Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar al RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la defensa del Dr. Putruele y por lo tanto casando la resolución (art. 439 inc. 1º y 453) confirmando la suspensión del presente juicio a prueba y modificando las reglas de conducta disponiendo que la inhabilitación especial lo será a los fines del ejercicio de la especialización de médico cirujano.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA SENTENCIA Nº:011 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 06 de mayo de 2014 AUTOS: "PUTRUELE HECTOR MAURICIO S/LESIONES GRAVÍSIMAS CULPOSAS" Expte. Nº P-755/12/TSJ.-
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los seis días del mes de mayo de dos mil catorce, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Angeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia a cargo del Dr. Daniel Mauricio Mariani, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "PUTRUELE HECTOR MAURICIO S/LESIONES GRAVÍSIMAS CULPOSAS" Expte. Nº P-755/12/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 379/381 resolvió otorgar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba disponiendo una inhabilitación especial al Dr. Putruele para el ejercicio de la medicina por el término de dos años. Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el imputado Héctor Mauricio Putruele, quien se encuentra asistido por su letrado Dr. Daniel Gustavo Martín y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Claudio Roberto Espinosa y,
I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial que luce a fs. 379/381, interpuso recurso de casación el Defensor particular en representación del imputado, fundándolo en los artículos 439 inc. 1º y 442 del CPP, manifestando que "...se considera que la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial al dictar su pronunciamiento ha incurrido en inobservancia o errónea aplicación de la ley así como en arbitrariedad de la sentencia como consecuencia de una absurda consideración de los alcances de una inhabilitación especial auto-impuesta como modo de conducta, pero que no puede ser impuesta como sanción pues justamente nos encontramos en un proceso suspendido a juicio, es decir, sin sanción...".- Agregó que "...existe una apreciación (sic) inobservancia de la ley sustancial que impide imponer sanciones de condena a quien se encuentra bajo el instituto de suspensión de juicio a prueba, como asimismo un error en considerar la normativa provincial aplicable y su régimen, como asimismo arbitrariedad en considerar las pruebas existentes en autos y los elementos de verdad objetiva que pudieron agregarse...".-
Manifestó que "...en especial me agravia: que la inhabilitación médica total así dispuesta implica una inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, desde que comprende una verdadera sanción-pena, y no una regla de conducta prevista por el art. 27 bis del Código Penal. Admitir la medida dispuesta por la Excelentísima Cámara implica desnaturalizar el instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba, imponiendo una verdadera sanción y no una conducta a seguir...".-
Puntualizó el defensor que "...la inhabilitación médica total así dispuesta implica una inobservancia, errónea aplicación y violación a principios y garantías constitucionales en orden al derecho penal...y de las normas internacionales de derechos humanos y procesales... la inhabilitación médica total así dispuesta implica inobservancia y error normativo al violentar el derecho constitucional en orden al derecho laboral...implica exceder el ámbito del instituto de la inhabilidad especial dispuesto en directa correlación con el hecho delictivo, inobservando y aplicando erróneamente una interpretación de los términos del art. 20 del Código Penal... implica alejarse de la posición de la sociedad al respecto, presentada por el propio fiscal como representante de la acción, e implica una inobservancia y error en la aplicación de las normas de práctica jurídica procesal al respecto...".- A fs. 416/417 se hace lugar al recurso impetrado y se emplaza a la parte quien mantuvo el recurso a fs. 436 y vta..-
El día 29 de julio de 2013 por auto interlocutorio de este Alto Cuerpo, se tuvo por mantenido el recurso de casación articulado (fs. 438/439).-
Que, por auto de presidencia que luce a fs. 442, se citó a los interesados a la audiencia de debate que prescribe el art. 451 del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 447/448, exponiendo los asistentes los fundamentos de sus respectivas posturas.-
II.-) En la audiencia de debate el Defensor ratificó el recurso de casación presentado agregando que "...que básicamente observan el punto dos de la letra c en cuanto dispone el alcance de dos años de inhabilidad para ejercer la medicina. Que esto significa condenar lisa y llanamente. Que es propio de la suspensión del juicio a prueba no condenar, no imponer una sanción. Que su asistido tiene una nueva especialidad de diagnóstico por imágenes el cual ha sido presentado por ante el Colegio Médico y es su sustento. Que privarlo de ello es violatorio de la Constitución Nacional... que la Cámara sostiene que no es posible distinguir las diversas especialidades, lo cual no es cierto toda vez que una prueba de ello es la certificación del Colegio Médico. La conducta autoimpuesta es no ejercer la cirugía la cual no ha ejercido desde el momento de los hechos. Que no esta en su expectativa ejercer la cirugía...".- Para finalizar, el Dr. Claudio Roberto Espinosa, Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresó que "...se cumplen los requisitos del art. 277 y en esa audiencia el Dr. Putruele se auto inhabilita. Lo expuesto surge de las notas cursadas del Colegio Médico donde surge que el Dr. Putruele tiene un título de diagnóstico por imágenes. Que en principio las condiciones de inhabilitación están cumplidas, ya que lo ratificó la inhabilitación en la audiencia. Que el alcance de la inhabilitación especial la Cámara conforme el art. 27 bis del C.P., aplica una inhabilitación al Dr. Putruele y lo inhabilita para ejercer la profesión de médico. Que el Dr. Putruele en la audiencia se autoinhabilita el Fiscal de Cámara adhiere a que el Dr. Putruele ejerza otra especialidad. El art. 20 del Código Penal habla de la inhabilitación por la cual causó el perjuicio. Peticiona que se mantengan la inhabilitación de ejercer la cirugía asimismo el tribunal deberá merituar que ejerza la profesión en la otra especialidad ...".- Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 402/414 por la defensa del imputado HÉCTOR MAURICIO PUTRUELE? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y,
I.-) PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 402/414 por la defensa de Héctor Mauricio Putruele?.-
En principio, en términos generales, el recurso de casación deducido por el Sr. Defensor particular en representación de su pupilo Héctor Mauricio Putruele, ratificado por ante este Alto Cuerpo, es admisible toda vez que el estudio de la problemática sometida a resolución, surge dentro de los términos del art. 440 del CPP, es decir, se puede equiparar la resolución como definitiva.-
Lo expuesto resulta concordar con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que equiparó a sentencia definitiva la decisión denegatoria del pedido de la denominada probation: "...es doctrina del tribunal que las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúne por regla, la calidad de sentencia definitiva a los efectos del artículo 14 de ley 48, sin embargo corresponde hacer excepción a dicha regla en los casos en los cuales su aplicación podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior. Tal supuesto se da cuando se rechaza el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, pues el gravamen de tal denegatoria no resulta susceptible de reparación posterior, en tanto se restringe el derecho del procesado a poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena...". "...la finalidad de quien requiere la suspensión del juicio a prueba no es la de obtener una sentencia absolutoria, sino la de no seguir sometido a proceso mediante la extinción de la acción penal..." (Fallos: 320:2451, "Padula, Osvaldo Rafael y otros s/Defraudación", 11/11/97; voto conjunto de los Dres. Nazareno, O'Connor, Fait, Bellucio, Boggiano, López, Bossert y Vázquez).- Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.-
II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? En este entendimiento, y abocados ya en el estudio de los agravios presentados por la parte recurrente, corresponde analizar si en la sentencia impugnada, se constatan defectos procesales que nulifiquen la decisión.-
A.1.-) A fs. 361 luce escrito presentado por la defensa técnica del Sr. Putruele, solicitando la suspensión del juicio a prueba, especificando en él, lo solicitado para su otorgamiento.-
Así, el Dr. Putruele ofrece un pago simbólico de la reparación de daño de mil pesos, ello teniendo en cuenta que se encuentra en trámite la causa por daños y perjuicios, asimismo, ofrece realizar tareas comunitarias relacionadas o no con su arte y profesión solicita se le imponga una inhabilitación especial para ejercer como médico cirujano, sin afectar su título de médico, a fin de no afectar posibilidad de trabajo, cuyo fruto es el sustento de su familia.-
A fs. 364 el Sr. Fiscal de Cámara propone la omisión de debate establecida en el art. 517 del CPP proponiendo una pena de un año y 6 meses de prisión en suspenso y 18 meses de inhabilitación especial.-
Ambas propuestas fueron tenidas presentes por la Excma. Cámara para el momento de celebrarse la audiencia de debate (fs. 369).-
Así, a fs. 377/378, se realiza audiencia donde el Sr. Fiscal de Cámara manifiesta que debe hacerse lugar a la suspensión de juicio a prueba, negándose a la misma la parte querellante. Se transforma así, la audiencia en una audiencia de suspensión de juicio a prueba conforme el art.277 del CPP.-
Allí, el Fiscal de Cámara solicitó que la suspensión sea otorgada por dos años, se lo inhabilite por dos años, el pago de la multa y la prestación de servicios comunitarios y las reglas de conducta que el tribunal estime convenientes. La querella solicitó que se lo inhabilite en forma general para ejercer la medicina, y se apliquen los máximos legales.-
A fs. 379/381 obra resolución donde se resuelve conceder la imputado Héctor Mauricio Putruele la suspensión de juicio a prueba por el término de dos años, fijar reglas de conducta y disponer la inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina por el término de dos años.-
A.2.-) Así las cosas, previo a ingresar al análisis en concreto del caso, resulta conveniente recordar que la suspensión de juicio a prueba prevista por la ley nº 24.316 conforme a la doctrina "...responde a la intención de descongestionar el sistema de administración de justicia en casos vinculados con delitos leves, con el objeto de concentrar recursos en la persecución de los delitos más graves, instaurando al mismo tiempo un mecanismo que tiende a posibilitar la reinserción social del sujeto que fue sometido a proceso y a evitar la estigmatización que implica la prosecución misma de una causa criminal y la eventual disposición de una condena, aún cuando su ejecución hubiese podido ser pronunciada en forma condicional..." (D'Alesio, Andrés José, Código Penal comentado y anotado, Buenos Aires, La Ley, 2005, Tomo I, -parte general-, pág. 1092).- Teniendo en cuenta los postulados esgrimidos anteriormente, la concesión del beneficio de suspensión de juicio a prueba al imputado por parte de la Excma. Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial ha sido parcialmente correcta.-
En este sentido ha sido ajustada a derecho la solución dispuesta por los magistrados la cual contaba con la venia previa del Sr. Agente Fiscal, a pesar de que en la especie el delito imputado prevee como sanción conjunta la pena de inhabilitación.-
Desde esta óptica el fallo resulta ser un todo coherente con los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Acosta", c. A 2186 XLI rta. 28/04/2005, y "Norverto" c. N 326 XLI rta. 23/04/2008.-
En "Acosta" el Alto Tribunal se inclinó por la tesis amplia -monto de la pena mayor a tres años- estableciendo que "...para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1826, 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149, 327:769). Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940, 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:1937, 312:1484)...".- Más adelante el Alto Tribunal enfatizó haciendo mención que "...la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18 Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derecho acuerda al ser humano frente al poder estatal..." (Consid. 6to).- En el precedente "Norverto" la Cámara de Casación Penal había declarado mal concedido el recurso de casación interpuesto por los defensores, contra la resolución por la cual el Tribunal Oral en la penal económico Nº 2 no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba en donde en su punto b) se estableció que no procede la suspensión de juicio a prueba cuando el delito en juzgamiento tiene prevista pena de inhabilitación, en cualquiera de las formas de conminarse ("Kosuta, Teresa") ...toda vez que se le imputaba a Norverto el delito previsto en el art. 302 inc. 3º primera hipótesis del código Penal, se encuentra reprimido con una pena de prisión de cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, la concesión del beneficio no resultaba procedente.- Que la mencionada causa llegó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y allí, con remisión a lo resuelto en la causa "Acosta", la Corte hizo lugar a la queja, dejó sin efecto la sentencia apelada y ordenó la remisión de los autos al Tribunal de origen para el dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.-
Es importante mencionar dentro de este contexto el voto en disidencia del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en el recurso de hecho "Delillo, Karina Claudia s/ causa nº 8260" D.411.XLIV y "Fiorino, Marcelo Ariel s/causa nº 1514" F.142.XLVI, toda vez que parte de la doctrina entiende que el máximo tribunal no se pronunció en "Norverto" en forma concreta sobre la pena de inhabilitación, de ahí la importancia que cobra lo expresado por Zaffaroni.-
Así en "Delillo" Zaffaroni dijo "...6º) que en los presentes autos, el rechazo al otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba se basó exclusivamente en la prohibición establecida en el último párrafo del artículo, que reza: 'Tampoco procederá la suspensión de juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación'; sin especificar si su aplicación es como pena única o accesoria. Asimismo, tampoco se hace diferencia alguna entre delito de carácter doloso o culposo... 7º) que una interpretación literal de la norma resultaría irracional, ya que permitiría la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba a quienes se le imputa delitos dolosos, los que en términos generales contemplan conductas de mayor nivel de gravedad, y la impediría en todos los casos de delito culposo, donde la producción de un resultado, lejos de ser el querido por el autor, sobreviene por la violación al deber de cuidado. 8º) que en la presente causa, la imputada previendo la limitación impuesta por la norma, ofreció en lo que aquí interesa, auto inhabilitarse para conducir vehículos por el tiempo que el tribunal actuante lo considera conveniente... 9º) que tal como lo explicitara la parte en sus recursos y como lo entiende el ministerio Público Fiscal, en orden a la resolución PJN 86/2004 de la Procuración General, resultaría una total inequidad impedir que la imputada acceda a la suspensión de juicio a prueba y se exponga a ser estigmatizada mediante la imposición de una condena, cuando el delito que se le endilga es de carácter culposo y cuando además, ella ofrece como pauta de conducta, la autoimposición de una inhabilitación. Una decisión en ese sentido, resultaría tan restrictiva que tornaría inoperante la norma y desvirtuaría su sentido como mecanismo alternativo del proceso; mecanismo que, por otra parte, se adecúa a la moderna normativa internacional en la materia...".- En lo medular este Tribunal Superior de Justicia comparte totalmente lo aseverado por el distinguido tratadista, toda vez que resulta ser una absoluta inequidad impedir la suspensión de juicio a prueba en los casos de los delitos culposos por el solo hecho de prever la pena de la inhabilitación.-
A.3.-) En el caso concreto de autos, el requisito de autoinhabilitación que en algunos precedentes jurisprudenciales se lo contempla como requisito de admisibilidad se encuentra satisfecho toda vez que Putruele expresó su voluntad de autoinhabilitarse para el ejercicio de la cirugía con la salvedad que se le permita el ejercicio de la medicina.-
No debe perderse de vista que el temor de la sociedad de una reiteración en su accionar delictivo se ve satisfecha con esta restricción voluntariamente asumida por el imputado.-
Ahora bien, este Tribunal Superior de Justicia, discrepa con el pronunciamiento de la Excma. Cámara Penal toda vez que al inhabilitarlo para el ejercicio de la medicina, es decir, el cese de la actividad profesional la cual constituye la fuente de manutención tanto del imputado como de su grupo familiar; además de generar el consiguiente perjuicio, también resulta contrario al fin resocializador que contempla la suspensión del juicio a prueba. Más aún si se tiene en cuenta que el fallo recurrido extiende la inhabilitación para el ejercicio e la medicina más allá del límite de la autoinhabilitación aceptada por el imputado.- En otras palabras, si la suspensión del juicio a prueba tiene como prioritario procurar la reinserción social de aquel que se encuentra por primera vez en conflicto con la ley penal, resultaría ilógico y contrario a dicha finalidad, que se exigiera el cumplimiento de un requisito que por sus consecuencias, chocaría contra la finalidad resocializadora.-
Por lo demás, teniendo en cuenta que en la audiencia celebrada por ante este Tribunal Superior de Justicia el imputado hizo entrega de un título en el cual lo habilita para ejercer dentro de la rama de la medicina de diagnóstico por imágenes, y que a su vez la mencionada especialidad ha sido avalada por el Consejo de Médicos de la provincia de Santa Cruz en donde se certifica que el imputado desarrolla la mencionada actividad sin registrar antecedentes al respecto, corresponde entonces acceder a lo peticionado y permitir con un fin resocializador y de sustento personal continuar con la mencionada actividad.- Lo expuesto es complementario de lo aseverado por la Excma. Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial en la cual se hace mención que de acreditarse la certificación para poder desarrollar otra actividad podría haberse evaluado tal posibilidad, pero al haber omitido prueba al respecto, se decidió por la inhabilitación especial absoluta.-
Con sustento a las argumentaciones plasmadas y en el mismo sentido que el expuesto en el presente, sostiene la jurisprudencia "...corresponde modificar el alcance de la inhabilitación impugnada, toda vez que en el caso el imputado conformó con su actuar un comportamiento que solo puede ser ejecutado por quien ejerce la función de médico en la especialidad de anestesista. Es decir, que la regla de conducta inhabilitante no puede prescindir de la naturaleza que es propia de dicha actividad que afecta en forma directa a lo que constituye fundamento y base del cargo, debiendo circunscribrise la prohibición preventiva al marco de la actividad reglada de la cual proviene el ilícito como en el caso convocante, o sea, que requiera una autorización específica para su ejercicio, ya que de tal manera se contrarresta la efectividad de la causa presuntamente peligrosa y con ello se cumple con la finalidad preventiva de la inhabilitación. Aquí tales razonables limitaciones no fueron observadas por el a quo, lo cual queda al descubierto mediante el exceso en que incurriera de extender indebidamente la inhabilitación al ejercicio de la profesión de médico cirujano..." (Expte. Nº 70.138/10 "Posadas, Gervasio Oscar s/homicidio culposo", STJ Chaco, Sala 2ª en lo Criminal y Correccional rta. 11/05/11, sentencia nº 58).- III.-) TERCERA CUESTIÓN ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
En definitiva, por todo lo expuesto, al tratarse de un error de derecho sustantivo conforme al inciso 1 del artículo 439 y 453 del CPP, corresponde casar la resolución confirmando la suspensión del presente juicio a prueba y modificando las reglas de conducta en la cual se dispone la inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina por la de inhabilitación para el ejercicio de la cirugía.-
Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
1. HACIENDO LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la defensa del Dr. Putruele y por lo tanto casando la resolución (art. 439 inc. 1º y 453) confirmando la suspensión del presente juicio a prueba y modificando las reglas de conducta disponiendo que la inhabilitación especial lo será a los fines del ejercicio de la especialización de médico cirujano.-
2. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dr. Mauricio Mariano-Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos- Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2004S.141 TOMO:VI– SENTENCIAS- T.S.J.
REGISTRO Nº:011 FOLIO Nº: 067/072 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia