Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 37291-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar las apelaciones deducidas por el señor Puliafito y por el Fisco Nacional, debiendo cada apelante cargar con las costas de esta instancia judicial relativas a su presentación recursiva.
Como consecuencia de lo así resuelto, se confirma, en cuanto fue motivo de agravio, el pronunciamiento dictado el 7/2/2024 por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2024.-
VISTOS estos autos 15.449/2024 caratulados “Puliafito Antonio y otro (TF 37.291-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
1500-2012”, que se tienen a la vista en soporte papel, surge que, mediante acta Sección V - PTM 465/2012, labrada en zona primaria aduanera de la Aduana de Mendoza, se dejó constancia que, en oportunidad del control físico y documental de la destinación de importación a consumo “12 038 IC04 008713 T”, registrada por el señor Antonio Puliafito mediante su despachante de aduana, el señor Rubén Rodríguez, que tramitara inicialmente por canal verde de selectividad, atento al alerta ADO 6566/2012, pasó al canal rojo, producto del tipo de mercadería sensible conforme lo normado por disposición AFIP 36/2006 (fs. 1/2).
En esa oportunidad, se habría constatado:
-un faltante de treinta unidades de radiadores modelo “PR395 1A” (valor FOB total: U$S964,20) y cuarenta unidades de radiadores modelo “PR343 2E” (valor FOB total: U$S593,60);
-un sobrante de dos unidades de radiadores modelo “PPY33 1A" (valor FOB total: U$S55,80) y quince unidades de radiadores modelo “PR343 1D” (valor FOB total: U$S207,60); y -veintiocho unidades de radiadores modelo “Y31-
31BAB” sin documentar, por un total de U$S781,20.
Examinadas tales circunstancias, el área actuante indicó que las inexactitudes advertidas implicarían una infracción al artículo 954, apartado 1°, literales a), b) y c), del Código Aduanero; ello por tratarse de respuestos para vehículos automóviles incompletos, con las características esenciales del artículo completo, en los términos de la Regla General Interpretativa 2.A, correspondiendo a la posición arancelaria “8708.91.00.100H”, la cual contaba con un tratamiento previo a la importación (licencias no automáticas).
Con asiento en lo informado, dada a la existencia de mercadería sobrante, faltante y con tratamiento previo para su importación (licencias no automáticas) involucrada en la destinación “12 038 IC04 008713 T”, por acta Secc. V 157/2012, la Aduana de Mendoza formuló denuncia contra los señores Antonio Puliafito y Rubén Rodríguez por presunta infracción al artículo 954, apartado 1°, literales a), b) y c), del Código Aduanero (fs. 5).
Luego, en cuanto aquí interesa resaltar, por resolución 710/2013 (fs. 15/18), del 22/8/2013, la Aduana de Mendoza dispuso instruir sumario contra los señores Puliafito y Rodríguez por presunta infracción al artículo 954, apartado 1°, literales a), b) y c), del Código Aduanero (conf. su artículo 1°), ordenando correrles vista de lo actuado en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero (conf. su artículo 4°).
Por despacho del mismo 22/8/2013, se corrió vista de lo actuado a los señores Puliafito y Rodríguez por presunta infracción al artículo 954, apartado 1°, literales a), b) y c), del Código Aduanero, al fin que ejercieran su derecho de defensa y ofrecieran toda la prueba de la que intentaran valerse, haciéndoles saber que el monto de la multa mínima a abonar era de $7542,86, así como también que los tributos adeudados en concepto de diferencias producto de la fiscalización practicada, ascendía a $3752,74 (fs. 22).
El señor Puliafito presentó su descargo (fs. 36/39). Por dicha presentación:
-negó que la mercadería sobrante fuera de su propiedad o bien que resultara responsable por aquella;
-negó que los faltantes le resultaran imputables;
-se opuso al hecho que el cambio de criterio en cuanto a la clasificación arancelaria de los paneles hubiera importado una transgresión de una prohibición a la importación;
-rechazó el pretendido pago de tributos adicionales a abonados al momento de registrar el despacho de importación.
Postuló que, independientemente del criterio que en definitiva se adoptase respecto de la clasificación arancelaria de la mercadería bajo trato, que, hasta ese entonces, fue subsumida bajo la propuesta por su despachante de aduana, correspondía su sobreseimiento en los términos de los artículos 895 y 902 del Código Aduanero.
Explicó que la pretendida licencia no automática, previa a la solicitud de destinación definitiva de importación -que debía ser presentada como documentación complementaria-, no constituía una “prohibición" sino una "restricción", por manera que mal pudo entenderse que, en el caso, se hubiera verificado el tipo infraccional normado por el artículo 954, apartado 1°, literal b), del Código Aduanero; máxime ante la prohibición de interpretar analógicamente la figura reprochada, ello según lo previsto en el artículo 895 del Código Aduanero.
Manifestó que de la compulsa del despacho de importación y su documentación complementaria, en especial del packing list, surgiría que si bien ingresaron a depósito 473 bultos, el UTV halló en el mismo, al momento de la verificación, solamente 461 bultos. Explicó que de la diferencia entre faltantes y sobrantes (con exclusión del excedente de veintiocho paneles “Y31-31BAB”, que no figurarían entre los bultos marcados y que no podrían serle atribuidos), surgía que, en lugar de encontrarse la cantidad de 1220 unidades de producto, se habría constatado la existencia de 1167 unidades; de lo que, en su entendimiento, se desprendería que ni los sobrantes ni los faltantes, le resultaban imputables a su parte, sino, en todo caso al depositario. Con asiento en tales circunstancias, alegó que mal podía serle imputada una inexactitud en su declaración aduanera en cuanto a cantidades ni los resultados tipificados en los apartados a) y c) del artículo 954 del Código Aduanero, correspondiendo, por tanto, su sobreseimiento.
Luego, en lo que respecta al reclamo tributario, hizo hincapié en la diferencia de bultos; en desconocer la titularidad de las veintiocho unidades con número de serie “Y31-31BAB”, que no podía serle atribuida por no haberse correspondido con ninguno de los paquetes marcados según el packing list; en que la cantidad de unidades que fueron verificados (1195 computando los sobrantes de titular desconocido y 1167 excluyéndolo), resultaba ser menor a la cantidad total de unidades de mercadería declarada y pagada (1220); y en que, independientemente de la clasificación arancelaria que se asignara a la mercadería, el nivel arancelario resultaría ser el mismo que el resultante de lo declarado. Explicó que, en tanto pagó tributos en demasía, el reclamo tributario resultaba improcedente.
Por lo expuesto, el señor Puliafito solicitó su sobreseimiento, así como la desestimación del reclamo tributario. El señor Rodríguez también presentó su descargo (fs. 40/42), sosteniendo, en términos análogos a los formulados por la importadora, que el cambio de criterio arancelario de parte de la autoridad aduanera, en modo alguno pudo importar una transgresión de una prohibición a la importación, así como tampoco podía resultar responsable de los faltantes o sobrantes respecto de la declaración fiscalizada. Asimismo, postuló haber efectuado las declaraciones conforme la documentación suministrada por el importador, y que los bultos se perdieron o fueron cambiados dentro del recinto del depósito fiscal, lo que resultaba ajeno a su responsabilidad.
Por providencia del 10/12/2014, el titular de la Aduana de Mendoza, tras advertir que al correrse vista a los imputados, se consignó, por un error involuntario material, que el monto reclamado en concepto de multa correspondía a la suma de $7542,86, habiendo correspondido, en función de las previsiones del artículo 954, apartado 2°, del Código Aduanero, consignar la suma de $131.865,10, por multa correspondiente por infracción al artículo 954, apartado 1°, literal b), del Código Aduanero, dispuso correr un nuevo traslado de la acusación a los señores Puliafito y Rodríguez (fs. 49/50); quienes ratificaron, en todos sus términos, los fundamentos oportunamente formulados a efectos de defenderse de la imputación (fs. 54 y 55).
Solicitada su opinión, la abogada Gabriela Barros, como jefa interina de la Sección Sumarios del Departamento de la Aduana de Mendoza, emitió el dictamen 446/2018, según el cual, en definitiva, la conducta investigada reuniría los requisitos típicos de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1°, literales a) b) y c), del Código Aduanero; hecho que se encontraba debidamente acreditado en autos conforme los elementos de juicio obrantes en el expediente administrativo, generándose una trasgresión a una prohibición a la importación de la cual resultarían responsables los imputados, como así también lo relativo al faltante y sobrante de mercadería, debiéndose regular la sanción de la multa a imponer, en atención a los hechos sucedidos y la ausencia de antecedentes infraccionales, en una vez el importe determinado en el auto de corrida de vista (fs. 66/77). En este contexto, por resolución fallo AD MEND 448/2016 (conf. esp. fs. 8/18 del hipervínculo incluido en el presente párrafo), el Departamento Aduana de Mendoza condenó al señor Antonio Puliafito y a su despachante de aduana, el señor Rubén Rodríguez, al pago de una multa de $131.865,10 por considerarlos incursos en la infracción tipificada en el artículo 954, apartado 1°, literales a), b) y c), del Código Aduanero, con relación a la destinación de importación a consumo “12 038 IC04 008713 T” (conf. su artículo 1°); intimó a su pago bajo apercibimiento de ejecución (conf. su artículo 2°); así como también a la reexportación de la mercadería en infracción, bajo apercibimiento de brindarle destinación de oficio (conf. su artículo 4°).
Para así resolver, el funcionario decisor, tras referir ciertas consideraciones de orden teórico con referencia a precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo que respecta a la figura infraccional normada por el artículo 954 de Código Aduanero y el bien jurídico tutelado, tuvo por configurada la trasgresión imputada, a cuyos efectos, destacó:
-que, al efectuarse el control físico de la mercadería involucrada en la destinación “12 038 IC04 008713 T” se habría detectado un faltante de treinta unidades de radiadores “PR395 1A” y cuarenta unidades de radiadores “PR343 2E”, así como también un sobrante de dos unidades de radiadores “PPY33 1A”, quince radiadores “PR343 1D” y veintiocho radiadores “Y31-31BAB” sin documentar, importando ello la configuración del tipo infraccional previsto en el artículo 954, apartado 1°, literales a), b) y c), del Código Aduanero, tratándose de mercadería correspondiente a la posición arancelaria “8708.91.00.100H”, que cuenta con un tratamiento previo a la importación, consistente en la obtención de una licencia no automática;
-que, considerando los detalles y circunstancias resultantes del procedimiento constatado en el acta 465/2012, las planillas de aforo confeccionadas, la normativa imperante y los informes del área técnica, debía tenerse por corroborado tanto el ingreso de mercadería de importación prohibida, así como el faltante y sobrante detectado; -que la importadora y su despachante de aduana resultaban responsables por la inexactitud en la declaración presentada ante la autoridad administrativa;
-que las diferencias entre lo que se declara en un documento susceptible de contener una declaración comprometida como parámetro de una eventual comprobación del servicio aduanero y lo que efectivamente se corroborara, resultaba, en principio, responsabilidad de quien se comprometió con dicha presentación, tanto a los efectos tributarios como infraccionales;
-que el bien jurídico protegido era la veracidad y exactitud de la declaración aduanera, sobre la cual reposa todo el sistema reglado por el Código Aduanero; resultando punibles las inexactitudes en que incurrieran los responsables;
-que al momento de verificarse la mercadería involucrada en autos, se habría detectado un faltante de mercadería (consistente en treinta unidades de radiadores “PR395 1A” y cuarenta unidades de radiadores “PR343 2E”), un sobrante de mercadería (consistente en dos unidades de radiadores “PPY33 1A” y quince radiadores “PR343 1D”) y mercadería sin documentar (consistente en veintiocho radiadores “Y31-31BAB”);
-que resultaba improcedente lo planteado por los imputados en torno al supuesto cambio de criterio clasificatorio, puesto que las partes (tanques y paneles), en cuanto aquí interesa, no resultan partes sino que catalogan lisa y llanamente como radiadores, es decir, como si fueran artículo completo, ello en virtud de la regla general de interpretación de la Nomenclatura del Sistema Armonizado.
Al punto, agregó que cualquier referencia a un artículo en una partida determinada, alcanza también el artículo incompleto o sin terminar, siempre que ya presentara las características esenciales del artículo completo o terminado, alcanzando al artículo incluso desmontado o pendiente de montado.
-que la mercadería involucrada en autos fue considerada por el verificador denunciante como el artículo completo o terminado;
-que, en el caso, el artículo importador fue presentado incompleto o sin terminar, en tanto, analizados los componentes documentados, presentaban las características esenciales del radiador completo o terminado;
-que, siendo la declaración presentada inexacta y susceptible de producir el ingreso de mercadería prohibida, conforme el resultado de la verificación practicada, resultaban responsables la importadora y su despachante de aduana por lo acontecido;
-que las funciones de control de la Aduana se circunscriben al ámbito de las importaciones y exportaciones a los efectos de lograr una correcta recaudación, verificar que la mercadería no se encontrara afectada a prohibiciones, así como también proceder al correcto pago de los importes correspondientes a estímulos a las exportaciones;
-que la conducta desplegada por el despachante de aduana debía ser castigada en tanto no obtuvo la información necesaria para que la declaración fuese plena y correcta; apartándose así de sus obligaciones en los términos de los artículos 902 y 908 del Código Aduanero; y -que la actuación del despachante de aduana, como auxiliar del servicio aduanero, debía ser observada con un mayor grado de responsabilidad, teniendo en cuenta la importancia que el Código Aduanero procuró otorgarle a dicha actividad profesional.
II. Los señores Puliafito y Rodríguez solicitaron la revisión del acto por ante el Tribunal Fiscal de la Nación (conf. esp. fs. 21/29 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Señalaron que el servicio aduanero habría descartado la posición arancelaria declarada respecto de la mercadería importada, asignándole otra, sin ningún tipo de motivación.
Denunciaron que el acto sancionador habría sido dictado sin el debido dictamen previo, conforme lo normado por el artículo 7°, literal e), de la ley 19.549.
Sostuvieron que la autoridad administrativa habría efectuado una interpretación errónea y caprichosa de las reglas generales para la Interpretación del Sistema Armonizado de clasificación arancelaria.
Entendieron que no se habría configurado ninguna conducta infraccional.
Explicaron que la falta de presentación de una licencia no automática no implicaba que la mercadería fuera prohibida.
Consideraron que ni los sobrantes ni los faltantes le resultaban atribuibles, siendo ello, de conformidad con lo normado por los artículos 211, 214 y 902 del Código Aduanero, responsabilidad del depositario.
Por lo expuesto, los señores Puliafito y Rodríguez requirieron que se dejara sin efecto la multa, con costas.
III. Por resolución del 7/2/2024, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación (conf. fs. 116/121 del hipervínculo incluido en el presente párrafo):
i) desestimó el planteo de condonación de la multa en los términos del artículo 56 de la ley 27.260, sin costas;
ii) revocó parcialmente la resolución fallo AD MEND 448/2016 en cuanto multó a los señores Puliafito y Rodríguez por infracción al artículo 954, apartado 1°, literal b), del Código Aduanero; ello con costas a cargo del Fisco Nacional; y iii) confirmó la resolución fallo AD MEND 448/2016 en cuanto condenó a los señores Puliafito y Rodríguez por infracción al artículo 954, apartado 1°, literales a) y c), del Código Aduanero, adecuando el importe de la multa, que fijó en $2193,48; ello con costas según los mutuos vencimientos, que estimó en un 42% a cargo de los recurrentes y en el restante 58% a cargo del Fisco Nacional.
Para así decidir, en cuanto aquí importa reseñar, esto es, en lo relativo a la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1°, literales a) y c), del Código Aduanero, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación destacó que los sancionados no controvirtieron la existencia de mercadería faltante, sobrante y sin documentar resultante de la verificación física de la destinación “12 038 IC04 008713 T”, pretendiendo hacer responsable de ello al depositario de los bienes.
Aclarado ello, con referencia a lo normado por los artículos 200 y 211, apartado 3°, y 902, todos del Código Aduanero, sostuvo que, en la especie, no habrían existido indicios o sospechas que permitieran inferir que la mercadería bajo trato perdió el estado en el que fuera importada, resultando, por tanto, improcedente lo manifestado en tal sentido por los sancionados como causal eximente de responsabilidad. Decidido ello, ajustó la multa impuesta en proporción a la mercadería sobrante, faltante y sin documentar detectada en el acta de verificación a fs. 1 de las actuaciones administrativas, detrayendo al efecto los conceptos IVA adicional y percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias; ello conforme lo resuelto por el Alto Tribunal en autos “Cladd ITA SA”.
IV. Al respecto, el señor Puliafito planteó aclaratoria con apelación en subsidio (conf. esp. fs. 130/131 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Solicitó que, en los términos del artículo 191 de la ley 11.683, se aclarara que la multa recibida se encontraba condonada por aplicación de la instrucción general AFIP 2/2023.
A título subsidiario, dejó formulado recurso de apelación en los términos de los artículos 86, 192, 197 y concordantes de la ley 11.683.
Luego, por presentación separada, el señor Puliafito apeló (conf. esp. fs. 133 del hipervínculo incluido en el presente párrafo). Al fin de proveer ambas presentaciones del señor Puliafito, por resolución del 11/3/2024 (conf. esp. fs. 135 del hipervínculo incluido en el presente párrafo), el vocal instructor de la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación:
-hizo saber que el procedimiento del caso se regía por el Código Aduanero y por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal Fiscal de Nación;
-rechazó, en los términos del artículo 1170 del Código Aduanero la aclaratoria interpuesta, por no configurarse los supuestos previstos en la norma mencionada, a saber, conceptos oscuros, errores materiales o puntos omitidos en el pronunciamiento dictado; y -concedió, en los términos de los artículos 1171 y 1173 del Código Aduanero, el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del 7/2/2024.
A continuación, el señor Puliafito fundó su pretensión recursiva (conf. esp. fs. 138/141 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Manifestó que, por la operatoria fiscalizada, no habrían egresado divisas por un mayor valor al que correspondía, ni se tributó “por una suma inferior a la existencia de mercadería” (sic).
Resaltó que el proveedor remitió mercadería para completar el lote que no pudo embarcar.
Destacó que por el pronunciamiento recurrido se habría omitido considerar que la resolución aduanera fue dictada sin el correspondiente dictamen previo, elemento esencial de todo acto administrativo, conforme lo previsto en el artículo 7°, literal e), de la ley 19.549; tornando a dicho acto en nulo.
Sentado ello, consideró improcedente la multa recibida.
Al efecto, con referencia a las constancias de las actuaciones administrativas, indicó que de la diferencia entre los faltantes y los sobrantes, con exclusión del excedente de veintiocho paneles “Y31- 31BAB”, que no se encontrarían entre los bultos marcados, surgiría que, en lugar de encontrarse la cantidad de 1220 unidades de producto, se habría constatado la existencia de 1167 unidades; de lo que resultaba -en su entendimiento- razonable concluir que, entre ambos conceptos, existiría una “compensación”, sin verificarse un perjuicio fiscal real, sino meramente formal.
Con asiento en tal circunstancia, sostuvo que mal podía serle imputada una inexactitud en la declaración aduanera en cuanto a cantidades, echando ello por tierra la imputación infraccional en los términos del artículo 954, apartado 1°, literales a) y c), del Código Aduanero.
Por lo expuesto, el señor Puliafito solicitó que se revocara en todos sus términos el reproche infraccional recibido por el fallo aduanero impugnado en autos.
Dicha presentación fue replicada por el Fisco Nacional (conf. esp. fs. 158/170 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
V. El Fisco Nacional también apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva (conf. fs. 154 y 174/178 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Cuestionó únicamente el modo en que fueron distribuidas las costas relativas al punto 3° de la parte resolutiva, atento a la existencia de vencimientos mutuos, en un 42% a cargo de los sancionados y en el restante 58% a su cargo (ver primer párrafo del capítulo “II.- Expresa Agravios” de su presentación recursiva). Sostuvo que, en la especie, no resultaría aplicable la modificación introducida por ley 27.430, sancionada en el año 2017, al artículo 1163 del Código Aduanero; correspondiendo entonces que la parte vencida haga frente a las costas.
Sin perjuicio de ello, en caso de considerar procedente la aplicación al caso de la modificación introducida por ley 27.430, destacó que, en la especie no existirían motivos suficientes para apartarse del principio general rector en materia de costas.
Al punto, sostuvo que los sancionados resultaron vencidos, debiendo cargar con los gastos resultantes de su pedido de revisión del acto aduanero.
Manifestó que, en más o en menos, los sancionados resultaron vencidos en el presente proceso, iniciado por su propia culpa al incumplir con el régimen vigente.
Tildó de arbitraria la solución alcanzada en lo que al punto refiere.
Señaló que la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación habría distribuido las costas conforme los mutuos vencimientos en virtud de la exclusión de la liquidación practicada de los conceptos IVA adicional y percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias, siendo que tal cálculo fue realizado con anterioridad al dictado del precedente “Cladd ITA SA” por parte del Alto Tribunal; extremo que, en su entendimiento, no justificaría apartarse del principio objetivo de la derrota, rector en la materia.
Por lo expuesto, el Fisco Nacional solicitó que se revocara, en parte, el pronunciamiento dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, se modificara la distribución de las costas.
Dicha presentación fue replicada por el señor Puliafito (conf. esp. fs. 189/190 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
VI. Referidos los antecedentes del caso, conviene delimitar la cuestión de fondo litigiosa que motiva la intervención de esta instancia judicial, que radica en determinar si, a la luz de los agravios propuestos por el señor Puliafito, se ajusta a derecho la decisión de la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación de confirmar la multa aplicada por resolución fallo AD MEND 448/2016 al apelante y a su despachante de aduana, en los términos del artículo 954, apartado 1°, literales a) y c), del Código Aduanero.
Adviértase que la revocación del tipo infraccional previsto en el artículo 954, apartado 1°, literal b), del Código Aduanero dispuesta por el pronunciamiento apelado, se encuentra firme y consentida.
Por el pronunciamiento apelado, según se vio, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, en lo que aquí es materia debatida, destacó que los sancionados no controvirtieron que hubiera habido mercadería faltante, en infracción y sin documentar, resultante de la verificación física de la destinación “12 038 IC04 008713 T”, limitándose a invocar la responsabilidad del depositario, para luego sostener, con asiento en la normativa vigente (con particular referencia a lo normado por los artículo 200, 211, apartado 3°, y 902, todos del Código Aduanero), que no se verificaron en el caso indicios o sospechas que permitieran inferir que los bienes involucrados en autos dejaron de conservar el estado en el que fueron importados, resultando -por consiguiente- improcedente la eximente de responsabilidad postulada a efectos de revocar el reproche recibido.
VII. Acordado ello, en primer lugar, cuadra señalar, a todo evento, que el recurso intentado por el señor Puliafito a título subsidiario del pedido de aclaratoria luce improcedente por no encontrarse normativamente previsto.
Sin perjuicio de ello, en la medida en que lo argumentado en esa oportunidad en torno a la posibilidad de condonar la multa recibida en los términos de la instrucción general AFIP 2/2023, no fue reiterado por el señor Puliafito al tiempo de fundar la apelación posteriormente deducida, no corresponde pronunciarse al respecto. En efecto, a los fines de su tratamiento, hubiera correspondido que el tópico que motivara el pedido de “aclaratoria con apelación en subsidio” fuera sostenido -mediante la argumentación pertinente- al tiempo de fundar el recurso de revisión ante esta instancia judicial.
VIII. Sentado lo anterior, adviértase que lo invocado en torno a una supuesta compensación entre sobrantes y faltantes, que, en el entendimiento del recurrente, determinaría la ausencia de perjuicio fiscal, no puede ser tratado en la medida en que no fue propuesto al tiempo de apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación; constituyendo, por consiguiente, un tópico recursivo inatendible por resultar el fruto de una reflexión tardía (conf. mutatis mutandi arg. artículo 277 del CPCCN, aplicable en virtud del artículo 1182 del Código Aduanero; y esta Sala, en autos 15.354/2024 “MMA Manufactura de Motores Argentinos SRL (TF 36.121-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 29/11/2024; entre otros).
IX. Luego, en lo que respecta al agravio formulado en punto a la falta de dictamen previo al acto aduanero sujeto a revisión, cuestión que no fue abordada por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación pese a haber sido oportunamente formulada por los sancionados, cuadra señalar que, según resulta de la reseña del expediente administrativo AFIP “12448-1500-2012”, obrante en el Considerando I de la presente, a fs. 66/77 luce incorporado el dictamen 446/2018, por medio del cual la doctora Gabriela Barros, como jefa interina de la Sección Sumarios del Departamento de la Aduana de Mendoza, emitió su opinión en lo que respecta al caso, concluyendo que la conducta investigada reunía los requisitos típicos de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1°, literales a) b) y c), del Código Aduanero, correspondiendo sancionar por lo acontecido tanto al importador como a su despachante de aduana.
Lo dicho, basta para desestimar el agravio vertido en lo que al punto refiere.
X. A esta altura del razonamiento, ha de recordarse que el artículo 265 del CPCCN, aplicable supletoriamente a procesos como el bajo examen conforme lo normado por el artículo 1174 del Código Aduanero, establece, en lo que aquí interesa, ciertos recaudos que deben observarse por medio de este tipo de presentaciones. En este sentido, prevé que debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de sus razonamientos, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. Debe contener el análisis serio, razonado y crítico de la resolución recurrida y que sea idóneo para demostrar la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de las pruebas producidas (conf. esta Sala en autos 5900/2007 “Musso, Carlos Alberto c/EN - Mº Defensa s/personal militar y civil de las FFAA y Seg.”, sent. del 11/7/2013 y sus citas; entre muchos otros). Es que “criticar” es muy distinto a “disentir”. La crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores jurídicos y fácticos que éste pudiere contener. En cambio, disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia (conf. en igual sentido, C. Nac. de Apel. en lo Civil, Sala A, en autos “Z., M. R. c/D. P., J. L. y otros”, resol. del 16/12/2005, publicada en La Ley, el 1/6/2006).
Señalados los recaudos que han de ser observados en toda presentación recursiva como la examinada, se advierte que los fundamentos expuestos por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación para desestimar el cuestionamiento seguido por los sancionados respecto del castigo recibido con asiento en lo normado por el artículo 954, apartado 1°, literales a) y c), del Código Aduanero, no fueron motivo de cuestionamiento concreto y fundado por parte del señor Puliafito. Es que, al margen de lo relativo a la falta de dictamen previo al dictado del acto sancionador -cuestión ya abordada- y el agravio tardíamente introducido relativo a una supuesta compensación entre sobrantes y faltantes, por su presentación recursiva, el importador se limitó a reiterar, en idénticos términos a los expuestos en su apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que no le resultaba imputable la inexactitud de la declaración aduanera en cuanto a cantidades, correspondiendo su absolución, sin hacerse cargo ni rebatir la respuesta dada por el decisor (conf. esp. capítulo titulado “Cuarto agravio” del escrito titulado “Interpone recurso de apelación. Ofrece prueba. Reserva del caso federal” y compararlo con capítulo titulado “Segundo agravio” del escrito titulado “Expresa agravios”).
Así las cosas, en tanto el recurrente reiteró el planteo exculpante en iguales términos a los examinados y desestimados por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, en esta oportunidad no trajo a conocimiento de esta instancia judicial razonamientos ni consideraciones que revelen error en lo así decidido.
De este modo, las postulaciones contenidas en el escrito recursivo del señor Puliafito al fin de cuestionar la decisión de confirmar el acto sancionador con asiento en lo normado por el artículo 954, apartado 1°, literales a) y c), del Código Aduanero, no atacan certeramente la valoración de los hechos ni el razonamiento seguido en consecuencia con asiento en tales circunstancias por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación; omitiendo, por consiguiente, poner de manifiesto la existencia de error o arbitrariedad en la solución alcanzada. A ello, añádase que el apelante nada dice en cuanto a que no habría controversia en cuanto a la existencia de mercadería faltante, sobrante y sin documentar involucrada en la destinación fiscalizada.
Por tanto, el caso exigía de parte del recurrente un desarrollo argumental con el debido sentido recursivo a efectos de revelar error o desacierto en la solución alcanzada por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación; resultando palmariamente inatendible a esos fines el replanteo en idénticos términos del argumento exculpatorio desestimado por el decisor.
XI. Con asiento en lo hasta aquí expuesto, el Tribunal entiende que los agravios propuestos por el señor Puliafito en modo alguno revelan error ni arbitrariedad en el temperamento adoptado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, que justifique apartarse de sus conclusiones, a las que, por consiguiente, cabe estar.
A todo evento, recuérdese que conforme la normativa imperante, la ponderación que el Tribunal Fiscal de la Nación haga de los hechos, constituye una cuestión fáctica que no cabe, en principio, rever en esta instancia en atención a la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (conf. artículo 1180 del Código Aduanero). Por tanto, en la medida en que no se advierta un error de magnitud suficiente, no corresponderá examinar la ponderación que de las cuestiones de hecho se haya efectuado, toda vez que resultan del ejercicio por ese organismo jurisdiccional de sus facultades propias a fin de apreciar las pruebas (conf. CSJN, Fallos, 300:985; y esta Sala, en autos 7867/2024 “Spina, Fabián Oscar - TF 27.382-A y otro c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 22/11/2024; entre otros); lo que, conforme se acaba de explicar, con asiento en las postulaciones recursivas traídas a conocimiento del Tribunal, no se verificaría en la especie.
En función de lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar el recurso intentado por el señor Puliafito y, en consecuencia, confirmar, en cuanto fue materia de sus agravios, el pronunciamiento dictado el 7/2/2024 por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación.
XII. Decidido ello, corresponde adentrarse en el examen del recurso del Fisco Nacional.
Al respecto, cuadra primeramente señalar que, tras la modificación introducida por el artículo 273 de la ley 27.430 (publicada en el BORA del 29/12/2017), el artículo 1163 del Código Aduanero consagra como principio general que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiera solicitado.
Asimismo, dicho precepto habilita a la Sala aduanera del Tribunal Fiscal de la Nación interviniente a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrara mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición.
A su vez, en caso de verificarse una recalificación de la conducta o bien una reducción de la sanción a aplicar en los términos del artículo 1143 del Código Aduanero, las costas han de imponerse en el orden causado; no obstante lo cual el mentado organismo ha de cargar las costas al Fisco Nacional, cuando la tipificación o la cuantía de la sanción recurrida se demostrase temeraria o carente de justificación. La modificación introducida por ley 27.430 es de neto corte procesal, por lo que resulta de aplicación inmediata, aún a procesos en trámite (conf. CSJN, Fallos, 323:1285, esta Sala en autos 7004/2022 “Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda. (TF 32367-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 26/8/2022; y Sala IV del Fuero, en autos 3424/2020 “Sancor Cul c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 5/3/2020 y su cita); circunstancia que basta para desvirtuar el agravio introducido en tal sentido por el Fisco Nacional. En igual sentido se pronunció esta Sala, en autos 64.104/2022 “Agro Uranga SA (TF 39.590-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 10/2/2023.
Acordada la aplicación al caso del artículo 1163 del Código Aduanero, en su redacción actual, cuadra señalar que los argumentos expuestos a efectos de modificar la distribución de las costas dispuesta por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación lucen improcedentes.
Es que, del modo en que fue estructurado el pronunciamiento bajo revisión, disponiendo el decisor que, por cada cuestión resuelta, fijaría quién cargaría con las costas (aspecto que no fue motivo de agravio y, por tanto, no ha de ser revisado), la decisión de distribuir según los mutuos vencimientos en un 42% a cargo de los señores Puliafito y Rodríguez y en el restante 58% a cargo del Fisco Nacional las concernientes a la confirmación parcial de la resolución AD MEND 448/2016 (lo que, en los hechos, importó la adecuación del monto de la multa en proporción a la mercadería sobrante, faltante y sin documentar, según el acta de verificación de fs. 1 de las actuaciones administrativas, sumado a la detracción de la base de cálculo de los conceptos IVA adicional y percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias), no luce, por las razones expuestas en el recurso bajo trato, arbitraria sino más bien conteste con la formulación de la solución alcanzada.
En otras palabras, partiendo del modo en que fue esquematizado el decisorio bajo revisión por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, que en sí no fue cuestionado, en lo que concierne a la adecuación de la multa a la proporción de la mercadería en infracción, sumado a la eliminación de la base de cálculo de los conceptos IVA adicional y percepciones a cuenta del Impuesto a las Ganancias, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación entendió ajustado a derecho distribuir las costas en un 42% a cargo de los sancionados y en el restante 58% a cargo del Fisco Nacional, ello atento a la existencia de vencimientos mutuos; lo que, en lo que al tópico resuelto refiere, se habría verificado. Asimismo, téngase presente que los porcentuales de distribución de las costas relativas al punto, no fueron en sí motivo de recurso; limitándose la pretensión del Fisco Nacional a que, por aplicación del principio general rector en la materia, se impusieran a cargo de los sancionados quienes, en definitiva, habrían resultado vencidos en autos. A ello, añádase que el hecho que al tiempo en que fuera cuantificado el castigo aplicado, a cuyos efectos se tomó en consideración los conceptos IVA adicional y percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias, el Alto Tribunal aún no se pronunciado en autos “Cladd ITA SA”, en modo alguno resulta un factor suficiente a fin de revelar la improcedencia en la distribución de costas dispuesta en lo que al punto refiere respecto de la actividad desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Por lo expuesto, a falta de otro agravio en lo que al punto refiere, ello determina el rechazo del recurso de apelación intentado por el Fisco Nacional.
XIII. En función de lo expuesto, se impone el rechazo de las apelaciones deducidas por el señor Puliafito y por el Fisco Nacional y, en consecuencia, la confirmación, en cuanto fue motivo de agravio, del pronunciamiento dictado el 7/2/2024 por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación; sin resultar necesario considerar las demás cuestiones planteadas, ya que quienes suscriben no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970; entre otros).
XIV. Atento al modo en que se resuelve, y al no advertir motivos valederos para apartarse del principio general consagrado en el artículo 68 del CPCCN, corresponde que cada uno de los apelantes haga frente a las costas vinculadas a su presentación recursiva (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: desestimar las apelaciones deducidas por el señor Puliafito y por el Fisco Nacional, debiendo cada apelante cargar con las costas de esta instancia judicial relativas a su presentación recursiva.
Como consecuencia de lo así resuelto, se confirma, en cuanto fue motivo de agravio, el pronunciamiento dictado el 7/2/2024 por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia