Abriendo la norma
TOMO: XXII REGISTRO:012 FOLIO: 118/124
Caleta Olivia, 14 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “Q. F. S/ TENTATIVA DE ROBO” Expte. Nº 86792/25, N° de Juzgado de Recursos 8504/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, venidos a despacho para resolver.
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I.-Mediante interlocutorio de fs. 41/46vta., el Sr. Juez de Instrucción, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del Sr. Q. F., filiado en autos en relación al delito de ROBO EN GRADO DE TENTATIVA EN CALIDAD DE AUTOR ( Art. 164, 42 y 45 del C.P.); y, además, trabo embargo por la SUMA DE PESOS UN MILLON ($1.000.000), conforme lo normado por el art. 499 del C.P.P.SC.
Contra dicha resolución la Sra. Defensora Pública Oficial N°1 de Caleta Olivia, doctora Juliana Massa, interpone recurso de apelación a fs. 48/49vta.; el cual fue concedido en relación y a un solo efecto a fs. 50. En esta instancia fue mantenido a fs. 62 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la Defensa se agravia sosteniendo que no existen testigos directos del hecho. Dice que, en efecto, el Sr. Rodrigo David Mendoza, propietario del vehículo presuntamente violentado, al momento de comparecer a audiencia judicial, cuya obra a fs. 29 y 29/vta., hubo de manifestar expresamente que no presenció el hecho, no identificó a los autores y no puede precisar quién podría haber intentado sustraer el rodado; en su declaración testimonial dejó constancia expresa de que no observó a persona alguna cometiendo delito. Expresa que esta omisión es de gravedad procesal, ya que priva al expediente de todo elemento directo que vincule a Q. F. con la conducta imputada.
Manifiesta que, por su parte, el oficial Paredes, convocado por un llamado anónimo al 911, declaró ante V.S. (cuya constancia obra a fs. 37 y vta. ) que al arribar al lugar observó a dos sujetos, pero no vio a Q. F. cometiendo ninguna acción delictiva ni manipulando el vehículo. Agrega que su testimonio se basa únicamente en lo que se le informó por vía telefónica por parte de un tercero no identificado, lo que lo convierte en un testimonio de oídas o referencial, carente de valor probatorio autónomo.
Argumenta que sumado a lo ya expuesto, del registro de las cámaras de seguridad y video vigilancia sólo muestra a Q. F. parado cerca de otro sujeto, quien luego se da a la fuga, sin que se lo observe realizando acto típico alguno; no hay imágenes de apertura forzada, manipulación del vehículo ni desapoderamiento de objetos. Alega que tampoco se advierte en las imágenes que Q. F. se deshiciera de elemento alguno: respecto de la rueda de auxilio, sólo se lo ve acomodándola en un lugar, más precisamente en un auto lavado, conducta totalmente compatible con una explicación lícita.
Dice que la interpretación del Juez de que dicho comportamiento configuraría un acto ejecutorio de robo resulta forzada, arbitraria e incompatible con los principios del derecho penal de acto, legalidad y culpabilidad personal.
Expresa la defensa que se agravia por no encontrarse acreditado ningún acto inequívoco de comienzo de ejecución del tipo penal de robo (art. 42 CP). La tentativa exige una conducta objetiva dirigida de modo directo a consumar el desapoderamiento, lo que no surge de prueba alguna.
Sostiene que el Juez se limita a inferir una intención delictiva sin ninguna prueba que lo avale, incurriendo en una construcción subjetiva carente de base fáctica. Aduce que la situación probatoria entonces es existente, a lo sumo, dudosa, parcial y fragmentaria, sin la entidad exigida por el art. 289 del CPP. Ante la ausencia de pruebas objetivas y directas, lo correcto era dictar una falta de mérito y profundizar la investigación sin afectar el principio de inocencia; el estándar convencional impone que la duda beneficie al imputado, y que ninguna medida restrictiva de derechos se dicte en ausencia de pruebas serias concordantes. Dice que el fallo omite el análisis y elige el camino más gravoso sin base legal, afectando derechos fundamentales.
Concluye con el agravio del embargo, sosteniendo que es sin observar criterios objetivos ni justificación específica, vulnerando el principio de legalidad y razonabilidad de las medidas cautelares; dice que el embargo no puede ser impuesto como medida automática ni anticipando una responsabilidad que no si quiere está mínimamente acreditada.
III.-Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
En principio es dable resaltar la indudable flagrancia en la cual fue sorprendido el Sr. Q. F. en las presentes actuaciones, visualizándose sin mayor hesitación que, el imputado, es descubierto; al percatarse de la llegada de los efectivos policiales, emprende su huída, despojándose de los objetos sustraídos del interior del auto Chevrolet Corsa, propiedad del Sr. Rodrigo Mendoza.
Más allá de los intentos Defensistas por descreditar la versión de los testigos, mediante afirmaciones eximentes de responsabilidad, la información que surge de las pruebas colectadas, convergen en la autoría achacada, la modalidad de la conducta tal como se le imputara y la falta de consumación del delito por la pronta intervención de los agentes policiales.
Queda en evidencia que luego de realizada la Inspección Ocular (efectuada a fs.6), el acusado, a los fines de ingresar al rodado, ejerce fuerza en la puerta lateral del conductor, que como resultado, refleja signos de forzamiento en la parte superior lindante al parante. Sin perjuicio de ello, emprenden la huida a pie (puesto a que fueran 2 sujetos, uno el imputado Q. F., y otro que se desconoce su paradero porque logra escapar) con dirección a la DIRECCION_1, siendo el Sr. Q. F. interceptado por el Oficial Ayudante Nahuel A. Paredes. Tal circunstancia condice con los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del "Autolavado Patagonia" de fs. 40.
A ello se suma el posterior análisis de las imágenes de las secuencias fílmicas, realizado por la División Investigaciones C.O, allí se describe la vestimenta del imputado, que condice con las prendas que el Sr. Q. F. vestía al momento de la aprehensión (buzo color azul, campera gris con mangas negras, pantalón negro, zapatillas color gris con suelas blancas).
Y analizando el imprescindible testimonio en sede judicial del Oficial Ayudante Paredes a fs. 32/33, quien logró identificar al imputado en inmediaciones del lugar del hecho, para posterior seguirlo en su huída, comenzando una persecución mientras se despojaba de las cosas sustraídas; finalizando la misma con la posterior aprehensión del Sr. Q. F. y la huída de su consorte. Ahora bien, es evidente que toda la información obtenida por los medios de prueba referenciados, demuestran que Q. F. es el autor del ilícito.
Respecto de las críticas de la defensa, realizadas de manera parcializada y sesgada, en los autos caratulados: “P. G. M./ ROBO CALIFICADO”, Expte. Nº 41717/25-F, N° de Juzgado de Recursos 8047/25, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: “Respecto de los agravios a la hora de analizar y valorar la información para la reconstrucción histórica de un hecho punible, en los autos caratulados: “O. J. S. S/ Denuncia Hurto” Expte. Nº 82.747/24, N° de Juzgado de Recursos 7420/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Es así que la materialidad histórica de los hechos se encuentra acreditada no solo con el testimonio del Sr. O. (fs. 25 y vta., 63/65) sino con lo que surge de las imágenes de las cámaras de seguridad del colegio en el que los mismos sucedieron, conforme lo informado por la División de Investigaciones de Caleta Olivia, sobre de la extracción de las imágenes, obrante a fs. 2/8… Respecto de la crítica a la calificante “ESCALAMIENTO”, y su falta de descripción, corresponde señalar que, en este caso, frente a la existencia de un muro conformado en su mitad con pared y la restante con una reja, de casi dos metros de altura (1,80 mts. específicamente), es difícil imaginar otra modalidad de franquear el mismo, al menos con la información agregada en autos, que no haya sido el escalamiento (saltar, trepar, escalar, etc.), es decir el “trasvasar” el muro por su parte superior, pues no hubo rastros o evidencia de una efracción del mismo.
Ello, además, pues se trata en ambos hechos de la intervención de una sola persona, por lo que, reitero, la información agregada en autos y analizada según la sana crítica racional y las “máximas de experiencia” (Léase “Si el juez debe formar su juicio “de conformidad con las reglas de la sana crítica” entre las cuales se encuentran las “máximas de experiencia”, es decir de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano” -Conf. P. A. V., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t.8, p. 140°), hacen concluir en la mecánica de ingreso imputada en la declaración indagatoria, es decir: "...saltó el cerco perimetral..." , es correcta y se encuentra acreditada en autos con un grado de probabilidad positiva, más que suficiente.
No existen dudas sobre la modalidad del ingreso del imputado al predio, como señalé, en el que se encuentra el edificio de la escuela CODEDCO, dentro del cual fueron sustraídas las computadoras en las dos oportunidades en que lo hizo…” En este orden, la reconstrucción material de una conducta o hecho punible, puede centrarse en la evidencia que establece la modalidad de manera previa al hecho, o durante su desarrollo o a partir de su consumación y/o agotamiento. Esta evidencia, puede establecer la inferencia necesaria para confirmar en un caso, una modalidad de acción y conducta histórica que configura un hecho punible. Asimismo, y tal como señaló la Corte suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Casal”, el método histórico es el que mejor se ajusta a la reconstrucción de un hecho.
En autos “NEGRETTI XIOMARA BETSABET S/ DENUNCIA INFRACCIÓN ART. 119 DEL C.P” EXPTE. Nº 30.608/20-N, N° DE RECURSOS 6675/22, sostuve que: "...Para analizar el contenido de la imposibilidad de proceder, debemos confrontarlo con los parámetros que el propio código establece como fundamentos de la investigación. En este sentido, la norma que guía el accionar judicial y del Ministerio Público Fiscal en la etapa instructoria es el artículo 185 del CPP. Cabe señalar que “Toda investigación penal involucra en su misma esencia una reconstrucción histórica, tratando de revivir para el proceso un hecho pasado a la luz de los rastros o recuerdos que pudieron quedar del mismo. Establecer lo que pasó, dando respuesta a las clásicas incógnitas; cuándo, dónde, cómo, porqué y, más tarde, quién.
Para tales fines la ley procesal consagra, como principio general y rector, de aceptación general en el presente, la idea de la libertad probatoria, consistente en la posible utilización para el proceso de cualquier medio de acreditación, previsto o no en la normativa, con tal que el mismo no sea contrario a la ley o menoscabe garantías constitucionales...". (CONFORME DELITOS SEXUALES SOBRE MENORES Pedro A. GUTIERREZ, ediciones La Rocca, Buenos Aires 2007, págs.. 205, ss. Y cc.) ... La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el citado fallo "Casal", sostuvo sobre la regla de la sana crítica, la investigación penal, la prueba y el análisis y valoración de la misma, que: "Por consiguiente, se exige como requisito de la racionalidad de la sentencia, para que ésta se halle fundada, que sea reconocible el razonamiento del juez.
Por ello se le impone que proceda conforme a la sana crítica, que no es más que la aplicación de un método racional en la reconstrucción de un hecho pasado. Que aunque a esta tarea no se la desarrolle siguiendo expresamente cada paso metodológico, el método para la reconstrucción de un hecho del pasado no puede ser otro que el que emplea la ciencia que se especializa en esa materia, o sea, la historia. Poco importa que los hechos del proceso penal no tengan carácter histórico desde el punto de vista de este saber, consideración que no deja de ser una elección un tanto libre de los cultores de este campo del conocimiento. En cualquier caso se trata de la indagación acerca de un hecho del pasado y el método –camino– para ello es análogo.
Los metodólogos de la historia suelen dividir este camino en los siguientes cuatro pasos o capítulos que deben ser cumplidos por el investigador: la heurística, la crítica externa, la crítica interna y la síntesis. Tomando como ejemplar en esta materia el manual quizá más tradicional, que sería la Introducción al Estudio de la Historia, del profesor austríaco W. B. (la obra es de 1921, traducida y publicada en castellano en Barcelona en 1957), vemos que por heurística entiende el conocimiento general de las fuentes, o sea, qué fuentes son admisibles para probar el hecho. Por crítica externa comprende lo referente a la auten - ticidad misma de las fuentes. La crítica interna la refiere a su credibilidad, o sea, a determinar si son creíbles sus contenidos.
Por último, la síntesis es la conclusión de los pasos anteriores, o sea, si se verifica o no la hipótesis respecto del hecho pasado. Es bastante claro el paralelo con la tarea que incumbe al juez en el proceso penal: hay pruebas admisibles e inadmisibles, conducentes e inconducentes, etc., y está obligado a tomar en cuenta todas las pruebas admisibles y conducentes y aun a proveer al acusado de la posibilidad de que aporte más pruebas que reúnan esas condiciones e incluso a proveerlas de oficio en su favor. La heurística procesal penal está minuciosamente reglada. A la crítica externa está obligado no sólo por las reglas del método, sino incluso porque las conclusiones acerca de la inautenticidad con frecuencia configuran conductas típicas penalmente conminadas.
La crítica interna se impone para alcanzar la síntesis, la comparación entre las diferentes pruebas, la evaluación de las condiciones de cada proveedor de prueba respecto de su posibilidad de conocer, su interés en la causa, su compromiso con el acusado o el ofendido, etc. La síntesis ofrece al historiador un campo más amplio que al juez, porque el primero puede admitir diversas hipótesis, o sea, que la asignación de valor a una u otra puede en ocasiones ser opinable o poco asertiva. En el caso del juez penal, cuando se producen estas situaciones, debe aplicar a las conclusiones o síntesis el beneficio de la duda. El juez penal, por ende, en función de la regla de la sana crítica funcionando en armonía con otros dispositivos del propio código procesal y de las garantías procesales y penales establecidas en la Constitución, dispone de menor libertad para la aplicación del método histórico en la reconstrucción del hecho pasado, pero no por ello deja de aplicar ese método, sino que lo hace condicionado por la precisión de las reglas impuesta normativamente.
Que conforme a lo señalado, la regla de la sana crítica se viola cuando directamente el juez no la aplica en la fundamentación de la sentencia." No siempre existe evidencia directa de todo el iter críminis, pero el mismo se infiere de la evidencia y resultados que toda conducta tiene y deja a lo largo de su desarrollo, no siendo posible, en muchos casos, contar con un testigo presencial de los mismos, por ello adquiere siempre relevancia y trascendencia los dichos de una víctima que ha sufrido el accionar delictivo. Entonces, la materialidad histórica de un hecho se demuestra con la reconstrucción histórica de la conducta, a partir de todo tipo de rastro de evidencia (física, digital, etc.) de los aportes de víctimas y testigos, como así de todo proceso pericial y medidas en general que tiendan a aportar información para su acreditación.
Y su valoración debe ser mediante las reglas de la sana crítica racional y las máximas de la experiencia, y las explicaciones y coartadas que integran una teoría del caso, no pueden prescindir de ellas, pues de lo contrario se estaría vulnerando el principio de supremacía de la realidad. En autos caratulados “H. M. M. Y OTRO S/Robo calificado en grado de ttva. ” Expte. Nº H-29339/20, N° de Recursos 5896/20, sostuve que: "...Respecto de la valoración de la conducta humana, para establecer si la misma subsume en una figura delictiva, debemos centrarnos en el principio de supremacía de la realidad, como principio general de análisis de todas las conductas humanas, y es el que impone que las conductas son las que gobiernan el proceso penal en contra de una persona, lo que se conoce en la dogmática tradicional como "derecho penal de acto".
Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente en una norma prohibitiva penal, deducidas de los distintos tipos penales establecidos por ley con anterioridad a la comisión y juzgamiento de la misma. Los hechos y las normas (principios, derechos, garantías, prohibiciones, etc.) no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan. El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho. Reconvertir los hechos a través de la interpretación, para adecuarlos a una figura delictiva distinta de la que la propia naturaleza de los mismos exige o para que los mismos no sean alcanzados por una figura que claramente los abarca, implica una clara violación del principio de razonabilidad y como consecuencia, el principio de congruencia y de la sana crítica racional.
Se ha sostenido que: "La Corte Suprema ha dicho que la atribución de los jueces de examinar autónomamente la realidad fáctica subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, por ser propia y privativa de la función jurisdiccional, lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ello, pero dicha facultad encuentra su límite en el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa pretendi o introduzca planteos. C.S. Fallos: 341/1091" (Conforme "RECURSO DE APELACIÓN FEDERAL EN MATERIA CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL Y PREVISIONAL, DIRECTORES ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUAN IGNACIO PEREZ CURCI, LA LEY, pág. 59)".
Conforme surge de lo expuesto, la conclusión sobre la información incorporada en este legajo que realiza el A quo, es una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso.”
En relación al embargo apelado en esta instancia por la recurrente, debo confirmar el dispuesto otrora por el Juez Instructor, debido a que el mismo se encuentra ajustado a derecho, siendo razonable a la luz del hecho punible investigado.
En los autos caratulados “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS: VELAZQUEZ ADRIÁN ALEJANDRO S/ ROBO CALIFICADO” Expte. I-55811/22, N° de Recursos 6803/22, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. 1 de Pico Truncado, sostuve que: "...En lo referente al embargo impuesto por el a quo, juzgo que la suma fijada se encuentra acorde a los parámetros establecidos por el art. 499 del C.P.P. Débese tener en cuenta que: “...Las llamadas medidas coercitivas dentro del proceso penal pueden subdividirse por su naturaleza en medidas coercitivas de carácter patrimonial y real. Básicamente, estas últimas se refieren a mandatos que se dirigen contra los bienes muebles o inmuebles a fin de asegurar, obtener o limitar el patrimonio del encausado con el objeto de garantizar la reparación civil, la pena pecuniaria y el pago de las costas...
La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma… pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas...” (Conf. CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION, Comentado y Anotado, MIGUEL ANGEL ALMEYRA, TOMO II, Ed. La Ley, año 2077, páginas 428/430) Analizados los hechos investigados, puede afirmarse que el monto del embargo establecido por el A quo para nada resulta elevado, teniendo en consideración las pautas que deben seguirse para su determinación, mencionadas supra. La defensa argumenta que las víctimas no sufrieron daño alguno, y que los celulares fueron recuperados.
Sin embargo, esta circunstancia no resulta óbice para que puedan ejercer la acción civil derivada del delito (art. 80 y ss. del C.P.P.), pues el daño resarcible económicamente producto del hecho delictivo si bien suele ser material, no es exclusivo y excluyente. A ello debe adunarse el valor de las costas causídicas, lo que me lleva a concluir que el monto fijado por el Juez de Instrucción no es elevado como lo plantea el defensor, y debe ser confirmado...".- Y en los autos autos caratulados: “V. L. A. S/ Tentativa de Hurto” Expte. Nº 83870/24, N° de Juzgado de Recursos 7653/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "En cuanto a la nulidad del embargo, considero que el mismo resulta ajustado a derecho y que sin perjuicio de que no se especificaron las razones o fundamentos de su imposición, en los considerandos, fueron enunciados de manera pormenorizada en la parte resolutiva, no observando de los agravios del recurrente vicios que causen un gravemente irreparable o que solo pudieran ser saneados con una declaración de nulidad, que por su naturaleza es de carácter restrictivo.
En este sentido, el establecimiento de un monto dinerario como embargo, debe realizarse teniendo en cuenta las características de los hechos y el grado de intervención “lato sensu” en los mismos, como así las consecuencias del delito, lo que surge claro de la motivación del auto que establece la decisión jurisdiccional de existencia de mérito. Es decir que el monto y su valoración no surgen de manera arbitraria, sino y por el contrario, son una consecuencia directa de la motivación del auto en la cual se establece el procesamiento de una persona. Es a la luz de las características del delito por el cual se la procesa es que surge el monto de embargo, no requiriendo otra motivación que la del propio auto de mérito, el establecimiento de la suma dineraria y es a la luz de ello, que las partes pueden agraviarse y la resolución puede ser revisada y valorada, no requiriéndose un acápite especial, pues la única manera de motivar la suma sería nuevamente repetir la motivación del auto de procesamiento.
Para ser claro, el monto del embargo debe ser una suma de dinero razonable a la luz del hecho por el cual se procesa a una persona. Este razonamiento es el que surge, claramente, del art. 499 del CPP.".
Finalmente,en los autos caratulados: “INCIDENTE DE APELACION: DIVISIÓN COMISARIA TERCERA S/ ABUSO DE ARMA” Expte. Nº 89650/26, N° de Juzgado de Recursos 8569/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: “Por otra parte, el la obra "Código Procesal Penal de la Nación, Comentado y Anotado" Tomo III, Director Miguel Angel Almeyra, Coordinador Baez, Ed. La Ley, año 2007, página 430, puede leerse: "La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma. Asimismo, cabe agregar que el "quantum" del embargo discernido debe tender a asegurar la ejecución de la eventual pena pecuniaria, derivada del delito y las costas del proceso...; pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas." Bajo estos lineamientos, corresponde señalar entonces que la capacidad económica del imputado no debe incidir, como regla, en la determinación del monto del embargo dispuesto con el auto de procesamiento. El monto debe establecerse en función de la eventual pena pecuniaria, la eventual indemnización civil estimada y las costas, de conformidad con lo establecido en el art. 499 del C.P.P. La falta de patrimonio o los bajos ingresos del imputado pueden influir en la forma de ejecución de la medida -por ejemplo, en la constatación de que el embargo resulta insuficiente y en la eventual aplicación de una inhibición-, pero no justifican por sí solos reducir el monto necesario para garantizar las consecuencias económicas del proceso. La reducción será procedente cuando se acredite que la suma es ajena a los rubros legales, o resulta manifiestamente irrazonable y desproporcionada. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, que el a quo ha fundado la medida en el acápite IX de los considerandos de la resolución apelada, y que el daño resarcible no implica únicamente el daño material causado por el hecho, sino que debe considerarse el impacto general que el suceso ocasiona a las víctimas, atento las características del atribuido al imputado G., encuentro la suma establecida por el a quo ajustadas a las pautas de la normativa legal, y por ende razonable.”
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena. Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR el auto interlocutorio de fs. 41/46vta., en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación. II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante Mí:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia