Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 277.820
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue por las razones expuestas, la resolución del 26/12/2023 debe ser parcialmente modificada y la del 29/12/2023 revocada (arts. 1, 2, 3, 730, 731, 772, 1716, 1737, 1738, 1739, 1740 y concs., Cód. Civ. y Com.; arts. 69, 161, 242, 246, 260, 272 y concs., CPCC; arts. 9, 15, 24, 54, ley 14.967; art. 21 ley 6716).
POR ELLO: 1°) Se admite parcialmente la apelación incoada el 26/12/2023 y, en consecuencia, modifica la resolución apelada del 12/12/2023, en lo que respecta al prorrateo de los honorarios fijados conforme la Ley 14.967 y sus accesorios, en favor del doctor Lorenzo Jorge Tomassi, que se establece de la siguiente manera: 64,38 JUS por honorarios, 6,483 JUS por aportes y 13,52 JUS de IVA. En todo lo demás que fuera materia de agravios, se la confirma. Las costas de Alzada se imponen a los accionados vencidos (art. 69 CPCC); 2°) Se hace lugar al recurso deducido el 08/02/2024 y revoca la providencia del 29/12/2023 en cuanto fuera materia de agravios. Sin costas en ausencia de sustanciación con la contraria y dada la naturaleza de la cuestión debatida (arts. 1, 2, 3, 730, 731, 772, 1716, 1737, 1738, 1739, 1740 y concs., Cód. Civ. y Com.; arts. 69, 161, 242, 246, 260, 272 y concs., CPCC; arts. 9, 15, 24, 54, ley 14.967; art. 21 ley 6716).
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL (C) C. 277.820 -"PUENTES, GRACIELA ELVIRA C/ STORNELLI, WALTER OMAR Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
En la ciudad de La Plata, a los 10 días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, se reúnen en Acuerdo de la Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda, la señora Jueza doctora Irene Hooft y el señor Juez doctor Federico Guillermo García Ceppi, para dictar sentencia en la causa caratulada: "PUENTES, GRACIELA ELVIRA C/ STORNELLI, WALTER OMAR Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" C. 277.820 y habiéndose procedido con anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley, el cual arrojó el siguiente orden de votación: doctor GARCÍA CEPPI- doctora HOOFT, el Tribunal resolvió plantear las siguientes:
PRIMERA: ¿Corresponde modificar la resolución de fecha 12/12/2023?
SEGUNDA: ¿Corresponde modificar el proveído del 29/12/2023?
TERCERA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el señor Juez, doctor Federico García Ceppi, dijo:
I. En la especie, el colega de grado admitió la aplicación del límite previsto en el art. 730 del Cód. Civ. y Com. con relación a las costas derivadas del presente proceso.
Para así decidir, dejó sentado en primer término que según la liquidación aprobada en autos de $ 6.963.835,70, el límite del 25% de la condena, deducida la tasa de justicia y su adicional ($96.800), asciende a la suma de $ 1.644.158,92. De seguido, computó la totalidad de las costas correspondientes a los honorarios de la parte actora -conforme regulación del 09/06/2023- con aportes e IVA, y los del perito interviniente en esa instancia.
Calculó así un total de $ 2.298.445, que desglosó de la siguiente manera: doctor Tomasi honorarios Dto.ley 8904/77 = $600.000, aportes de ley $60.000 e IVA $ 126.000; honorarios Ley 14967 = 90 jus, representativos de $ 895.500 (valor x unidad $9950), aportes de la ley $89.550 e IVA $ 188.055; doctor Diaz Orrac honorarios Ley 14967 = 12 JUS, representativos de $ 119.400 (valor x unidad $9950), aportes de ley $ 11.940; Ing. Mecánico Rodríguez Ponte honorarios $ 208.000.
Desestimó la impugnación formulada por el doctor Tomassi en torno a la inclusión del IVA sobre honorarios, así como respecto del cálculo del valor del JUS.
Por fin, en base al límite fijado, procedió al prorrateo de los honorarios de los profesionales intervinientes. Fijó así en favor del Dr. Lorenzo Jorge Tomasi, por las tareas desarrolladas bajo el régimen del Dto.ey 8904/77 la suma de $ 429.201,20, con más $ 42.920,12 de aportes previsionales y $ 90.132,25 por IVA; al tiempo que por lo actuado durante la vigencia de la Ley 14.967, determinó la cantidad de $640.582,79 por honorarios, $ 64.058,27 por aportes previsionales y $ 134.522,39 por IVA. Hizo lo propio con relación al doctor Darío Nazareno Diaz Orrac estableciendo la suma de $ 85.411,05 por honorarios y $ 8.541,10 por aportes; y con respecto al perito de la Asesoría Pericial, Ing. Rodríguez Ponte, lo fijó en la suma $148.789,75 por honorarios.
II.2. Contra ese modo de decidir, se alza el doctor Tomassi mediante recurso de apelación del 26/12/2023 fundado en el mismo acto, sin réplica de la contraria (v. auto del 26/03/2024 y cédula del 03/04/2024). Al fundar su queja, el recurrente se agravia, de un lado, por el hecho de haberse incluido en el prorrateo los honorarios del perito ingeniero, el IVA y la tasa y sobre tasa de justicia. Y del otro, por la circunstancia de que el monto final de los honorarios que corresponde soportar a la contraria haya sido determinado en pesos y no en JUS arancelarios, cargando así con la desvalorización monetaria.
III. El recurso prospera parcialmente.
III. 1. En primer término, corresponde desestimar los agravios relativos a la inclusión en el cómputo del prorrateo de los honorarios del perito y de la tasa y sobretasa de justicia. Ello por cuanto, a un lado el grado de acierto o error de tal determinación, los cuestionamientos ahora traídos, vinculados con su cómputo a los fines del prorrateo realizado, revisten el fruto de una reflexión tardía, que no fue sometida oportunamente a consideración del Juez de grado, deviniendo por ende inabordables en esta instancia recursiva (art. 272 del CPCC).
Repárese que el doctor Tomassi al contestar el traslado de la solicitud de prorrateo efectuada en nombre de la citada en garantía -requerimiento en el que estos conceptos fueron incluidos-, no formuló oposición alguna al respecto (v. escrito 10/07/2023). Antes bien, al realizar su propio cálculo descontó la tasa de justicia y su contribución de la suma total prevista como límite, y luego computó también los honorarios del perito (v. apartado B), de la misma forma en que luego lo hiciera el Juez de grado.
III. 2. De otra parte, con relación a los agravios referidos a la inclusión del IVA, la crítica del apelante no abastece la carga impuesta por el art. 260 del CPCC (art. 246, su doc. del CPCC).
En efecto, el recurrente no se encarga de rebatir lo argumentado en la sentencia de grado en torno a que el IVA sobre honorarios integra el concepto de costas, de manera que, por lo tanto, no se advierte la existencia de razones para que no sea computado dentro del límite a la responsabilidad por su pago, previsto por el art. 730 del C.C.C. (art. 260 CPCC).
IV. Ahora bien, distinta suerte ha de correr el reproche formulado por el impugnante en torno a la manera de efectivizar el prorrateo respecto de los honorarios, cuando aquellos han sido establecidos en JUS arancelarios, en orden a lo normado por la Ley 14.967. Es que, en tales supuestos -tal lo alegado por el recurrente en su prédica-, dicho prorrateo ha de ser determinado en base a la proporción resultante sobre la cantidad de las unidades de valor adeudadas. Veamos:
IV.1.a. Las deudas originariamente pecuniarias o monetarias están determinadas desde su constitución en una suma de dinero como tal y con prescindencia de su valor intrínseco o "poder adquisitivo". Lo que se debe, entonces, es un quantum (una cantidad) y el dinero constituye el objeto inmediato de la obligación, actuando tanto in obligatione como in solutione.
En las obligaciones de valor, en cambio, la moneda no constituye en rigor el objeto de la deuda, sino que sólo sirve de medio para restaurar en el patrimonio del acreedor un valor o utilidad comprometido por el deudor: un valor abstracto a ser determinado en algún momento en una suma de dinero, pero cuya expresión no habrá de cambiar a tenor de las oscilaciones del poder adquisitivo de la moneda hasta tanto aquella no suceda. En este caso, lo adeudado es un quid, un valor abstracto o una utilidad. De tal modo, el dinero habrá de jugar en el pago (in solutione), pero no constituirá el objeto de la obligación, no estará in obligatione, es decir se pagará dinero, pero no porque sea lo debido, sino como un mero mecanismo para liquidar la "deuda de valor" (ALTERINI, J. H. (dir. gral.), Código Civil y Comercial comentado - Tratado exegético, 2a. ed. actualizada y aumentada, La Ley, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2016, T. IV, comentario al art. 772 del Cód. Civ. y Com.).
El Código Civil derogado no regulaba expresamente las deudas de valor, aunque la jurisprudencia y autores inferían su existencia de diversas obligaciones. El Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia en el año 2015 ha sí receptado expresamente esta categoría (LORENZETTI, op. cit., 155).
Así, el artículo 772 del digesto sustantivo ahora prevé que "si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda […] Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de [la Sección 1° Obligaciones de dar]".
IV.1.b. En el año 2017, la ley 14.967 de "Honorarios de abogados y procuradores" derogó su antecedente, el Decreto-Ley 8904/77, e introdujo una serie de previsiones que interesa transcribir.
Por caso, el artículo 15 de la referida ley arancelaria estatuye que [t]oda regulación de honorarios deberá ser fundada y cumplimentar, bajo pena de nulidad, los siguientes recaudos: […] d) El monto deberá estar expresado en la unidad arancelaria Jus, cuyo valor definitivo se establecerá en el momento de hacerse efectivo el pago".
A su turno, el artículo 24 prevé que "[l]a regulación de los honorarios se efectuará en su equivalente a la medida Jus, debiendo así mantenerse, hasta el momento del efectivo pago, a excepción de lo normado en el artículo 54 inc. b)".
Por fin, el indicado artículo 54 determina que "[o]perada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación".
IV.1.c. La interpretación sistemática de las disposiciones normativas transcriptas trasluce que la Ley arancelaria 14.967 reguló a la deuda por honorarios como una obligación de valor (conf. esta Sala II, causa 268.718/1 sent. del 30/04/2020; e. o.).
Los estipendios no se expresan en dinero, sino que se refieren a un valor o, como lo llama la ley, unidad de honorario profesional: el Jus. La utilidad, valor o quid debido está constituido, de tal modo, por determinada cantidad de Jus.
A fin de poder cancelar esa utilidad comprometida por el deudor y esperada por el letrado acreedor, el artículo 9 de la ley al 12/12/2023 contiene determinadas pautas de cuantificación del quid en dinero y determinación de su valor real, de acuerdo con la terminología utilizada por el artículo 772 del Código Civil y Comercial.
Al respecto, el citado artículo 9 refiere que el Jus "representa el uno por ciento (1%) de la remuneración total asignada por todo concepto al cargo de Juez de Primera Instancia de la Provincia de Buenos Aires, con quince (15) años de antigüedad, incluido el básico, permanencia, bloqueo de título y todo otro tipo de bonificaciones, compensaciones, gratificaciones o adicionales, cualquiera fuese su denominación y se encuentren o no sujetos a aportes o contribuciones, exceptuando únicamente aquellos rubros que dependan de la situación personal particular del magistrado. // La Suprema Corte de Justicia suministrará mensualmente el valor resultante eliminando las fracciones decimales".
En cuanto al momento que corresponde tomar en cuenta para la evaluación de la deuda (art. 772 Cód. Civ. y Com.), la Ley 14.967 sienta como principio general el del efectivo pago (arts. 9 inc. d, 24 y 54 inc. a ley cit.), previéndose como excepción su conversión a la fecha de mora, en el supuesto del art. 54 inc. b.
IV.2. Así las cosas, cabe entonces dilucidar cómo debe calcularse el límite a la responsabilidad por costas previsto en el art. 730 del C.C.C., cuando en su determinación nos hallamos frente a un monto de condena expresado en una suma de dinero fijada en un día histórico preciso (fecha de corte de la liquidación aprobada), que además comprende en el concepto de costas deudas de valor tales como v.gr. las regulaciones de honorarios practicadas en Jus, cuya cuantificación debe realizarse en una oportunidad posterior (en el caso de los honorarios profesionales de la ley 14.967, al momento del efectivo pago o de la mora, a elección del letrado). IV.2.a. En tal quehacer, adelanto, debe tomarse una postura interpretativa que conjugue los diferentes derechos en juego (arts. 1, 2 y 3 C.C.C.), a saber: el relativo a la liberación del deudor (art. 731 C.C.C.); el de una justa retribución de la labor profesional y la consecuente determinación de su valor al momento del pago (art. 772 C.C.C.; arts. 9 inc. d, 24 y 54 inc. a ley 14.967); y el de la reparación integral del actor, que incluye, claro está, el resarcimiento de los gastos incurridos para obtener el reconocimiento de su derecho —que, frente a su responsabilidad solidaria como beneficiario de las tareas, podría ver frustrado en todo o en parte el bien que procuró obtener en el proceso— (arts. 1716, 1737, 1738, 1739, 1740 C.C.C.). Todo ello, teniendo en cuenta el contexto económico actual de alta inflación, así como el efecto del tiempo que demandan los actos procesales pertinentes para lograr la firmeza de los honorarios regulados y su posterior cancelación. Como lo ha destacado nuestro Superior Tribunal provincial en fecha reciente, el sostenido agravamiento de la depreciación de la moneda nacional no puede ser ignorado a los fines de propender a una justa composición de los conflictos sometidos a decisión judicial. Con palabras del doctor Soria que estimo aplicables al presente caso, “…las actuales condiciones inflacionarias también impactan negativamente en quienes reclaman o tienen reconocido un crédito en un proceso judicial, pues el paso del tiempo puede derivar en la licuación de su acreencia. A veces, sin habérselo propuesto, el sistema ofrece incentivos disfuncionales para no cumplir o profundizar la morosidad con estrategias de obstinada litigiosidad” (v. cons. V.11, último párrafo, SCBA, causa C. 124.096, “Barrios”, sent. de 17-IV-2024).
IV.2.b. Bajo esos postulados, se comprende que de seguirse el temperamento adoptado en la instancia de grado, donde con fecha 12/12/2023 se estableció el tope a la responsabilidad por costas en una suma nominal cuyo valor se corresponde con la fecha de corte de la liquidación (25/11/2022 -v. presentación electrónica del 29/11/2022 y resolución del 28/12/2022-), se verían gravemente afectados tanto el derecho de cobro del letrado actuante, como el de la reparación integral del beneficiario de las tareas, siendo que el paso del tiempo, ante las actuales condiciones inflacionarias, sólo beneficiaría al deudor que vería licuada su deuda, liberándose con el pago de una suma dineraria que no se condice con el valor oportunamente fijado. Me explico:
i] Como se indicó, la liquidación aprobada mediante resolución del 28/12/2022, por la suma de $ 6.963.835,70 posee como fecha de corte para el cómputo de intereses la del 29/11/2022.
ii] A aquella fecha, el valor del JUS arancelario ascendía a la suma de $ 6.366 (conf. Ac. 4088/22 de la SCBA), siendo que aquel fue el valor de referencia utilizado para fijar los estipendios profesionales el 28/12/2022, así como también para su revisión en el marco de los recursos de apelación interpuestos en los términos del art. 57 de la Ley arancelaria (v. resolución del 09/06/2023).
En base a dichos guarismos, la liquidación entonces aprobada equivalía a la cantidad de 1093,91 JUS arancelarios, y su 25% a la de 273,47 JUS.
iv] Ahora bien, a la fecha de la resolución apelada -12/12/2023- el valor del JUS ascendía a la suma de $ 15.636 (conf. Ac.
4133/23 SCBA).
De comparar aquel valor histórico con este guarismo, la liquidación que por entonces se correspondía a la cantidad de 1093,91 JUS, equivaldría al 12/12/2023 a la de 445,37 JUS. Esto es, menos de la mitad. Igual proporción se traslada al prorrateo que el señor Juez de grado decidió en la suma nominal consignada.
Es decir, a la fecha de la sentencia interlocutoria apelada, en la cual se estableció el prorrateo fijando como tope de responsabilidad por costas una suma nominal histórica, la acreencia del letrado que podría cobrarle al condenado en costas se habría visto reducida al menos en un 50%. Esta reducción podría trasladarse proporcionalmente al beneficiario de las tareas, afectando su derecho a una reparación integral. Por otro lado, el deudor condenado en costas se vería beneficiado de manera considerable por el simple transcurso del tiempo desde la fecha de corte de la liquidación hasta la firmeza de los estipendios fijados, y hasta incluso después de haber incurrido en mora.
IV.2.c. El somero repaso de las consideraciones precedentemente desarrolladas deja en evidencia el disvalioso resultado que arroja la aplicación de la tesis adoptada en primera instancia, cuya revisión en consecuencia se impone. De manera que, siendo ello así, corresponde establecer las pautas interpretativas del artículo 730 del Código Civil y Comercial para casos como el presente, en los que la base para el cálculo del límite allí previsto es nominal —responde a un momento determinado— y parte de las costas incluidas en el tope legal de responsabilidad se encuentran constituidas por deudas de valor, tal como los honorarios profesionales de la Ley 14.967, regulados en la unidad arancelaria JUS.
A sí las cosas, la solución que -según mi apreciación- respeta razonablemente los derechos en juego, debe basarse en un análisis comparativo de valores homogéneos, es decir, que correspondan a la misma época. Si de esa forma las costas incluidas en el límite fijado por el artículo 730 del C.C.C. lo superan, el prorrateo deberá efectuarse, no de manera nominal, sino en su proporción equivalente al valor adeudado. Me explico:
i] En primer lugar, para verificar si las costas correspondientes a la primera instancia (con exclusión de los honorarios de los profesionales que representaron, patrocinaron o asistieron a la parte condenada), superan el 25% indicado, habrá que calcular aquellas deudas de valor que las integran, sólo a modo referencial, en su equivalente a la fecha de corte de la liquidación (v.gr. si la liquidación de intereses fue practicada hasta el 01/07/2023, más allá del momento en que fue aprobada, el valor del JUS de referencia debe ser el vigente a esa fecha, es decir la suma de $ 12.083). Ello pues es el valor del JUS al momento de la fecha de corte de la liquidación el que debió considerarse para fijar los estipendios profesionales conforme la Ley 14.967. Dicho valor es el que guardó correspondencia con los porcentajes legales establecidos en la ley arancelaria para calcular los honorarios, sin perjuicio del derecho del profesional a cobrar lo que corresponda al momento del efectivo pago. Esa equivalencia monetaria es la que debe determinar el tope de responsabilidad por costas, sin afectar la regla general de que las deudas de valor deben cancelarse conforme a la cuantificación que corresponda al momento del pago. Esta última circunstancia no puede interpretarse como una ampliación ni una frustración del límite de responsabilidad establecido en el artículo en cuestión, ya que tal limitación quedará establecida en su proporción al valor debido, de acuerdo con el significado económico del monto histórico del juicio.
ii] Calculada así la suma a la que ascienden las costas incluidas en el artículo 730 del C.C.C., si se verifica que superan el 25% del monto del juicio, deberá realizarse un prorrateo proporcional al excedente. En el caso de deudas dinerarias, este prorrateo se hará sobre su monto; al tiempo que en las de valor, deberá calcularse sobre la cantidad de unidades adeudadas, y no sobre el valor histórico utilizado para su determinación. En resumen, se reducirá proporcionalmente la cantidad de JUS adeudados, y este será el límite de la responsabilidad por costas. No obstante, con el paso del tiempo y el proceso inflacionario, el monto a afrontar podría ser mayor, pero mantendrá un equivalente significado económico.
IV.3. A fin de trasladar las pautas señaladas al caso en examen, deben realizarse las siguientes consideraciones, dado el alcance del recurso:
i] El Juez de grado, en la resolución ahora apelada del 12/12/2023, utilizó como valor de referencia del JUS, a los efectos de determinar si en autos se superaba el límite del art. 730 del C.C.C., el equivalente a $ 9.950, guarismo vigente a la fecha en que este Tribunal revisó los honorarios profesionales regulados (09/06/2023).
Si bien dicha forma de cálculo no se compadece con la indicada párrafos arriba, dicho aspecto de la solución no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte del recurrente, que limitó sus reproches a que el prorrateo fuera hecho en JUS arancelarios. Nótese que, en su fundamentación, utiliza como valor de referencia el de $ 9.950, coincidente con el que empleara el sentenciante de grado.
De allí que tal parcela de la decisión, a un lado que no se ajusta al temperamento propuesto en las consideraciones precedentes, no puede ser modificada (arts. 242, 246, 272 su doc. del CPCC). Por ello, en los cálculos que siguen se utilizará como valor de referencia el utilizado por el juzgador de grado que asciende a la suma de $ 9.950, más allá de que el equivalente a la situación económica en que quedó establecido el monto de condena (29/11/2022), era de $ 6.366.
ii] Tampoco ha de pasar desapercibido que el único que recurrió la resolución apelada fue el doctor Tomassi, actuando por su propio derecho. La parte actora no lo hizo, ni tampoco el doctor Díaz Orrac, por lo que, por el principio de la personalidad de la apelación, el alcance de lo aquí decidido se verá limitado al prorrateo impuesto a los honorarios del apelante y, claro está, en la medida de los agravios expuestos (arts. 242, 246, 272 su doc. del CPCC).
Tampoco se me escapa que, al momento de contestar el traslado de la solicitud de prorrateo formulada por la citada en garantía, el doctor Tomassi, como letrado patrocinante de la actora, propuso en su acápite B una tesis interpretativa similar a la aquí definida, planteando que a los efectos de comparar los valores se utilice el importe de $ 7.107 equivalente al del JUS vigente al momento en que se aprobó la liquidación (v. presentación del 10/07/2023). Empero, frente a la resolución desestimatoria del Juez de grado, tales argumentos no formaron parte de los agravios desarrollados en la fundamentación de su impugnación, por lo que desbordan la competencia revisora de este Tribunal (art. 272 del CPCC).
iii] Enmarcada entonces la protesta dentro de los límites señalados, corresponde modificar el tope a la responsabilidad por costas establecido en moneda de curso legal, en lo concerniente a los honorarios del doctor Tomassi que conforman deudas de valor –en el caso, los regulados conforme la Ley arancelaria 14.967, en la unidad de medida JUS-. Es que, si como quedara resuelto por el Juez de grado, aquel límite asciende a la suma de $1.644.158,92 (descontada la tasa y sobretasa de justicia), su significado económico en proporción a los honorarios determinados en JUS, de acuerdo al valor utilizado en la sentencia ($ 9.950), alcanza a la cantidad de 165,24 JUS.
En igual proporción, el prorrateo efectuado en la instancia de grado, en lo que concierne a los honorarios determinados en JUS arancelarios a favor del doctor Tomassi, único apelante, fue establecido en la suma de $ 640.582,79, con más la de $ 64.058,27, por aportes y la de $ 134.522,39, por IVA, cuando su equivalencia económica -reitero, según el valor tenido en cuenta por el Juez de grado, que no fue materia de agraviosascendía a la cantidad de 64,38 JUS arancelarios, con más el 10% de aportes (6,483 JUS) y el 21% de IVA (13,52 JUS).
Ello así, si mi propuesta en compartida deberá admitirse parcialmente el recurso de apelación incoado, modificándose el prorrateo de los honorarios regulados conforme la Ley 14.967 en favor del doctor Lorenzo Jorge Tomasi, y sus accesorios, de la siguiente manera: 64,38 JUS por honorarios, 6,483 JUS por aportes y 13,52 JUS de IVA.
En todo lo demás que fuera materia de agravios, se la confirma.
En consecuencia, por las razones expuestas, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN planteada, la señora Jueza, doctora Irene Hooft, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION planteada, el señor Juez, doctor Federico Garcia Ceppi, dijo:
I.1. Mediante escrito electrónico del 27/12/2023, el doctor Lorenzo Jorge Tomassi solicitó se libre giro en su favor, en concepto de los honorarios regulados por lo actuado en Alzada, al encontrarse excluidos del prorrateo decidido en la instancia de grado.
I.2. El señor Juez de grado rechazó tal requerimiento. Para así resolver juzgó que no se encontraba acreditado el cumplimiento del art. 21 de la ley 6716, con relación a los estipendios fijados en la resolución del 12/12/2023 (v. resolución del 29/12/2023).
I.3. Contra tal forma de decidir, el letrado interviniente –doctor Tomasi-, actuando por su propio derecho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio (v. presentación del 08/02/2024).
II.1. El Juez de grado rechazó el recurso de revocatoria y concedió la apelación subsidiara, confiriendo traslado de sus fundamentos a la Caja de de Previsión Social para Abogados de la Pcia. De Buenos Aires (v. Prov. del 19/02/2024).
II.2. El referido organismo previsional contestó la vista el 29/02/2024, oportunidad en la que su representante no opuso objeción al requerimiento formulado por el letrado. Antes bien, señaló expresamente que su mandante no exige el pago de aportes por adelantado, afectando el propio peculio del profesional cuando éste no ha percibido aún sus estipendios. Y que ante pagos parciales, sostiene el criterio de cobro proporcional de aportes.
III. El recurso prospera.
En efecto, el art. 21 de la Ley 6716 dispone -entre otras cuestiones- que ningún Juez o Tribunal de la provincia, cualquiera sea su fuero, podrá dar por cumplidas las sentencias, ordenar trámites de entrega, de adjudicación o de transferencia de bienes de cualquier clase, dar por terminado un juicio o disponer su archivo, sin antes haberse pagado o afianzado el pago de los honorarios, aportes y contribuciones que correspondan de conformidad con su regulación o con su convenio, con respecto a los profesionales de las partes a quienes beneficie la medida (inc.1).
Así las cosas, basta con remitirse a la lectura del precepto legal en comentario y al dictamen de la Caja de Abogados para evidenciar la falta de fundamento normativo de lo así decidido por el juez de primera instancia. Es claro que el cobro de honorarios profesionales y sus accesorios no está contemplado en el primer párrafo de dicho artículo, que se refiere, en síntesis, al cumplimiento del objeto del proceso, recién en el segundo párrafo.
En consecuencia, sin necesidad de mayores consideraciones, dejo propuesta al acuerdo del tribunal la revocación de la resolución apelada.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN, la señora Jueza, doctora Irene Hooft, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos. A LA TERCERA CUESTION planteada, el señor Juez, doctor Federico García Ceppi, dijo:
En atención a los fundamentos brindados, corresponde, de un lado, admitir parcialmente la apelación incoada por el doctor Tomassi el 26/12/2023 y, en consecuencia, modificar la resolución apelada del 12/12/2023. El prorrateo de los honorarios fijados conforme la Ley 14.967 y sus accesorios, en favor del doctor Lorenzo Jorge Tomassi, se establece de la siguiente manera: 64,38 JUS por honorarios, 6,483 JUS por aportes y 13,52 JUS de IVA. En todo lo demás que fuera materia de agravios, se la confirma. Las costas de Alzada se imponen a los accionados vencidos (art. 69 CPCC). Y, del otro, también corresponde hacer lugar al remedio deducido por el doctor Tomassi el 08/02/2024 y revocar la providencia del 29/12/2023 en cuanto fuera materia de agravios. Sin costas, en ausencia de sustanciación con la contraria y dada la naturaleza de la cuestión debatida (arg. art. 161 del CPCC).
ASI LO VOTO.
La señora Jueza, doctora Irene Hooft, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos, con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
Que por las razones expuestas, la resolución del 26/12/2023 debe ser parcialmente modificada y la del 29/12/2023 revocada (arts. 1, 2, 3, 730, 731, 772, 1716, 1737, 1738, 1739, 1740 y concs., Cód. Civ. y Com.; arts. 69, 161, 242, 246, 260, 272 y concs., CPCC; arts. 9, 15, 24, 54, ley 14.967; art. 21 ley 6716).
POR ELLO: 1°) Se admite parcialmente la apelación incoada el 26/12/2023 y, en consecuencia, modifica la resolución apelada del 12/12/2023, en lo que respecta al prorrateo de los honorarios fijados conforme la Ley 14.967 y sus accesorios, en favor del doctor Lorenzo Jorge Tomassi, que se establece de la siguiente manera: 64,38 JUS por honorarios, 6,483 JUS por aportes y 13,52 JUS de IVA. En todo lo demás que fuera materia de agravios, se la confirma. Las costas de Alzada se imponen a los accionados vencidos (art. 69 CPCC); 2°) Se hace lugar al recurso deducido el 08/02/2024 y revoca la providencia del 29/12/2023 en cuanto fuera materia de agravios. Sin costas en ausencia de sustanciación con la contraria y dada la naturaleza de la cuestión debatida (arts. 1, 2, 3, 730, 731, 772, 1716, 1737, 1738, 1739, 1740 y concs., Cód. Civ. y Com.; arts. 69, 161, 242, 246, 260, 272 y concs., CPCC; arts. 9, 15, 24, 54, ley 14.967; art. 21 ley 6716).
Regístrese. Notifíquese autom. (art. 10, anexo I, Ac. 4013 SCBA) y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.
Destinatario: PEREZ ANA MARIA o HERNANDEZ LAURA MARIA Destinatario: DE LUCIA AGUSTIN DE LUCIA BRAIAN GABRIELo PEZ JOAQUÍN ROMÁN Destinatario: DE LUCIA DANIEL ANDRES, VIVAS YANINA NOEMI, VIVAS MARIO ALEJANDRO, VIVAS MARIA EUGENIA, VIVAS DAVID EZEQUIEL, VIVAS ANA CAROLINADE LUCIA SERGIO GUILLERMODE LUCIA FABIANA GRACIELA o TOMASI LORENZO JORGE Destinatario: SAN CRISTOBAL S M DE SEGUROS GENERALES o RINALDI MARCELO ALEJANDRO Destinatario: GOTTLIEB WALTER ADRIAN Destinatario: CAJA DE ABOGADOSBINCAZ VERONICA
Fin de la sentencia