Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 36.650-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución n° 342/15 (AD SATO), dictada en las actuaciones administrativas n°12321-468-2009.
2Costas al fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-90424474-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 4 de Agosto de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “PUERTO LAHARRAGUE S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente Nº 36.650-A La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 15/20 se presenta la firma referida en el epígrafe, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 342/2015 (AD SATO), dictada en la actuación SIGEA Nº 12321-468-2009, por la que se la condena al pago de una multa de $ 224.995,68 por la presunta comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. Relata que la mercadería importada mediante el DI n° 09084IC05001164U es una máquina de transporte de rollos, marca “CATERPILLAR”, de origen USA, Serial 1AM00209, modelo 554, año 2001, clasificada en la P.A. 8704.23.90.220J, y que la aduana entiende que se ha cometido la infracción mencionada ya que la actora presentó el certificado de reacondicionamiento que no daría cuenta del estado: “USADO IMPORTADO INC. REACONDICIONAMIENTO”. En primer término, la aquí recurrente sostiene que al oficializar el DI adjuntó dicho certificado emitido por la firma exportadora en USA (CAMBUIM INTERNATIONAL INCOPORATED), se encuentra consularizado y en el mismo se detalla claramente el proceso de recondicionamiento. Sostiene que no hay en autos ninguna prueba que inculpe a la actora, sino solo una opinión en el informe n° 196/10, en donde sólo se citan normas reglamentarias. Alega que la Resolución aquí apelada es arbitraria ya que no analiza correctamente los hechos en cuestión, y viola principios básicos como la defensa en juicio. Aduce que no se ha configurado la infracción que se le imputa. Destaca que la Resolución 909/94 MEOSP y su modificatoria Resolución 1472/94 MEOSP no prohíbe, ni de manera absoluta ni de manera relativa la importación de la mercadería involucrada en autos; sino que impone una condición para que pueda importarse la mercadería; por lo que no se configura la infracción del art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. A su vez, destaca que no existe declaración inexacta puesto que ha sido declarada con exactitud la calidad de la mercadería, así como su cantidad -la que no difirió de la comprobación efectuada-. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 30/33 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una breve reseña de los hechos. Aduce que la Resolución 909/94 MEOSP y su modificatoria es clara en cuanto a los requisitos que debe tener el certificado requerido para respaldar el acondicionamiento de la mercadería. Agrega que del certificado aportado no surge claramente los trabajos efectuados, ya que relata tareas efectuadas en forma somera, sin dejar constancia de que las mismas exceden de un mero mantenimiento o reparación, u otorguen al bien una determinada vida útil o condiciones de funcionamiento normales en incumplimiento a las Resoluciones mencionadas ut supra. Entiende que el certificado acompañado no sirve para levantar una prohibición. Cita normativa y jurisprudencia. Destaca que estamos ante una excepción a una prohibición de importación, circunstancia que implica el más estricto respeto por las normas que posibilitan el levantamiento de dicha barrera. Concluye que la declaración ha diferido de la comprobación, y atento a la naturaleza de la mercadería se produjo un ingreso de un objeto prohibido, lo que configura la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. Efectúa reserva federal. Acompaña las actuaciones administrativas. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. A fs. 34 se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido a la demandada y no se hace lugar a la prueba ofrecida. Luego, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas n° 12321-468-2009 se inician a fs. 1 con la Nota Sección “V” N° 242/2009 (AD SATO), mediante la cual se remiten a la Dirección Regional Aduanera Posadas –División Fiscalización de Operaciones Aduaneras-, a los fines de la fiscalización y valoración de la mercadería documentada mediante DI 09084IC05001164U. A fs. 2 obra en sobre contenedor el DI y el certificado de reacondicionamiento, con sello y firma del Consulado Argentino y el Manifiesto de Carga. A fs. 5/36 la actora acompaña copia de facturas, lista de precios emitida por el exportador e informa vida útil de la máquina la inexistencia de contratos comerciales entre las partes. A fs. 39 obra el Informe n° 196/10 (SE FVIM), en donde se menciona el art. 2 de la Resolución 1472/94 (AFIP) y se deja constancia que “el certificado de reacondicionamiento aportado al momento de documentar la mercadería, no da cuenta en forma certera, que los trabajos efectuados, otorguen al bien buenas condiciones de funcionamiento o uso, que sus prestaciones y calidad de producto obtenido, cuando así correspondan, sean similares a los logrados con un bien nuevo (…)”; y se concluye que la firma PUERTO LAHARRAGUE S.A. se encontraría incursa en la infracción prevista y penada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. A fs. 42 obra el Acta de Denuncia n° 054/2010, labrada el 9/8/10, en donde se hace expresa mención al Informe n° 196/2010 referido. A fs. 44 con fecha 15/12/10, se instruye sumario a la firma PUERTO LAHARRAGUE S.A. por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. y se corre vista de lo actuado. A fs. 46 se notifica la aquí actora del auto de la corrida de vista con fecha 22 de febrero de 2011. A fs. 52/57 contesta la vista conferida. A fs. 66 se la tiene por presentada y se tiene por contestada la vista. A fs, 67/72 la recurrente acompaña copia del certificado de reacondicionamiento. A fs. 73 se ponen autos a alegar y a fs. 74/75 se agrega el alegato de la actora. A fs. 78/79 obra la consulta al Registro de Infractores y a fs. 80/83 el Dictamen n° 348 (AD SATO). A fs. 84/87 se dicta la Resolución n° 342/2015 (AD SATO), aquí apelada.
V. Que corresponde resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución nº 342/2015, mediante la cual se le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap.1, inc. b), del CA, con relación a la mercadería documentada mediante el despacho de importación Nº 09 084 IC05 00164U, registrado ante la Aduana de Santo Tomé.
Que, mediante dicho DI, oficializado el 24/07/09, la firma PUERTO LAHARRAGUE S.A. documentó la importación para consumo de una máquina de transporte de rollos, marca CARTEPILLAR, estado: usado importado incluido reacondicionado, siendo la P.A. 8704.23.90.220, originaria y procedente de Estados Unidos.
Que, en lo que aquí interesa, el servicio aduanero condena a la aquí actora porque entiende que no resulta válido el certificado de reacondicionamiento exigido por la Resolución MEOSP Nº 909/94 y su modificatoria (Res. 1472/94 MEOSP); razón por la cual entiende que la mercadería importada es prohibida.
Que, específicamente, la aduana sostiene que del certificado de reacondicionamiento aportado no surge claramente los trabajos efectuados ya que en él “se relatan las tareas efectuadas en forma somera, sin dejar constancia de que las mismas exceden de un mero mantenimiento o reparación, u otorgue al bien una determinada vida útil o condiciones de funcionamiento normales en incumplimiento a lo establecido por la Resolución 909/94 MEOSP y su modificatoria Res.
1472/94 MEOSP.”
Que, con fundamento en ello, se condena a la aquí actora por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A.
VI. Que, para resolver el presente caso, corresponde tener en cuenta los lineamientos otorgados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada "Nate Navegación y Tecnología Marítima SA c/DGA" (TF 22.220-A) sentencia del 12 de Junio de 2012, en la cual haciendo suyos los fundamentos expuestos en el dictamen de la Procuradora Fiscal, distinguió claramente las mercaderías sujetas a una prohibición de importación de aquellas otras cuya importación está permitida bajo la vigencia de ciertas y determinadas condiciones o requisitos que no constituyen estrictamente prohibiciones.
Los fundamentos expuestos en el dictamen de la Procuradora Fiscal, a los que la CSJN se remitió, fueron los siguientes: -El Código Aduanero regula de manera genérica el régimen de las prohibiciones en su Sección VIII. Tal como surge de la exposición de motivos de dicho cuerpo -de la que VE. hizo mérito en el precedente de Fallos: 319:1046-, este sistema, junto con el concerniente a los tributos y al control sobre el tráfico internacional de mercadería, "constituyen el eje principal de la legislación aduanera" (punto 1), y con él se ha buscado establecer un "estatuto básico" para "reunir los principios y reglas que regulan la materia" para que "se aplique en forma supletoria con relación a las normas que impongan prohibiciones", puesto que, de tal manera "la tarea del legislador se verá facilitada notablemente en el futuro, pues al dictar la medida respectiva sólo deberá expresar el objeto de la prohibición y los puntos en que quiera apartarse de las disposiciones generales y supletorias previstas en el código (punto 2).
-Asimismo, de la exposición de motivos surge que el término "prohibiciones" designa a las restricciones directas, es decir "las que impiden en forma directa la importación o la exportación", agregando que es claro "que no se pretende abarcar aquí el tratamiento de un sinnúmero de restricciones operativas tales como la concerniente al despacho de cierta mercadería por una' determinada aduana, a la realización de las operaciones dentro de horarios hábiles, etc., que serán de cumplimiento obligatorio dentro de las pautas fijadas con carácter general por este código o bien establecidas por la repartición aduanera o por otros organismos en la esfera de su respectiva competencia" (puntos 3 y 4), agregando que el Código no establece específicamente prohibición alguna, sino que ellas "deben surgir de la legislación que corresponda a la materia de que se trate" (Punto 5).
La Resolución 909/94, con las modificaciones introducidas por su similar 1.472/94, estableció, con claridad, un régimen de prohibición de importación para consumo en su art. 4 para las mercancías detalladas en su Anexo II. Pero, además, según aprecio, contempló otros dos conjuntos de mercaderías a la que sujeto a regímenes de diversa naturaleza al mencionado. Por una parte, aquellas que si bien estaban comprendidas en las posiciones arancelarias mencionadas en el art. 1 no resultaban incluidas en ninguno de los anexos, las que podrían importarse libremente con un arancel cero (art.5, segundo párrafo).
Y por otro lado, en lo que aquí interesa, el régimen de los arts. 1 y 2°, que abarcaba a ciertos bienes usados, cuya importación definitiva para consumo se regulaba sujeta a ciertas condiciones, a saber a) acondicionados fuera o para ser acondicionados dentro del país, b) el importador debía ser su usuario directo; c) este se veía imposibilitado de enajenar el bien durante dos años, estando sujeto al régimen de comprobación de destino correspondiente; y d) sujetos a un arancel diferencial (inicia/mente fijado en el 15% y, en lo que hace al caso de autos, en el 25% por la-resolución 155/95)
Es decir que: según la naturaleza del bien y su inserción de cara a la política comercial y económica seguida en ese momento, su importación estaba prohibida o bien permitida bajo ciertas condiciones. Y así lo reconoció el propio Poder Ejecutivo en las sucesivas resoluciones que complementaron y modificaron el régimen, sincrónicamente, a medida que se apreciaban cambios en las condiciones de la economía nacional. A modo de ejemplo, obsérvese que la resolución 811/2007 del Ministerio de Economía y Producción, complementaria y modificatoria del régimen bajo estudio aquí, reconoció en sus considerandos que "de acuerdo a la naturaleza del bien y al hecho de que el mismo pueda o no ser provisto por la industria nacional. su importación se encuentra prohibida o permitida, en ciertos casos bajo determinadas condiciones de tributación y exigencias a cumplimentar y en otros sin ningún condicionamiento. Desde mi óptica, sostener la tesitura de la demandada, en cuanto a que la Resolución 909/94 y sus modificatorias, in totum, fijaban exclusivamente un régimen de prohibición, implicaría -como lo advirtieron tanto el propio legislador en la exposición de motivos citada más arriba, como la Cámara- elevar a tal categoría a todas las restricciones y simples condicionamientos para la exportación o importación de mercaderías, dando a los arts. del Código de la rama una latitud tan vasta que llevaría, en la práctica, a desvirtuar el sistema diseñado. En efecto: toda operatoria aduanera ha de realizarse siguiendo las pautas regladas en cuanto a horarios, modos, trámites administrativos, declaraciones y pagos de los correspondientes tributos, y demás requisitos consabidos propios de un régimen tan delicado. Pero ello no puede implicar la inversión de la regla fundamental consagrada en el art. 19 de la Constitución Nacional, elevando entonces tales requisitos al grado de prohibición, la que sólo se vería levantada para los casos en que se siguiesen tales pasos legal y reglamentariamente determinados, supuesto en que -siempre desde esta perspectiva que considero errónea- se trataría de una "excepción" a la regla de la prohibición.
Así las cosas, estimo que, al no tratarse de una prohibición de importación para consumo el supuesto de autos, la conducta seguida por las actoras demuestra ser carente de la necesaria tipicidad para ser pasible de configurar una infracción aduanera.”
VII. Que, entonces, y teniendo en cuenta los lineamientos de la CSJN, corresponde analizar si se ha configurado o no la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A.
Que, no se encuentra discutido en autos que la mercadería importada mediante el DI nº 09 084 IC05 001164U se encuentra sujeta a una prohibición de carácter económico y relativa -toda vez que se permite la importación de la mercadería siempre que se cumplan con determinados requisitos-.
Que, en otras palabras, la documentación exigida -esto es el certificado de reacondicionamiento- lo es al efecto de poder importar la mercadería, cuya prohibición se encuentra en la misma naturaleza de la misma (usada); de lo que se desprende que dicha importación está sometida a la condición de la presentación de la documentación correspondiente ante el servicio aduanero a fin de ser librada a plaza -y obviamente que dicha documentación sea válida, es decir que cumpla los requisitos impuestos en la norma-.
Que, en lo que aquí interesa, el art. 1 de la Res. 909/94, modif. por Resolución 1472/94 dispone que: “Los bienes usados comprendidos en los Capítulos 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 y que se importen en forma definitiva por las posiciones de la Nomenclatura del Comercio Exterior comprendidas en el Anexo I de la presente resolución, deberán tener la calidad de acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción.”
Que, el art. 2 establece que: “El acondicionamiento o el proceso de reconstrucción a que se alude en el artículo precedente, deberá ser acreditado mediante certificación emitida por parte del fabricante originario del bien o mediante certificación de pericia realizada en origen, emitida por ente técnico especializado, ratificada por la correspondiente Sección Comercial de la Embajada de nuestro país o por el Consulado Argentino.”
Que, el art. 3 dispone que: “Los bienes que se importen al amparo de lo establecido en los artículos 1º y 2º de la presente resolución, deberán tener un representante oficial designado por el fabricante originario del bien, que asegure la provisión de repuestos, la reparación y la prestación de los servicios de garantía y de post-venta en su caso.”
VIII. Que, entonces, y teniendo en cuenta la normativa citada que dispone los requisitos que debe necesariamente cumplir el certificado de reacondicionamiento para poder así importar la mercadería; el quid de la cuestión radica en analizar si dicho certificado cumple los requisitos -como sostiene la aquí actora-; o no los cumple -como entiende la aduana-.
Que, conforme surge del DI obrante en sobre contenedor de las actuaciones administrativas a fs. 2 se declaró que la mercadería tiene como estado: “USADO IMPORTADO, INCL. REACOND”.
Que, el certificado de reacondicionamiento acompañado dispone que: “La máquina cargadora marca CARTEPILLAR, manufacturada en los Estados Unidos de América, modelo 554, número de serie 1AM00209, fabricada en 2001, tal como se describe en nuestra factura n° 091, ha sido reacondicionada en nuestro taller de Cary. El proceso de reacondicionamiento fue realizado bajo normas de fabricación originales y las partes sustituidas son totalmente nuevas. Ninguno de los materiales utilizados es material de descarte, contaminante o de desecho. El aceite de motor, el hidráulico y los filtros utilizados son nuevos y no contaminan el medio ambiente (…)”.-ver documentación obrante en sobre contenedor de fs. 2 de las actuaciones administrativas-.
Que, cabe destacar que en la factura n° 91 -mencionada en el certificado y en el DI- se indica la cantidad de horas de uso de la máquina involucrada en autos.
Que, a su vez, dicho certificado tiene la firma legalizada de Howard Johnson, quien actúa en calidad de presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cary, Estado de Carolina del Norte, EEUU. Asimismo, tiene firma y sello del exportador CAMBIUN INTERNATIONAL- y del despachante de aduanas.
Que, asimismo, el certificado se encuentra traducido y ratificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Comercio Internacional y Culto de la República Argentina; razón por la que el documento da cumplimiento a lo exigido en el art. 2 de la Res. 909/94 y su modif.
Que, a su vez, en el certificado se indica que “(…) De acuerdo al convenio original de fábrica, la compañía FINNING ARGENTINA, ubicada en Av. Maipú 2454, de Posadas, Misiones, es el vendedor oficial que garantiza la provisión de repuestos y el servicio técnico de post venta, en caso de necesidad”; dando así cumplimiento al requisito establecido en el art. 3 de la Res. 909/94 y modif.
Que, en virtud de todo lo expuesto, se concluye que el certificado de reacondicionamiento resulta válido; esto es se ha dado cumplimiento a la condición que impone la norma para poder importar la mercadería.
Que, en consecuencia, corresponde revocar la Resolución aquí apelada, con costas.
IX. Que, por la forma en que se resuelve no corresponde tratar los demás agravios.
Por ello, voto por:
1. Revocar la Resolución n° 342/15 (AD SATO), dictada en las actuaciones administrativas n°12321-468-2009.
2. Costas al fisco.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución n° 342/15 (AD SATO), dictada en las actuaciones administrativas n°12321-468-2009.
2. Costas al fisco.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, devuélvanse las actuaciones administrativas y oportunamente archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.08.01 18:38:45 -03:00 Date: 2023.08.04 12:40:17 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.04 12:46:12 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.04 12:46:13 -03:00
Fin de la sentencia