- En igual sentido, podemos citar: “En principio, las suspensiones que no superan el plazo máximo fijado por ley, así como aquellas decididas en condiciones de validez no deberían configurar un incumplimiento contractual de parte del empleador que autorice al trabajador a considerarse injuriado; sin embargo, una suspensión no efectuada en condiciones de validez puede en forma autónoma impactar de manera concluyente en el contrato” (cfr.
Ley de Contrato de Trabajo - Comentada, anotada y concordada, Jorge Rodríguez Mancini -Director, Alejandra Barilaro –Coordinadora, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2007, Tomo IV, pág. 103).- Jurisprudencialmente se ha resuelto que: “…si bien en principio las suspensiones de plazo menor al máximo legal no justifican la declaración extintiva por parte del trabajador, deben dejarse a salvo de dicho enunciado general aquellos supuestos en que, por sus particulares connotaciones, la medida disciplinaria configure efectivamente una injuria que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación laboral…” (cfr. SCBA, Sum.“Kljunak, Carlos M. c/Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berisso s/Despido”, cita Online: LP L 83451 S 22/11/2006).-
Por lo que, considerando la decisión que adoptó la Cámara, la misma no resulta, en principio, revisable ante esta instancia, al haber fundado debidamente su posición, sin encontrarse ésta desprovista de fundamentos, más allá de la discrepancia que pudiera tener la recurrente con la postura asumida por dicho Cuerpo.-
V. La recurrente alega como agravio para sostener su recurso violación de la doctrina legal, reglamentada en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
En tal sentido se debe señalar que el recurso de casación reglamentado por dicha normativa se refiere a la doctrina legal “…sentada por otro tribunal colegiado de única o última instancia de la Provincia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años…” (conforme su actual redacción) y se advierte, que este agravio, gira en torno a una alegada violación de “doctrina legal” sentada por distintos fallos de Cámaras Nacionales y de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, los cuales resultan a todas luces ajenos al recurso de casación reglamentado por nuestro CPC y C.. Por lo que, considerando lo dispuesto en el artículo citado ut supra y los tribunales de los cuales surge la supuesta “doctrina legal”, no resulta posible la revisión pretendida.- Así lo ha sostenido este Tribunal Superior al expresar: “…es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)…” (cfr. Tomo XVI, Interlocutorio, Reg. 2077, Folio 3046/3049).-
En relación a la arbitrariedad alegada, la recurrente no logra fundar adecuadamente dicho agravio. Cabe señalar que la demandada únicamente expresa que existe arbitrariedad en la sentencia en crisis sin fundamentarla (conf. foja 127 vta.).-
VI. Por último, respecto al agravio referido a la imposición de las costas, la recurrente tan sólo alega una disconformidad con la sentencia atacada, pero sin dar fundamentos aptos que den sustento a su postura, lo que resulta insuficiente dado el carácter extraordinario de esta instancia.-
Sobre la materia, la mayoría de los máximos tribunales de provincia han establecido que las cuestiones relativas a la imposición de las costas son, en principio, extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado (conf. SCJ Mendoza, sala I, “Fema S. R. L. c. Obras Sanitarias Mendoza”, Publicado en: LA LEY 1997-D, págs. 324/325, 22/11/1996; SCBA, “Junta Nacional de Granos c. Sbaizero, Juan A. y otros”, publicado en: LA LEY 1994-B, pág. 264, 26/10/1993, entre otros).-
Conteste con tal postura, este Tribunal tiene dicho sobre la materia bajo estudio que se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución (conf. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 467, Folio 2539/2542; ídem, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 115, Folio 189/190; ídem, Reg. 104, Folio 169/170; Tomo II, Interlocutorio, Reg. 149, Folio 241/242; Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994), circunstancias respecto a las cuales la recurrente no argumenta adecuadamente a fines de acceder a esta instancia.- En consecuencia, “…mientras no se observe que se ha producido alguno de los supuestos ‘ut supra’ señalados, el tema de la imposición de las costas, no es tratable en casación (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994, y SCBA, AyS, 1971-I-174, 1973-I-247 y 616, 1974-I-174, 1974-II-719, 1974-III-747; DJBA, 117-441), ya que la imposición de las mismas, como así también su eximisión total o parcial, son cuestiones privativas de los jueces de la instancia ordinaria y exenta de revisión en casación (confr. DJBA, 117-165, 119-432, 120-26 y 411; ídem, SCBA, Ac. 32962 S 27-11-1984, Ac. 34847 S 11-10-1985, Ac. 38142 S 8-3-1988, Ac. 40276 S 5-9-1989, Ac. 44216 S 17-10-1990, Ac. 43835 S 7-5-1991, Ac. 50204 S 21-12-1993, Ac. 53696 S 24-5-1994, Ac. 51141 S 7-3-1995, Ac. 57166 S 20-2-1996, Ac. 73489 S 17-10-2001, Ac. 84100 S 1-12-2004)” (cfr. TSJ, Santa Cruz, Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2.835, Folio 4.444/4.446).-
Por ello la impugnación de la imposición de las costas formulada por la demandada carece del sustento que habilite la instancia extraordinaria provincial.-
En razón de lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada a fs. 122/129, declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 1504/1509 vta., de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1511/1513 de dichos autos, con costas a la recurrente, de acuerdo a lo normado en el tercer párrafo del ya citado artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15, y teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 129.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja interpuesto por la parte demandada a fs. 122/129; y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1511/1513 de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1504/1509 vta. de dichos autos; con expresa imposición de costas.-
3. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia de la presente resolución a los autos principales, separándose los mismos para su correspondiente devolución. Oportunamente, archívese la presente queja.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani – Vocal a/c Presidencia, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1064I.161 Tomo: XXVII Interlocutorio: 3.222.-
Folio N°: 5.320/53214.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia