Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Quilmes, Sala I · Causa 32830
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la actora el 18 de septiembre de 2026.
II. Imponer las costas de Alzada a la parte demandada en su calidad de vencida (art. 68 del CPCC.).
III. Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
Causa Nº 32830 .- Jdo. Nº11. Quilmes.
PUCHETA SERGIO ANIBAL C/ GARRIGO CLAUDIA KARINA S/ INTRUSION-ACCIONES DERIVADAS DE .-
En Quilmes, reunidos en Acuerdo ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, Doctores Griselda Nora Pastorino, Gabriel Pablo Zapa y Gerardo Crichigno, con la presencia de la Secretaria del Tribunal, se trajo al despacho para dictar sentencia la causa Nº 32.830 , caratulada: "PUCHETA SERGIO ANIBAL C/ GARRIGO CLAUDIA KARINA S/ INTRUSION - ACCIONES DERIVADAS" : De conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, la Excma. Cámara resolvió votar las siguientes:
1ra.) ¿Es justa la sentencia apelada?
2da.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley (art.263 última parte del C.P.C.), dio el siguiente orden de votación: Dr. Gerardo Crichigno, Dra. Griselda Nora Pastorino y Dr. Gabriel Pablo Zapa.
A la primera cuestión, el Dr. Gerardo Crichigno dice:
1. La sentencia dictada el 16 de septiembre de 2026 hizo lugar a la demanda promovida por Sergio Aníbal Pucheta contra Claudia Karina Garrido y, en virtud de ello, condenó a la demandada a restituir al actor el inmueble sito en calle 1560 -los Floricultores- Nº 1609, La Capilla, localidad y Partido de Florencio Varela; nomenclatura catastral: circunscripción III, sección G, manzana 4, parcela 3; partida Nº 103952), en el plazo de 10 días, bajo apercibimiento de desahucio. Seguidamente, ordenó a la demandada a abstenerse -en lo sucesivo- de realizar actos de turbación de hecho sobre ese bien e impuso las costas a la accionada.
Contra dicha resolución se alza la demandada interponiendo recurso de apelación mediante presentación de fecha 18 de septiembre de 2026, remedio que fuese concedido en relación el 23 de septiembre de 2026.
Fundado con la pieza agregada el 28 de septiembre de 2026 y conferido el traslado de la fundamentación, ha merecido la respuesta de su contraria acompañada el 2 de octubre de 2026.
2. El .9 de mayo de 2025 se presentó Sergio Aníbal Pucheta promoviendo demanda de interdicto de recobrar la posesión del inmueble sito en calle 1560 -Los Floricultores- Nro. 1609 de la Capilla, partido de Florencio Varela, cuya nomenclatura catastral designa como circunscripción III, sección G, manzana 4, parcela 3; partida Nº 103952. Invocando su calidad de poseedor del referido inmueble, denuncia un supuesto de desapoderamiento. Relató que, habiendo adquirido el fundo colindante (parcela 4), el mismo se encuentra unificado físicamente conformando una sola heredad. Continuó manifestando que, a mediados de 2024 mientras se encontraba de viaje en la provincia de Córdoba, la demandada y sujetos desconocidos cortaron el alambrado de la propiedad, arrojaron escombros en la acequia y levantaron un cerco de alambre separativo entre el fundo usurpado y el colindante que le pertenece. Agregó que, en tales circunstancias, sustrajeron el tendido eléctrico que poseía la finca. Indicó que los intrusos realizaron excavaciones y taparon acequias, provocando graves daños. Precisó que, a resultas del hecho, formuló una denuncia penal que derivó en el retiro de los intrusos. Sin embargo, promovió la presente acción por cuanto no se produjo el cese de las turbaciones. Ofreció prueba. Ampliada la exposición de los hechos, detalló aquellas turbaciones. Afirmó que el 12 de marzo de 2025 le fue impedido cortar el pasto del inmueble, que el 25 de mayo encontró caballos que pusieron a pastar dentro del lote, que se encuentra impedido de ingresar al fundo y que los actos violentos e intrusivos continuaron mediante la rotura de alambrados, pozos excavados y acequias tapadas.
Conferido el traslado de la demanda, el 25 de septiembre de 2025 se presentó Claudia Karina Garrido procediendo a contestar la demanda. Luego de una negativa genérica y particularizada de los hechos expuestos por la demandante, refirió que el lote que ocupa el actor es el identificado bajo el Nro. 4 y no el Nro. 3. Sostuvo que el actor pagó impuestos con el propósito de declamar una calidad de dueño que no alcanza a probar. Reconoció que existió un conflicto judicial que no determinó derecho alguno y que adquirió de buena fe la propiedad a través de un contrato de cesión de derechos posesorios de Elías Andrés Mantesi. Refirió que, tras la operación, empezó a efectuar mejoras en el predio hasta la aparición del actor quien, con actitud amenazante, le expresó que el lote le pertenecía. Añadió que la titular registral le transmitió el bien, pasado un tiempo, mediante la celebración de un boleto de compraventa. Solicitó, finalmente, se rechace la demanda.
3. El Sr. Juez a quo inició su labor decisoria analizando los presupuestos para la procedencia del interdicto de recobrar. Inmediatamente, analizó el material probatorio colectado. Consideró que la documentación aportada tenía aptitud para acreditar la existencia del "animus" que nutre la relación de poder sobre el fundo. Seguidamente, tuvo por acreditada la titularidad sobre la parcela 4, haciendo notar el emplazamiento cartográfico contiguo al inmueble objeto de litigio. Luego, repasó las declaraciones de los testigos verificando coincidencias respecto a un acto posesorio: el cerramiento y la unificación física con el lote 4, con una entrada única. Estimó que ello exterioriza el propósito del titular de someter a ambos inmuebles a su aprovechamiento y, al mismo tiempo, de excluir a terceros de la posibilidad de ocuparlo. Adunó a ello los actos tendientes a su mantenimiento y alumbrado. Finalmente, repara en el carácter reciente de los instrumentos acompañados por la demandada y en el acta de procedimiento labrada en el marco de la causa penal. Ya en el núcleo de sus consideraciones, el magistrado tuvo por acreditado que el actor ostentaba sobre el lote 3 una relación de poder, que la misma existía con anterioridad al acto de aprehensión que llevara adelante la demandada y que formuló una resistencia a la ocupación realizada por la demandada. Expuso que la aprehensión de la cosa mediante los actos posesorios descriptos al punto III de la contestación de demanda, comporta un diáfano acto de desapoderamiento que habilita al excluido a ejercer la acción de defensa de la relación de poder tendiente a recuperar su "corpus". Como consecuencia de lo desarrollado, acogió la pretensión, ordenando a Claudia Karina Garrido a restituir a Sergio Aníbal Pucheta el lote objeto de reclamo, ordenando se abstenga -en lo sucesivo- de llevar a cabo actos de turbación sobre el bien. Todo ello, con costas.
En sus agravios, la recurrente cuestiona que la sentencia hubiese tenido por acreditada la posesión de la Parcela 3 sobre la base de circunstancias vinculadas principalmente con la Parcela 4, de titularidad del actor, donde se encuentran las construcciones, instalaciones y mejoras. Sostiene que el cerramiento, el acceso, la iluminación y el supuesto corte de pasto no constituyen actos materiales suficientes para demostrar el ejercicio efectivo de una relación de poder sobre la parcela litigiosa. En segundo término, critica la valoración de las declaraciones testimoniales. Afirma que las mismas describen tareas e instalaciones correspondientes a la parcela 4, sin precisar actos materiales ejercidos sobre la Parcela 3. Destaca que algunos testigos describieron esta última como un terreno baldío, sin construcciones ni mantenimiento, razón por la cual -según su criterio- las declaraciones no acreditan actos posesorios concretos, ni su ubicación, período y exteriorización. En otro apartado, `plantea que se ha otorgado un excesivo valor a los pagos tributarios y del suministro eléctrico. Entiende que los pagos constituyen elementos indiciarios que no acreditan el ejercicio material del poder de hecho sobre la Parcela 3, conforme el conforme al art. 1928 del Código Civil y Comercial. En el epílogo, advierte que no se encuentra acreditada la relación de poder sobre la cosa y su desapoderamiento y que el cerramiento y acceso no acreditan, por sí mismos, la posesión de la parcela. Explica que estos últimos solo evidencian una vinculación física entre ambos inmuebles, pero no el ejercicio de actos posesorios. Critica el rechazo de la inspección ocular por considerarlo un medio de prueba idóneo y relevante para verificar la configuración física de ambos inmuebles, su delimitación y la existencia de una división entre las parcelas. En suma, la recurrente concluye que no han sido acreditados los presupuestos esenciales del interdicto de recobrar, solicitando se revoque la sentencia apelada y se rechace la demanda, dejando sin efecto la orden de restitución y las costas impuestas en su contra.
4. Abordando la tarea decisoria, cabe recordar que se ha señalado que el interdicto de recobrar "constituye más que una acción posesoria propiamente dicha o una acción real fundada en una presunción de propiedad, una disposición de orden público tendiente a prevenir la violencia y el atentado de hacerse justicia por sí mismo, resultando así ajeno al mismo la dilucidación de las relaciones de derecho que puedan vincular a las pates; cuestiones que deben ventilarse ante el juez competente y en la forma que corresponda" (CSJN, 22/2/83, RepED, 17-61, Nro. 1).
Son presupuestos del interdicto la violencia y la clandestinidad. Existe violencia cuando la cosa es adquirida u obtenida por vías de hecho, acompañada de fuerza material o coacción moral. Y existe clandestinidad cuando el despojo ha sido hecho en forma oculta o sorpresiva, artera, disimulada, dependiendo ello más que de la publicidad frente a terceros, del reconocimiento del perjudicado que ha obrado con negligencia (Fenochietto, Carlos E., "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, comentado, anotado y concordado", 7ma. ed. actualizada y ampliada, pág. 687, ed. Astrea).
Finalmente, pesa sobre el actor la prueba que tuvo la posesión o tenencia de la cosa y que fue desposeído de ella por la fuerza o clandestinamente (CCivCom. TLauquen, 10/9/96, LLBA, 1996-1103). Si la prueba de la ocupación no es clara e indubitable en el momento del despojo, el interdicto debe ser rechazado.
Por lo demás, vistos los términos de la pretensión, resulta aplicable al caso la normativa contenida en el art. 2238 del Código Civil y Comercial que reza que las acciones posesorias según haya turbación o desapoderamiento, tienen por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. La disposición legal agrega que se otorgan ante actos materiales, producidos o de inminente producción, ejecutados con intención de tomar la posesión, contra la voluntad del poseedor o tenedor.
En particular, el art. 2241 del del CCCN otorga la acción de despojo para recuperar la tenencia o la posesión de todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de hecho, aunque sea vicioso, contra el despojante, sus herederos y sucesores particulares de mala fe, cuando de los actos resulte el desapoderamiento.
En suma, la actividad probatoria del actor persigue la acreditación del ataque y la relación de poder que lo sufre. Por su parte, el demandado busca comprobar que no existió lesión alguna al actor y su propia relación de poder al momento del pretenso ataque.
5. Delineado el marco legal, resulta pertinente aclarara que no atenderé todos los planteos del apelante, ni la totalidad de las pruebas aportadas, sino solo los argumentos y las probanzas que estime esenciales y dirimentes para pronunciarme en el caso (CSJN 13-11-1986, "Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica", Fallos 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243: 563; 247:202; 304:1553; 310:1162, entre otros)
Resta recordar que la jurisdicción de los Tribunales de Alzada en materia civil, está limitada por la extensión de los recursos concedidos por ante éstos, la que resulta determinante de la competencia devuelta. En síntesis, la Cámara sólo puede pronunciarse sobre lo que es materia del recurso, ya que sus poderes se hallan limitados a la extensión del mismo "tantum devolutum quantum apellatum" (SCBA LP A 72453 RSD-143-21 S 30/08/2021).
Por aplicación de dicho principio y partiendo de la detenida lectura del memorial, se desprende del mismo que el único agravio se circunscribe a las consideraciones formuladas por el a quo con respecto a la relación de poder del demandante respecto al inmueble objeto de autos.
En efecto, todos los esfuerzos argumentativos se dirigen a cuestionar los elementos ponderados por el magistrado de la instancia de origen para tener por acreditada la mencionada relación de poder. En particular, resta valor probatorio a los dichos de los testigos y a la documental aportada de la cual surgiría el pago de servicios y tasas correspondientes a la parcela 3.
6. Sentado lo expuesto, no existe controversia respecto a que el Sr. Sergio Aníbal Pucheta adquirió el lote de terreno sito en calle 1560 sin número, entre 1529 y 1535 del Barrio Los Tronquitos de Florencio Varela -individualizado como lote 4- conforme escritura Nro. 74 de fecha 20 de abril de 2004, pasada por ante el escribano Adrián Carlos Motroni. Se encuentra reconocido, asimismo, que dicho inmueble resulta lindero de la parcela 3 de idénticas dimensiones.
Finalmente, en consonancia con las declaraciones de los testigos, pude constatar -en el marco de la medida llevada a cabo el 12 de noviembre pasado- que ambos lotes se hallaban unidos físicamente y delimitados por un cerco común de antigua data. En la actualidad, ambos predios se encuentran divididos con un cerco medianero de postes de cemento y alambre que luce de data reciente. La parcela 3 cuenta con un ingreso propio mediante la colocación de un portón y el relleno de una acequia. Fue la propia accionada quien, al contestar la demanda (presentación del 25 de septiembre de 2025), reconoció el cercado, la realización de la entrada y la colocación del portón.
En este estado, solo resta definir si la anexión física de la parcela 3 mediante un cerramiento común a la parcela 4 y el mantenimiento de ese lote sin construcciones convierte el vínculo del pretendiente y el objeto como una "relación de poder" que lo legitime a promover las presentes acciones.
El Código Civil y Comercial, a partir del art. 1908, regula las "relaciones de poder", que la doctrina tradicional conoció con el nombre de "relaciones posesorias" o "relaciones reales", e incluso de "relaciones materiales" (Herrera Marisa, Caramelo Gustavo, Picasso Sebastián -directores-, "Código Civil y Comercial de la Nación comentado), T. V, pág. 39, editado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación). Se trata de relaciones de hecho que vinculan a una o varias personas con una cosa. La norma menciona las dos relaciones más significativas para el derecho, que son la posesión y la tenencia.
De tal manera, aún cuando la prueba producida no baste para acreditar el "ánimus domini", lo cierto es que resulta indudable que el Sr. Pucheta detentó, al menos, la tenencia de la parcela 3 a partir del cercamiento del lote hasta tanto se produjo el desapoderamiento absoluto y en contra de su voluntad a partir de la intervención de la demandada quien ha manifestado su intención de poseerla.
Cabe agregar que no se discute en estas actuaciones la existencia del derecho. Contrariamente, la acción intentada tiene como objeto la defensa de la relación entre el activo y la cosa.
Siendo así, y encontrándose acreditados los presupuestos que contemplan los arts. 2238 y 2241 del Código Civil y Comercial, propondré al Acuerdo la confirmación de la sentencia recurrida.
7. Conforme ha quedado resuelta la cuestión, las costas de Alzada deberán ser impuestas a la demandada atento a su calidad de vencida (art. 68 del CPCC.).
En consecuencia, a la primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión, la Dra. Griselda Nora Pastorino y el Dr. Gabriel Pablo Zapa, por idénticos motivos, VOTAN TAMBIEN POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión, el Dr. Gerardo Crichigno dijo:
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se desestima el recurso de apelación interpuesto por la demandada el 18 de septiembre de 2026.
Las costas de Alzada se imponen a la parte demandada en su calidad de vencida (art. 68 del CPCC.).
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión, la Dra. Griselda Nora Pastorino y el Dr. Gabriel Pablo Zapa, por idénticas razones VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el Acuerdo firmando los Señores Jueces y la Señora en forma digital.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Que en el acuerdo que precede ha quedado resuelto que la sentencia apelada de fecha 16 de septiembre de 2026 resulta justa,
SE RESUELVE: I) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la actora el 18 de septiembre de 2026. II) Imponer las costas de Alzada a la parte demandada en su calidad de vencida (art. 68 del CPCC.). III) Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGISTRESE. NOTIFIQUESE a través de la remisión de copia digital de la presente en el domicilio electrónico de las partes, teniéndose por cumplida la notificación el día martes o viernes inmediato posterior -o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuese- a aquél en hubiere quedado disponible para sus destinatarios en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas ((art. 13 Anexo 1 Reglamento para las presentaciones y notificaciones por medios electrónicos, Ac., SCBA. 4013/21). Oportunamente, DEVUELVASE .
Firmas
Funcionario firmante: CRICHIGNO Gerardo - JUEZ
Funcionario firmante: PASTORINO Griselda Nora - JUEZ
Funcionario firmante: ZAPA Gabriel Pablo - JUEZ
Funcionario firmante: GONZALEZ Alejandra Veronica - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 729-2026
Fin de la sentencia