Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 37291-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
15449/2024 PULIAFITO ANTONIO Y OTRO (TF 37291-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 14 de abril de 2026.- RDS
Que a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII- 97, y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S., Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más). En tales condiciones, cabe señalar que en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos: 341:1063), sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/17 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (v. Cons.
3. y 4° del voto mayoritario).
Dicho criterio ha sido mantenido en fecha reciente por el Máximo Tribunal en los autos “New Model International School SA c/ Centro Comercial Miguel Cané SA s/escrituración”, expte. CIV 010263/2015/3/RH002, sentencia del 10/06/2025.
Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados -conf. resol. 448/2016 y lo resuelto con fechas 07/02/2024 y 20/12/2024-; atento el mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos desarrollados durante las etapas del pleito cumplidas; corresponde confirmar -en lo que fue materia de recurso- los emolumentos fijados con fecha 24/06/2025 –puntos 1°) y 2°)–, en favor de la dirección letrada y representación de las coactoras y demandada; respectivamente (arts. 6, 7, 8, 9, 10, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido y el modo en que se impusieron las costas, corresponde regular en la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($129.474,80) - equivalente a 1,40 UMA-; los emolumentos del DR. JAVIER LEONIDAS ANGELETTI, letrado apoderado, actuante en la defensa de la actora, los que se encuentran a cargo de la demandada; y asimismo regular en la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS ($92.482) –equivalente a 1 UMA-, los honorarios del DR. EXEQUIEL AUGUSTO DI COSIMO, letrado apoderado, actuante en la defensa de la demandada; los que se encuentran a cargo de la actora (arts. 20, 24, 29, 30, 44 inc b) y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
esta Sala in re "Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.-
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MARQUEZ MARIA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia