Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 125.893
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida.
II. Hacer lugar, por mayoría de votos, al recurso de casación interpuesto, sin costas.
III. Casar la sentencia recurrida y absolver a Guillermo León Pulgarín Acevedo en el presente proceso.
IV. Disponer la inmediata libertad de Guillermo León Pulgarín Acevedo en la presente causa, la que deberá ser instrumentada por el Tribunal en lo Criminal nro. 3 de Morón, en caso de no existir otras medidas restrictivas de la libertad a su respecto.
V. Regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes, Dres. Martín Alejandro Sánchez (T° XXXIII, F° 97, CASI) y Diego Hernán Ferrari (T° XXIV, F° 353, CASI) en la suma del veinticinco por ciento (25 %) de lo regulado en la instancia, por la labor desarrollada ante esta sede.
Rigen los artículos arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14.5 del PIDCP; 8.2.h de la CADH; 14, Ley 48; 15, 168 y 171, de la Constitución Provincial; 5, 12, 29 inc.3º, 40, 41, 45, 54, 55, 119 párrafos primero, segundo y cuarto apartado "b" - conf. ley 25.087 - y 125 tercer párrafo del Código Penal, y 371, 372, 373, 375 y 530 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires; 16 y 31, ley 14967.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 125893 (IPP 1000-48219-17) caratulada “PULGARIN ACEVEDO, GUILLERMO LEON S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI.
El 17 de mayo del año 2023, el Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial Morón, integrado por los Dres. Federico Topino, Mariela S. Moralejo Rivera –quien votó en primer término- y Diego Bonanno, condenó a Guillermo Leon Pulgarin Acevedo a la pena de diecinueve (19) años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por haber configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante dada la edad de la víctima y por ser su autor ministro de un culto religioso reiterado -en cuanto menos dos oportunidades - en concurso real entre sí, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravado por ser el autor encargado de la guarda de la víctima, cometidos en el período comprendido desde el inicio del ciclo lectivo del año 2017 hasta el 11 de noviembre del año 2017, en el Jardín de Infantes "El Solarito", perteneciente al Colegio Monseñor Solari, sito en la calle Don Bosco nro. 4817, de la localidad de Morón, en el interior de la sala de música, y en la Casa Religiosa, en el interior de la habitación nro. 49 del mismo colegio, de los cuales resultara víctima J.A.Z.A (arts. 5, 12, 29 inc.3º, 40, 41, 45, 54, 55, 119 párrafos primero, segundo y cuarto apartado "b" -conf. ley 25.087- y 125 tercer párrafo del Código Penal, y 371, 372, 373, 375 y 530 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).
Contra dicha resolución, los defensores particulares, Dres. Martin Alejandro Sánchez y H. Diego Ferrari, interpusieron recurso de casación, el que obra en formato digital. Ingresada la causa con fecha 10 de julio de 2023, resuelto el ofrecimiento de prueba con fecha 10 de octubre de 2023 y celebrada la audiencia prevista en el artículo 458 del C.P.P con fecha 12 de diciembre de 2023, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana, dijo:
El recurso fue interpuesto por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo en materia criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Violini, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Maidana, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana, dijo:
La defensa particular expuso los siguientes motivos de agravios: 1) Violación al principio de congruencia, indeterminación del hecho y arbitrariedad. En primer lugar, sostiene que el fiscal sorprendió a la defensa al incorporar en su alegato de cierre información esencial que nunca había sido articulada por esa parte y luego, critica, que se haya valorado en la sentencia, esto es, que el hecho I ocurrió en el salón de música. Transcribe la respuesta brindada por el tribunal al planteo y alega que no es lógico afirmar que es indistinto que el hecho haya ocurrido en el salón multiusos, en un aula, en el baño, etc. Por el contrario, refiere que el suceso se altera de manera total si es ubicado en uno u otro sitio en función del contexto.
Afirma que definir el lugar de los hechos como el salón de música no es brindar mayor precisión, sino implica una reformulación de la acusación en un momento en que la defensa ya no cuenta con herramientas para poder responder de manera adecuada. Cuestiona que la Fiscalía no haya convocado a la profesora de música para que declarara en el debate. En segundo lugar, denuncia que la indeterminación de la acusación en términos genéricos, obstaculizó el ejercicio del derecho de defensa, pues “la vaguedad en torno al lugar concreto”, el momento del evento (lapso amplio) y la acción puntual que presuntamente realizó el imputado, imposibilitó llevar a un máximo rendimiento la defensa material. Expone que durante el debate se mencionaron “tocamientos rápidos” y, en la sentencia, aparecen plasmadas acciones que modifican la valoración del tipo, sin que quede claro si se acusó al imputado de acceder el cuerpo de la presunta víctima.
En ese sentido, sostiene que se encuentra afectado el principio constitucional de defensa, por admitir el tribunal una acusación que no precisa tiempo, lugar y modo de comisión y, pese a ello, tenerlo por cierto sólo porque la defensa intentó oponerse a ella. Se queja de que el tribunal completó tramos enteros de los hechos no descriptos asignando cualidades personales al imputado. En función de lo expuesto, solicita se haga lugar al planteo de nulidad por indeterminación de la acusación fiscal. 2) Violación al principio de inocencia, in dubio pro reo e inversión de la carga de la prueba. Sostiene que la sentencia se apoyó en dos únicos elementos de prueba: un video filmado por la madre de la presunta víctima y la declaración testimonial de los padres durante la audiencia.
Además, de manera indirecta, se apoyó en el informe elaborado por la psicóloga particular que atendió a la niña. Reitera que la indeterminación de la modalidad comisiva, del tiempo específico en que presuntamente sucedieron los hechos, del lugar concreto en que acontecieron, supone no sólo una vulneración al principio de legalidad, sino, a su vez, del principio in dubio pro reo y, por consiguiente, del principio de inocencia. Aduce que la complejidad del delito mencionada por el fiscal resulta una generalización excesiva pues, en el caso, la presunta acción delictiva no se realizó en el ámbito del hogar, sino en un contexto público, como lo es toda institución educativa, por lo que es más probable que deje numerosa prueba contextual.
En tal sentido, refiere que la exigencia probatoria debe adecuarse al caso concreto y no descansar en fórmulas abstractas. Invoca doctrina y entiende que de la prueba rendida en el debate ha quedado evidenciado que la probabilidad de ocurrencia de los hechos imputados resultó baja o nula. Afirma que el tribunal se excedió en su jurisdicción, al incorporar interrogantes que nunca fueron llevados al juicio por el fiscal: a) sostuvo que pudo comprobar al menos tres situaciones en las cuales los alumnos “se escaparon del ojo avisor de sus maestros”. Al respecto, alega que no dio detalles ni explicitó de que manera llegó a esa conclusión y refiere que el fiscal tampoco profundizó en tal situación ni brindó razones para llegar a ello; b) concluyó que los testigos dependientes de la institución que declararon en el juicio trataron de “autoconvencerse” de que no podía suceder -los jueces incorporaron una hipótesis ad hoc e invirtieron la carga de la prueba-.
En relación a ello, expresa que el fiscal nunca controvirtió tales testimonios y fueron coherentes con la escasa o nula probabilidad de que algún hecho de gravedad pudiera ocurrir fuera de la mirada de las autoridades, por lo que entiende que la alegada hipótesis no se encuentra verificada ni sustentada en argumentos y resulta incriminatoria para el acusado. 3) Crítica de la configuración analítica de los hechos: test de consistencia probatoria. Considera que la única prueba directa del hecho es la “presunta declaración” de la víctima, el resto, refiere, es prueba contextual. Sostiene que la grabación de video en la que se escucha la voz de la niña, no puede ser tomada como declaración, pues es una prueba producida por una de las partes de forma ilícita, que no presentó un relato libre ni espontáneo, sino que es la persona adulta que inquirió e indagó de manera permanente.
Cita la Guía de Buenas Prácticas de Unicef para el abordaje de niños víctima y refiere que la guía es contundente al afirmar la necesidad de que la obtención de la declaración se realice de determinado modo y respetando un procedimiento específico, tanto para la protección de la niña como para cumplir con el fin de obtener información confiable, veraz y objetiva y ello solo puede hacerse mediante la intervención de profesionales especialmente capacitados para cumplir con la tarea. Sin embargo, expone, que en el caso se trató de un video casero, grabado en la intimidad del hogar, fuera de la mirada de cualquier tipo de profesional de la salud mental o especialista en niñez, sin ningún tipo de control de las partes ni de la autoridad jurisdiccional.
Cuestiona que el tribunal haya incorporado ese elemento como prueba y que, además, haya considerado que esa grabación podía auspiciar de declaración testimonial. Respecto a la prueba contextual valorada, expresa que es insuficiente para derribar el estado de inocencia al no existir elementos que muestren objetivamente la alta probabilidad de que el hecho haya tenido lugar: a) informe médico: exhibe la ausencia de lesiones específicas compatibles con abuso sexual -prueba que contraría el modo comisivo establecido en la sentencia-; b) informe pericial: de la conclusión del informe elaborado por la Lic. Cuadro se advierte que no hubo confirmación alguna de haber padecido algún tipo de abuso y que las características mencionadas por los padres pueden obedecer a alguna vivencia traumática no sexual.
Además, sostiene que ninguna de las conclusiones de la perito están asentadas en la declaración de la niña, sino en la de los padres; c) declaraciones testimoniales del personal del Colegio: refiere que de los ocho testimonios surge que lo que caracteriza el funcionamiento de la institución es la supervisión que llevan a cabo quienes cumplen tareas allí, por lo que tal información permite dudar sobre las probabilidades de ocurrencia del hecho. Expresa que, pese a ello, el tribunal concluye que la enorme magnitud y complejidad de la estructura escolar importa un incremento de las probabilidades de que el hecho haya tenido lugar. Añade que el rechazo de la información brindada por el personal del colegio no equivale a una confirmación del suceso; d) informe de la Lic.
Arianna Carolina Cardillo: critica que el tratamiento duró solo ocho encuentros y que la niña no asistió más de un año como lo estableció el tribunal, sino que fue sometida a una evaluación con la voluntad de confirmar la sospecha de los progenitores. Añade que los indicios de situación traumática se basaron en los dichos de sus padres. Invoca jurisprudencia. Reitera las indicaciones de la Guía de Buenas Prácticas de Unicef, por cuanto establece que no es recomendable que la psicoterapeuta de la niña intervenga como perito de parte, al ser roles diferentes y tener distintos objetivos. Encuentra poco fiables sus informes al vislumbrarse que en el segundo modificó su criterio; e) declaración testimonial de los padres de la niña: señala que sus dichos no son prueba directa pero el tribunal los valoró como tal.
Que su contenido es escaso. Que la madre refirió que los abusos habían ocurrido en el baño del jardín y en la salita de 4, mientras que el padre invocó como indicador de abuso la circunstancia de angustia y llanto de la niña al quedar encerrada en su cabañita, los dibujos de árboles que había realizado su hija que se corresponderían con figuras de penes y la secuencia de un compañero de su hija con un dinosaurio de juguete. Afirma que no existen elementos fácticos que permitan ubicar el evento en tiempo y espacio y que sindiquen al imputado. 4) Defectuosa aplicación de la ley penal sustantiva. En relación a la calificación agravada conforme el segundo párrafo del artículo 119 (gravemente ultrajante), cita doctrina y jurisprudencia y cuestiona que ni el fiscal ni los jueces en la sentencia lograron fundamentar el motivo por el cual invocaron un daño especial más gravoso que el contemplado en el primer párrafo del artículo 119, sino que sólo hicieron referencias genéricas al “abuso”.
Respecto al delito de corrupción de menores, sostiene que los hechos, tal como quedaron plasmados, no tienen entidad corruptora, pues luce acreditado que la niña tiene el alta psicológica, se encuentra escolarizada y lleva una vida normal para la edad que tiene. Tampoco muestra signos de sexualidad precoz y el supuesto evento de abuso no tiene ninguna gravitación en su vida. Por ello, si bien los actos pueden analizarse “ex ante”, eso no significa que el tipo penal pueda habilitar la vulneración del principio de lesividad. A su vez, critica que se hayan concursado idealmente las figuras de los arts. 119 y 125 del CP y entiende que entre ellos media un relación de consunción, pues la mera posibilidad abstracta de afectar el libre y gradual desarrollo de la sexualidad no solo es un daño real sino que es una cualidad intrínseca del art. 119, razón por la cual el legislador decide punir los actos sexuales practicados con personas menores de 13 años de edad.
En definitiva, cuestiona que el tribunal realice una doble valoración sobre los mismos elementos que permitirían subsumir los hechos en el art. 119 del CP para poder encuadrar también en el art. 125 del CP. En relación a la agravación por ser el autor encargado de la guarda de la víctima, expone que el imputado tenía un contacto circunstancial y su asistencia -en diferentes horarios- siempre se produjo en presencia de otras personas adultas, lo que no configura una situación de “guarda”. Por último, considera que la pena resulta excesiva, desproporcionada y que vulnera el principio de humanidad. Refiere que la extensión del daño causado debe ponderarse, en el caso, a favor del imputado y la sanción debería acercarse al mínimo de la escala penal, pues durante el juicio se pudo corroborar que la presunta víctima se encuentra haciendo una vida normal, escolarizada, dada de alta por la psicóloga, sin exhibir situaciones que reporten traumas o problemas derivados del supuesto suceso.
Denuncia que no se hayan valorado circunstancias atenuantes como la carencia de antecedentes, el buen comportamiento en el debate y el buen concepto público. Asimismo, expresa que teniendo en consideración las características personales y la edad del imputado, la pena impuesta significa una condena a muerte en prisión, lo que destruye cualquier expectativa de reinserción en la sociedad. En función de todo lo expuesto, solicita la absolución de su asistido. En subsidio, se modifique la calificación legal y/o se reduzca el monto de la pena impuesto. Hace reserva del caso federal.
Los particulares damnificados, C. N. A. y J.
R. Z., con el patrocinio letrado de la Dra. María Magdalena Reynoso, por los argumentos expuestos en su presentación del 11 de diciembre de 2023, solicitan se confirme la resolución dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Morón. Asimismo, ante una eventual sentencia contraria a sus intereses, hacen reserva del caso federal.
La fiscal adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, propicia el rechazo del recurso interpuesto, de conformidad a los argumentos desarrollados en su dictamen del 12 de diciembre de 2023. Con independencia de la garantía procesal que establece la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación. Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por los impugnantes, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.217, "Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 6 de julio de 2016, reg. 558/16, c. 79.219 "Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.247 "Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, re. 979/16; entre muchas otras).
El Tribunal en lo Criminal n° 3 de Morón tuvo por acreditado que: “I. En el período comprendido desde el inicio del ciclo lectivo del año 2017 hasta el 11 de noviembre del año 2017, en el horario en que se desarrollaba el turno vespertino -de 12:50 y 17:20 horas-, cuando la menor [J.A.Z.A] de cuatro años de edad en ese momento se encontraba cursando la sala de 4 años del Jardín de Infantes "El Solarito", perteneciente al Colegio Monseñor Solari, sito en la calle Don Bosco nro. 4817, de la Localidad de Morón, en el interior de la sala de música de dicho Jardín de Infantes, un sujeto varón identificado como Guillermo Leon Pulgarin Acevedo, "Padre Guillermo", integrante de la orden religiosa de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, abusó sexualmente de la niña en al menos una oportunidad tocando sus genitales e introduciendo en los mismos un elemento que no puede precisarse pero que la menor describió como "caramelos y pescaditos" II. Asimismo y en el mismo periodo y horario antes descripto, esta vez en el interior del edificio principal de dicho colegio, más precisamente en la Casa Religiosa, en el interior de la habitación nro. 49, que habitaba Guillermo Leon Pulgarin Acevedo, "Padre Guillermo", integrante de la orden religiosa de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, el nombrado abusó sexualmente de la niña [J.A.Z.A] de cuatro años de edad, en al menos una oportunidad, tocando sus genitales e introduciendo en los mismos un elemento que no puede precisarse pero que la menor describió como "caramelos y pescaditos". Ambos hechos, cometidos por el "Padre Guillermo" -Guillermo León Pulgarín Acevedo- constituyen, por las características de su realización, por la calidad del autor, por lo prematuras que fueron dada la corta edad que poseía la víctima [J.A.Z.A] -4 años de edad- actos idóneos para desviar el normal desarrollo de la sexualidad de la menor y por lo tanto facilitar y promover su corrupción.”.
El recurso es improcedente.
De la lectura de la impugnación traída, surge que la mayoría de las cuestiones ya fueron objeto de tratamiento por el tribunal, quien las evaluó y contestó, sin que la persistencia logre alterar la decisión (cfr. fs. fs. 45vta./56) (v. Sala VI, c. N° 56.386, caratulada “BUSTAMANTE, Sergio Gustavo s/ Recurso de Casación”, sent. del 11 de octubre de 2013, reg. 453/13; c. N° 56.644, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación” y su acum., c. N° 56.647, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación interpuesto por part. damnif.”, sent. del 30 de diciembre de 2013, reg. 680/13, c. 58.518 “REQUITO, Alfredo Enrique s/Recurso de Casación, reg. 227/14).
La motivación o expresión de agravios, es el razonamiento de censura que los impugnantes formulan contra la resolución, sea para destruir sus premisas y conclusiones o para demostrar su ilegalidad por lo que debe ser clara, precisa y específica (cfr. Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, págs. 468/469); de este modo, si prescindieron de formular una crítica concreta y eficaz contra los argumentos utilizados en la sentencia, el recurso es inidóneo para modificar la decisión.
Asimismo, se advierte que los planteos exhiben un criterio divergente de la parte con relación a la acreditación de los extremos de la imputación, la calificación legal y la determinación de la pena impuesta, que no permiten concluir que lo resuelto en sentido contrario por el tribunal resulte arbitrario, denote falta de fundamentación suficiente, o transgresión al principio de inocencia e in dubio pro reo, lo que lleva al rechazo de la impugnación y a la consecuente confirmación de lo decidido en el veredicto y la sentencia.
Tampoco se observa violación alguna al principio de congruencia ni indeterminación del hecho que conduzca, como pretende la defensa, a declarar la nulidad de la acusación fiscal por afectar derechos constitucionales.
Ello así pues, conforme lo establece el art. 338 inc. 2 del CPP, las nulidades que pudieran existir deben plantearse en el marco de la audiencia preliminar siempre que no hubieren sido abordadas y resueltas durante la etapa investigativa, lo que permite concluir en el acierto de la decisión del tribunal al afirmar que se trata de una crítica extemporánea y, por ende, inatendible en la especie.
A lo que aduno que la objeción formulada constituye una reedición de un planteo oportunamente abordado por los jueces y desechado con sólidos fundamentos.
La cuestión radica en si hubo correlación entre la imputación y el fallo y, en consecuencia, conculcación de la garantía de defensa, por lo que deben realizarse algunas consideraciones preliminares.
La enfática consagración en el artículo 18 de la Constitución Nacional de la fórmula: "Es inviolable la defensa en juicio, de la persona y de los derechos", se ha definido en material procesal penal que comprende la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción penal contra el imputado y la de llevar a cabo todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del Estado o cualquier circunstancia que la excluya o atenúe.
La base esencial reposa en la posibilidad de expresarse sobre cada uno de los extremos de la imputación, por lo que es imprescindible que exista lo que en materia procesal penal se conoce como imputación: una hipótesis fáctica, que consista en la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, singular, de la vida de una persona, cuyo paso fundamental consiste en garantizar al imputado el derecho a ser oído, lo que se conoce como intimación.
La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan (v. Corte IDH, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, Sentencia de 20 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 67).
La calificación jurídica puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los mismos hechos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. Es decir que el llamado "principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia" implica que ésta última puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación (Corte IDH, Íd.).
En sentido similar, la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que "Las particularidades del delito juegan un rol crucial en el proceso penal, desde […] la comunicación de aquéllas es cuando el sospechoso es formalmente puesto en conocimiento de la base fáctica y legal de los cargos formulados en su contra […]. El artículo 6.3.a) de la Convención reconoce al imputado el derecho a ser informado no sólo de la causa de la acusación, es decir, de los actos que supuestamente ha cometido y sobre los que se basa la acusación, sino también de la calificación legal dada a esos actos […]" (Cfr. Pelissier and Sassi v. France 25444/94, [1999] ECHR, párrs. 51, citado por Corte IDH, cit.)
Este principio, en consecuencia, se ve lesionado por todo aquello que en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, es decir, todo aquello sobre lo cual el imputado y su defensor no hayan podido expedirse y esta pauta hermenéutica decide en los casos concretos, toda vez que la infinita riqueza de elementos que cada uno de ellos contiene impide una definición a priori en términos abstractos (cf. Maier, Julio, B. J., Derecho Procesal Penal. Fundamentos, t. I, Del Puerto, Buenos Aires, 2004, 2da. ed., p. 568).
En términos generales, en principio esta regla no se extiende a la subsunción legal de los hechos bajo conceptos jurídicos, dado que lo que interesa es el acontecimiento histórico imputado, como situación de vida ya sucedida (acción u omisión), que se pone a cargo de alguien como protagonista, del cual la sentencia no se puede apartar porque su misión es, precisamente, decidir sobre él (cf. Maier, op. cit., p. 569). No obstante, debe reconocerse que un viraje brusco en el significado legal atribuido al accionar desplegado puede provocar situaciones de indefensión, dado que se trata de un parámetro orientador de la actividad probatoria.
Como bien explicó el tribunal, en el caso de autos, desde la declaración en los términos del artículo 308 del CPP, se ha descripto la materialidad ilícita de la misma manera en que fue sostenida en el requerimiento de elevación a juicio, por lo que el relato de los hechos efectuado, no sufrió variaciones.
La circunstancia de que el fiscal en el alegato final haya brindado mayor precisión respecto al lugar donde transcurrió uno de los sucesos, en modo alguno implica una reformulación de la acusación. En efecto, la determinación de aquel lugar surgió no solo de la prueba rendida durante el debate, sino del aludido requerimiento de elevación a juicio, en el que se señaló la sala de música como el lugar donde ocurrió uno de los eventos que, a su vez, fue mencionado en el informe elaborado por la Licenciada Cardillo, presentado en la etapa de investigación e incorporado por lectura al debate.
Con ello, se advierte que el acusado no resultó sorprendido por la imputación de una circunstancia que no pudo tener en cuenta y, en consecuencia, nada impidió que los recurrentes pudieran desarrollar las respectivas estrategias defensistas.
Por otra parte, los impugnantes reiteran el cuestionamiento en relación a la falta de precisión temporal en que ocurrieron los sucesos imputados, desentendiéndose de las razones brindadas por el tribunal y sin demostrar el agravio que esa relativa indeterminación le origina a la parte, lo que sella la suerte de la crítica. En ese sentido, los hechos intimados al acusado se aprecian -tal como lo sostuvieron los sentenciantes-, claros, concretos y enmarcados dentro de un período que se mantuvo inalterado. No puede perderse de vista que la ausencia de una fecha exacta en casos como el presente, no genera perjuicio si fueron contextualizadas las circunstancias de tiempo, lugar y modalidad de comisión.
Así, se observa que en la hipótesis acusatoria se circunscribió el acontecimiento histórico al período comprendido desde el inicio del ciclo lectivo del año 2017 hasta el 11 de noviembre del año 2017, en el horario en que se desarrollaba el turno vespertino -de 12:50 y 17:20 horas-, especificándose los lugares en dónde ocurrieron, esto es, en el interior de la sala de música del jardín de infantes y en el interior de la habitación n° 49 de la Casa Religiosa; el contexto en que se produjeron los abusos y en qué consistieron. En suma, el acotado lapso, fue invariado en el curso del proceso, por lo que se encuentran cumplidos los estándares de determinación y precisión de los hechos típicos atribuidos. De esta forma, el objeto materia del debate, posibilitó la correcta defensa del imputado, quien tuvo la efectiva oportunidad de refutar los extremos de la acusación, por lo que no se evidencia la vulneración a la garantía de defensa en juicio alegada por la parte. Tal descripción fáctica se corresponde con las declaraciones brindadas durante el debate por los progenitores de la víctima, quienes si bien no pudieron brindar una fecha precisa en el que tuvieron lugar estos hechos, delimitaron el evento en un marco temporal circunscripto entre los meses anteriores y posteriores a los sucesos de abuso.
De conformidad con lo desarrollado en el debate, en el fallo se receptó lo expuesto en los testimonios referidos y se tuvieron por acreditados los eventos, dotando a la descripción fáctica de una mayor precisión temporal.
Sobre la crítica dirigida a la referencia a “tocamientos rápidos” efectuada por la acusación, ya se expidió el tribunal al respecto con el argumento de que no fue más que “un ejemplo para determinar que hay actos que sufren los niños que no requieren largos períodos para su consumación…”. Sin embargo, la defensa no explica de qué modo ello le genera un perjuicio, si resulta claro de la materialidad ilícita y la calificación legal que no se acusó al imputado de acceder el cuerpo de la víctima.
Por último, es necesario remarcar respecto a la nulidad planteada que los actos procesales sólo serán sancionados con nulidad cuando no se hubieren observado las disposiciones establecidas para su realización.
La pretensión debe examinarse con criterio restrictivo, pues muchos casos de meras irregularidades procesales, cuando falta alguno de los elementos del acto que no lo privan de su esencia y las formas que reúne son suficientes para cubrir las exigencias mínimas, conserva su entidad como figura procesal autónoma.
Por ello, las nulidades de los actos procesales, además de ser de declaración restrictiva, constituyen un remedio extremo, por lo que únicamente proceden cuando la violación de las formalidades que las conforman deriva en un perjuicio real y concreto para quien las invoca, pero no cuando se solicitan por exigencias puramente formales desprovistas de interés práctico.
El sistema consagrado por el Código en materia de nulidades -arts. 201 c.c y s.s del CPP- persigue, como regla general, la estabilidad de los actos jurisdiccionales por lo que, tratándose la nulidad de un remedio de excepción, cede frente al principio de conservación de aquéllos actos, razón por la que, previo anular, es menester examinar el destino procesal de acto y separar lo sanable de lo insanable y la posibilidad de la existencia de un perjuicio concreto, o sea la limitación de un derecho del justiciable vinculado en forma inmediata al buen orden del proceso y en forma mediata de las garantías que son su causa, por lo que no habiéndose acreditado en el caso extremos que la habilitan, corresponde sus desestimación (TCPBA, Sala VI, Causa n°65.958. "Foti, Alfredo Antonio s/Recurso de Casación", sentencia del 1 de junio de 2016).
Ahora bien, entrando al segundo motivo de agravio, corresponde adelantar que la "baja o nula" posibilidad de que los hechos hayan ocurrido alegada por los impugnantes, no se refleja en la prueba disponible de la que da cuenta el veredicto, reseñada y valorada en su conjunto por el tribunal.
La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es considerada a nivel mundial un delito complejo, específicamente en lo que respecta a su comprobación.
Esta clase de violencia se caracteriza generalmente por consumarse dentro de un ámbito de intimidad entre la víctima y el victimario.
Se trata de un tipo de delito en el que, a diferencia de otros, en muchas ocasiones no existen testigos presenciales del hecho ni quedan evidencias o signos físicos que sirvan como prueba para el proceso, especialmente en aquellos casos en los que ha transcurrido un tiempo considerable entre los hechos y la acción jurisdiccional (“entre el 50% y el 75% de los casos el abuso sexual no deja signos físicos e incluye a distintos tipos de acercamientos sexuales inadecuados” conforme al Protocolo de Abuso de Sexual Infanto-Juvenil, Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Resolución 904/2008 - Anexo).
En consecuencia, se ha señalado que en los supuestos de delitos contra la integridad sexual el testimonio de la víctima y su participación dentro del proceso cobran un valor relevante en la comprobación de cada una de las circunstancias fácticas (cfr. TCP, Sala VI, causa nº 69.376 “Sotto, Claudio Basilio s/ Recurso de Casación,” sent. del 19 de mayo de 2016, entre muchas otras).
Esto supone la necesidad de que todos los operadores de justicia involucrados en un proceso actúen con el mayor de los cuidados y acorde a protocolos estandarizados.
También resulta relevante mencionar que el sistema probatorio consagrado por el art. 210 CPP no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo, lo que procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso, e impide sostener que sus reglas sometan la convicción acerca de un determinado hecho o circunstancia, a su comprobación por un medio de prueba específico. Por esta razón, no existen obstáculos para que, a partir del testimonio de la víctima, el A Quo edifique la imputación con base en otros elementos indirectos suministrados en el proceso (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCP, Sala VI, Causa nº 56.107 ?Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación? del 21 de mayo 2013 y Causa nº 56.097 ?Chávez, Alexis Sebastián s/ recurso de casación? del 27 de noviembre de 2013, entre otras).
La palabra de quien ha sido víctima directa del delito es hoy una prueba de gran valor en el proceso penal, más aun en casos en los que el autor suele procurar la ausencia de testigos y personas que pudieran obstruir el o los hechos de abuso, situación que se acrecienta en circunstancias de convivencia y ante relaciones que suponen ser de cuidado y protección.
La relevancia, además, se relaciona con la posible existencia o manifestación de esas otras pruebas, dado que de la declaración de la víctima puede surgir otros elementos de convicción diferentes que modifiquen su valor probatorio.
Por lo expuesto, la declaración de la víctima, no es solamente útil e imprescindible en el contexto de la justificación (motivación de la comprobación del hecho y de la responsabilidad penal) sino en el contexto del descubrimiento, por cuanto contribuye a la obtención de otras pruebas que puedan servir para confirmar (o descartar) la hipótesis de la acusación.
Sin embargo, la complejidad de los testimonios de abuso sexual requiere una valoración minuciosa, con la mayor severidad y rigor crítico posibles, efectuada con métodos múltiples y en fuentes de información diversas, con el fin de desentrañar el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa.
Frente a ello, el tribunal efectuó una valorización pormenorizada del cuadro probatorio que resultó suficiente para acreditar que el acusado abusó sexualmente de J.A.Z.A, en los términos establecidos en el fallo cuestionado.
En efecto, consideró la directa imputación que hiciera la niña a través de una grabación de video efectuada por su madre, como así también el relato que exteriorizó ante sus progenitores y luego a los profesionales que intervinieron en la causa, versión que se complementa con los dictámenes periciales.
La víctima indicó de manera clara y precisa, en respuesta al requerimiento de su madre de que le cuente lo relatado por ella la noche anterior, por quién y cómo fue sometida sexualmente: “…el padre Guillermo me metió un pececito en el culito”. De seguido, le realizó una serie de preguntas tales como: “¿así jugaba el padre Guillermo?, ¿le bajaba el pantalón?, ¿alguien más estaba?, ¿solo la llevaba ella?”, a las cuales J.A.Z.A respondió de manera afirmativa. Por último, le preguntó si los demás compañeros se quedaban en la sala, a lo que contestó que sí. C. N. A., su madre, describió con detalle el momento en que reveló lo acontecido. Relató que ese día, mientras J.A.Z.A. se encontraba acostada en la cama, se abrió las piernas, se corrió la bombacha y le dijo: “acá –señalándose la vagina- se pone caramelos, pescaditos”, lo que motivó que ella le preguntara “¿con quien estuviste jugando así, porque eso no se hace?, ¿con la seño? respondió no, ¿con quien estuviste jugando?" contestó con el padre Guillermo.”.
Contó que aguardó a que la niña se durmiera y de inmediato le contó lo sucedido a su esposo, quien en un estado de desesperación le propuso que grabara lo que su hija le había dicho.
En el marco de su declaración, C. N. A. dio a conocer una serie de indicadores que la alertaron:
1. Dos meses antes del revelamiento, J.A.Z.A no quería ir a la escuela, se hacía pis, se metía debajo de la mesa y se enojaba muy seguido. Además, antes de bañarse, se sentaba en la tabla del inodoro, se sacaba la ropa, la bombacha y se frotaba la vagina “como limpiándose” con mucho papel higiénico.
2. Relató un episodio que había ocurrido tiempo atrás, en el que mientras se hallaban en el supermercado, su hija le manifestó “está el padre Guillermo en la fila”, a lo que le propuso ir a saludarlo pero la niña le dijo que no y se escondió detrás de ella.
3. En otra oportunidad J.A.Z.A. encontró en su mueble un folleto del colegio donde estaban los sacerdotes “vestidos con las ropas religiosas” y le refirió: “que la de la foto era la ropa del padre Guillermo, que usaba vestido y short y le explicó en respuesta a sus preguntas que ella le había visto el short y las sandalias abiertas.”.
4. Luego de que la niña narrara lo acontecido, su marido le dejó de regalo un alfajor y un “gusanito” de la marca Mogul. Cuando se lo dio, su hija se comió el alfajor, pero la gomita se la puso en la boca y la escupió. La madre le pregunto por qué la había escupido, a lo que J.A.Z.A. le respondió que “el padre Guillermo tenía un gusanito de mentira y uno de verdad, que el de mentira se lo ponía en la frente y el de verdad se lo ponía en la chucha”.
5. A principios del año 2018 se quedó encerrada en la casita de madera del parque de su casa y empezó a gritar y llorar desesperada. Dijo que “se acordaba de que algo pasó con el padre Guillermo, como que recuerda que quedó encerrada en algún lado con él”.
6. Inició Sala de 5 en un jardín de infantes nuevo y, si bien hasta mitad del año 2018 seguía haciéndose pis y decía cosas en el aire como que “pasaba algo en el baño”, de a poco recupero el sueño y el buen humor.
Agregó a lo reseñado, que si bien desde el inicio de clases les habían referido que no podían llevar golosinas al jardín, los directivos del colegio le informaron que les daban caramelos a los niños para generar un vínculo.
A su vez, remarcó que J.A.Z.A. le dijo que el padre Guillermo dormía en la escuela y lo ubicó en la sala, en el baño y en la sala de música –el resaltado me pertenece-. Explicó que en alguna ocasión estaba sola con él y en otras también con sus compañeros.
Ubicó la develación después de las vacaciones de invierno, octubre o noviembre de 2017 –J.A.Z.A iba a la Sala de 4 años de “Leones” en ese año- y aclaró que dos meses antes de manifestar lo acontecido, la niña ya no quería ir al jardín.
En lo que interesa destacar, dijo que su hija mencionaba una escalera, una pieza que tenía una cama dura con una manta de colores y dibujos. Expresó que no podía entender como sabía esos detalles y que los directivos del colegio jamás pudieron justificarlos. Lo expuesto en este tramo de la declaración, encuentra correlato en las fotografías que fueran incorporadas en la instrucción y en el debate, donde se ilustra la habitación n° 49 que utilizaba dentro del colegio el padre Guillermo, en donde se puede observar la existencia de una cama con una manta a cuadros de colores y dibujos realizados por niños pegados tanto en la puerta de ingreso como en la pared de la habitación. Asimismo, de la inspección ocular surge que la habitación mencionada se encuentra dentro de la casa parroquial “a la cual, conforme fuera informado, los niños no tienen acceso, en un primer piso” y a la que se accede por escalera.
C. además expresó en el debate que “R., la mamá de Z.” le comentó que su hija le contó lo mismo de los caramelos y de los pescaditos, que no quería ir al jardín y que también se hacía pis, por lo que radicó la correspondiente denuncia que fue valorada por los jueces en la sentencia: “…IPP 10-00-040744-18/00, de cuya lectura se desprende la denuncia que realizara la Sra. R. J. A. (fs.1/vta), en la que manifiesta ser la madre de Z. N. C. de 6 años de edad -corresponde aclarar que dicha denuncia se radicó el 26 de septiembre del año 2018-, y contó que su hija hasta el año anterior concurría al Colegio Monseñor Solari, y que sacó a su hija de la institución, porque hubo un hecho de abuso sexual con una compañera de su hija, y que el imputado es el cura del Colegio, al que conoce como Guillermo. Y por temor y debido a que su hija tenía ciertas actitudes, tales como que se hacía pis encima y lloraba porque no quería ir al colegio, motivo por el cual la sacó del establecimiento. Contó que mantuvo un llamado telefónico con la madre de J. a quien conocía como N., y hablando con ella, advirtió que coincidía con lo que le había contado su hija Z., por ejemplo que su hija jugaba con el cura al "pescadito" y cuando le preguntó en qué consistía, le contestó que era ponerle el dedo en la boca al cura, aunque no le preguntó más porque no sabía cómo hacerlo. Y agregó que desde que la cambio de colegio ya no se hacía pis encima.”.
Culminó su testimonio manifestando que luego de realizada la denuncia, llevaron a su hija al consultorio de la Licenciada Carillo con quien inició un tratamiento y que, si bien la niña lleva una vida normal, la profesional les sugirió que estuvieran atentos ante cualquier cambio, pues luego de su primera menstruación, podría surgir algo que la joven tenga guardado.
Lo hasta aquí narrado resulta conteste y se robustece con lo relatado por el padre de J.A.Z.A., J. R. G. Z. Expuso que su hija, en el año 2017, antes de las vacaciones de invierno, le refirió que “Pocho en el baño –del Jardín- le hacía cosas chanchas”, pero al ser preguntada sobre el tema, no quiso dar más detalles. Dijo que transcurrió el tiempo, pasaron las vacaciones de invierno, hasta que una noche su esposa le contó que su hija, tras arrodillarse en la cama, le dijo que el padre Guillermo le hacía “pensar de rodilla” y que “el pescadito del padre Guillermo se lo ponía en la cola”. Ante ello, y tras haber escuchado a un psicólogo en la televisión que refería que cuando un niño no quiere decir algo o no puede exteriorizarlo en palabras, podía dibujar, le pidió a J.A.Z.A. que lo hiciera. Al igual que su esposa, señaló actitudes de su hija que lo alarmaron:
1. Al requerirle que dibujara, realizó un hongo con una cabeza, la que describió en el debate como “un pene”.
2. Que antes de contar lo sucedido, J.A.Z.A no quería ir a la escuela.
3. De noche, cuando su esposa llevaba a su hija a la cama a dormir, la niña “se ponía en cuatro y le contaba”.
4. Cuando su esposa la iba a bañar, se limpiaba con papel, insistentemente su zona íntima.
5. Dormía mucho, se hacía pis y caca encima. Destacó que notaron un retroceso, porque antes no tenía esos problemas.
6. Relató la misma secuencia contada por C., de la gomita y el alfajor.
7. Que J.A.Z.A. jugaba a encerrar a su mascota, una perra de la raza Golden, en la cabaña del fondo de su casa. Un día, cuando la niña se quedó encerrada en el interior de la mencionada “cabañita”, golpeaba la puerta desesperada, lloraba y gritaba, por lo que su padre le abrió, la abrazó y al serle preguntada sobre que le pasaba, le contestó que a ella el padre Guillermo la encerraba en el baño.
8. Cuando cenaban se metía debajo de la mesa, tiraba las cosas, se tocaba “sus partes”.
9. Tenía pesadillas, se despertaba por las noches y decía que soñaba con monstruos, no quería ir más a la escuela. Salía seria y recién una hora después, luego de la merienda, se encontraba mejor.
En relación a las golosinas, manifestó que preguntó en el colegio por qué el padre Guillermo le daba caramelos a los chicos, si incluso firmaron un contrato donde se establecía que no podían enviarlos. Afirmó que no supieron que responder, “que seguramente era para generar un vínculo”.
También expuso que cuando llegó al colegio observó a una señora mayor -sobre la que no pudo aportar su nombre-, desesperada, que preguntó y le dijo que a su nieta le estaba pasando lo mismo. Que había una madre defendiendo al padre Guillermo y otra que le dijo a esa “si vos sabes que el padre Guillermo se levantaba la túnica y anda mostrándose y que bajo usa un short”. Añadió que otra madre hizo una denuncia por un tema similar con su hija y un padre le contó que su nena también se hizo pis.
Agregó que J.A.Z.A. le contó que su maestra de música una vez la llevó “a ella solita” y le preguntó qué había pasado con el padre Guillermo. Ubicó esa conversación previo a que su hija hablara, pues luego del revelamiento, no la enviaron más al jardín. También, que la niña le dijo que cuando el padre Guillermo la “hacía pensar arrodillada”, había más compañeritos, entre ellos, nombraba a L.C., cuyo padre fue quien convocó a los medios y supo por él que su hijo “agarraba un dinosaurio de juguete que tenía y se lo metía y sacaba de la boca”.
Por último, expuso que al año siguiente, al cambiar a su hija de colegio, iba feliz. Que hacía tres meses aproximadamente tuvo recuerdos vinculados a la escuela pero no hizo referencias puntuales, se quedó callada y ellos -sus padres- tampoco quisieron preguntarle.
Si bien ya me expedí con anterioridad a la falta de certidumbre respecto a las fechas exactas de los hechos, es dable resaltar que ambos progenitores no solo señalan al imputado como el autor de ellos, por la directa sindicación efectuada por su hija, sino que coinciden en el lapso en que ocurriera.
En contra de lo expuesto por los recurrentes, no se observa que el tribunal haya valorado tales testimonios como prueba directa.
Las apreciaciones críticas que se traen a esta sede denunciando contradicciones en las declaraciones aludidas, al contrario de lo que se alega, no se advierten; las puntualizaciones efectuadas –que la madre refirió que los abusos habían ocurrido en el baño del jardín y en la salita de 4, mientras que el padre invocó como indicador de abuso la circunstancia de angustia y llanto de la niña al quedar encerrada en su cabañita, los dibujos de árboles que había realizado su hija que se corresponderían con figuras de penes y la secuencia de un compañero de su hija con un dinosaurio de juguete- fueron debidamente argumentadas por los testigos y se complementan con las declaraciones valoradas por el tribunal, brindadas por las peritos psicólogas que evaluaron a la víctima y sus informes respectivos.
En lo que interesa destacar, la licenciada Arianna Carolina Cardillo, quien asistió a J.A.Z.A. -según sus dichos- desde el año 2018 hasta finales del 2019 en virtud de haberle dado el alta provisoria, expuso que su relato es verosímil. En particular, “que el indicador altamente específico es el relato por parte de la niña, en el que señala a una persona, en un lugar específico y describe que fue lo que sintió”. Manifestó que inicialmente J.A.Z.A. habló de un secreto, contó la situación de que un nene en el jardín la tocó. Ella le preguntó: ¿un nene cómo?, y la niña dio un nombre específico, “el padre Guillermo”. Dijo que J.A.Z.A mencionó la sala de música, que sus compañeritos estaban presentes. Agregó que de los juegos que realizaba surgían situaciones traumáticas: “mencionaba heridas en los muñecos debajo de la panza, un pato que se lastima y que podían llamar a la policía y aunque se escapa, está la policía y está su mamá cuidando”. También le contó que el episodio del encierro con conejitos. Que su papá le dijo que no tenía que encerrarlos y en ese momento le contó que el padre Guillermo la encerraba a ella. Destacó que a medida que avanzó el tratamiento la niña mejoró pero fue determinante al agregar que, cuando inicie la pubertad “tendrá una reinterpretación o resignificación de aquello que le paso” y puede ser que requiera volver al tratamiento terapéutico. Con ello, en primer lugar, el cuestionamiento dirigido a la duración del tratamiento de la niña es irrelevante, pues lo que aquí interesa destacar es la evaluación efectuada por la profesional, con independencia de si fueron uno, dos, tres u ocho encuentros. En segundo lugar, la circunstancia alegada, de que la víctima fue sometida a terapia con la voluntad de confirmar la sospecha de los progenitores, no es más que una simple conjetura desprovista de sustento. En tercer lugar, de los dichos de la profesional surge que, para decidir, la licenciada se basó no sólo en los dichos de los padres –como aluden los impugnantes-, sino en el relato de la niña, el que tildó –valga redundar en ello- de verosímil. Por último, la modificación de su criterio no se observa. Nótese que en su primer informe consideró que la posibilidad de sugestión es “baja o nula” y la de mendacidad “es muy baja o nula”, para luego, en el segundo, descartar absolutamente mendacidad y sugestión. La variación de un término utilizado y el otro distan de ser –muy- diferentes entre sí.
A ello, debe adunarse lo evaluado por la misma profesional, que surge del informe incorporado por lectura, en el que refiere, en esencia, que de los juegos realizados por la niña, “pudieron identificarse elementos que pueden ligarse directamente a la revelación que puntualmente hizo la misma, de haber sido víctima de abuso sexual”, así como también la licenciada observó “tanto en el relato de la niña, como en su juego, la vivencia de situaciones de maltrato, y más específicamente, de abuso sexual”.
El indicador que mencionó, como altamente específico de abuso sexual fue la revelación, por parte de la niña, de haber sido objeto de abuso sexual en el contexto escolar: “…en la sesión del 04/12/2018 la niña espontáneamente propone dibujar su secreto; al interrogar comenta que el mismo incluye a un nene grande del jardín, llamado Guillermo que le tocó la cola y le puso un pescadito en la chunchi (señalando al relatar la zona genital). Explicita que el lugar en que tuviera lugar el hecho sería la sala de música del colegio, en un momento en que la docente se encontraba ausente, aunque no así sus compañeros. Expresa haber sentido susto en ese momento, y que esa emoción persiste al momento del relato”.
Luego señaló otros indicadores de abuso sexual: 1) Conductas agresivas con tendencia a externalizar el conflicto; 2) Indicios de actividades sexuales y comprensión inapropiada para la edad de detalles sexuales; 3) Conductas regresivas.
En función de lo evaluado, concluyó que J.A.Z.A. “habría sido víctima de abuso sexual infantil, por parte de una figura de sexo masculino, en el ámbito escolar, a la que la niña se refiere como “padre Guillermo”. De acuerdo a lo expresado por la niña manifiestamente, y de aquello que puede inferirse de su juego, el abuso habría incluido exposición a escenas de carácter sexual, inapropiadas para la edad de la niña; así como contacto buco-genital”.
Por último, consideró el testimonio creíble y descartó mendacidad, sugestionabilidad y/o fabulación.
La perito oficial, licenciada Susana Cuadro, por su parte, advirtió que J.A..Z.A se mostró muy introvertida en la entrevista y le costó entablar el lazo. Refirió que sólo llevó una cuestión en la que dijo que “a los niños los adultos no los pueden cuidar, que los niños se pierden en un momento y no los pueden encontrar.”. Expuso la profesional que apareció lo del secreto y que todo lo que tenía surgió del relato inespecífico que brindaron los padres.
El tribunal valoró dos informes elaborados por la licenciada Cuadro que fueron incorporados por lectura. Conforme fuera mencionado en el recurso, si bien surge del primero -14 de mayo de 2018- que “…La modalidad vincular y comunicacional de la niña en este momento, no permite indagar la posibilidad de haber padecido una situación de abuso…”, lo cierto es que del segundo -8 de agosto de 2018- se advierte que la licenciada sostuvo: “…aparecen indicadores indirectos a través del juego y modalidad subjetiva que son compatibles con la ocurrencia de una vivencia traumática de índole sexual… La niña no se encuentra motivada a realizar falsas manifestaciones sobre el hecho denunciado… ni se encuentra inducida a realizarlo por sus adultos de referencia…”, lo que no hace más que reforzar la hipótesis acusatoria y permite descartar la crítica dirigida a que las conclusiones de la profesional solo se basan en los dichos de los progenitores.
Al respecto, la perito oficial indicó que la información -significativa- brindada por ellos, además de los relatos que les realizó J.A.Z.A., “…(son) compatibles todos estos ítems, con indicadores de abuso sexual infantil de la modalidad del denunciado…”, circunstancia que sella la suerte de los reclamos de los impugnantes en este aspecto. Aquí entiendo pertinente reiterar que los especialistas consideran que en los casos de abuso sexual, la entrevista psicológica es, junto con la observación, el medio fundamental de valoración de este tipo de delitos a menores, porque permite detectar indicadores relacionados con la existencia de estos hechos y determinar si las respuestas emitidas coinciden con aquellos síntomas comúnmente considerados como efectos del abuso sexual (cfr. Berlinerblau, Virginia, "Niños víctimas, niños testigos: sus testimonios en alegatos de abuso sexual infantil?, en "Acceso a la Justicia de Niños/as Víctimas”, p. 141 Unicef, ADC y JUFEJUS, 2010, en TCPBA, Sala VI, causa nº 69.376 "Sotto, Claudio Basilio s/ Recurso de Casación", sent. del 19 de mayo de 2016).
Ahora bien, el tribunal también consideró los testimonios brindados por las autoridades y dependientes del Colegio Monseñor Solari: Rumilda Cristina Limenza –portera y personal de limpieza-, Walter Ariel Araoz Vera –representante legal del Colegio y administrador-, Silvana Ana Tarzariol –directora del Jardín de Infantes-, Silvina Laura Gobet –secretaria del nivel inicial-, Yesica Florencia Alarcón –docente de la Sala de 4 a la que J.A.Z.A. concurría-, Sabrina Laura Colla y Paola Alejandra Jordán –preceptoras en el turno tarde y acompañaban a las docentes en las salas-, Gladys Graciela Gareis –trabajaba en la comunidad religiosa, cocinando, limpiando y aseando también las oficinas del director y la secretaria-. De sus relatos, surge la función que cumplía cada uno dentro de la institución, de las rutinas que se llevaban a cabo y de los recaudos que tenían en el cuidado y enseñanza de los alumnos. Los propios jueces destacaron que los testigos mencionaron la imposibilidad de que lo denunciado sucediera frente a ellos.
Los impugnantes cuestionan que, pese a ello, el tribunal haya concluido que la enorme magnitud y complejidad de la estructura escolar importa un incremento de las probabilidades de que el suceso haya ocurrido. Pero lo cierto es que la defensa soslaya que esa conclusión a la que arribó, fue con sustento en una prueba que luce valorada en la sentencia.
En efecto, de la inspección llevada a cabo, el tribunal comprobó “las grandes dimensiones del predio –espacios cerrados, espacios abiertos, múltiples puertas, parques y patios-, el que cuenta con diferentes edificios donde funcionan el Jardín de Infantes “El solarito”, la escuela primaria la escuela secundaria y la casa parroquial, esta última situada en un primer piso al que se puede acceder por tres escaleras diferentes (…) una a cada extremo de la planta y una en medio de la misma y que, sea cual fuera la utilizada, al llegar al sector destinado a la vivienda y habitación de los sacerdotes, el acceso se encuentra cerrado por puertas con llave que solo tenían los religiosos”.
En lo que interesa destacar –y que fuera materia de impugnación-, constató que, a lo largo de la visita, en al menos dos oportunidades, alumnos del nivel inicial y del primario concurrieron a los sanitarios solos, sin la supervisión de un docente o personal del colegio, lo que pudieron percibir al pasar los jóvenes delante de ellos y saludarlos. En tal sentido, de adverso a lo indicado por la defensa, se advierte que el tribunal explicó las razones por las cuales comprobó las posibilidades fácticas que ocurrieran los hechos: “…lo extenso de la propiedad, múltiples edificios, la sala de música que justamente se halla situada al fondo, apartada del resto de las dependencia del Jardín y próxima a la puerta trasera que conecta, a su vez al edificio de primaria, donde tres escaleras conducen a la habitación de los sacerdotes, que tienen una cama y mantas de colores…”, entre otras, permiten llegar a la conclusión a la que arribara.
Ahora bien, lo expuesto, en modo alguno implica un rechazo de la información brindada por el personal del colegio y, por ende, una confirmación del suceso, sino que, la prueba rendida generó mayor convicción en el tribunal la que, en conjunto con el resto de los elementos de cargo disponibles, permiten la comprobación del extremo. Ello así pues, no puede pretenderse que todas y cada una de las manifestaciones vertidas durante la audiencia de debate y las piezas incorporadas por lectura, sean meritadas en pie de igualdad y se les atribuya el mismo valor. Esto porque la propia naturaleza del deber encomendado a los magistrados los fuerza a sopesar los argumentos y pruebas sometidas a su consideración, descartando algunos y acogiendo otros siguiendo a tal efecto las reglas del sentido común y la experiencia. El hecho de que en un contexto determinado se reconozca un peso relativo distinto a los testimonios o a los vínculos existentes entre los actores, en consecuencia, es perfectamente entendible siempre que se ofrezcan razones para ello y de ninguna manera alcanza para tener por configurada una causal de nulidad ni afectación a principio constitucional alguno (cfr., en el mismo sentido, TCP, Sala VI, c.. 56.591 “Jara Gastón Manuel s/ Recurso de Casación” y su acumulada, causa nro. 57.193 “Jara Gastón Manuel s/ Recurso interpuesto por el Agente Fiscal (adhiere particular damnificado), rta. 30/9/2013).
En esta línea, también habrá de ser descartada la hipótesis que los recurrentes alegan haber sido introducida por el tribunal, pues sin perjuicio de que el reclamo no se encuentra acompañado de un desarrollo escrito de las razones por las que lo sustenta, la circunstancia de que los jueces hayan utilizado la palabra “autoconvencerse” no se asimila a un intento de invertir la carga de la prueba, más bien, fue lo que percibieron en la declaración de las autoridades y dependientes de la institución. En definitiva, “autoconvencerse” significa, en los términos del Diccionario Abierto Español “creer estar seguros mediante razones o argumentos de que el suceso no pudo ocurrir”. A lo que aduno que la inmediación impide revisar aspectos ligados a la comunicación directa y cuestiones singulares de percepción que hacen a la recepción oral de la prueba, en la medida que dieran cuenta detallada de su empleo, y necesariamente otorga a los jueces de mérito un amplio margen de discrecionalidad, no arbitrariedad, ya que no pueden relegar el deber de documentar y exponer los motivos de su convicción, según las reglas de la sana crítica racional, a fin de cumplir con el mandato constitucional que exige que las sentencias sean fundadas. La contundencia del cuadro probatorio analizado, permite descartar la crítica dirigida a que la sentencia se apoyó en dos únicos elementos de prueba. A su vez, los detalles exteriorizados por J.A.Z.A., que sólo podían conocer ella y su agresor, excluye la alegada “baja o nula” probabilidad de ocurrencia de los hechos.
Asimismo, la circunstancia de que los sucesos hayan tenido lugar en un contexto público “como lo es toda institución educativa”, no permite aumentar las probabilidades de que deje numerosa prueba contextual, pues conforme fuera mencionado, en esta clase de delitos, el autor suele procurar la ausencia de testigos y personas que pudieran obstruir los hechos de abuso, más aun ante relaciones que suponen ser de cuidado y protección, por lo que su complejidad - mencionada por el fiscal- no resulta una generalización excesiva, por el contrario, se ajusta al caso concreto.
Las objeciones formuladas sobre los dichos de la víctima que surgen de la grabación de video, constituyen una simple discrepancia con la valoración que el tribunal efectuara y desatiende al correlato que posee con el resto de las pruebas valoradas, las que, en conjunto, permiten afirmar con certeza la existencia de los hechos en su exteriorización y la participación del acusado.
Al respecto, la jueza que votara en primer término destacó que “Los indicativos que la posicionaron como víctima surgen de su propia voz y recuerda la ternura -y el horror- que trascienden de sus palabras en aquella grabación que en un marco de desesperación obtuvo su madre. Aún cuando se intentara desacreditar la forma en la que se concretara su obtención, ante dicha situación desde la condición de padres, no hay protocolos ni pautas a seguir.”.
Por otra parte, la ausencia de lesiones específicas compatibles con abuso sexual, no obsta que se hayan producidos los sucesos, en los términos indicados en la sentencia, máxime cuando las lesiones genitales pueden curar sin dejar secuelas y la penetración anal, aun si es crónica, puede no dejar signos objetivables. Al respecto, se ha considerado: “…Además de tomar en cuenta que no toda lesión genital es causada por abuso y que no todo abuso causa lesión genital, el perito debería tener presente que una gran parte de las lesiones genitales curan sin que persistan secuelas que permitan su posterior objetivación.” (H. Rodriguez Almada. “Evaluación médico-legal del abuso sexual infantil. Revisión y actualización”, Cuad. med. forense vol.16 no.1- 2 Málaga ene./jun. 2010).
De todos modos, reitero, la calificación legal asignada al evento, no fue la de abuso sexual con acceso carnal, circunstancia que refuerza lo irrelevante, en el caso, del resultado del informe médico que fuera objeto de cuestionamiento.
Así, conforme lo entendió el tribunal en su decisorio, la prueba reunida en el proceso permite sostener que el relato de la niña, exteriorizado en distintas oportunidades y ante diferentes interlocutores, se mantuvo y fue preciso en lo que respecta a la descripción de los hechos y las circunstancias que los caracterizaron, indicando, en cada ocasión, al imputado como el autor de los ataques a su integridad sexual, sin que detectaran los profesionales indicios de fabulación o manipulación. En definitiva, los fundamentos expuestos por los impugnantes resultan ineficaces para alterar la conclusión a la que arribaran los sentenciantes; no hubo, pues, infracción a ninguna regla de la sana crítica, ni al principio in dubio pro reo (arts. 1, 106, 209 y 210, CPP), desde que la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad "frustrada", no sólo no surge de los fundamentos que el tribunal expuso sino tampoco de los argumentos utilizados en el recurso (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 55.295, "El Bueno, Humberto Gabino ó Del Bueno, Humberto Gabino s/ Recurso de Casación", reg. 186 del 30 de mayo de 2013, entre muchas otros).
Sentado lo expuesto, cabe señalar que el "abuso sexual gravemente ultrajante" denota una mayor severidad de las conductas que, sin llegar a la penetración, resultan más lesivas para la víctima que el abuso sexual simple, sea por prolongarse en el tiempo o realizarse bajo circunstancias especiales que tengan como fin un sometimiento sexual de dichas características (TCP, Sala VI, c. N° 55.215, "A., J. S. s/ Recurso de Casación", rta. 10/05/2013; Sala I, c. N° 91331 "Andino, Santiago S/ Recurso de Casación", rta. 11/12/2018).
Los tipos penales previstos en el artículo 119 del Código Penal se encuentran estructurados sobre el abuso del "1er. párr.", los demás contienen alguna circunstancia que agrava el tipo básico. En el abuso sexual gravemente ultrajante se describen conductas que, sin llegar a la penetración de la víctima, constituyen una mayor injerencia en el bien jurídico protegido, al que lesionan con mayor intensidad, por la forma en que se realiza.
Además de actos que objetivamente carecen de pudor o recato, realizados en las circunstancias del "1er. párr." del artículo 119, se prolongan en el tiempo o se perpetran bajo circunstancias especiales, cuyo fin consiste en un sometimiento sexual gravemente ultrajante.
En efecto, constituye un vejamen innecesario para la víctima y un mayor peligro para la integridad física que se produzcan los actos durante una excesiva prolongación temporal, sea porque dure más que el requerido para el acto de abuso o bien se trate de una modalidad reiterada o continuada a través del tiempo.
Lo propio ocurre cuando existe un acto único altamente ofensivo del bien jurídico protegido, por el carácter degradante o por el peligro que trae aparejado. Se trata de actos que son intrínsecamente escandalosos, humillantes, peligrosos, de alto contenido vejatorio para quien los sufre.
Naturalmente se trata de conductas objetivamente desproporcionadas respecto de las contempladas en la figura básica, que no dependen de la sensibilidad extrema del sujeto pasivo. La progresividad con que el Código Penal tipifica las diferentes agresiones sexuales demuestra que el abuso sexual gravemente ultrajante alude a hechos que violentan severamente la dignidad de la víctima, de una ofensa grande o injuria de mucha entidad, y lo ubican, por tanto, en una posición intermedia entre el abuso sexual simple y la violación (TCP, Sala VI, c. N° 58.920 "Sanchez, Pablo Héctor y Klenk, Esteban Gabriel s/Recurso de Casación," rta. 14/3/2016)".
A partir de lo expuesto, los jueces consideraron que las conductas desplegadas por el imputado se circunscriben y exceden el tipo objetivo de la figura básica, lo que surge del análisis de los hechos atribuidos. En contra de lo manifestado por los recurrentes, no se limitaron a referirse de modo genérico al “abuso”, sino que describieron las conductas que quedaron inmersas en ese “plus” que exige la ley para configurar el delito.
En efecto, tuvieron en cuenta el ámbito escogido por el imputado para consumar sus abusos, esto es, la Institución Escolar a la que la niña concurría y, en particular, el lugar donde uno de los hechos aconteció: el “Area de clausura”. A su vez, la circunstancia de que otro de los eventos haya ocurrido frente a otros niños, lo que afecta su dignidad y resulta vejatorio.
En definitiva, los sucesos tales como fueron descriptos en la segunda y tercera cuestión del veredicto, importan actos altamente ofensivos del bien jurídico protegido, humillantes, degradantes que por las circunstancias de realización importa un sometimiento sexual del tenor señalado en el segundo párrafo del artículo 119 del Código Penal. Con relación a la figura de "corrupción" (art. 125, CP), corresponde recordar que si bien todo ataque a la integridad sexual trae aparejado como insoslayable consecuencia una afectación en la psiquis de la víctima, para que tales actos constituyan a su vez un supuesto de corrupción es razonable exigir -al menos desde un juicio potencial- la posibilidad de que tales actos marquen una huella profunda en el psiquismo del sujeto pasivo, con aptitud para torcer el sentido natural, biológico y sano de la sexualidad (Conf. Sala 1, causa nro. 91331 "Andino", sentencia del 11- 12-2018).
Constituyen actos prematuros para la sexualidad de las víctimas, idóneos para alterar el normal desarrollo del trato sexual, que representan la intención de corromper a los niños.
La ley sanciona "la interferencia en el proceso de formación de la sexualidad o el normal desarrollo de ella (…) cuando se sostiene que tiende a tutelar el normal o sano crecimiento sexual y castigar como corrupción los actos que ponen en peligro dicho desarrollo, sólo se dice lo correcto si se interpreta que lo que se reprime es la influencia o interferencia negativa en el libre crecimiento sexual de las personas, mediante la realización de prácticas sexuales, que tengan la capacidad de pervertir o depravar sexualmente a la víctima …". (Código Penal, Comentado y Anotado, Andrés J. D'Alessio, año 2004, Ed. La Ley, pág 188), extremos carentes de sustento probatorio.
En esta línea, los sentenciantes consideraron que los actos sexuales protagonizados por Guillermo Leon Pulgarín Acevedo hacia la niña J.A.Z.A., de tan solo 4 años de edad, practicados dentro del colegio y frente a sus compañeros, consistentes en introducir en sus genitales un elemento que la joven describió como “caramelos y pescaditos”, revisten idoneidad suficiente para desviar el normal desarrollo psíquico y físico de la víctima.
En efecto, se advierte del informe elaborado por la Licenciada Cardillo que el relato que la niña le realiza a la terapeuta, así como las referencias a los padres, de las vivencias relatadas en la escuela, “son indicios de actividades sexuales y comprensión inapropiada para la edad de detalles sexuales”. Además, allí la profesional resaltó que “se presentan actividades lúdicas con intención reparatoria, tales como el juego del doctor, en el que la ubicación del trauma se ubica en la zona genital de los muñecos lastimados”.
Asimismo, fue determinante al agregar, en su deposición, que cuando la niña inicie la pubertad “tendrá una reinterpretación o re significación de aquello que le pasó y puede ser que requiera volver al tratamiento terapéutico”, circunstancia que fue particularmente valorada por los jueces.
En tal sentido, corresponde confirmar la decisión del tribunal y consecuentemente rechazar el motivo de agravio planteado al respecto, pues de conformidad con la doctrina de la Suprema Corte sobre el particular, a partir de las probanzas disponibles, valoradas al momento de expedirse sobre la materialidad ilícita y la autoría responsable, el tribunal logró determinar que los actos sexuales imputados tuvieron entidad e identidad suficiente para torcer el normal desarrollo de la sexualidad de la víctima, en virtud de su corta edad, tan solo de cuatro años, es decir, por lo prematuro de las prácticas sexuales a las que fue sometida, que incluyeron la introducción en sus genitales de un elemento que la joven describió como “caramelos y pescaditos” y en presencia de sus compañeros, con lo que resulta racional estimar, además, que el sujeto activo conocía que las acciones que llevaba a cabo tendían a promover la corrupción de la niña, cuya guarda y educación estaban a su cargo (cfr. causa P. 133.661, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal- s/recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 94.039 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a O., O. A.", sent. 7//2021, con cita de P. 133.550, sent. de 9-II-2020; P. 132.773, sent. de 27-VIII-2020; P. 132.644, sent. de 1-XII-2020).
Lo expuesto descarta el reclamo sobre la relación de consunción entre ambas figuras, la afectación al ne bis in idem y al principio de lesividad, pues no se advierte que la acción de un tipo quede englobada en las más amplia del otro como propician los impugnantes. La queja sobre el agravante de la figura legal del art. 125 del CP, también habrá de ser desechada, pues no es más que una exacta reiteración de lo que refiriera en el debate, sin analizar la respuesta que el tribunal diera al planteo, circunstancia que la inhabilita para poner en crisis la decisión.
En efecto, expresó la jueza del primer voto, con la adhesión de los otros jueces, que quedó acreditado que el imputado concurría a la salita de 4, donde cursaba J.A.Z.A., realizaba actividad “pastoral” con los niños y hasta compartía meriendas. Por lo tanto, concluyó que, como adulto a cargo de esa función, queda inmerso en la agravante del tipo.
En definitiva, los hechos aparecen cometidos por una persona que estaba particularmente obligada a tutelar de la niña. Concurre la agravante pues el autor ha vulnerado el deber de vigilancia, protección y tutela que había asumido, circunstancia que sella la suerte del agravio.
Tampoco son procedentes los embates relativos a la determinación de la sanción impuesta.
El sistema general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal Argentino -de penas relativas-, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, sólo permite evaluar si las reglas seguidas cumplen con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico-racional del proceso de decisión (Conf. Sala I TCPBA, causa "Valant" del 14/8/2018; "Carleo" del 21/2/2018).
No existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena.
En tal sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que: “...Si lo que la defensa pretendía era que además de ello, la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna...” (SCBA P. 125.464, del 22/12/15, entre otras).
La evaluación conjunta de los ilícitos, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, no permiten arriba a un monto con exactitud matemática.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales”, en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).
De la lectura de la resolución impugnada, surge que el tribunal no valoró circunstancias agravantes, por haber descartado aquéllas solicitadas por el fiscal, con base a que forman parte de los tipos penales. Como atenuante, tuvo en consideración la ausencia de condenas penales.
El requerimiento de que se valore la extensión del daño a favor del imputado, con el argumento de que la víctima tiene una vida normal, se encuentra escolarizada y no exhibe situaciones que reporten traumas o problemas derivados de los sucesos, es improcedente, pues si bien aquella circunstancia está prevista como baremo en el art. 41 inc. 1 del C.P., según el caso puede constituir una agravante o tener un valor neutro, más no constituir una pauta disminuyente. La defensa cuestiona que no se hayan considerado las siguientes circunstancias atemperantes: carencia de antecedentes, el buen comportamiento en el debate y el buen concepto público.
La ausencia de antecedentes se encuentra efectivamente valorada, por lo que no corresponde expedirme al respecto. El buen comportamiento en el debate fue, con acierto, rechazada por el tribunal, al resultar una actitud esperable en todas las personas que concurrieron al debate, argumento que no luce controvertido por la defensa en el recurso.
Por último, el buen concepto público testificado por las autoridades y dependientes del Colegio Monseñor Solari habrá de ser considerado, pues es un dato que debe enrolarse dentro de las calidades personales del agente, a las que alude el inciso 2º del artículo 41 del Código Penal.
Sin perjuicio de ello, vale destacar que, conforme fuera expresado más arriba, las pautas de orientación ejemplificadoras contenidas en la ley (arts. 40 y 41 CP) no determinan el valor de cada una de las circunstancias, sino que sólo permiten evaluar si las reglas seguidas cumplen con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico-racional del proceso de decisión.
Con lo expuesto, teniendo en cuenta la entidad de los delitos atribuidos al nombrado, la calificación legal de abuso sexual agravado por haber configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante dada la edad de la víctima y por ser su autor ministro de un culto religioso reiterado -en cuanto menos dos oportunidades - en concurso real entre sí, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravado por ser el autor encargado de la guarda de la víctima, así como el grado de participación que le cupo al imputado, el monto impuesto –diecinueve años de prisión- se ajusta a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad, constituyendo la medida de la culpabilidad del acto atribuido (arts. 40 y 41, CP; cfr. TCP, Sala I, c. n° 100173, "Manzo", sent. 5/5/2020, reg. 214/20, entre otras).
En consecuencia, propongo rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto por los defensores particulares en favor de Guillermo León Pulgarín Acevedo, con costas (arts. 5, 12, 29 inc.3º, 40, 41, 45, 54, 55, 119 párrafos primero, segundo y cuarto apartado "b" - conf. ley 25.087 - y 125 tercer párrafo del Código Penal, y 371, 372, 373, 375 y 530 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires). Asimismo, corresponde regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes, Dres. Martín Alejandro Sánchez (T° XXXIII, F° 97, CASI) y Diego Hernán Ferrari (T° XXIV, F° 353, CASI) en la suma del veinticinco por ciento (25 %) de lo regulado en la instancia, por la labor desarrollada ante esta sede (arts. 16 y 31, Ley 14.967) y tener presente la reserva del caso federal formulada (art. 14, ley 48).
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Carral, dijo:
1. Abro respetuosa disidencia respecto del sufragio del distinguido colega que lidera el acuerdo, doctor Maidana. La totalidad de los planteos del recurrente se encuentran reseñados en el voto que antecede.
Ciertamente, como expone mi colega, la defensa insiste sobre algunos argumentos que explicó en la discusión final del debate, pero justamente porque alega que el tribunal los rechazó en forma arbitraria, apartándose de la evidencia que demostraba la insuficiencia probatoria de la hipótesis de la acusación o que directamente la refutaba.
Por ello, la revisión amplia del veredicto de condena exige algo más que replicar la prueba de cargo que presentó la acusación y que en igual sentido valoró el tribunal, pues cuando el acusado introduce una hipótesis alternativa en el juicio oral, debe tenerse en cuenta al momento de la decisión final si viene acompañada de una mínima actividad probatoria.
Esa es la posición que viene sosteniendo la CSJN, al establecer que “resulta decisivo que el juez, aun frente a un descargo que pudiera estimarse poco verosímil, mantenga una disposición neutral y contemple la alternativa de inocencia seriamente, esto es, que examine la posibilidad de que la hipótesis alegada por el imputado pueda ser cierta. Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional puede ser vista, en sustancia, como el reverso de la garantía de imparcialidad del tribunal” (CSJN, “Rojas, Lucía Cecilia y Vázquez, Cristina s/ homicidio agravado", rta. 26.12.19, considerando 22, y CSJN, “Gonzalez Nieva”, rta. 8.10.2020, considerando 11).
Por ello, a fin de facilitar la lectura de esta revisión y lograr un correcto abordaje de los agravios formulados por la defensa, conviene repasar las hipótesis que se discutieron en el juicio oral y, en especial, los tramos esenciales de la teoría del caso de la fiscalía, en la medida que delimitan cuál fue el hecho a probar por el tribunal y las proposiciones fácticas que debían corroborarse empíricamente para establecer aquella hipótesis como verdadera.
En ese marco, los alegatos finales que hicieron las partes también permiten identificar cuáles fueron los aspectos de la prueba especialmente discutidos ante el tribunal y, en particular, constatar si hubo omisiones probatorias relevantes en la valoración de la prueba que contiene el veredicto.
2. La defensa realizó en el juicio cuestionamientos de dos órdenes.
Por un lado, intentó demostrar lo inverosímil de la hipótesis de la acusación, dado el funcionamiento de la institución y el control que había sobre los niños y niñas dentro del jardín de infantes.
En ese sentido, la defensa alegó que no era posible que Pulgarín tocara a la niña e introdujera algún elemento en sus genitales en el salón de música del jardín, frente a otros niños, en tanto las testigos que fueron convocadas al debate explicaron que los alumnos no quedaban sin supervisión de la docente durante el horario escolar y ese dato no fue controvertido por la acusación.
También observó que las mismas testigos no negaron que Pulgarín visitaba las salas del jardín, pero explicaron en qué consistían esas visitas y, en lo central, detallaron cómo accedía al edificio donde funcionaba el jardín: tocaba timbre y le abrían las porteras, pues la puerta de acceso principal permanecía cerrada con llave y tenía un pasador (por dentro). Había otra puerta de ingreso que también permanecía cerrada con llave.
Sobre esos mismos datos insistió la defensa al exponer lo inverosímil que era pensar que Pulgarín (en el denominado Hecho 2) pudo no solo acceder al edificio del jardín, sino llevarse de allí a la niña, transitar por el patio o parque que los separaba del otro edificio (el de la escuela primaria), subir alguna de las escaleras e ingresar a la zona de clausura y luego a su habitación, sin ser advertido por ninguna persona.
A criterio de la defensa, frente a la evidencia disponible, la acusación intentó explorar diversas hipótesis de cómo se podrían haber consumado los abusos en las circunstancias fácticas contenidas en la imputación.
Así, observó que la particular damnificada, en la discusión final del debate, alegó que el tocamiento en la sala de música podría haberse concretado “en segundos” (pág. 42 del registro informático del acta de debate), incluso sin ser advertido por el resto de los niños presentes.
En similar sentido, la fiscalía alegó que no se podía llevar un control absoluto (dadas las dimensiones de las instalaciones) y que “en cinco minutos puede pasar cualquier cosa” (pág. 33, del acta de debate).
Las acusaciones alegaron sobre la posibilidad de que la niña haya ido sola al baño y también insistieron durante la práctica de la prueba sobre el protocolo que se seguía en casos de amenaza de bomba en el colegio, ocasión en que los niños y niñas del jardín eran evacuados del edificio y llevados hacia el parque.
3. En el recurso, la defensa denuncia que existieron tramos fácticos completos que la acusación y el tribunal no explicaron: “¿En qué momento Pulgarín quedó a solas con uno o más niños?; ¿De qué modo (…) pudo retirar a J. de su clase y llevarla a su habitación? (…) ¿Cómo logró que la ausencia de la niña no fuera advertida por preceptoras, maestras, directivos, porteros?; ¿De qué manera superó los estrictos controles de ingreso y egreso al jardín de infantes?, entre otros interrogantes que, en su opinión, no recibieron respuesta en el veredicto (pág. 12, recurso).
Denuncia que las lagunas probatorias que contiene el veredicto fueron completadas por el tribunal mediante “la asignación de cualidades personales al imputado” o meras conjeturas (como cuando los jueces afirmaron que utilizó su condición de sacerdote para pasar desapercibido).
4. Ahora bien, en lo que importa destacar, el tribunal dio por probado dos hechos, de similares características, de acuerdo con la hipótesis de la acusación (pág. 13/15 del registro informático del veredicto):
En ambos, los jueces señalaron que Pulgarín fue el autor y J. la víctima, de cuatro años.
Establecieron que ambos hechos se cometieron dentro del periodo temporal comprendido entre el inicio lectivo del año 2017 y el 11 de noviembre del mismo año; y dentro del horario escolar (de 12:50 a 17:20 horas).
También establecieron que ambos hechos se cometieron bajo igual modalidad, sobre el cuerpo de la víctima: “tocando sus genitales e introduciendo un elemento que no puede precisarse” pero que la menor describió como “caramelos y pescaditos”.
Según la reconstrucción que hizo el tribunal, el denominado Hecho 1 se cometió “en el interior de la sala de música” del jardín de infantes, “frente a otros niños” (pág. 97, sentencia). El denominado Hecho 2 se cometió, según el veredicto, en la habitación de Pulgarín, ubicada en la zona de clausura del primer piso del edificio donde funcionaba la escuela primaria.
5. La defensa también cuestionó el valor de la prueba de cargo que presentó la acusación.
En lo central, los defensores explicaron que no dudaban del convencimiento de los padres de J. sobre la existencia de los hechos pero que la evidencia demostraba que los abusos no existieron. Observaron que la prueba de cargo se edificó sobre una supuesta “testifical” de la niña, producto de preguntas sugestivas que le hizo su madre en una grabación de corta duración. Reconocieron la genuina preocupación de la mamá de J. pero señalaron que, bajo esas condiciones, la información era de baja calidad, en especial porque el relato no fue espontáneo. Explicaron que los supuestos elementos de “corroboración” que valoró el tribunal no fueron tales sino interpretaciones que hicieron los padres sobre algunas conductas inespecíficas de la niña. También cuestionaron el valor del informe de la psicóloga particular, licenciada Cardillo, pues dijeron que su labor se orientó a confirmar la hipótesis de abuso que los padres le llevaron y por derivación de un abogado. Agregaron que la psicóloga no trató a la niña más de un año, como se sostuvo en el juicio, sino solo dos meses y “a los fines de constituir prueba, como la propia profesional reconoció en el debate” (pág. 26, recurso).
Al contrario, explicaron que la perita oficial que entrevistó a J., licenciada Cuadro, señaló que en los casos de ASI el indicador específico es el relato de la niña, pero que J. no habló en las entrevistas que se practicaron en la causa. Agregaron que los posibles indicadores inespecíficos (es decir, los que pueden corresponder también a otro tipo de causas) fueron incluidos en el informe de Cuadro a partir del relato que hicieron los padres de J.
6. Del análisis probatorio realizado por el tribunal se desprende que la grabación mencionada fue la pieza esencial de la prueba de cargo, pues desde allí se edificó la imputación en contra del acusado, que los jueces consideraron respaldada en otros datos periféricos: en lo central, las declaraciones de los padres de J. y de su terapeuta particular.
El caso no contó con la testifical de la niña dentro del proceso sino con la grabación que se menciona en el veredicto. El examen del tribunal parte de esa grabación y señala “[e]n pocas palabras la niña expreso´: "el padre Guillermo me metió un pececito en el culito", ello a requerimiento de la madre que le pide que le cuente lo que le había dicho - anoche-”, “[l]uego su mama´ le hace algunas preguntas: ¿así jugaba el padre Guillermo? y J. contesta que si´, ¿le bajaba el pantalón?, también respondió que sí, ¿alguien más estaba?, ¿solo la llevaba ella? contestando a esto último que si´ y finalmente le pregunto´ si los demás compañeros se quedan en la sala respondiendo J. que sí” (pág. 16/17, veredicto).
Frente a los cuestionamientos de la defensa sobre cómo se obtuvo aquella manifestación, el tribunal respondió que “en el marco de desesperación” y “desde la condición de padres, no hay protocolos ni pautas a seguir” (pág. 16, veredicto).
Ciertamente, puede coincidirse con el tribunal en que no puede exigirse el cumplimiento de protocolos a una madre preocupada que piensa que su hija pudo haber sido víctima de abuso sexual.
Pero eso no fue lo que cuestionó la defensa, sino la equiparación que hizo el tribunal entre el contenido de esa grabación y una declaración prestada en el marco de un proceso judicial, donde se establecen pautas específicas para la recepción de testimonios de niños y niñas de corta edad mediante una metodología específica, especialmente sobre el tipo de preguntas que pueden formularse y cuáles no, para garantizar la obtención de información de calidad y sin sesgar las respuestas (además de reducir al mínimo los efectos negativos a los que podría verse sometido el niño frente a un abordaje que pudiera revictimizarlo).
Se trata, en definitiva, de evitar el riesgo cierto de sugestibilidad que conlleva un incorrecto abordaje del niño o niña, frente a preguntas que puedan condicionar en algún modo sus respuestas.
En ese sentido, constato que la defensa no cuestionó la actitud de la madre al realizar la grabación sin apego a los protocolos, sino el valor de la información contenida en ese soporte, por las condiciones concretas en que fue obtenida aquella manifestación: dijo que no se trató de un relato libre o espontáneo sino que se le hicieron a la niña preguntas indicativas y vinculó ese modo de abordaje, en niños de corta edad, con la fiabilidad de la información obtenida, en particular porque recordó que J. no hizo ninguna manifestación similar en el marco de las pericias que se llevaron adelante en sede judicial.
En rigor, el recurrente observa que “el video ni siquiera presentó un diálogo entre madre y niña: es la persona adulta la que inquirió e indagó de manera permanente (…) la que elaboró preguntas cerradas que la niña sólo respondió por sí o por no y reiteró lo que la madre le sugería” (pág. 21, recurso).
Y aquí cabe hacer una aclaración, en sintonía con la apreciación que realiza la defensa, pues coincido en que no surge ninguna sospecha o indicio de que haya habido por parte de C. N. A. una manipulación dolosa sobre la niña orientada a preconstituir prueba para realizar una falsa denuncia, sino una genuina preocupación a partir de una frase que expuso su hija.
No obstante, las reglas de los Protocolos en la materia no revisten el carácter de meras formalidades, sino que configuran requisitos estrechamente vinculados a la fiabilidad de la información obtenida.
En efecto, la existencia del riesgo cierto de sugestibilidad generado por un incorrecto interrogatorio y la necesidad de neutralizarlo se reconoce desde la propia regulación del protocolo aprobado por la SCBA (Res.903/12), donde se establecen las pautas para la recepción de testimonios de niños y niñas mediante una metodología específica, que prevé el tipo de preguntas que pueden formularse y cuáles no. En lo que interesa destacar, dispone que el interrogador deberá seguir “la narrativa libre del niño (…) evitando preguntas directas, incisivas, reiteradas, sesgadas que lleven a respuestas inciertas”.
Por ello, frente a los riesgos señalados, compatibles con el abordaje que quedó registrado en la grabación, el tribunal debió extremar el análisis de la capacidad de rendimiento de aquel elemento como prueba de cargo y no limitarse a responder que, para la madre, no regía ningún protocolo.
En ese sentido, la transcripción que hace el veredicto muestra que por fuera del enunciado inicial que J. le habría dicho a A. la noche anterior y que repitió a requerimiento de la madre (“el padre Guillermo me metió un pececito en el culito”), no hubo una narrativa libre de la niña sino una serie de preguntas sugestivas, donde la información fue incorporada por la adulta, respondiendo la niña a todas que sí, incluso cuando le formuló una pregunta compuesta con enunciados contradictorios (¿alguien más estaba?, ¿solo la llevaba ella?), donde la niña también respondió que sí. Según los jueces, J. contestó que sí “solo al último interrogante”, aunque no justificaron por qué razonaron eso (pág. 16/17, veredicto).
7. Seguidamente, los jueces valoraron la testifical de C. N. A., mamá de J., quien declaró sobre la revelación de la niña, la grabación, su evaluación médica y el tratamiento psicológico que realizó con Cardillo.
A. también dedicó gran parte de su exposición a describir diversos episodios que, en su opinión, eran demostrativos de los abusos que sufrió su hija pero que pudo entender o resignificar tiempo después. En igual sentido declaró el padre de J. y sobre este aspecto volveré, pues la defensa señaló que el tribunal los valoró como indicadores inespecíficos de ASI, asignándoles acríticamente la interpretación que le dieron los padres.
8. Según observaron los jueces, la propia A. admitió que su relato fue “desprolijo”, “porque mezclaba situaciones y tiempos” (pág. 17, veredicto).
No obstante, los datos que incorpora la testigo pueden contextualizarse mediante la declaración de otros testigos, y así se irá haciendo a lo largo de esta revisión, para una mejor comprensión de la cronología y en la medida que la defensa también reparó en algunos aspectos vinculados a esos acontecimientos y que -según denuncia en el recurso- no fueron examinados por el tribunal aun cuando eran relevantes para la reconstrucción de lo sucedido.
9. C. A. declaró que J. reveló el hecho el día anterior al que hizo la grabación. Dijo que estaba en la cama con su hija, leyéndole un cuento como era costumbre, que la niña abrió las piernas y corriéndose la bombacha le dijo “acá -señalándose la vagina- se pone caramelos, pescaditos". Ella “le pregunto´ ¿con quién estuviste jugando así? porque eso no se hace, ¿con la seño? respondió no, ¿con quién estuviste jugando? contestó con el padre Guillermo” (pág. 17, veredicto). Dijo que esperó que J. se durmiera y le contó lo sucedido a su esposo, quien le propuso que hiciera la grabación y así lo hizo la noche siguiente. Afirmó que ese fue “el primer relato que hizo J.” (pág. 18, veredicto).
Dijo que esa misma semana fueron al pediatra (un día miércoles) y también la revisaron en el hospital Posadas (el día jueves). Que cuando J. habló decidieron no llevarla más al jardín. Que “en ese interín papás de la escuela le preguntaban qué había pasado” (pág. 19, veredicto). Que esa misma semana (el viernes) les mandaron una carta documento del colegio.
9.1. Según veremos, se estableció mediante la práctica de la prueba que un grupo de madres del colegio conoció la manifestación que había hecho J. porque C. A. lo informó en un grupo de WhatsApp y esas madres fueron a pedir explicaciones al colegio. Que los directivos del colegio se reunieron con ese grupo de madres antes de mantener una reunión con J. Z. (papá de J.). Así lo manifestó el administrador Araoz y fue corroborado por la directora del jardín Silvana Tarzariol y la secretaria Silvana Gobet (págs. 63 y 70, veredicto). También declaró M. D., una de las madres que recibió el mensaje de Whatsapp y que estuvo presente en esa reunión (pág. 83, veredicto). Dijo que el mensaje lo envió la mamá de J. el día jueves por la tarde y la reunión en el colegio se realizó al día siguiente.
10. Más adelante, C. A. declaró que luego de realizar la denuncia acompañó a su hija al reconocimiento médico forense y “que la médica tomó nota, pero no le dijo nada” (pág. 25, veredicto). Este es un dato que también señala el recurrente para demostrar -junto al resto de sus argumentos- la insuficiencia probatoria del caso de la acusación.
El informe del cuerpo médico que se practicó a J. constató “[h]imen anular e íntegro, sin lesiones. Ano de tono conservado, sin lesiones" (pág. 27, veredicto).
10.1. En este punto, debo disentir con la respuesta que brinda mi colega preopinante, al decir “que la defensa no explica de qué modo le genera un perjuicio” que la acusación haya argumentado que pudieron darse “tocamientos rápidos”, “si resulta claro de la materialidad ilícita y la calificación legal que no se acusó al imputado de acceder el cuerpo de la víctima” y el tribunal aclaró que se había utilizado esa expresión como ejemplificativa de que algunos abusos “no requieren largos periodos para su consumación” (pág. 16 del voto que me antecede, si bien al tratar el agravio sobre la congruencia entre la acusación y la sentencia); o también cuando señaló -el Dr. Maidana- que la ausencia de lesiones específicas en el examen ginecológico de J. era “irrelevante” porque no se habían calificado los hechos como “abuso sexual con acceso carnal” (pág. 33 del mismo voto), pues esas respuestas desconocen que en la reconstrucción de los hechos I y II los jueces dieron por probado que Pulgarín “introdujo” en los genitales de J. “un elemento” que no pudo identificarse.
En ese sentido, constato que al momento de calificar los hechos como abusos sexuales gravemente ultrajantes, en los términos del art. 119, segundo párrafo, del Código Penal “conforme redacción de la ley 25.087”, los jueces observaron que “el anclaje legal tiene como norte la aplicación de la ley más benigna acorde a la fecha de los hechos” (pág. 95, sentencia) o, en otras palabras, que aun cuando estimaron probado que el acusado “introdujo” algún elemento en los genitales es de J., no cabía calificar los hechos como abuso sexual con acceso carnal de acuerdo a la actual redacción del art. 119, tercer párrafo, pues entró en vigencia en mayo de 2017.
Por lo demás, constato que el Dr. Maidana, al confirmar la calificación de los hechos como corrupción de menores, destacó que el tribunal dio por probado que los abusos se cometieron en el colegio y consistieron “en introducir en sus genitales un elemento”, frente a sus compañeros (pág. 36 del voto que antecede), y también valoró esa misma modalidad (“introducción en sus genitales de un elemento”) para estimar que esos actos fueron “prematuros” (pág. 37 del mismo voto), lo que muestra que el agravio que alegó la defensa no fue “irrelevante” desde la reconstrucción fáctica, como tampoco desde la significación jurídica que el tribunal adjudicó a los hechos, aun cuando no los haya calificado como “acceso carnal”.
11. C. A. declaró que “luego de la denuncia, llevaron a J. al consultorio de la Licenciada Car[d]illo, e inició un tratamiento con dicha profesional” (pág. 24, veredicto).
También aquí cabe contextualizar la declaración de A., porque así expuesta parece que la intervención de la psicóloga Ariana Cardillo fue inmediata a la revelación; mientras que la defensa alegó que se llegó a esa profesional tiempo después, por intermedio de un abogado y para confirmar el abuso sexual ante el resultado negativo de las pericias oficiales, donde la niña no había realizado ningún relato. Agregó que tampoco se trató de una terapia de más de un año, sino de pocos encuentros distribuidos en dos meses, con el objeto de constituir aquella prueba.
En lo que importa destacar, J. Z. declaró que “su hija realizo tratamiento psicológico con la Lic. Ariana [Cardillo], quien primero los entrevisto´ a ellos, a ambos padres. A la nena le gustaba ir a la terapia porque era todo mediante juego. Después de un tiempo, casi al año de asistir pudo contarlo” (pág. 32, veredicto). También declaró que “concurrieron con ella a Tribunales, recuerda tres o cuatro veces, donde J. fue atendida por la Lic. Cuadro”.
11.1. Para dar claridad a la cronología, constato: (i) que la denuncia penal se hizo en noviembre del 2017; (ii) que la psicóloga Ariana Cardillo inició su intervención a fines de septiembre de 2018 y (iii) Cardillo informó que J. reveló el hecho en una sesión en diciembre de 2018.
Antes de la intervención de Cardillo, la niña fue evaluada en sede judicial (se presentaron dos informes, en mayo de 2018 y agosto de 2018), donde J. no realizó ningún relato sobre el hecho. Ese dato no se encuentra controvertido y así lo expuso la fiscalía al alegar que la perita Cuadro “manifestó que no hubo relato” pero también que ello no era obstáculo para representar indicadores desde lo lúdico (pág. 43, acta debate).
11.2. En lo que interesa mencionar, Cardillo declaró que J. “llegó a su consultorio a fines del mes de septiembre del año 2018” y que “en primera instancia mantuvo una entrevista con sus papás, quienes llegaron por intermedio de un abogado conocido”. Cardillo dijo que cuando la recibió “ya tenía información de que la niña habría sido abusada y que tuvo entrevistas en el ámbito de la justicia” (pág. 33, veredicto). Agregó que realizó un psicodiagnóstico y respecto de las denuncias de ASI en el ámbito escolar, mencionó que era habitual que cuando se corría “la bolilla” en el colegio los padres consulta[ran] para saber si a sus hijos le pasó algo similar” (pág 33, veredicto).
Según el informe que presentó la psicóloga Ariana Cardillo y que valoró el tribunal, “en la sesión del 04/12/2018 la niña espontáneamente propone dibujar su secreto; al interrogar comenta que el mismo incluye a un nene grande del jardín, llamado Guillermo que le tocó la cola y le puso un pescadito en la chunchi (señalando al relatar la zona genital). Explicita que el lugar en que tuviera lugar el hecho sería la sala de música del colegio, en un momento en que la docente se encontraba ausente, aunque no así sus compañeros” (pág. 39, veredicto).
12. En mi opinión, los jueces simplificaron las objeciones que hizo la defensa en este punto, pues se limitaron a responder, en resumida síntesis, que no valoraban el informe practicado por Cardillo como una pericia, sino como parte integrante de su declaración (pág. 42, veredicto).
La prueba que se practicó en el debate reflejó, desde una primera aproximación, que los datos que invocó la defensa contaron con una mínima actividad probatoria y, en ese sentido, debieron incluirse en el examen del tribunal al confrontar las hipótesis en conflicto.
En efecto, hasta aquí, vimos que luego del primer relato de J. a su madre (de baja calidad informativa conforme las preguntas indicativas que se le hicieron) y frente a la denuncia de que el acusado habría introducido algún elemento (no determinado) en sus genitales, se le realizó un examen médico-ginecológico a la niña y no se constató lesión compatible con esa modalidad de abuso. También que fue evaluada en sede judicial en más de una oportunidad, donde mediante la aplicación de técnicas adecuadas de abordaje J. no realizó ningún relato libre. Posteriormente, por derivación de un abogado, los padres llegan a la consulta de la psicóloga Cardillo con el objeto de constatar si la niña había sido víctima de ASI. Así lo explicó Cardillo en su declaración, en el tramo que se transcribió más arriba.
13. En lo que importa destacar, la psicóloga Susana Cuadro, perita oficial, declaró en el debate que “el relato es indicador específico -y J. no hablaba-. Todo lo que tenía surgió por el relato inespecífico que brindaron los padres” (pág. 44, veredicto).
Ciertamente, conforme lo valora el tribunal, en el segundo informe que realizó la perita Susana Cuadro expuso diversos episodios que podrían resultar indicadores inespecíficos de ASI (como enuresis, reticencia de la niña a ingresar al jardín o masturbación), pero también señaló -en el mismo informe- que esa información fue brindada por los padres (pág. 45, veredicto).
En ese sentido, las fuentes de información continuaron siendo los padres y la conclusión de la perita fue que no pudo constatar un indicador específico de ASI.
14. Cabe aquí reparar en los episodios que relataron C. A. y J. Z. en el juicio, pues si bien algunos podrían ser indicadores inespecíficos compatibles con ASI -conforme informó la perita oficial-, otros fueron asociados con los hechos denunciados por los mismos testigos, mediante interpretaciones puramente subjetivas y, bajo esas condiciones, no pueden tener el valor corroborante que les asigna el tribunal.
15. C. A. relató diversas situaciones que, en su opinión, eran demostrativos del abuso sufrido por su hija, pero que recién pudo entender después de la revelación: dijo que unos dos meses antes de la revelación, J. no quería ir al jardín; que una vez se cruzaron con Pulgarín en el supermercado, que J. no lo quiso saludar y se escondió detrás de ella; que la niña vio un folleto de la escuela donde los sacerdotes estaban vestidos con ropas religiosas y dijo que el padre Guillermo usaba vestido y un short; que J. se metía debajo de la mesa y se enojaba seguido, y eso era algo inhabitual en ella; que antes de bañarse, se sentaba en el inodoro y “se frotaba la vagina como limpiándose con mucho papel higiénico” (pág. 21, veredicto). En definitiva, dijo que hoy entendía que J. trataba de decirles algo.
También recordó otros episodios posteriores a la denuncia: dijo que, a principios del año 2018, J. se quedó encerrada en una casita de madera del parque de su casa y comenzó a gritar y llorar, diciéndole que se acordaba de algo que pasó con el padre Guillermo. Agregó que luego de la revelación, el papá de J. le trajo una golosina con forma de gusanito, la niña se lo puso en la boca y lo escupió, preguntándole por qué hacía eso y respondió que el padre Guillermo tenía un gusanito de verdad y otro de mentira, que el de mentira se lo ponía en la frente y “el de verdad se lo ponía en la chucha” (pág. 20, veredicto).
16. El tribunal valoró la declaración de J. Z., en similar sentido, en cuanto a los episodios que resignificaron luego de la revelación.
No obstante, observo que el testigo inició su declaración recordando que unos meses antes de realizar la denuncia (incluso antes de las vacaciones de invierno del 2017), su hija le había dicho a él que “Pocho en el baño -del jardín- le hacía cosas chanchas” (pág. 26, veredicto), dato que -en mi opinión- debió llevar a los jueces a profundizar el análisis de la eficacia probatoria de la manifestación que J. había realizado a su madre, en particular porque la fiscalía alegó que el mencionado “Pocho” era una persona distinta a Pulgarín (dijo que la niña “hizo mención a circunstancias vividas con el padre Guillermo, mencionando también a un tal Pocho, que no sabemos quién era”, pág. 31, acta de debate).
Al contrario, el tribunal directamente omite ese dato y establece, más adelante, que “respecto de la identidad del abusador (…) J. siempre mencionó a un solo autor de los hechos que damnificaran, el aquí imputado Guillermo Leon Pulgarín Acevedo” (pág. 48, veredicto).
17. Seguidamente, J. Z. explicó que luego de la revelación de J., y como “recientemente había escuchado a un psicólogo en televisión que decía que cuando un niño no quiere decir algo o no puede exteriorizarlo en palabras, podía dibujar, entonces, poniendo en práctica ese consejo le dijo a J. que dibuje” y “que el dibujo que hizo su hija era como un hongo con una cabeza” pero “era un pene” (pág. 26, veredicto). Los jueces valoraron que el testigo manifestó que era un pene “en medio de una crisis de angustia y llanto” y se preguntó “¿qué hace mi hija de 4 añitos dibujando un pene?” (pág. 26, veredicto).
Ya señalé que no cabe dudar del convencimiento de los padres de J. al exponer su relato, ni de su genuina preocupación ante la sospecha de que su hija habría sido víctima de ASI. No obstante, la valoración de la prueba por parte de los jueces exige la justificación racional de los enunciados fácticos que da por probados y, bajo esas condiciones, debieron examinar seriamente el potencial informativo de las interpretaciones que hicieron los adultos, ciertamente subjetivas y carentes de cualquier rigor científico. Por lo demás, la notoria conmoción que reflejaron los padres al declarar (y que destacan los jueces en varios tramos del veredicto) no son datos que por sí mismos se pueda valorar como prueba de la hipótesis acusatoria. Recuerdo que la inmediación (es decir, la percepción directa de la prueba en el juicio oral) no resulta un antecedente suficiente para realizar un juicio de apreciación sobre la veracidad del relato de los testigos.
18. En lo que importa mencionar, Z. relató la misma secuencia que A. sobre la golosina con forma de gusanito y de la cabaña de madera que había en el parque de la casa. Agregó que J. se hacía pis y caca, que se metía debajo de la mesa, tiraba cosas, se tocaba sus partes y tenía pesadillas (pág. 30/31, veredicto).
19. Corresponde revisar el razonamiento seguido por el tribunal para establecer que J. sabía cómo era la habitación del acusado, pues sobre este punto las partes discutieron en el juicio y dieron explicaciones diversas.
Según la acusación, ese dato era un claro indicio de cargo, pues argumentó que la niña solo podía describirla si había estado en ella.
En lo que importa destacar, los jueces valoraron la declaración de C. A. cuando expuso que la niña le contó “que el Padre Guillermo dormía en la escuela y lo ubicó en la sala, en el baño y en la sala de música. Con sus palabras le explicó que en alguna ocasión estaba sola con él y en otras estaban sus compañeros también. Su hija mencionaba una escalera, una pieza que tenía una cama dura con una manta de colores y dibujos” y que no podía entender como su hija sabía esos detalles (pág. 21, veredicto).
Seguidamente, los jueces observaron que las fotos incorporadas como prueba al debate daban cuenta de cómo era la habitación de Pulgarín y reflejaban una manta a cuadros de colores y dibujos realizados por niños pegados tanto en la puerta de ingreso como en la pared (pág. 22). Agregaron que los niños no tenían acceso a esa zona, a la que se accedía por escaleras.
20. La defensa respondió el argumento de la fiscalía en la discusión final del debate: dijo que el único relato que se tenía de la niña era el del video y allí no mencionaba ninguna habitación, ninguna escalera o dibujos. Que tampoco lo mencionó a la psicóloga Cardillo, sino que fueron los padres de J. quienes incorporaron esos datos. La defensa recordó que fue Araoz “quien le describió a las madres (…) cómo era el cuarto” y que el propio testigo explicó que “fue una imprudencia” de su parte porque eso fue lo que “se trasladó, haciéndose eco de ello” (pág. 48/49, acta de debate).
Ese argumento no estuvo desprovisto de todo respaldo probatorio. En efecto, Ariel Araoz (director y administrador del colegio en el año 2017) declaró en el juicio y, en lo que importa mencionar, dijo que el día jueves se enteró por la directora del jardín que un grupo de madres estaba preocupado porque se habían enterado que el padre Guillermo habría abusado de una niña y pidió que organizaran una reunión con las madres para el día siguiente (se trata de la misma semana que relató la madre de J.).
Araoz declaró que en esa reunión “le dijeron que una madre había dicho que el padre Guillermo había abusado de la hija, que la había llevado a la niña a su habitación, que la niña les habría contado a los padres que era una cama grande como la de papa´ y mama´. Admitió en el debate que cometió una imprudencia porque les dijo a las madres que las habitaciones son pequeñas, entraba solo una cama pequeña, un escritorio y un placard, que era imposible que entre una cama grande” (pág. 56, veredicto).
Según el veredicto, Araoz fue interrogado sobre las colchas que había en las habitaciones y dijo “que todavía existen algunas, son tejidas con flecos y son de lanas (rojas, verdes y azules), las trajo un hermano desde Chile. A los padres en la reunión les dijo que la cama era pequeña y que si´, es verdad, tenían esas colchas” (pág. 56, veredicto).
21. Los jueces cuestionaron en duros términos al testigo Araoz, en este tramo en particular, pues dijeron que no cometió ninguna “imprudencia” al describir cómo era la habitación, sino “que en realidad fue un acto de defensa” de Pulgarín, pues observaron que “incluso sin haber escuchado a los padres de la niña y en un claro intento de justificar lo injustificable”, no se preguntó cómo una niña podía dar detalles de la habitación y no reparó en invalidar sus dichos (los de J.) “fundado en que la cama era más pequeña” de lo que describió la niña de cuatro años (pág. 57, veredicto).
Sin embargo, eso no fue lo que razonó el testigo, ni surge de su declaración, sino que recordó -frente a preguntas de las partes- lo que respondió a las madres en la reunión cuando le informaron sobre el posible abuso de la niña en una cama “grande como la de mamá y papá”.
Como dije, ese dato no estuvo desprovisto de todo respaldo probatorio, pues al juicio también fueron convocadas algunas madres del jardín. Según el tribunal, esas testigos “poco suman -o restan-” a la valoración de la prueba, pues se centraron en cuestionar a los padres de J.
No obstante, constato que Silvia Ortiz declaró que la mamá de J. la fue a buscar y le mostró el video. También recordó la reunión que tuvieron con Araoz, junto a otras madres y, en particular, cuestionó a los padres de J. porque “cambiaron su versión”, primero hablaban de una cama de dos plazas, una cama grande y después comenzaron a mencionar una cama más chica. Recordó que “lo que se decía era que el padre Guillermo sacaba a la nena y la llevaba a la cama grande, después decía que en la cama chica” (pág. 83, veredicto). En cualquier caso, lo que trato de señalar es la arbitrariedad con la que los jueces descalifican la testifical de Araoz, pues no controvierten la existencia de la reunión con las madres del colegio, tampoco que en esa reunión Araoz haya mencionado cómo eran las habitaciones de la zona de clausura al ser informado sobre la versión que circulaba en el grupo de madres; sino que objetan las intenciones del testigo, pues -según los magistrados- habría mencionado esa información para defender a Pulgarín e invalidar los dichos de la niña.
Los jueces tampoco controvierten la credibilidad de la testigo Silvia Ortiz, solo concluyeron que su declaración “poco suma[ba] (o resta[ba])” a la valoración realizada (pág. 84, veredicto). En ese sentido, no se refutó que -en aquel entonces- existieron diferentes versiones sobre la descripción que J. habría hecho a sus padres. En definitiva, también en este punto existe una duda (objetiva, que surge de la evidencia) sobre cuál era y cómo circuló la información sobre la habitación del acusado, pues el tribunal no refutó que en esa reunión se conversó sobre el tema.
22. La defensa señaló que las testigos que convocó al debate y que informaron sobre cómo era el control sobre los niños y niñas que concurrían al jardín, permitían inferir que los hechos no pudieron cometerse en las circunstancias fácticas que sostuvo la acusación. Agregó que esas testigos no fueron controvertidas como fuentes fiables de información por la acusación, ni por el tribunal.
En ese sentido, el personal docente y administrativo, como también las porteras que se desempeñaban en el jardín en el turno tarde, coincidieron en señalar cómo eran las medidas de cuidado y control sobre los niños y niñas en el horario escolar, en cómo se ingresaba al jardín y, en particular, cómo lo hacía el padre Guillermo. También coincidieron al declarar sobre el protocolo que se cumplía en caso de amenaza de bomba.
23. En lo que importa destacar, la testigo Silvana Tarzariol (directora del jardín), explicó “cómo se comportaba el padre Guillermo cuando iba al Jardín debía tocar timbre para entrar”; dijo que “el docente no podía dejar la sala, si estaba con el profesor de música y gimnasia, siempre tenía que estar la docente de sala. El padre Guillermo permanecía al lado de cada docente cuando estaba en las salas, visitaba todas las salas cantaba una canción y se iba. A veces iba día por medio, a veces un solo día, a veces a la tarde, a veces a la mañana" (pág. 65, veredicto).
Tarzariol respondió “que el sacerdote no podía movilizar a una criatura”, porque las puertas de ingreso al área del jardín tenían pasadores en la parte de arriba, agregó “que si se trasladaba con una nena era visible, tienen los baños cerca, está la preceptora” (pág. 65, veredicto).
Consideró que “sacar una criatura en el momento de sala, pasarla por el pasillo, sacar el cerrojo, y llevarla fuera era casi imposible, que no podía creer que hubiera pasado una cosa así” (pág. 65, veredicto).
Explicó que las llaves del jardín estaban en un llavero. Que a la mañana abrían las puertas del jardín y el manojo de llaves quedaba en la cocina. Cuando terminaba el día las llaves quedaban en un tablero debajo de una escalera del edificio de la primaria, hasta el día siguiente. Que esa rutina se cumplió durante los treinta años que trabajó en el jardín (pág. 66, veredicto).
También explicó que cuando los niños iban al baño tardaban cinco minutos, si se encontraban con otro niño unos veinte minutos y que la docente avisaba para que los busquen si se demoraban. Dijo que en el año 2017 hubo amenazas de bomba y explicó el protocolo: “les avisaban y la portera abría las puertas para dirigirse al campo -es el parque que está situado detrás del jardín y que comunica con la escuela primaria-. Trasladaban a todos los niños junto con los docentes y preceptoras, en el campo hacían rondas. Con el portero se quedaban los sacerdotes y personal de maestranza, cruzaban el campo y se instalaban debajo de los árboles, la maestra sacaba una lista y se iba llamando a las familias. La portera y ella iban y venían varias veces para ir entregando las bolsitas” (pág. 68, veredicto).
Finalmente, “explicó que para llegar a la primaria hay que salir del jardín, donde termina el edificio de primaria doblan, ahí está secretaría, se toca un timbre para entrar a primaria, cierran la puerta y hay una escalera que lleva al lugar de los sacerdotes” (pág. 69, veredicto).
24. Por su parte, Silvana Gobet, secretaria del jardín, explicó que los niños y niñas eran recibidos por la directora o por ella, que luego permanecían en las salas con sus maestras y cuando tenían una actividad especial, como música o educación física, eran acompañados por la maestra o alguna preceptora, quienes debían permanecer con el curso.
Dijo que la docente acompañaba a los niños hasta la puerta del sanitario o los miraba cuando se dirigían solitos, porque “está ahí, van directamente, pero siempre están con 'el ojo largo'” (pág. 70, veredicto).
Expuso que por “protocolo un adulto no debería trasladar a un niño sacándolo del jardín, para ella era imposible, porque debería haber alguien que abriera la puerta” (pág. 71, veredicto). Dijo que “el padre Guillermo iba de visita [al jardín], tocaba el timbre, abría la portera o una de ellas. No había día preestablecido, iba directo a las salas, visitaba cada una un ratito, saludaba, cantaba alguna canción y se iba a otra sala, en alguna oportunidad en la sala de maestros se tomaba un cafecito. Podría haber ido a la sala de música, aunque ella no lo vio, no estaba prohibido” (pág. 72, veredicto). También recordó el protocolo que seguían en caso de amenaza de bomba. Dijo que debían evacuar, que las docentes con los niños iban al parque grande, hacían rondas y los directivos constataban que no quedara ningún niño dentro del jardín. Agregó que, si bien no los vio, los bomberos recorrían todo (pág. 73, veredicto).
25. En particular, las porteras del turno tarde Sabrina Colla y Paola Jordan “contaron que el padre Guillermo a veces iba todos los días, otras dos o tres veces por semana, cantaba una canción, a veces tomaba un café. Tocaba timbre en la puerta principal, cuando salía cerraban la puerta”. Dijeron que la maestra acompañaba a los niños en la sala de música y se quedaba con ellos; también recordaron, según el veredicto, que fue una época de amenazas de bombas, que evacuaban a los niños por grupos con sus docentes, se trasladaban cerca de los árboles y “los directivos constataban que no quedara nadie” (pág. 78, veredicto).
26. Yésica Alarcón, docente de la sala de cuatro años a la que concurría J. en el año 2017, declaró que el padre Guillermo visitaba las salas, saludaba y cantaba una canción con ella y los niños. Afirmó que los niños del jardín no iban al edificio donde funcionaba la primaria. Que para ir al baño, los niños pedían permiso y si tardaban, ella pedía ayuda a una preceptora o a un directivo. Expuso que a las horas especiales los niños concurrían con ella y si necesitaba salir por algo urgente, como ir al baño, se quedaba un directivo en la sala. Dijo que J. iba sola al baño, que estaba al frente. Agregó que las puertas de ingreso al jardín tenían llave y trabas.
27. El tribunal también valoró la declaración de Gladys Gareis, personal de limpieza de la zona de clausura (ubicada en el primer piso del edificio de la primaria), cuando dijo que cumplía horario de 7.00 a 15.00, y destacaron que, entonces, no se encontraba presente durante todo el horario vespertino del jardín de infantes.
28. Ahora bien, ya vimos que las testigos no fueron cuestionadas como fuentes fiables de información ni por la acusación, ni por el tribunal.
En ese sentido, los jueces resumieron que cada una de las testigos dio “razón de la función que cumplían dentro del colegio, de las rutinas que se llevaban a cabo y de los recaudos que tenían en el cuidado y enseñanza de los alumnos” y “también mencionaron la imposibilidad de que lo denunciado sucediera frente a ellos”, pero que “en definitiva trataron de 'autoconvencerse' de que ello no podía suceder” (pág. 81, veredicto); razonamiento que solo expone una opinión de los jueces sobre las conclusiones de las testigos pero que -en términos probatorios- no refuta los datos fácticos que incorporaron relativos al funcionamiento del jardín y, en particular, cuando afirmaron que los abusos no pudieron cometerse frente a ellas.
Bajo esas condiciones, el tribunal razonó que Silvana Gobet coincidió “con el resto del personal sobre el protocolo que se implementaba cuando llegaba una amenaza de bomba a la institución, procedimiento que seguramente se trataba de llevar a cabo de la forma más diligente posible pero que no podía ser de manera alguna sencillo ni pacífico atento la gran cantidad de alumnos, docentes, empleados y sacerdotes que a diario se encontraban en el predio. Esto último da cuenta de que existía la posibilidad de que algún niño quedara en las salas, de allí el rondín que realizaban una vez evacuados todos, como así también la apertura de todos los accesos a los distintos edificios para que los bomberos efectuaran el recorrido. También se explicó que los niños permanecían juntos en el gran parque donde eran llevados y que docentes, preceptores y sacerdotes también lo hacían No imagino como hacían cuando uno, dos o tres niños solicitaban ir al baño, lo que podía acontecer si se tiene en cuenta que eran muy pequeños y seguramente situaciones como éstas los asustaban o los alteraban. No resulta difícil la esta altura inferir que esta era una oportunidad en la cual el 'el ojo largo' al que hiera referencia la testigo no hubiera alcanzado para impedir la ocurrencia de los hechos traídos a juicio” (pág. 74, veredicto, el destacado me pertenece).
29. En mi opinión, el razonamiento del tribunal en este tramo del veredicto muestra la dimensión de las conjeturas que debieron construir a fin de dar por probada la hipótesis acusatoria, a pesar de la información que introdujeron las testigos mencionadas. En efecto, si las puertas de ingreso al jardín permanecían cerradas con llave y pasador durante el horario de clase; si el ingreso del acusado al jardín solo era posible cuando tocaba timbre y la portera abría la puerta; si dentro de los salones, incluidos los de las clases especiales (como música y educación física) los niños y niñas permanecían junto a una docente o eventualmente una preceptora; si cuando el acusado visitaba las salas del jardín, la maestra estaba presente; entonces los jueces debieron formular una explicación que les permitiera sostener que los abusos pudieron cometerse, manteniendo la configuración fáctica que imputó la acusación.
Bajo esas condiciones, razonaron que la oportunidad para cometer los delitos podría haberse dado durante una amenaza de bomba, pues "existía la posibilidad de que algún niño quedara en la sala" o, en las mismas circunstancias, quedara fuera del control docente si tenía que ir al baño.
Los jueces dieron por probada esa posibilidad porque la directora dijo que hacía un rondín para constatar si había quedado algún niño (cuando había amenaza de bomba) y porque además "no imaginaban" -los magistrados- cómo harían los docentes en caso de que alguno o varios niños quisieran en ese momento ir al baño, afirmando -en definitiva- que no era difícil "inferir que esta era una oportunidad en la cual el 'el ojo largo' al que hiera referencia la testigo [Gobet] no hubiera alcanzado para impedir la ocurrencia de los hechos traídos a juicio" (pág. 74, veredicto).
Este razonamiento presenta serios déficits, porque en rigor no corrobora empíricamente ninguno de los enunciados fácticos que establece, sino que encadena una serie de conjeturas, sobre datos que -además- fragmenta o descontextualiza.
En efecto, frente a la evidencia que le impedía probar que el acusado pudo estar a solas con la niña en alguna sala del jardín durante el horario de clases, como también que haya podido sacarla del edificio donde funcionaba el jardín, sin ser advertido por el personal; el tribunal asumió que los abusos podrían haberse cometido durante una amenaza de bomba, pero sin explicar tampoco cómo el acusado, bajo en esas condiciones, pudo permanecer en la sala de música con J. o pudo llevarla hasta la zona de clausura, sin ser advertido por algún docente, directivo, preceptora o por los bomberos que recorrían y revisaban las instalaciones.
Esa explicación tampoco se hace cargo de que, conforme la hipótesis que se dio por probada, el abuso cometido en el salón de música se realizó frente a otros niños. En ese sentido, ya vimos que, al momento de tratar la calificación legal, los jueces valoraron que "uno de los hechos" se cometió en el área de clausura y "el restante suceso tuvo lugar frente a otros niños" (pág. 97, sentencia).
Finalmente, tampoco es posible utilizar como una justificación racional la expresión que usó Silvana Gobet al explicar cómo controlaban a los niños cuando iban solos al baño ("con el ojo largo", dijo), pues se refirió al momento habitual de clases, cuando los niños iban solos al baño desde la sala y tardaban pocos minutos (en modo similar al que explicaron el resto de las testigos).
De ello no cabe inferir que, durante una amenaza de bomba, donde los niños y niñas eran evacuados por razones de seguridad al parque, mientras los bomberos registraban el edificio, la maestra dejara que algún niño fuera solo al baño ubicado en el jardín y lo controlara "con el ojo largo". Ni la acusación alegó algo semejante. La propia hipótesis que plantea el tribunal tampoco repara en que las medidas que se cumplían por protocolo en caso de amenaza de bomba (rondín para constatar que no haya quedado ningún niño dentro del edificio, "como así también la apertura de todos los accesos a los distinto edificios para que los bomberos efectuaran el recorrido", pág. 74) justamente permiten inferir lo contrario a lo establece el veredicto: primero, difícilmente un niño podría haber quedado solo en el jardín durante una amenaza de bomba, pues para evitar ese riesgo se hacía el rondín o, en otras palabras, su finalidad era que todos los niños fuera evacuados; y segundo, porque si los bomberos recorrían los edificios, difícilmente fuera un momento oportuno para cometer el abuso sexual.
30. Observo que la defensa advirtió las deficiencias probatorias del caso de la fiscalía, no solo sobre la baja o nula probabilidad de que los hechos pudieran ocurrir en las circunstancias fácticas que alegó la acusación, sino porque a diferencia de lo que ocurría habitualmente en los casos de ASI (que se consuman en el ámbito de la intimidad), la configuración fáctica que sostuvo la fiscalía debió dejar algún circunstancial testigo o rastro corroborable empíricamente.
En ese sentido, recuerdo una decisión sobre los hechos no depende del convencimiento subjetivo del juzgador (ello es irrelevante desde el punto de vista de la justificación). La decisión tiene que ser capaz de explicar, mediante criterios racionales, que los enunciados fácticos que describen los hechos que se declaran probados sean verdaderos (es decir, que se correspondan con lo ocurrido en el mundo) y, a la vez, que no se declaren como probados enunciados que son falsos. También recuerdo que en términos de suficiencia de la prueba, la comprobación de la hipótesis acusatoria cuenta con un estándar de exigencia mayor que el de la hipótesis alternativa de la defensa -si se presenta-, pues la acusación debe comprobar la culpabilidad más allá de toda duda razonable y solo así será adecuada para derribar la presunción de inocencia que protege al imputado.
En definitiva, en el caso concreto, la hipótesis acusatoria no logra refutar -como plausible- la hipótesis explicativa que sobre los mismos datos dio la defensa y que aparecen compatibles con la inocencia del acusado.
Por ello, corresponde casar el fallo recurrido y absolver a Guillermo León Pulgarín Acevedo con relación a los hechos imputados, pues el examen de la prueba valorada por el tribunal revela que ella es insuficiente para fundar una condena.
31. En orden a las consideraciones formuladas, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto, casar la sentencia recurrida y, consecuentemente, absolver a Guillermo León Pulgarín Acevedo en el presente proceso, sin costas; siendo innecesario el tratamiento del resto de las cuestiones planteadas. Disponer la inmediata libertad del nombrado, la que deberá ser instrumentada a través del Tribunal en lo Criminal nro. 3 de Morón, en caso de no mediar impedimento legal alguno (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; art. 54, 55, 119 párr. primero, segundo y cuarto apartado "b" -conf. ley 25.087- y 125 tercer párrafo, a contrario sensu, Cód. Penal; 106, 209, 210, 448, 451, 454, 456, 459, 530 y 531 CPP), y a esta cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Violini, dijo:
Adhiero al voto del doctor Carral, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
I. Declarar admisible la impugnación deducida.
II. Hacer lugar, por mayoría de votos, al recurso de casación interpuesto, sin costas.
III. Casar la sentencia recurrida y absolver a Guillermo León Pulgarín Acevedo en el presente proceso.
IV. Disponer la inmediata libertad de Guillermo León Pulgarín Acevedo en la presente causa, la que deberá ser instrumentada por el Tribunal en lo Criminal nro. 3 de Morón, en caso de no existir otras medidas restrictivas de la libertad a su respecto.
V. Regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes, Dres. Martín Alejandro Sánchez (T° XXXIII, F° 97, CASI) y Diego Hernán Ferrari (T° XXIV, F° 353, CASI) en la suma del veinticinco por ciento (25 %) de lo regulado en la instancia, por la labor desarrollada ante esta sede.
Rigen los artículos arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14.5 del PIDCP; 8.2.h de la CADH; 14, Ley 48; 15, 168 y 171, de la Constitución Provincial; 5, 12, 29 inc.3º, 40, 41, 45, 54, 55, 119 párrafos primero, segundo y cuarto apartado "b" - conf. ley 25.087 - y 125 tercer párrafo del Código Penal, y 371, 372, 373, 375 y 530 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires; 16 y 31, ley 14967. Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia