Abriendo la norma
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.282 FOLIO Nº 082/087 PROT. ELECT. JR 101 430I.261
Río Gallegos, 24 de septiembre de 2026.
La presente causa caratulada: "Q.A.M.
S/DESOBEDIENCIA EN CONCURSO REAL CON DAÑO Y
AMENAZAS", Expte. Nº 97.138/26 - Apelación/Causa JR Nº 10.361/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 17/30 del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Uno de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de A.M.Q., en orden al delito de “lesiones leves doblemente agravadas por su comisión en el contexto de la relación de expareja que lo une con la damnificada, mediando violencia de género, amenazas simples, daño y desobediencia a la autoridad (dos hechos), en concurso real entre sí" (arts. 45, 89 y 92 en función del 80 inc. 1º y 11º, 149 bis 1º párrafo, 183, 239 y 55 del CP) y en el punto 2) ordenó el embargo sobre el dinero o los bienes del procesado por la suma de dos millones ($2.000.000) de pesos. Que a fs. 33/40 del presente incidente, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs.45 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna. Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
Y
I. Que seguidamente se abordarán cada uno de los puntos de agravio categorizándolos con rigor técnico y alineados con cuatro ejes sistemáticos:
1. Agravios relativos a la Suficiencia Probatoria:
a) Vulneración de las reglas de la sana crítica racional y de la presunción de inocencia (Principio In Dubio Pro Reo): La defensa sostiene que el auto de procesamiento incurre en fundamentación aparente al sostener la acreditación de la materialidad y autoría sobre la sola versión unilateral de la denunciante. Afirma que el resolutorio suplió vacíos de prueba mediante inferencias y conjeturas, soslayando el principio de contradicción, congruencia e inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18 CN y art. 278 CPP).
Analizando este primer planteo defensivo entendemos que corresponde desestimarlo, toda vez que observamos que la versión de la víctima no se encuentra aislada ni constituye una mera sospecha, sino que integra un plexo probatorio, que valorado armónicamente en su conjunto bajo los principios de la sana crítica racional y aplicando el principio de amplitud probatoria propio de los estándares nacionales e internacionales en materia de perspectiva de género, permite tenerlo por reforzado, dotándolo de mayor fuerza conviccional en esta liminar etapa que atraviesa la investigación.
Cabe recordar que en este estadio procesal (art. 289 C.P.P.), no se exige certeza absoluta sino la probabilidad razonable sobre la existencia del hecho y la autoría.
Conforme a los estándares internacionales de la Convención de Belém do Pará y el art. 16 inc. i de la Ley 26.485, el testimonio de la víctima en contextos de violencia de género goza de especial valor probatorio. Además, en autos se encuentra respaldado por: a) el reporte del Centro de Monitoreo Dual que detectó la presencia del imputado; b) la verificación por cámaras de seguridad que registraron su ingreso y la agresión física a la víctima; c) la aprehensión del encausado en las inmediaciones con la misma vestimenta; y d) el sendero de goteo hemático constatado en la inspección ocular.
b) Indebida asignación de valor conviccional a testimonios referenciales o "de oídas": la defensa plantea con relación a los testigos presenciales indirectos que los dichos de R.B.A. y L.A.A y D.C., se basan en una cadena de referencias cuya única fuente primaria es la propia denunciante, ya que no conocían previamente al imputado. Asimismo, respecto del testigo policial y profesional de la salud, manifiesta que las declaraciones del Oficial F.H.C. y de la psicóloga Lic. N.A.P. (fs. 123/vta.), constituyen testimonios de oídas. La profesional admitió fundar sus apreciaciones en el relato emitido por la paciente en sesión, careciendo de sustento pericial objetivo sobre los hechos concretos del 16/08/2026. Pues bien, este argumento defensivo no prosperará, toda vez que, por el contrario a lo planteado, advertimos que los testigos R.B.A., L.A.A. y D.C. no son meros testigos de oídas, sino testigos presenciales directos de la secuencia espacio-temporal acaecida en la madrugada del 16/08/2026.
En ese sentido surge de las constancias de la causa que los testigos habrían presenciado de manera inmediata cuando el sujeto habría golpeado la puerta, habría agredido físicamente a la víctima en el rostro provocándole la inflamación del pómulo, y posteriormente habría regresado a romper los cristales de la morada. Respecto al personal policial interviniente y a la Lic. P., sus declaraciones no constituyen meras referencias aisladas, sino la constatación objetiva directa de los momentos posteriores al hecho, la aprehensión del sospechoso y la evaluación profesional del patrón sistemático de sometimiento y riesgo psíquico de la víctima. Por todo lo argumentado, el intento de la defensa por restarle valor conviccional a la prueba testimonial no prosperará, puesto que, además, no resulta la única prueba de cargo en la que se sustenta el auto de procesamiento.
c)
Inexistencia de prueba médica objetiva de las lesiones atribuidas en perjuicio de la denunciante: La defensa se agravia por cuanto el fallo atribuye el delito de lesiones leves sin evidencia médica que acredite el menoscabo corporal o su nexo causal. El informe pericial oficial del Cuerpo Médico Forense practicado a la denunciante (fs. 53, Oficio N° 549/CMF/26) concluyó expresamente: "No se observan lesiones al momento del examen". La defensa remarca que la mera manifestación subjetiva de dolor no suple la constatación técnica exigida por el tipo penal y que se intercalaron constancias pertenecientes a otros expedientes.
Analizando el presente agravio, entendemos que resulta inconsistente. Si bien el informe del Cuerpo Médico Forense (fs. 53/54) no habría constatado marcas visibles al momento del examen posterior, la figura de lesiones leves (art. 89 C.P.) comprende toda alteración en la salud física o psíquica.
Sin perjuicio de ello, advertimos que la constatación del menoscabo corporal se hallaría plenamente acreditada bajo las reglas de la sana crítica mediante el testimonio unánime y contundente de tres testigos D.C., R.A. y L.A.), quienes habrían observado de forma inmediata el pómulo hinchado y enrojecido de la víctima tras el ataque. Ello engarza de forma directa con la atención recibida por la víctima en la guardia del Hospital Regional Río Gallegos, la indicación de placas radiográficas y su relato del dolor agudo padecido.
Si a ello lo confrontamos con las declaraciones testimoniales recabadas, con los dichos de la víctima y las actuaciones labradas por la OVD, concordamos con la conclusión arribada por el Sr. Juez Subrogante en que prima facie se encontraría acreditada la materialidad y la autoría responsable del encartado.
d) Valoración dogmática de la pericia sobre el imputado e insuficiencia probatoria del delito de daño (art. 183 C.P.): Con respecto a la lesión en el antebrazo del imputado, la defensa plantea que la Pericia N° 374/26 del Laboratorio Regional de Investigación Forense (fs. 203/204 vta.) no determinó de manera concluyente la mecánica causal de la herida del encausado ni descartó hipótesis alternativas. Del mismo modo plantea que del delito de daño ningún testigo presenció el momento de la rotura del cristal de la vivienda. Por eso se agravia entendiendo que la atribución de autoría se basó en un razonamiento de exclusión e inferencias ("dijeron que..."), reconociendo la propia denunciante a fs. 216 que no vio la producción del daño ("no vi con qué lo rompió").
Ahora bien, por el contrario a lo argumentado por la defensa, entendemos que mediante la Pericia N° 374/26 y el examen del Dr. P.L. (Oficio N° 550/CMF/26) se habría constatado en el antebrazo derecho del imputado una herida cortante de 40 mm, que requería tres puntos de sutura, con una data de evolución contemporánea al hecho y producida por la acción traumática de un fragmento de vidrio. Esta evidencia física se amalgama con las versiones de los testigos y principalmente con el rastro de goteo hemático de 5,70 metros que se iniciaba en la ventana destrozada de la vivienda de la Sra. A. y finalizaba en el lugar donde el imputado habría sido demorado.
Es por ello que entendemos que el razonamiento del Sr. Juez Subrogante no se basa en meras conjeturas sino en la prueba producida en el legajo valorada en su conjunto, logrando así tener por comprobado con el grado de probabilidad que la instancia requiere, que el encartado habría provocado mediante patadas y golpes de puño daños en la puerta principal y en el cristal de la ventana del sector frente de la vivienda. 2.- De la calificación legal: a)
Atipicidad e inidoneidad del delito de Amenazas Simples (art. 149 bis, primer párrafo del C.P.): La defensa sostiene que las expresiones atribuidas ("salí A., ya sé que estás adentro, te voy a matar, todo esto es por tu culpa") no reúnen la gravedad, seriedad ni proyección de un mal futuro idóneo para quebrantar la libertad psíquica. Advierte una descontextualización del intercambio de mensajes (WhatsApp, fs. 13/14, 215 y 223), en tanto las certificaciones de las comunicaciones previas al hecho (entre las 01:27 y 07:08 hs.) reflejan un diálogo distendido, voluntario y fluido iniciado por ambas partes. Con lo cual esta dinámica consensual y la existencia de mensajes eliminados por la denunciante descartan –a su entender-, el dolo de amedrentamiento o un accionar intempestivo.
b)
Inaplicabilidad de la agravante por Relación de Pareja (art. 80 inc. 1 en función del art. 92 del C.P.): La defensa sostiene que al momento de los hechos denunciados no existía una relación de pareja vigente entre las partes (se encontraban separados desde hacía cinco meses). La agravante penal exige la verificación de un vínculo actual con estabilidad, afectividad o proyecto común, no pudiendo aplicarse de forma ultraactiva o fundada en un contacto pretérito o apreciación subjetiva de la denunciante.
c) Falta de fundamentación concreta del marco de Violencia de Género (art. 80 inc. 11 en función del art. 92 del CP): Plantea que la resolución recurrida aplica el agravante mediante fórmulas abstractas e invocaciones genéricas, sin precisar la plataforma fáctica concreta que demuestre una conducta dirigida a dominar, subordinar o disciplinar a la víctima por su condición de mujer. La sola diferencia de género entre denunciante y denunciado no autoriza a presumir normativamente los elementos de la figura agravada.
Que habiendo quedado plasmados los argumentos de la defensa, corresponde ingresar en el abordaje del presente agravio. Por el contrario a lo planteado entendemos que la frase que habría expresado el encartado reuniría la idoneidad, seriedad y entidad suficiente para quebrantar la tranquilidad psíquica de la destinataria. No se puede soslayar que la verosimilitud de la amenaza no se evalúa de manera abstracta, sino en el contexto situacional en que se profirió: el imputado habría irrumpido violentamente de madrugada, habría golpeado la puerta hasta desoldarla, habría propinado golpes de puño y habría destruido cristales.
Sobre este punto compartimos el criterio sustentado por reconocida jurisprudencia, en lo que respecta a que: “...es necesario que las amenazas puedan ser tomadas en serio tanto por la víctima como por un observador objetivo, no solamente en el sentido literal del alcance de la agresión, sino en el sentido genérico de la agresión física y el de ocasionar algún mal grave...” (Trib. Oral Crim. Nº 9, 12/5/1997, `Tomaso, Juan´ citado en Horacio J. Romero Villanueva, en su “Código Penal de la Nación y Legislación complementaria”, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, pág. 565).
En cuanto a los mensajes de WhatsApp previos (fs. 13/14), lejos de demostrar una dinámica distendida, evidenciarían el incumplimiento deliberado de la orden judicial de no comunicación y el inicio de la secuencia de hostigamiento que habría culminado con el llamado donde anunció "ahí estoy yendo... me estoy desangrando". Con respecto a la situación de expareja, surge de autos que las partes habrían mantenido una relación sentimental durante un año y tienen una hija en común de seis meses de edad, por lo que el presupuesto fáctico exigido por el legislador se encuentra objetivamente configurado. Es decir, no se trata de una aplicación automática por mera diferencia de género, sino del encuadre en una relación desigual de poder y sometimiento estructural (art. 4º, Ley 26.485).
Máxime, surgiendo de la prueba acumulada las actuaciones de la O.V.D. -fs. 112/121- y los informes del Cuerpo Pericial de Psicología -188/190vta., en autos: “M.M.A. S/Dcia. VG”, Expte. Nº 84.398/26-, que el imputado habría desplegado sobre la víctima conductas sistemáticas de control celular, restricciones de libertad, celotipia extrema, agresiones durante el embarazo y situaciones de coerción sexual, lo que habría motivado la calificación de "riesgo altísimo" por parte de los equipos interdisciplinarios.
Dicho todas estas consideraciones, cabe recordar a la defensa el criterio asentado de manera invariable por esta instancia revisora en cuanto a que la calificación legal asignada por la Instrucción es de carácter netamente provisorio, mutable y por lo tanto no causa estado. Prueba de ello, resulta el reciente fallo de nuestro máximo TSJ, que en autos caratulados: “V.J.A.
S/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”, Expte. Nro. 1701/24/TSJ, en fecha 14/05/26, mediante el recurso de casación hubo de modificar el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevando el monto de la condena que había recaído en la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra Circunscripción Judicial.
El hecho imputado resulta ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia e incluso en instancias superiores; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). A mayor abundamiento, se ha dicho que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase Cám. Apel. Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; 28/02/2018; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18).
Cabe agregar que, si bien la calificación legal eventualmente puede incidir en el dictado de la prisión preventiva, lo cierto es que la medida de cautela personal que se abordará en profundidad en el agravio siguiente, no se fundó únicamente sobre ese motivo. Otros juzgados tienen dicho al respecto que: “…Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la defensa contra el auto que decretó el procesamiento del imputado y dictó su prisión preventiva, pues la calificación asignada en el auto de procesamiento no incidirá en la libertad provisoria de su defendido, ya que aquella medida cautelar ha sido fijada en virtud de la valoración efectuada en cuanto al peligro de fuga por parte del imputado…” (Cita online: TR LALEY AR/JUR/19730/2010).
En virtud de lo expresado, se advierte que la defensa no ha demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal de los hechos reprochados a su asistido, motivo por el cual será desestimado.
3. Agravios relativos a la Prisión Preventiva: a) Inexistencia de Riesgos Procesales (Peligro de Fuga y Entorpercimiento Probatorio): La defensa se agravia por cuanto en el auto atacado se dispuso el encarcelamiento cautelar como una pena anticipada violando la doctrina plenaria "Díaz Bessone" (CNCP) y estándares de la Corte IDH (López Álvarez, Suárez Rosero) y CSJN. El encausado no posee antecedentes penales, cuenta con arraigo determinado en la localidad, domicilio fijo, empleo de barbero y es sostén de familia de una bebé recién nacida. Además, ha demostrado conducta colaborativa en el proceso sin intentar evadirse.
Argumenta que la instrucción se encuentra prácticamente agotada con la prueba recolectada, sin que el juzgado precisara de qué forma concreta el imputado en libertad podría amedrentar testigos o alterar evidencia.
Analizando este tercer agravio, entendemos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues no se advierte que la decisión carezca de fundamentos que la tornen arbitraria ni inconstitucional, mucho menos que constituya un adelantamiento de la pena. Debemos recordar a la recurrente que, en esta instancia, no se requiere certeza sobre los hechos y la autoría, sino que: “… basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I; 08/06/2010; A.R.M.A. y otro; Cita: TR LALEY 70061334). Observamos que el Magistrado aportó los argumentos por los que entiende que se encuentra acreditado el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación, fundamentando que la medida cautelar resulta necesaria, idónea y proporcional para neutralizar el riesgo de entorpecimiento probatorio y garantizar la integridad física y psíquica de la víctima.
Concretamente el a quo valoró que el peligro de entorpecimiento procesal y revictimización surge del comportamiento del propio imputado, toda vez que con su accionar habría demostrado un absoluto desprecio por las órdenes de la autoridad judicial al violar de forma reiterada la prohibición de acercamiento y contacto dictada por el Juzgado de Familia N° 3, notificadas formalmente el 05/04/2026. En este aspecto concordamos con la Instrucción en que su soltura implica un riesgo inminente de amedrentamiento sobre la víctima (expareja) y los testigos. Advertimos igualmente que el ámbito intrafamiliar (ya que entre las partes tienen una hija en común) y de cercanía en que el hecho habría acaecido, persistiendo los vínculos afectivos, familiares o de conocimiento entre las partes, podrían generar condicionamientos, retraimientos o interferencias en la producción de la prueba. Asimismo el a quo explicó que el fundamento del encierro provisorio radica en la aplicación del principio de la debida diligencia reforzada que deriva de los estándares nacionales e internacionales en materia de violencia de género, en atención a la vulnerabilidad de la víctima que se proyecta sobre el proceso, imponiéndose su protección para garantizar la indemnidad como prueba fundamental conforme la naturaleza del delito investigado.
Se concuerda con la Instrucción que el hecho reprochado se enmarca dentro del fenómeno de “violencia de género”, en cuya erradicación se encuentra seriamente comprometido el Estado Argentino, imponiéndose la actuación con la debida diligencia reforzada, debiéndose proteger a las víctimas portadoras del elemento de prueba fundamental en casos como el que se ventila.
La resolución que se intenta atacar evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención Belem do Para” y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional. Es de destacar lo resuelto por la CIDH en el sentido que: “… los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en caso de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias.
La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Adicionalmente, la Corte ha señalado que los Estados tienen la obligación de adoptar normas o implementar las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al art. 7.c) de la Convención de Belém do Pará, que permitan a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia en casos de violencia contra la mujer.
Todo esto debe tomar en cuenta que, en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, obligaciones específicas a partir de la Convención de Belém do Pará, las cuales irradian sobre esferas tradicionalmente consideradas privadas o en que el Estado no intervenía. …” (CorteIDH. López Soto. Sentencia de Septiembre de 2018). Del mismo modo he de poner de resalto que: “… No haber detenido al agresor representa una violación del estado de proceder con la debida diligencia para proteger a la víctima / los derechos del autor del delito no pueden dejar sin efecto los derechos humanos a la vida y a la integridad física y mental de la mujer…” (cedaw 5/2005 y /2203). b) Omisión de tratamiento de medidas de morigeración y violación del principio de proporcionalidad: Agravia a la defensa la falta de respuesta e inconcurrencia motivacional respecto al planteo de fs. 194/199.
El a quo omitió ponderar medidas menos lesivas propuestas expresamente por la defensa: comparecencia periódica ante el juzgado, caución real o personal, prohibición de acercamiento/contacto y/o colocación de un dispositivo electrónico de monitoreo.
Que este planteo defensivo de morigeración también será rechazado, toda vez que las alternativas propuestas por la defensa (caución, comparecencia periódica o dispositivo electrónico) resultan notoriamente insuficientes.
La ineficacia de las medidas de monitoreo en libertad habría quedado demostrada en el propio hecho investigado: el imputado habría perpetrado el ataque portando su dispositivo de monitoreo dual activo y tras alejarse deliberadamente de su unidad de rastreo para apersonarse al domicilio de la víctima. Bajo los compromisos de la Convención de Belém do Pará, el Estado tiene el deber reforzado de adoptar medidas eficaces para abstener al agresor de hostigar o poner en peligro la vida de la mujer. 4.- Del monto de embargo: La fijación del embargo en la suma de PESOS DOS MILLONES ($2.000.000) resulta arbitraria e ilegítima. No guarda concordancia ni proporcionalidad con el daño material efectivamente acreditado en las actuaciones (limitado a la rotura de un cristal y desperfectos en una puerta de chapa), derivando en un perjuicio patrimonial desmedido que deviene en una inhibición general de bienes. Se solicita la reducción del monto a sumas razonables. Que, en relación a este punto de agravio, entendemos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Es así que con relación al agravio de la defensa concretamente corresponde aclarar que, el monto del embargo cautelar, sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso.
A su vez, del análisis de la resolución no se advierte que la medida dispuesta sea arbitraria por ausencia de fundamentación, toda vez que surge a fs. 30 –del presente incidente-, que el Magistrado dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000.-). Es por ello que el embargo decretado en la suma impuesta, no luce irrazonable teniendo en cuenta el ilícito endilgado, su modalidad de comisión y el perjuicio que dicha conducta hubiere ocasionado. La traba de embargo no busca únicamente cubrir los daños materiales inmediatos (rotura de puerta y cristales), sino también garantizar en medida suficiente la eventual pena pecuniaria, la tasa de justicia, las costas del proceso y la responsabilidad civil emergente de la multiplicidad de ilícitos imputados en concurso real (lesiones leves agravadas por el vínculo y género, amenazas, daño y dos hechos de desobediencia a la autoridad), motivo por el cual confirmaremos también el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 17/30 del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante sne.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia